Pedro Sánchez y el Frente Popular: la amnistía y el Poder Judicial

Es un error seguir hablando del gobierno presidido por Pedro Sánchez como si fuera rehén político de partidos nacionalistas, filoterroristas o comunistas. Ya hace mucho tiempo que comprendí para mis adentros, y para mis afueras, que estamos ante un largo caballero, 190 centímetros de altura, que es un Largo Caballero en política, personaje socialista al que cita poco pero al que imita en lo esencial, aunque no en lo moral, en lo digno, en lo sincero.

No va a remolque de nadie, ni se ha rendido a nadie, ni es prisionero de nadie. Quiere ser más que todos y más que nadie. No va a rastras. Al contrario, quiere ser y es el abanderado de un nuevo régimen que tendrá otra Constitución, cuyo proceso constituyente reconoció ya uno de sus ministros, no la de 1978.

Se diferencia del otro Largo Caballero en una cosa: dice lo contrario de lo que piensa y lo hace con la intención de engañar. Esto es, miente con alevosía. Francisco Largo Caballero no mentía ni cuando anunciaba su deseo de implantar una dictadura. Esto hace que Pedro Sánchez sea lo peor que le haya pasado a España y al socialismo patrio, al que conduce directamente al precipicio de la Historia.

Cuando hace unos días se le escapó lo del "muro" (que sabe a comunismo y a Berlín, que no ha se ha librado de su agravio sobre los nazis) —"el único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el Gobierno de coalición progresista de España". "Estamos eligiendo algo muy importante: o bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto" (a la derecha reaccionaria)—, se ratificó su semejanza con el PSOE de Largo Caballero ya en 1931.

En la plaza de toros de Madrid de aquel año, la tesis original era bien sencilla. La misma que ahora plagia Pedro Sánchez con su "muro": las derechas deberían dejar de existir en España en lo que se refiere a gobernar. Luego, en lo de existir, literal y vitalmente, se fue mucho más allá, como es sabido. En otra parte, cité a don Salvador de Madariaga, republicano y tío del socialista Javier Solana (que ahora aplaude a Sánchez, sí, sí):

Don Francisco Largo Caballero perdió la cabeza y evolucionó rápidamente hacia una actitud de extrema rebeldía en su deseo de anticiparse a los comunistas. Como mástil político para clavar la bandera roja (...) anunció que si el señor Gil Robles o cualquiera de sus secuaces entraba a formar parte del Gobierno, el pueblo, es decir, Largo Caballero y sus amigos, se alzaría en armas.

Tras las elecciones del 19 de noviembre de 1933, el centro derecha formado por los partidos republicanos liberal-centristas, la CEDA de Gil Robles (que logró ser la candidatura más votada con 161 diputados casi 100 más que el PSOE que consiguió 63 actas) y los monárquicos, logró nada menos que 335 escaños de un total de 473 mientras que la izquierda en su conjunto, republicanos, socialistas y separatistas de derechas e izquierdas, sólo lograron 137. Es decir, el centro derecha español superó el 70 por ciento de la representación parlamentaria.

Aun así, en 1934 Largo Caballero consiguió que el PSOE encabezara el alzamiento armado en la famosa revolución de octubre, golpe de estado contra la II República, origen inmediato ya nada dudoso de la Guerra Civil. Tras una preparación minuciosa, compra de armas, estrategia insurreccional, sistemas secretos de comunicación y organización detallada de las Casas del Pueblo, Largo Caballero e Indalecio Prieto (luego arrepentido de haber sido cómplice del principio de la "hecatombe", que así la llamó Julián Besteiro), encabezaron el golpe de Estado.

Tras febrero de 1936, defendieron la amnistía para ellos, sus aliados y los golpistas separatistas catalanes. Es decir, su desdén por la democracia parlamentaria era tal que se rebelaron contra la República a pesar de que los golpistas sólo representaban a un 30 por ciento de los votantes y, claro, inmediatamente después, exigieron la amnistía para sus delitos juzgados por jueces según las Leyes vigentes. Largo Caballero, que mintió descaradamente y altaneramente en su Tribunal como él mismo reconoció, fue absuelto en un escandaloso juicio.

