Hace cinco años la Corte di Cassazione italiana trató una cuestión que ya era popular en ámbitos académicos, empresariales e incluso administrativos: la evasione fiscale di sopravvivenza. Con esta denominación se referían los numerosos casos de pequeñas y medianas empresas que no podían cumplir con sus obligaciones tributarias porque, de hacerlo, se condenaban al cierre, sin poder afrontar siquiera el pago de salarios y cotizaciones sociales. Una situación límite que se agravaba porque esos impagos al fisco podían acarrear en algunos casos incluso privación de libertad.
El asunto, que lógicamente es complejo porque siempre hay que aclarar caso por caso y analizar con detalle las circunstancias, venía no obstante de lejos y respondía a un problema de mayor alcance. De hecho, en 2013 los propios gobernantes y dirigentes del Partito Democrático (PD) reconocían abiertamente que en el país existía una considerable evasione di sopravvivenza y admitían que el fenómeno de la economía sumergida no se podía simplificar ni despachar alegremente porque en él confluyen razones profundas y problemas estructurales complejos que empujan a muchos empresarios a comportamientos que en otras circunstancias no llevarían a cabo. Todos reconocían que la presión fiscal y los costes laborales eran, y siguen siendo, insostenibles; admitiendo una relación directa entre presión fiscal, gasto público y evasión. Nihil novum sub sole, pues los tributos, las cargas y servidumbres administrativas son un asunto históricamente recurrente, relacionado con el buen o mal gobierno, y también con el uso racional de los recursos públicos. Podríamos remontarnos a la rivolta di Masaniello en el siglo XVII o, más recientemente, al propio Berlusconi, que en 2004 afirmó aquello de: "E’ giusto pagare le tasse se la pressione è inferiore al 33%. Se va sopra il 50% è morale evaderle".
Los magistrados italianos anularon en 2016 la resolución del Tribunal de Pescara que disponía el embargo y ejecución de los bienes de una empresa que no había ingresado unos 200.000 euros correspondientes al IVA del ejercicio de 2011. Se acogió el recurso al reconocerse que ese embargo conllevaría el cierre de la mercantil y el despido de todos los trabajadores, teniéndose presente además que la empresa había aportado toda una serie de documentos que demostraban su insistente deseo de mantenerse en regla y cumplir sus obligaciones tributarias, cosa que no podía hacer si quería, como se ha dicho, pagar nóminas, contribuciones sociales y otros gastos ordinarios de actividad. El caso sirvió también para poner de manifiesto una de esas verdades incómodas, cual es que en muchísimos casos es la propia Administración la que lleva al precipicio a las empresas con sus reiterados impagos o demoras, mostrándose, eso sí, inflexible y tajante con las exigencias tributarias.
En efecto, con frecuencia se nos olvida que son las propias Administraciones, con sus decisiones, exigencias, impagos, demoras, incumplimientos y galimatías administrativos, las que exponen a los operadores, convirtiéndose en uno de los principales problemas económicos de la nación. Ya sucedió en la siempre mal explicada crisis de 2008, pues la morosidad de la Administración provocó infinidad de concursos de acreedores que acabaron en liquidación; incluso hubo que cambiar la normativa de contratación pública para que empresas declaradas en concurso pudieran seguir participando en licitaciones públicas, dejando el requisito legal de la capacidad económica en una especie de ejercicio de quiromancia. Ignoro qué efecto causó aquello, pero lo que sí parece evidente es que las crisis económicas nos permiten entender, por un lado, que hay que desconfiar siempre de la Administración, y por otro, que hay que reflexionar seriamente sobre la desigualdad jurídica entre Administración y administrados. Un desequilibrio que, en vez de menguar cuando quienes hacen posible el sistema se encuentran en dificultad, algunos se empeñan en acrecentarlo. Y ahí, en esa desigualdad, en la tenaz autotutela de la Administración, es donde surgen todo tipo de corruptelas, injusticias, aberraciones y desafectos del ciudadano.
En definitiva, esta interesante cuestión de la evasión fiscal de supervivencia no es más que una derivada del problema estructural de los países empeñados en el uso temerario de las finanzas públicas, que siguen asumiendo gastos que no pueden permitirse, desplegando unos perversos efectos que al final nos penalizan a todos. Incapaces ya de poner orden, desbordados por la ideología, el dogmatismo, o los intereses relacionados con la conservación de poder que tanto dinero necesitan, surgen situaciones surrealistas y también dramáticas. Que un empresario se vea disuadido a seguir en su empeño por las trabas y gravámenes, o incumpla con el fisco, y no porque quiera, sino porque de hacerlo tendría que dejar de pagar sueldos a sus empleados o pagos a los proveedores, para acabar echando el cierre, es algo que nos debe preocupar a todos. Detrás del cierre de cada empresa o pequeño negocio, con independencia de su tamaño e incluso de los eventuales errores de gestión que puedan concurrir, hay siempre un drama y un daño social.
Así las cosas, con este curioso asunto italiano en la retina, hay que preguntarse una y otra vez si quienes nos gobiernan, también nuestros funcionarios y jueces, son conscientes de que muchas empresas y autónomos se ven cada vez más impedidos para cumplir con las obligaciones fiscales que se les impone, siempre más amplias y gravosas, dejándoles como único horizonte el cierre o el paso a la economía sumergida. Y todo esto mientras seguimos contemplando cómo aumenta el gasto de mantenimiento de nuestra Groenlandia administrativa. No es un asunto que se pueda despachar alegremente, como se hace, afirmando que quienes más tienen deben pagar más, y repetirlo insistentemente en artículos, entrevistas, comparecencias y declaraciones.