Para algunos analistas e historiadores que se inclinan por la mirada de longue durée, el origen de los males de la democracia venezolana debe buscarse en el golpe de Estado que derrocó al presidente Isaías Medina Angarita en octubre de 1945. Desde luego es una tesis interesante, aunque imaginar el destino del país sin aquel acontecimiento no sólo implica hacer historia contrafactual, sino preguntarse por la viabilidad del gradualismo reformista en una época en la que la política ya parecía indisociable de la movilización de las masas.
Medina (1897-1953) fue un hijo político del largo régimen encarnado en Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela entre 1908 y 1935. Gómez había accedido al poder con el apoyo de Estados Unidos, que encontró en aquel caudillo taimado y medio analfabeto un valioso aliado para garantizarse la explotación del petróleo venezolano en condiciones muy favorables. El Benemérito o El Bagre, como llamaban respectivamente al dictador sus acólitos y sus detractores, se convirtió a su vez para sus socios americanos en una garantía de estabilidad. Bajo su mano férrea cesaron los constantes alzamientos promovidos por autoproclamados generales que cada dos por tres asaltaban el Gobierno. Aunque el propio Gómez había salido de esas montoneras que signaron el siglo XIX venezolano, una vez en el poder organizó el ejército siguiendo el modelo prusiano y lo convirtió en un cuerpo profesional. Se reservó el mando militar, que ejercía desde su retiro en Maracay, mientras confiaba el gobierno civil a doctores e intelectuales adscritos al positivismo, ese movimiento difusamente inspirado en Comte que tanto predicamento tuvo en Hispanoamérica, y que puede compararse con el krausismo español en su empuje modernizador y laicista (aunque la Iglesia católica, impregnada de nacionalismo venezolanista, se entendió muy bien con el dictador). Si bien es cierto que Gómez gobernó a Venezuela como si fuese su cortijo, repartiendo cargos y dignidades entre sus familiares y allegados, al morir de viejo en la cama, en diciembre de 1935, las cuentas públicas se encontraban ejemplarmente saneadas. Por otra parte, el régimen se valió de una policía política incivilizada y brutal que combatió cualquier disidencia, pero sus más célebres opositores no sufrieron la muerte por ello –aunque sí la tortura y el destierro–. El caso que tuvo mayor recorrido fue el de unos estudiantes universitarios casi adolescentes que fueron reprimidos tras unas protestas en el año de 1928: de aquella Generación del 28 surgirían los líderes que habrían de construir el sistema democrático venezolano (señaladamente Rómulo Betancourt, padre del partido Acción Democrática, AD).
Cuando Gómez murió, Betancourt y los jóvenes del 28 creyeron llegada su oportunidad de entrar en acción. El líder estudiantil, que había sido liberado tras un breve paso por las cárceles gomecistas, había marchado al exilio y se había puesto a la sombra de varios partidos y movimientos marxistas y revolucionarios de América Latina. De regreso en Venezuela a los pocos días de fallecer el dictador, se empleó junto a otros significados correligionarios en la organización de una fuerza política de izquierdas. En la Presidencia del país había quedado, como sucesor de Gómez, su ministro de Guerra y Marina, el general Eleazar López Contreras. Durante su gobierno se redacta una nueva Constitución, que representa una indudable apertura del régimen: se autoriza la libertad de expresión, se permite la existencia de partidos y sindicatos (con exclusión de los de ideología marxista y anarquista), se reconoce el derecho a la huelga, se establecen elecciones parlamentarias de segundo grado, con derecho a votar para todos los hombres alfabetizados y mayores de 21 años, y se reduce la duración del periodo presidencial.
