Las ideologías vigentes lo tienen muy claro. Para la izquierda, la nómina de trabajadores se expande porque así lo determinan las decisiones de la Administración Pública, sobre todo en su papel de "Estado del Bienestar". Para la derecha, es el empresariado, con su aportación de capital e iniciativa, quien crea los puestos de trabajo, incluyendo el plantel de nuevas empresas.
Ambas interpretaciones de la realidad son un tanto falaces, por parciales e interesadas. La Administración Pública demanda empleos, pero solo hasta el límite marcado por una adecuada productividad. Por encima del cual la expansión del funcionariado lo que hace es engrosar una burocracia parasitaria. La prueba de tal incapacidad es el número de esfuerzos inútiles, por parte de los gobernantes, para reducir las agobiantes tasas de paro.
La realidad es así de prosaica. Por el lado del sector privado, cada empresario, con un capital dado, procurará contratar el mínimo número posible de nuevos trabajadores. Un buen emprendedor es el que escatima todo lo posible la ampliación de puestos laborales. De esa forma se mantiene o se acrece el necesario nivel de productividad de cada empresa y de la economía toda. Esa es la clave paradójica. El aumento de la productividad general es lo que justifica el conjunto de nuevas empresas y nuevos empleos. Como es natural, la productividad depende de la aplicación del trabajo, pero también de la organización empresarial y del uso adecuado de las máquinas y técnicas correspondientes.
En realidad, los nuevos empleos no se crean, y desde luego no de la nada. Son la consecuencia necesaria de una economía en expansión, tanto del lado de la producción como del del consumo. En todo caso, cada empleo lo crea el propio trabajador, pero no de la nada, sino de algo muy valioso y sutil. Es el resultado de la acumulación de conocimientos y de la aplicación del esfuerzo personal. De esa forma, el nuevo trabajador se hace necesario para que alguien (una oficina pública, una empresa) contrate sus servicios. O también, si la combinación de factores descubre una oportunidad, el sujeto monta su propia empresa o su despacho profesional. O sea, que, al final, el número de puestos laborales lo determina la misma sociedad organizada, cuando se hace, aumenta su eficiencia.
La cuestión es de valores, de mentalidad, tanto o más que de intereses, de salarios y de beneficios. Un empresario o una oficina pública, basados en principios racionales, deciden contratar más personal cuando tales incorporaciones sirven para incrementar los beneficios. Los trabajadores potenciales ofrecen sus servicios porque entienden que sus conocimientos y sus esfuerzos van a ser apreciados. La clave está en estos dos ingredientes previos al acto laboral: el nivel educativo y la motivación para dedicarse a una tarea productiva.
Imaginemos una sociedad con un sistema de enseñanza inadecuado y en la que no destaque mucho la ética del esfuerzo personal o el reconocimiento del mérito. De forma inevitable, acusará unas elevadas tasas de desempleo (no trabajan todos los que desean hacerlo) y de malempleo (no trabajan muchos de acuerdo con los conocimientos adquiridos). Es el caso de la sociedad española actual. Cualquier decisión política sobre el salario mínimo, el sistema de pensiones, la jornada laboral o el papel de los sindicatos son solo ganas de marear la perdiz. Nada de eso influye en la tasa de ocupación de las cohortes dispuestas a trabajar.