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Mikel Buesa

Acerca de la tercera dosis

No me fío de los que sustentan su opinión sobre disciplinas en las que no son expertos.

Un sanitario manipula una dosis de la vacuna de Pzifer contra el covid-19. | Europa Press

Está en los medios y en el debate público: ¿conviene poner una tercera dosis de las vacunas contra el covid-19, una vez transcurrido un plazo razonable desde las dos anteriores? El tema me interesa no porque yo tenga conocimientos médicos, sino porque la mayor parte de los argumentos que expresan los expertos en epidemiología son de carácter económico. En todo caso, las aportaciones de los investigadores sanitarios aún no han proporcionado una respuesta clara y convincente.

Pero vayamos con los epidemiólogos. Su respuesta es en general contraria a la tercera dosis y se fundamenta en dos ideas que, como mínimo, son discutibles, cuando no erróneas. La primera es que para atajar la pandemia es necesario vacunar a la mayor parte de la humanidad, y que esto se muestra como una tarea difícil en los países de menor nivel de desarrollo. Por eso proponen que la tercera dosis se aplace en los países avanzados a fin que haya disponibilidad de vacunas para aquellos. Su hipótesis implícita es que el volumen de vacunas que pueden fabricarse es limitado y que ante esta restricción de oferta merece la pena planificar una distribución que atienda a la parte más pobre de la humanidad. Sin duda es un argumento bienintencionado, pero su premisa es falsa. La capacidad de producción de vacunas, una vez establecida su tecnología, puede considerarse, si no ilimitada, sí adaptable a las dimensiones de la demanda. Por tanto, el problema no está en producir sino en vender; y para vender –más allá de la cuestión del precio, que luego discutiré– lo que se necesita es capacidad logística, pues se trata de un producto cuya conservación requiere una infraestructura de congelación costosa y singular. Es precisamente este factor el que limita las posibilidades de distribución en los países más pobres. Pero acerca de él nada se dice en el gremio epidemiológico.

Ni que decir tiene que una derivada de lo anterior, como es la extendida opinión de que han de liberarse las patentes, es también errónea. Primero, porque es innecesario dejar de proteger la propiedad industrial, cuando es posible que, por interés público, los Gobiernos de los que dependen las oficinas de patentes pueden obligar a conceder licencias a sus propietarios. Y, segundo, porque aun sin patentes las tecnologías de producción de vacunas no son accesibles a todos los países. Precisamente son los que manufacturan vacunas los que las protegen con las patentes.

No me fío de los que sustentan su opinión sobre disciplinas en las que no son expertos. Preferiría que una buena investigación médica, debidamente contrastada y evaluada, estableciera la respuesta.

Por tanto, el primer argumento tiene poco sentido si no se propugna un sistema internacional de ayudas que posibilite las infraestructuras logísticas de la distribución de vacunas en todos los países del mundo. (Entre paréntesis diré que, seguramente, un sistema así podría ser una fuente intensa de corrupción en muchas de esas naciones, de manera que las bienintencionadas propuestas de nuestros epidemiólogos se quedarían en agua de borrajas).

El segundo argumento se refiere a la maldad de las multinacionales farmacéuticas, solo interesadas en ganar dinero a costa del sufrimiento de la humanidad o también de vender sus productos cuando no son necesarios. Según este argumento, las farmacéuticas maximizarían sus ingresos despachando vacunas en el Primer Mundo, donde la gente está dispuesta a pagar más, y restringiendo la oferta en el Tercero, donde no hay capacidad adquisitiva para vender caro. Nótese que este argumento, como el anterior, parte de la base de que el volumen de vacunas que pueden producirse es limitado. Pero si no fuera así, lo que la economía industrial nos enseña es que esas empresas lograrían los mayores ingresos posibles mediante una inteligente política de discriminación de precios y de segmentación de los mercados. Esto quiere decir, sencillamente, que se gana más vendiendo caro a los que tienen una mayor renta y barato a los que apenas cuentan con ingresos. Por tanto, el argumento de la perversidad de las grandes firmas farmacéuticas es también falaz, incluso en boca de los epidemiólogos que, en esto, hacen gala de su ignorancia.

Así que vayamos al final de la cuestión. ¿Hay que poner la tercera vacuna? No lo sé. Pero no me fío de los que sustentan su opinión sobre disciplinas en las que no son expertos. Preferiría que una buena investigación médica, debidamente contrastada y evaluada, estableciera la respuesta.

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