Parece fácil la idea de aplicar la ley de la división del trabajo a la pirámide de la población ocupada de un país, por ejemplo España. Cada uno hace lo que sabe, y todos salen ganando. Pero ocurre que hay que contar con una tasa de paro que no hay forma de que disminuya sensiblemente. Lo que es peor, otra persistencia es que la distribución ocupacional incluye un cierto parasitismo, en el sentido de una productividad general muy baja, acorde con el momento técnico actual. En definitiva, da la impresión de que se aprovechan mal los recursos de la población activa. Es decir, se podrían asignar de una forma más racional. Ahí se coloca la piedra clave del arco del desarrollo económico. Es lo que permite establecer la disparidad entre el modo de vida de los países ricos y el de los pobres.
El primer acto de la representación hacia una sociedad más productiva se dio con la llamada Revolución Industrial. España la ha completado, penosa y tardíamente (según los estándares de la civilización occidental), a lo largo de las dos últimas generaciones. El proceso es muy sencillo en apariencia, solo que con muchos costes y sacrificios.
El conjunto de los agricultores y jornaleros del campo constituye la mayor parte de la fuerza de trabajo de una sociedad tradicional. La industrialización consiste en el trasvase masivo del excedente de esos efectivos a las nuevas fábricas y oficinas, concentradas en algunas zonas urbanas. A veces (no en España), el tránsito ha sido tan brusco que se ha necesitado una fuerte inmigración. Es el caso característico de los Estados Unidos, Canadá, la Argentina o Australia a lo largo del último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX. La situación española en la segunda mitad del siglo XX fue un tanto paradójica. Una parte del necesario movimiento del campo a la ciudad se produjo con las huestes de campesinos que fueron a trabajar como obreros industriales más allá de los Pirineos. Muchos de ellos regresaron, pronto, a las zonas metropolitanas del País Vasco, Cataluña y Madrid. Sus ahorros permitieron el desarrollo de esas zonas y, a la postre, de todo el país.
Lo anterior representa una historia reciente y conocida. Más difícil es la situación actual, concluida la primera etapa industrializadora propiamente dicha. Ahora se plantea una transformación más exigente y compleja. Es lo que podríamos llamar revolución tecnológica o, de forma convenida, la digitalización de la economía. Para empezar, se necesitaría que se subsumieran en uno estos cuatro ministerios: Trabajo, Educación, Universidades y Ciencia. Si no se hace, se provocará un caos monumental, al menos, por una razón contradictoria: en España, a la vez, sobran y faltan trabajadores. El exceso resulta evidente en las desmesuradas tasas de desempleo, por mucho que las estadísticas oficiales traten de disimular su amplitud. Sobran muchos empleos, porque se mantiene con mucho retraso la digitalización de las fábricas y las oficinas. Por ejemplo, nos encontramos muy lejos del necesario ideal de que las empresas privadas utilicen la internet para vender sus productos. Por otra parte, muchos de los empleos del sector público son, claramente, ociosos.
Podría parecer que en los últimos lustros se ha reducido mucho la nómina de la banca y otros servicios por mor del imprescindible aumento de la productividad. Pero, en los próximos, el encogimiento tiene que ser mucho más intenso. De otra forma, la economía española no podrá competir con las otras del bloque occidental.
A la par que la necesaria reducción de los efectivos no especializados en la industria y los servicios, se impone la demanda insatisfecha de nuevos profesionales y técnicos. El sistema educativo español no se encuentra preparado para formarlos, al tiempo que los sistemas de contratación y despido siguen siendo muy rígidos.
Una dificultad adicional, en la España de hoy, es la inadecuación de los movimientos migratorios. Por un lado, sale definitivamente de nuestro país una gran cantidad de profesionales universitarios, incluidos los científicos. La razón es el predominio de empresas poco innovadoras y una Administración Pública anquilosada. Por otro, el contingente inmigratorio de otros países (en muchos casos de forma ilegal) integra personas poco calificadas e incluso inactivas. Es decir, la inmigración extranjera integra, más bien, una población necesitada de asistencia social, de subvenciones de toda especie. Se presenta esta paradoja: con una alta tasa de paro, especialmente en las zonas rurales, se produce una fuerte inmigración foránea de carácter estacional. Es la que se dedica a la cosecha de los frutos del campo (fresas, aceitunas, espárragos, frutas frescas, etc.). Da la impresión de que los españoles autóctonos no están dispuestos a doblar el espinazo.
La política económica española aparece dominada por el intervencionismo, y encima con una Administración Pública desmesurada, que traga muchos impuestos. Habría que pasar al modelo contrario, el irlandés, tan exitoso: pocas subvenciones, impuestos moderados, que gravan el consumo y no tanto a las empresas. Es mucho pedir para nuestra inveterada tradición política. En cuyo caso, la completa digitalización no va a ser posible. Seguiremos siendo el rabo por desollar del mapa europeo.