Hay dos teorías sobre el castigo penal. La utilitarista defiende que el castigo ha de servir a la sociedad. Castigar por castigar no solo está mal sino que es un error. ¿Qué ganamos como sociedad castigando a un individuo si no es porque vamos a encontrar algún provecho en ello? La otra teoría es la redistribucionista. Se resume en que "quien la hace, la paga". En su versión más simplista, su lema es "ojo por ojo, diente por diente". En formas más complejas, el castigo se modula de manera más razonable pero nunca se elimina. Como diría su más egregio representante, Hegel,
el castigo que afecta al delincuente no es sólo justo en sí (...) sino que es también un derecho en el delincuente mismo [...] Al considerar que la pena contiene su propio derecho, se honra al delincuente como un ser racional.
Pero da igual. Ni con la teoría utilitarista ni con la distribucionista están justificados los indultos a los golpistas catalanistas por parte de sus cómplices socialistas. ¿Qué utilidad hay en soltar a los políticos presos que planean explícitamente otro golpe de estado? Por otro lado, la distribucionista nos advierte de que los enemigos de la Constitución y, sobre todo, de España deberían haber sido condenados a muchos más años de prisión. No hay crimen más deleznable que aquel que podría conducir a una guerra civil, de Companys en 1934 a Puigdemont en 2017.
Los indultos son una facultad discrecional pero no arbitraria del Gobierno. Pero nada más lejos de la arbitrariedad que los indultos planeados por el Ejecutivo socialista a Junqueras o, ya que estamos, a Juana Rivas. Son indultos ideológicos: a favor del nacionalismo golpista y el feminismo radical.
Felipe González dijo en el programa El Intermedio, en relación a la ley de indultos de 1870, que exigir arrepentimiento es algo caduco, un lastre judeocristiano. Cabe, sin duda, la discusión, pero es sorprendente en alguien que defiende el socialismo, un concepto judeocristiano (versión Judas Iscariote). Sin embargo, Felipe González siempre ha destacado por su astucia política, no por su cultura. La cuestión del arrepentimiento es anterior al cristianismo, es una constante entre los estoicos y podemos rastrearla hasta la catarsis griega. Puede ser que el arrepentimiento sea absurdo –a lo hecho, pecho–, pero con Aristóteles el pasado debe servirnos de lección para futuras acciones. Arrepentirse no significa hoy tanto descargarnos de los pecados de la conciencia como asumir los errores de la conducta y hacer todo lo posible para que no se vuelvan a repetir.
Solo hay un argumento irrefutable para indultar a los golpistas: es una consolidada tradición española. De Sanjurjo (1934) a Armada (1988), pasando por Companys (1936). ¿Por qué no Junqueras? Y, ya que estamos, aunque sea a priori, a Puigdemont, lo que sería una genialidad jurídica. Entiéndase la ironía. El gran problema no es tanto que tengamos que soportar a golpistas y terroristas como los políticos que no aprenden de una tradición socialista tenebrosa. Justo antes de que empezara la apología de los politólogos a sueldo de los indultos, Pedro Sánchez había declarado: "Largo Caballero actuó como hoy queremos actuar nosotros". ¿Y cómo actuó el Lenin español? En 1933 declaró: "La democracia burguesa es una mentira", lo que le llevó, al menos era coherente, a promover un golpe de Estado contra la Segunda República. Seguramente pensando en su precedente socialista, Pedro Sánchez anunció un nuevo ataque al Estado de Derecho: "La venganza no es un principio constitucional", donde hay que traducir "venganza" como "cumplir la ley".
A este paradigma de ataque al marco constitucional y de defensa de los golpistas por parte de la izquierda también se ha sumado Ada Colau:
Necesitamos una nueva etapa de diálogo, de política en mayúsculas. Hay que erradicar la crispación y la confrontación, y para eso hay que desjudicializar la política y los indultos son un primer paso.
Donde "desjudicializar la política" significa acabar con la separación de poderes, en la que nunca han creído, y destruir el Estado de Derecho, al que siempre han denominado "democracia burguesa".
Sin jueces y sin Constitución: sin la Nación española. Ese es su plan.