¡Es la política, estúpido!

La resolución adoptada por la jueza Rodríguez-Medel acordando el sobreseimiento de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, no por esperable es menos significativa con respecto a la idea de que los asuntos políticos pueden resolverse en los tribunales. Una idea que viene de lejos y que, en época de Rajoy, tuvo un desarrollo inusitado cuando su Gobierno creyó firmemente que el desarrollo del proceso independentista podía frenarse poniendo a trabajar a los abogados del Estado en pleitos de leguleyos. Que esa estrategia –cuya principal valedora fue, precisamente, una abogada del Estado metida a vicepresidenta– resultó en un sonoro fracaso es obvia, pues, en efecto, el presidente de la Generalitat declaró la independencia de Cataluña. Ya sabemos que esa liberación le duró sólo un rato y que, cometido el delito de rebelión, luego trastocado en acontecimiento sedicioso, tuvo que exilarse para no ser reprendido y encarcelado por el Tribunal Supremo. Y como la política quedó finalmente en suspenso, ahí tenemos todavía el problema en busca de solución.

Pero vayamos con Franco –y de paso con el Gobierno social-comunista–. Que Franco no ha cometido ningún delito con respecto a la gestión del covid-19 lo ha dejado claro la instructora de su proceso. Y veremos en un futuro inmediato cómo otros jueces y tribunales van tumbando las decenas de denuncias penales contra el Gobierno de Sánchez o sus ministros que se han acumulado estos meses en diferentes instancias judiciales. Quienes las han promovido, sean particulares, asociaciones civiles o partidos políticos, que de todo hay, no han sabido distinguir entre la negligencia y la incompetencia. La primera puede tener trascendencia penal, pero la segunda no, sencillamente porque no constituye delito alguno ser ignorante o simplemente estúpido cuando uno se dedica a la gestión de los asuntos públicos. Pero hete aquí que, metidos en la faena judicial, cuando un magistrado se pronuncia señalando la ausencia de responsabilidad penal, el mensaje que se eleva hacia la sociedad es el de que el denunciado lo estaba haciendo bien, sencillamente porque así lo ha reconocido un juzgado de instrucción o un tribunal de justicia. Punto final: la eventual incompetencia del gobernante queda así ocultada ante la opinión pública. Ésta olvidará pronto de qué iba el asunto, y cuando alguien trate de recordárselo saltarán raudas las voces acusatorias hacia quienes ni siquiera respetan las resoluciones judiciales. No hay mejor manera de camuflar la incapacidad del que fue denunciado para resolver con eficacia el asunto de los contagios. Enhorabuena a los promotores de esta extraña forma de fortalecer a los gobernantes obviando la política.

Porque de lo que se trata es de la política. Y ésta sólo se dirime en el terreno del debate, de las ideas y propuestas de acción, y también de la evaluación rigurosa de sus resultados. Refirámonos, ya que estamos en esto, a la gestión de la crisis ocasionada por la epidemia del covid-19, a través del estado de alarma, decisión ésta que fue apoyada al principio por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, aunque luego, prórroga a prórroga, surgieran los desafectos. Que el confinamiento fue inevitable para frenar el ímpetu expansivo y letal de la epidemia casi nadie lo duda —aunque quede algún grillado entre los terrapalnistas, los antivacunas y los inspirados por esotéricos seres extraterrestres que lo ponga en cuestión–. Y que por esa vía, al reducirse drásticamente la movilidad de los españoles, y con ella sus relaciones interpersonales cara a cara, se salvaron vidas que la epidemia habría segado tampoco es discutible. Esto es lo que ha pasado en prácticamente todos los países del mundo desde que el 23 de enero el presidente Xi Jinping decretara el cierre de Wuhan, introduciendo así "una acción sin precedentes en la historia de la salud pública", como señaló la Organización Mundial de la Salud, cuya finalidad era, precisamente, que por primera vez en la historia una gran epidemia no acabara provocando una gran mortandad. Recordemos sobre esto a los escépticos que la última gran epidemia fue la gripe española de 1918-20, que ocasionó al menos 50 millones de muertes –equivalentes al 2,7 por ciento de la población mundial de aquel tiempo–; y que el covid-19 ha producido hasta ahora 412.853 fallecimientos –es decir, el 0,005 por ciento de la población actual–.

España ha sido el país europeo en el que ha habido una mayor mortalidad por cada millón de habitantes y, por tanto, en el que se ha obtenido el peor resultado real de la política anti covid-19.

Pero para valorar la política no basta con haber salvado vidas. Lo que importa es la eficacia y eficiencia con la que ese objetivo se ha logrado. Y es aquí donde el balance del Gobierno de Sánchez revela toda su mediocridad. En el cuadro adjunto se recogen los resultados de la política de confinamiento en once países europeos con relación a las muertes que ha producido el covid-19 y a las vidas que se han salvado por comparación con las que se habrían perdido si no hubiese existido la acción gubernamental. Extraigo la información, con respecto al primer aspecto, de la base de datos del Financial Times sobre el exceso de mortalidad de cada país durante la epidemia; y de los resultados de una investigación del Imperial College de Londres, liderada por Seth Flaxman, que publicó hace unos días la prestigiosa revista Nature.

Esos resultados revelan tres aspectos relevantes para valorar globalmente la acción del Gobierno de Sánchez con respecto a la crisis epidémica. El primero es que España ha sido el país europeo en el que ha habido una mayor mortalidad por cada millón de habitantes y, por tanto, en el que se ha obtenido el peor resultado real de la política anti covid-19. El segundo, que esa política ha posibilitado la evitación de muertes con una eficacia apreciable, aunque por debajo del resultado obtenido en Italia, Francia y Bélgica. Y tercero, que la eficiencia con la que se ha llegado al logro anterior ha sido reducida, pues España aparece en el furgón de cola en la ratio entre las muertes evitadas y las realmente producidas por el covid-19. En resumen, el balance del estado de alarma y el confinamiento asociado a él ha sido, en el caso de Sánchez, mediocre y sin duda manifiestamente mejorable. Tal vez los políticos de la oposición debieran entrar en este tipo de asuntos –previo estudio, naturalmente–, en vez de gastar tanta pólvora en gallinazos judiciales que, si a algo llevan, es a legitimar finalmente la incompetencia del Gobierno. ¡Eso es la política, estúpidos!

Elementos para un balance de la política anti covid-19 en once países europeos

	Efecto de la epidemia: muertes por covid-19 por millón de habitantes		Efecto del confinamiento: vidas salvadas por millón de habitantes		Eficiencia del confinamiento: vidas salvadas por cada muerte por covid-19
España	995,6	Italia	10.437,4	Dinamarca	386,4
Reino Unido	907,0	Francia	10.296,5	Noruega	240,0
Italia	769,1	Bélgica	9.602,0	Alemania	75,4
Bélgica	756,4	España	9.507,7	Austria	47,2
Suecia	402,1	Austria	7.338,0	Francia	33,5
Francia	307,0	Reino Unido	7.052,1	Suiza	32,1
Suiza	189,6	Alemania	6.745,4	Italia	13,6
Austria	155,3	Suiza	6.085,4	Bélgica	12,7
Alemania	89,4	Dinamarca	5.856,0	España	9,5
Dinamarca	15,2	Suecia	2.541,5	Reino Unido	7,8
Noruega	9,3	Noruega	2.235,5	Suecia	6,3

Fuentes: elaborado a partir de la información compilada por Financial Times y de los resultados obtenidos por S. Flaxman et al.: "Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe", Nature, 8 de junio de 2020.