El Partido Nacionalista Vasco ha presentado hace unas fechas un nuevo proyecto estatutario con el que pretende reconsiderar la relación de Euskadi dentro de España en lo que podría considerarse como una formulación confederal. Se trata, según su propuesta, de un"Nuevo Estatus Político"que daría lugar a la creación de lo que los nacionalistas quieren denominar como Comunidad Foral Vasca o Comunidad Nacional Vasca o Estado Autónomo Vasco o Estado Foral —pues son estas cuatro designaciones alternativas las ofrecidas por los jeltzales—. Añaden que "no se trata de limitarse dibujar el reparto de competencias" —aunque sus aspiraciones competenciales desbordan, por supuesto, el marco del Estatuto de Guernica y el de la Constitución— y, según ha destacado el lehendakari Urkullu, sostienen que nada se hará sin un consenso más amplio que el que suscitó la actual regulación autonómica.
Parece, por tanto, que la vía de ampliación del autogobierno elegida por los nacionalistas vascos no tiene nada que ver, de momento, con la seguida por sus homónimos catalanes; y ello afecta a dos aspectos fundamentales: por una parte, no pretenden separarse de España y, por otra, su propuesta apela, aunque con matices, al principio de legalidad. Digamos, para entenderlo bien, que los vascos huyen de cualquier movimiento insurreccional, aunque no de la afirmación de su soberanía —para ejercer esta última dentro de una España reformulada como Estado confederal—. Hay que detenerse en esto último, pues el PNV asume como incuestionable que el futuro del País Vasco se enmarca dentro de la Unión Europea y que esto sólo puede ser garantizado si permanece dentro de España.
¿Cuál es entonces la pretensión principal de los nacionalistas en la hora actual? La respuesta es clara: el reconocimiento por parte del Estado español del hecho nacional vasco —lo que transgrede claramente el artículo segundo de la Constitución—, de lo que se derivaría un "acuerdo convivencial" entre Euskadi y España consistente en "una relación singular y bilateral basada en el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes". En otras palabras, estaríamos ante la reformulación del Reino de España para constituir un Estado confederal del que formarían parte tanto el País Vasco como España —naturalmente, ésta rehecha sin la parte del territorio que ocupa aquel—. Y detrás de este desiderátum aparece una retahíla de nuevas competencias en las que el referido hecho nacional se plasma: blindaje del autogobierno, sistema judicial separado, seguridad social independiente, participación singular en los asuntos exteriores, titularidad de las infraestructuras y de las aguas territoriales, inaplicabilidad del control del déficit público —o sea, del artículo 155 de la Constitución—, establecimiento de vínculos políticos con Navarra y selecciones deportivas con las que acudir a las competiciones internacionales. Por supuesto, no se añade nada sobre el régimen de concierto económico, pues en esto los jeltzales parecen satisfechos con seguir siendo subvencionados por el resto de los españoles.
Pero, más allá de lo que acabo de resumir, quizá lo más interesante de la propuesta nacionalista es su fundamentación, pues en ella radica el núcleo de lo que, en mi opinión, debe realmente discutirse. Tres son los principios sobre los que se asienta: el principio nacional, el principio de legalidad y el principio democrático.
Vayamos con el primero. Los nacionalistas alegan que "el pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía". El argumento jurídico es evidentemente discutible, pues los vascos no han sido nunca colonizados ni sobre ellos se ha practicado una política diferenciada de exclusión de los derechos fundamentales. Pero el sociológico es claramente falso, tal como muestra la última edición del Euskobarómetro. Según éste, en octubre de 2017 el sentimiento nacionalista lo albergaba el 48 por ciento de los vascos, exactamente la misma proporción de aquellos ciudadanos que se declaraban no nacionalistas. Además, únicamente un 35 por ciento de los entrevistados por esa fuente se consideraban sólo vascos, mientras que una identidad compartida, vasca y española, era declarada por el 54 por ciento. Por tanto, la nación del PNV se sustenta sobre bases poco sólidas y, desde luego, no mayoritarias.
En cuanto al segundo principio, el de legalidad, poco cabe discutir, pues el partido nacionalista acepta que, como no podía ser menos, "la actualización del autogobierno debe atender[lo]". Es cierto que, según su propuesta, este principio no debe considerarse superior al principio democrático, de manera que, para que ello ocurra, se exige "dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca". Hay que señalar que el principio democrático está en la base de la política de la claridad que arbitró el Tribunal Supremo y el Parlamento de Canadá para dirimir la cuestión de Quebec. Y de este modo se sostuvo que, aunque la Constitución canadiense no aceptaba el derecho de autodeterminación, el respeto a la democracia exigiría que, si una mayoría clara de quebequeses se inclinaba por la independencia, entonces los Gobiernos canadiense y quebequés deberían entablar una negociación leal para acordar los cambios constitucionales necesarios para establecerla.
Por consiguiente, si aceptamos el principio democrático, entonces, como escribió Stéphane Dion, "[la cuestión] no es saber si los quebequeses [vascos] pueden decidir su futuro, … [sino] cómo, por qué procedimiento, los quebequeses [vascos] que no quieren la nacionalidad canadiense [española] podrían quitársela a los quebequeses [vascos] que quieren conservarla". Establecer ese procedimiento, sus condiciones, las mayorías necesarias en una eventual consulta, los plazos, los medios necesarios para fundamentar una voluntad informada y un largo etcétera es lo que se debe discutir antes de lanzarse a un ejercicio de propaganda o de manipulación de la opinión pública —como, por cierto, ha ocurrido en Cataluña—, pues ni de lejos es aceptable la idea de que los nacionalistas son los únicos y válidos intérpretes de los deseos del pueblo. La Constitución española, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, tanto con respecto al caso catalán como al vasco, admite que la cuestión secesionista pueda ser planteada a través de su reforma; y ha indicado también que las asambleas autonómicas —en el caso que nos ocupa, el Parlamento vasco— están habilitadas para proponer tal cambio. En consecuencia, como señaló hace ya cuatro años José María Ruiz Soroa en un libro que merecería la pena recuperar —La secesión de España. Bases para un debate desde el País Vasco, coordinado por Joseba Arregi—, "si la Constitución ha previsto y regulado su propia reforma, nada impide al legislador ordinario regular los trámites previos necesarios para iniciar ese proceso de reforma en los supuestos que afecten a la unidad nacional".
El principio democrático nos conduce así, necesariamente, a una cuestión de procedimiento que ha de plantearse con todo el rigor que exige la constatación de que una mayoría cualificada de la población —no una mayoría simple o una mayoría sólo por encima de la mitad, y menos aún sólo una mayoría parlamentaria— quiere constituirse como una nación independiente, con todas las satisfacciones que ello pueda llevar aparejadas, pero también con todos sus inconvenientes y riesgos perfectamente conocidos. Sobre esto se debiera discutir preferentemente en el debate vasco —y también en el catalán— que ahora se pretende abrir desde el nacionalismo. Esperemos que ello no derive ni en una acción parlamentaria marrullera por parte de los nacionalistas ni en un fundamentalismo constitucionalista ajeno a la propia Constitución. Porque, como ha mostrado con nitidez lo ocurrido en Cataluña, ello sólo nos puede conducir a la catástrofe.