Pacto de silencio

José Luis Rodríguez Zapatero, nada más llegar al poder en el año 2004, con la misma urgencia que ordenaba la retirada de las tropas de las misiones de paz en Irak, decretaba la paralización de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), una ley del PP que había sido aprobada en diciembre de 2002 y que, con el objeto de mejorar los resultados de las enseñanzas, introducía una serie de reformas a la ley socialista de 1990, conocida como LOGSE.

Dos años después, en mayo de 2006, con el apoyo de los nacionalistas, se aprobaba la Ley Orgánica de Educación (LOE), una ley que, según el Gobierno de Zapatero, era imprescindible, no para mejorar la calidad de la educación española, sino para devolver al sistema la "equidad" que la Administración del PP le había arrebatado con la citada LOCE.

La vuelta al Gobierno de los populares en 2011 trajo consigo un nuevo intento de reforma con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), llamada Ley Wert, que fue aprobada en diciembre de 2013 y que, hoy por hoy, está vigente en España.

La LOMCE establece un sistema de evaluaciones que deben realizar todos los alumnos al final de cada una de las etapas educativas: Primaria, ESO y Bachillerato, es decir, a los 12, 16 y 18 años de edad. La Ley también contempla que, en el último curso de la ESO, los alumnos puedan elegir entre un itinerario que conduce al Bachillerato y otro que lleva a la Formación Profesional. Estas medidas, dirigidas a mejorar los resultados escolares, chocan de frente con el "pedagogismo" y el "igualitarismo" que la LOGSE impuso en España hace casi treinta años.

Por otra parte, la LOMCE amplía la autonomía pedagógica de los centros, da más autoridad a los directores, facilita la especialización de los centros y permite a las Comunidades Autónomas concertar los colegios que ofrecen "educación diferenciada" (o sea de solo chicas o de solo chicos).

Parecía lógico que después de haber tenido tres cambios de ley en once años, desde distintos sectores de la sociedad se reclamara a los partidos políticos un pacto por la educación, un acuerdo para que los cambios de gobierno no supusieran un cambio inmediato de los planes de estudio y de la estructura de nuestro sistema educativo.

Haciéndose eco de ese "clamor social", en enero de 2017, el Parlamento puso en marcha la Subcomisión del Congreso por el Pacto Social y Político por la Educación, cuyo objetivo era la redacción de un documento de consenso entre todos los partidos que sirviera de marco inamovible para cualquier nuevo proyecto educativo.

Después de más de un año de trabajo, con comparecencias de expertos y celebración de reuniones infructuosas, en el pasado mes de marzo el PSOE abandonaba la Subcomisión con la excusa de que la financiación era insuficiente.

Pero la realidad es que los socialistas nunca han estado dispuestos a admitir que fuera la derecha quien liderara ese pacto. Es más, estoy convencida de que, entre sus planes, nunca entró el diálogo con un gobierno conservador o liberal, a no ser que este aceptara los principios de su doctrina política.

Y la prueba es que ahora, Pedro Sánchez, con la misma urgencia que mostró Zapatero en 2004 y sin el respaldo de los votantes, está decidido a corregir las "desviaciones ideológicas" de la última ley del PP. Desviaciones que, según la Ministra de Educación, se refieren esencialmente al modelo de evaluación, a la estructura de la ESO, a la concertación de colegios o al tratamiento de la asignatura de Religión.

En resumidas cuentas, de lo que se trata es de volver a reafirmarse en el "igualitarismo" y el "pedagogismo" al que se aferra la izquierda desde hace treinta años. Y eso, a pesar de que ya está más que demostrado que es, precisamente, en esos dogmas donde está la raíz de todos los problemas que afectan a nuestro sistema educativo.

"Pedagogismo" e "igualitarismo" con los que en su día rompió Tony Blair y a los que hace un año se refirió el Presidente de República Francesa, Emmanuel Macron, para decir que no estaba dispuesto a permitir que siguieran impidiendo que los niños franceses aprendan bien lo fundamental: leer, escribir, expresarse correctamente y dominar las más elementales reglas de la aritmética.

No sé qué más tiene que pasar para que la gente comprenda que cuando el PSOE habla de pacto educativo de lo que habla es de un pacto de silencio. Lo que quiere es que se deje ya de decir que la educación en España va mal, que los escolares no aprenden lo fundamental en los años de Primaria, que los adolescentes pierden miserablemente el tiempo de las guarderías de la ESO, que el bachillerato no prepara bien para los estudios superiores, que la formación profesional debe estar más ligada al empleo o que España no abandona el vagón de cola los rankings internacionales.

La izquierda quiere que el PP se rinda de una vez y abandone sus intentos reformistas. En cuanto a Ciudadanos, el PSOE espera desviar su atención hacia cuestiones aparentemente no ideologizadas como guarderías gratuitas, universalización del bachillerato, aumento de horas de Filosofía, impulso de las tecnologías…. y, con ello, conseguir también su silencio.

La izquierda y los nacionalistas están dispuestos a asumir que la ignorancia generalizada sea el daño colateral del ambicioso y utópico proyecto de "construir un nuevo pueblo" (según la jerga utilizada por Podemos), una nueva sociedad en la que reine un pensamiento único y cuyos ciudadanos reconozcan una voluntad colectiva sometida a la autoridad del Estado.

¿Qué importa lo que digan las evaluaciones internacionales? ¿Qué importa que los niños aprendan más o menos? ¿Qué es todo eso comparado con la grandeza de crear un mundo nuevo?