El grupo de comunicación audiovisual Atresmedia ha emprendido una campaña de recogida de firmas para pedir a los partidos políticos "un pacto para elevar al 2% la inversión de nuestro PIB en ciencia". Según señala, sigo a La Sexta, lo hace "porque ya no podemos esperar", al parecer porque "invertir en ciencia" es una "vía de protección sociosanitaria", y porque, afirma, España sólo dedica a este cometido el 1,24% cuando "la media europea en I+D se sitúa en el 2,12%". El mensaje es incluso más complejo porque va acompañado de investigadores del área sanitaria, con lo que se sugiere que, con el 2%, podría vencerse la epidemia de coronavirus. En la radio en cambio –me refiero a Onda Cero– es frecuente el mensaje que identifica el asunto del 2% con la ciencia y la innovación, con lo que se hace más confuso y complejo, como enseguida veremos.
Confieso que me he quedado perplejo porque creía, ya veo que equivocadamente, que no era necesario haber leído a fondo el Manual de Frascati –publicado por la OCDE– para saber que, conceptualmente, no es posible asimilar la ciencia a la I+D. Y también pensaba que tampoco era preciso haberse estudiado el Manual de Oslo –también de la OCDE– para saber que el concepto de innovación excede con mucho al de I+D. Ésta comprende todas las actividades de investigación, tanto en el terreno de la ciencia básica y aplicada, como en el del desarrollo tecnológico. Claro está, en la ciencia actúa preferentemente el sector público con sus universidades y organismos de investigación –aunque también hay entidades privadas en este campo–; pero el desarrollo tecnológico es, sobre todo, el cometido de las empresas innovadoras. Y si nos movemos en el espacio de la innovación, entonces aparece no sólo la I+D de las empresa –sin tener en cuenta a las instituciones científicas– sino también la compra de maquinaria y equipos, la adquisición de conocimientos inmateriales protegidos por los derechos de la propiedad industrial e intelectual, el gasto en diseño e ingeniería, el coste de la formación de los trabajadores implicados en la introducción de nuevos productos o procesos, y las inversiones en marketing relacionadas con el lanzamiento de nuevos productos hacia el mercado, conceptos todos éstos que se escapan del ámbito de la ciencia. En resumen, ni la I+D es sólo ciencia, ni menos aún es asimilable a innovación.
Resulta que, según Eurostat, el gasto en I+D de los organismos públicos que acabo de mencionar es del 0,23% en la UE y el 0,21% en España; que en el caso de las universidades las cifras respectivas son del 0,48 y 0,33%; y que en el de las empresas se concretan en el 1,41 y 0,70%. Acabáramos, está claro que nuestro alejamiento de Europa en ciencia no es demasiado grande, pero en materia de desarrollo tecnológico estamos en una miserable mitad. Pero añadamos la innovación: según la última estadística del INE el gasto en esta materia apenas excedió del 1,55% del PIB; una cifra penosa comparada con el 2,78% del promedio de la Unión Europea que nos confirma la enorme debilidad de nuestro tejido empresarial innovador. Así que lo que habría que pedir no es muchos más recursos para la ciencia, sino para la tecnología. Y en esto último los actores relevantes no son los políticos, sino los empresarios y su dinero.
Por eso, a los periodistas y publicistas habría que pedirles un poco más de rigor al emprender sus campañas; un poco de ilustración, diría yo, para que no anden exhibiendo su ignorancia –tributaria en esto de los grupos académicos de presión, que son los que, desde hace años, en pos de un dinero que muchas veces derrochan, vienen vendiendo la idea falsa de que España no cuida la ciencia– y confundiendo al público.