Bajo tales directrices, llega el tiempo de elecciones y en 1941 el Congreso de la República nombra presidente, de nuevo, al ministro de Guerra y Marina, el general Isaías Medina Angarita, que en tiempos de Gómez había sido jefe del Estado Mayor. Betancourt y los suyos, que habían sido expulsados del país por López Contreras, movilizan toda su propaganda para hacer ver que con Medina llega al poder el fascismo más oscurantista. Lo acusan de ser un rendido admirador de Mussolini y de garantizar el inmovilismo de la oligarquía militar sostenida por los yanquis; así que desde la izquierda agitan contra él la bandera de las causas sociales y de la lucha antiimperialista. Pero, para sorpresa de todos, la acción de gobierno de Medina iba a mostrar un extraordinario talante democrático y una vigorosa tendencia al reformismo y a la modernización.
"He contribuido, con toda la medida de mis fuerzas, a hacer efectiva la justicia social y la libertad del ciudadano, y hoy como ayer puedo decir que por mi voluntad ningún compatriota sufre de prisión ni se halla alejado de la tierra natal", diría el presidente, con comprobable veracidad, en su mensaje al Congreso en abril de 1945. Por lo que toca a las reformas sociales, Medina se empeñó en arrebatar a la izquierda sus reivindicaciones y en establecer mecanismos que conjurasen el peligro de la lucha de clases: promulgó la Ley del Seguro Social Obligatorio y la de la Reforma Agraria, y reglamentó el trabajo en el campo y la Ley de Sociedades Cooperativas. Estableció el Impuesto sobre la Renta e impulsó la firma del primer convenio colectivo con los trabajadores de la industria petrolera. En lo relativo a la gran commodity nacional, logró que en 1943 se aprobara la Ley de Hidrocarburos, que unificaba la legislación aplicable a las concesiones mediante la adaptación y conversión de contratos otorgados bajo leyes anteriores, aumentaba la participación del Estado venezolano al 50% de los beneficios y obligaba a las empresas concesionarias a llevar su contabilidad en Venezuela y a suministrar al Estado los informes técnicos relativos a las regiones estudiadas. Sin embargo, la ley extendía por cuarenta años más las concesiones a las empresas extranjeras, pues, a diferencia de los que chillaban por la soberanía de la nación, Medina comprendía que los venezolanos no contaban aún con los conocimientos ni la experiencia para tomar el control de la industria, y que serían el paso del tiempo y la convivencia con los norteamericanos lo que les llevaría a adquirir el know-how necesario. Así fueron ya las cosas, efectivamente, para cuando décadas más tarde se produjo la nacionalización y la creación de PDVSA bajo el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, colaborador y discípulo de Betancourt.
En el aspecto político, Medina reformó la Constitución y eliminó la restricción contra los partidos marxistas y anarquistas (AD había sido legalizado a los pocos meses de comenzar su mandato); introdujo el sufragio femenino, la elección uninominal de concejales y la renovación del Congreso por mitades cada dos años, de modo que su gobierno se caracterizó por una intensa actividad electoral. No obstante, permaneció el sistema parlamentario en segundo grado (era el Congreso quien elegía al presidente), pues Medina –como en su tiempo había sucedido con Bolívar– era partidario de mantener filtros y contrapesos para evitar el peligro demagógico que veía en la izquierda. Derrumbados los mitos que presentaban al general como un tirano fascista (su Gobierno le declaró la guerra al Eje y mantuvo relaciones cordiales con el de Roosevelt), Betancourt y Acción Democrática se afincaron en el tema de la elección directa del presidente para deslegitimar las reformas de Medina.
En octubre de 1945, en lo que luego ha asumido el pretencioso nombre de revolución de octubre, Betancourt y un grupo de jóvenes oficiales junto a los que conspiraba acaudillaron un golpe de Estado contra Medina, que entregó el poder, según dijo, para no provocar una guerra civil. Su gobierno había sido hasta entonces el periodo de mayor libertad y de mayores avances sociales en la historia de la República, y el general mantenía una popularidad considerable. Sin embargo, sus enemigos blandieron contra él la insignia de la democracia, que desde entonces asimiló en Venezuela dos rasgos característicos: el de entenderse, de manera reduccionista, como un fenómeno esencialmente electoral (concepción utilísima al populismo), y el de contar con la intervención de los militares para desatascar cualquier crisis.