Kant ante el golpismo

"[Antepongo] la voluntad del pueblo y la democracia de la gente por encima de cualquier ley". Quim Torra, presidente de la Generalidad.

Ahora que ha comenzado el juicio contra los presuntos golpistas catalanistas, es un buen momento para repasar algunos de los postulados de los teóricos del contrato social, porque lo que sucedió en Cataluña en octubre de 2017 significó no sólo la ruptura del marco jurídico, sino la voladura de todo el entramado del pacto civil que constituye una sociedad que se pretenda regular mediante leyes y no por la violencia.

En el seno del liberalismo hay dos corrientes filosóficas contrapuestas que se miran de reojo, ya que no se ponen de acuerdo sobre cuál sea la base moral de la sociedad. Por un lado tenemos al equipo de los utilitaristas, integrado por Hume, Adam Smith, Mill, Bentham –contemporáneamente, John Harsanyi–, que consideran que la regla de la utilidad, atemperada por algunas intuiciones morales básicas, es la mejor guía racional a la hora de establecer lo bueno y lo malo. Sin embargo, otra tradición liberal es la que sostiene que la base moral de la sociedad se articula mejor con la suposición de que hay un contrato social básico donde se establecen las normas que regulan los conflictos y acuerdos entre los ciudadanos. En dicho equipo contractualista tendríamos a Juan de Mariana, Hobbes (aunque a este hay que darle de comer aparte), Locke, Rousseau (otro que va un tanto por libre), Kant y, más cercano en el tiempo, John Rawls.

Si en economía los primeros son predominantes, en política lo son los segundos. El utilitarismo es la mejor guía para la economía de mercado, pero la teoría del contrato social es la que mejor define la estructura del Estado de Derecho. Que ambos paradigmas sean constitutivos del liberalismo es una de las razones de que éste sea un sistema no cohesionado, en gran medida contradictorio y con paradojas e inconsistencias que, de todos modos, más que amenazar su misma existencia, como pasa con otros sistemas filosóficos, lo enriquecen en la contraposición.

La actuación de la Generalidad llevó al país al borde del enfrentamiento armado y la guerra civil. En este sentido, Vox podría perfectamente remitirse a Hobbes y a Rousseau a la hora de justificar la ilegalización de partidos que, como PdCat y ERC, están poniendo permanentemente en jaque el orden constitucional.

Para los teóricos absolutistas del pacto social, de Hobbes a Rousseau, el alzamiento del Gobierno de la Generalidad y la desobediencia e insumisión de parte del pueblo de Cataluña constituyeron, sin duda, un acto de rebelión y sedición. Lo que no es motivo de sorpresa, porque tanto para el autor inglés como para el ginebrino el poder del Estado debe ser supremo y total, ante el cual no cabe la más mínima protesta a título individual por parte de los ciudadanos (que no son sino súbditos). La razón de ello es doble. Por un lado, si el Estado permitiese la insubordinación por parte de la ciudadanía, ello sería una licencia para la anarquía. Por otro, cada yo individual deja de existir jurídica y políticamente desde el momento en que se establece un yo común, lo que Rousseau llamará "voluntad general". Y no hay duda de que la actuación de la Generalidad llevó al país al borde del enfrentamiento armado y la guerra civil. En este sentido, Vox podría perfectamente remitirse a Hobbes y a Rousseau a la hora de justificar la ilegalización de partidos que, como PdCat y ERC, están poniendo permanentemente en jaque el orden constitucional.

Sin embargo, para Locke, Spinoza y Kant, los teóricos del contrato social liberal, sí cabe una posibilidad de resistencia por parte de los ciudadanos frente al poder estatal. Pero dicha resistencia reside en la libertad de pensamiento y de expresión (lo que Kant denomina "libertad de pluma"). Desde este punto de vista sí que cabría una defensa del independentismo como manifestación política y partidista. Y, todavía más allá, la posibilidad de una iniciativa legislativa para cambiar el estado de cosas legal. En este caso, la reivindicación del derecho de autodeterminación. Pero teniendo en cuenta que la ley sólo cabe cambiarla desde dentro de la Ley.

Un caso completamente contrapuesto al de los golpistas catalanistas, y que muestra su ilegitimidad, es el de Clara Campoamor. Durante la II República, Clara Campoamor era diputada y desde su escaño en el centro liberal de Lerroux defendió el derecho de las mujeres al sufragio activo de las mujeres. Es decir, a través del debate en sede parlamentaria trató de que las leyes positivas recogiesen un derecho inalienable pero todavía no reconocido. Tuvo éxito pese a la oposición de la izquierda, que creía que las mujeres iban a votar masivamente a la derecha. ¿Qué habría pasado si las Cortes republicanas hubiesen rechazado el proyecto de Campoamor? Sin duda, que la incansable, lúcida y valiente feminista liberal hubiese seguido luchando a través de otras iniciativas parlamentarias, manifestaciones pacíficas y escritos en la prensa. Es decir, la "libertad de pluma", de expresión, asociación y pensamiento que Kant establecía como inalienables por el Estado. Pero jamás hubiese caído a rebajarse a la violencia más o menos explícita, más o menos larvada, que emplearon los nacionalistas catalanes, instigados y organizados desde el Gobierno de Puigdemont y Junqueras, contra las instituciones democráticas, constitucionales y liberales.

En su Tratado teológico-político, Spinoza defendió

por un lado, la necesidad de libertad de pensamiento, la cual sólo tiene cabida en un Estado democrático; por otro, la idea del Estado como poder supremo, único garante de la unidad y la seguridad y, en definitiva, del pacto social que lo constituye.

Frente a Spinoza, Torra sostiene que hay una ley democrática consistente en vulnerar las leyes del sistema parlamentario y partidista. Una ley popular que presuntamente él conocería imbuido de una sabiduría místico-nacionalista. De esta manera, consagra algo así como una democracia en acción permanente, asamblearia y tumultuaria. Pero retrotrae la sociedad a la situación de guerra de la naturaleza en la que todos somos obligados por las circunstancias a comportarnos como lobos para los demás. En el Tribunal Supremo se decidirá si, de acuerdo a las leyes jurídicas, el Gobierno de la Generalidad cometió un delito de sedición o de rebelión. Pero de lo que no cabe duda es de que desde el Tribunal Filosófico el fallo no puede ser sino que se cometió un golpe de Estado, un atentado contra la racionalidad política, un delito contra el sujeto de la soberanía y un crimen contra la democracia liberal.