El Cupo Vasco ataca de nuevo. Como resultado de las negociaciones entre el Gobierno y el PNV para sacar adelante los presupuestos estatales de 2017, ya se ha presentado en el Congreso el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de ese cupo para el quinquenio 2017-2021. No crea el lector que ese plazo es inalterable: la anterior ley se refería también a un quinquenio, pero ha durado dos. La razón de ello es sencilla: si no hay acuerdo entre los Gobiernos de Madrid y Vitoria, el cupo señalado por la última norma en vigor se prorroga todo lo que sea necesario. Y lo cierto es que tal acuerdo solo llega cuando los votos nacionalistas son imprescindibles para el Gobierno nacional. Así ha sido en el pasado y así es ahora, una vez más, en esta liturgia que permite pergeñar lo que no es ni más ni menos que un pufo, un engaño a través del cual los ciudadanos vascos contribuyen mucho menos de lo que debieran a soportar la carga de la financiación del Estado.
La Ley del Cupo define una metodología ciertamente compleja para determinar lo que el País Vasco debe pagar al Estado a fin de compensar el coste de los servicios que este presta a aquella región. Sin embargo, tal como se puede ver en el cuadro adjunto, ese procedimiento se resume en la aplicación de una determinada proporción —a la que se denomina índice de imputación y que está establecida en el 6,24 por ciento— a la diferencia que hay entre el coste presupuestario que, para el Estado, tienen las competencias no asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca y el déficit estatal no financiero —al que normalmente denominamos déficit público—. Es verdad que la Ley del Cupo complica esta ecuación metiendo por medio el gasto financiero del Estado —o sea, el que se deriva de la atención a los intereses y a la amortización de la deuda pública—, pero como lo hace por dos veces, una con signo positivo y otra con signo negativo, podemos obviarlo porque las cantidades correspondientes se anulan entre sí. Obtenemos así la cifra con la que se cuantifica el Cupo, aunque luego hay que practicar algunas compensaciones por los impuestos y otros ingresos que recauda el Estado en el País Vasco y que le corresponden a éste, dando lugar al Cupo líquido a pagar por las Diputaciones Forales al Ministerio de Hacienda.
Esta es la teoría del Cupo. Como se ve, se trata de algo más bien poco complicado, aunque los vascos lo hayan envuelto en una aureola de misterio. La cuestión fundamental estriba en llenarla de números; y aquí aparecen las maniobras torticeras para que las cifras correspondientes conduzcan a minimizar el pago vasco o, lo que es lo mismo, a privilegiar financieramente a los vascos. Y esto sólo puede hacerse en dos variables: el coste de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco y las compensaciones que se restan al final del cálculo.
Según el proyecto de ley presentado en el Congreso, el valor de las mencionadas cargas es de 186.185,7 millones de euros, pero en esta cifra se incluyen 120.133,7 millones que corresponden al gasto financiero, con lo que la cuantía que hemos de retener es de sólo 66.052 millones. Sin embargo, si en vez de fiarnos de la Ley del Cupo nos vamos directamente a la Ley de Presupuestos del Estado y contamos lo que cuestan las competencias citadas —lo que constituye una operación tediosa y sujeta a un cierto margen de error porque, nunca se ha publicado el catálogo completo de ellas y su correspondiente código presupuestario—, entonces llegamos a una cifra de 116.894 millones de euros. Dicho de otra manera, la Ley del Cupo ha minusvalorado las competencias estatales por las que el País Vasco tiene que pagar en un 43,5 por ciento. Esta es la esencia del engaño vasco. Y lo que se deduce de él es que la ley fija la cuantía del Cupo (antes de las compensaciones) en 2.836,5 en vez de en 6.009,1 millones de euros. O sea, casi como por ensalmo el País Vasco se ha ahorrado 3.172,6 millones de euros. En esto consiste el pufo.
Claro que no hemos tenido en cuenta las compensaciones tantas veces citadas, que la ley fija en 1.536,4 millones y que tradicionalmente han sido una vía menor para reducir el Cupo más de lo razonable. Pero como esa norma no da suficientes detalles, no podemos buscar una aproximación a esto último. Si lo dejamos estar, entonces resulta que, si el Congreso aprueba el proyecto que le ha remitido el Gobierno —y sin duda lo hará—, el País Vasco tendrá un cupo líquido a pagar de 1.300,1 millones anuales, en vez de otro más realista de 4.472,7 millones. El ahorro para los vascos —eso que yo considero un pufo— es ni más ni menos que del setenta por ciento. No está mal. Y así hasta la eternidad, porque este asunto no lo arregla nadie.