Pero reconozcamos que aquel germen de Frente Popular no ocultó sus propósitos golpistas, como no escondió en su programa electoral de enero de 1936, como ha hecho un Pedro emboscado y mentidor de todos, ni qué querían ni con qué partidos iba a formar gobierno. Al contrario, lo dijeron bien alto y claro:

Programa del Frente Popular (enero de 1936)

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria
[...]
I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:

1. A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.

Naturalmente, se intentaba descuajeringar el poder judicial instituido desde la proclamación de II República. Como era tradicional en las izquierdas derivadas del marxismo, la democracia "burguesa", y la República era tal cosa para todas ellas, la estructura de una justicia no controlada e independiente, favorecía a las clases "dominantes" y había que acabar con ella para sustituirla por una justicia "popular". Por eso, en el programa del Frente Popular se prometía una reforma judicial que de hecho dinamitaba la independencia de los jueces.

Puede discreparse ideológica y políticamente de este plan totalitario, pero no se le puede acusar de falsedad, mentira u ocultación. Es más, es que en la Constitución de 1931 se hacía constar expresa y claramente la posibilidad de la amnistía, medida que ya se decretó por el gobierno provisional antes de la aprobación de su texto. En el artículo 102 de la Carta Magna republicana se hizo constar:

Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal de la Junta de Prisiones o a petición de parte.En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el Presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.

Es una diferencia muy importante con la Constitución de 1978, que no menciona ni incluye amnistía alguna y sigue prohibiendo la concesión de indultos generales. Cuando el gobierno de Azaña, con la firma del cegato Alcalá-Zamora, concedió la amnistía para "borrar" de la memoria histórica el golpe de estado social-anarco-comunista y el golpe separatista de Companys de 1934, entre otras cosas, se limitó a usar la opción constitucional de la amnistía y a cumplir el programa anunciado por el Frente Popular.

Otra cosa era el propósito real de la amnistía, formulado con claridad por Largo Caballero que exigió la medida para "los penados y encausados por delitos comunes, cualesquiera que éstos sean, siempre que su realización guarde relación con movimientos de carácter político o social o se hayan cometido con motivo u ocasión de dichos movimientos".

No prosperó porque el gobierno consideró que tal fin estaba contemplado de algún modo en su propuesta. Bildu hubiera aplaudido con las dos manos y es posible que oigamos sus aplausos bien pronto, bajo otros ropajes jurídicos, cuando la amnistía pactada con Sánchez llegue, en todo o en parte, a los presos de ETA y a los asesinatos sin resolver de la banda terrorista.

Al margen de las valoraciones técnicas e ideológicas de lo que significó aquella amnistía, lo que no suscita duda alguna es su constitucionalidad formal y su adecuación a las promesas electorales. No hubo estafa ni fraude, al menos en este punto, aunque sí lo hubo en las elecciones mismas. Por el contrario, la amnistía en tanto que tal no es mencionada ni considerada en la Constitución de 1978 (hubo dos decretos de amnistía previos a su redacción en 1976 y 1977) porque no cabe en ella, según la mayoría de los especialistas.

Incluso Felipe González, Alfonso Guerra y otros reputados socialistas han subrayado la inconstitucionalidad de la amnistía, no anunciada en campaña electoral sino impuesta a todos los ciudadanos por Pedro Sánchez para ser investido presidente sin haber ganado las elecciones. Esto es, ha habido en este caso mendacidad, engaño, doblez. Desde el punto de vista de la decencia política, Pedro Sánchez es mucho peor que Largo Caballero, que incluso llegó a anunciarle a Azaña que lo haría caer para imponer una dictadura socialista. Esto es, actuaba como un marxista, lo que era, no como un farsante dispuesto a todo con tal de gobernar.

El acoso y enjuiciamiento "popular" al poder judicial independiente

Otro de los grandes asuntos hurtados a la libertad de decisión de los ciudadanos ha sido la puesta en marcha de Comisiones de Investigación sobre la conducta de jueces y fiscales. Tampoco es un asunto nuevo porque el Frente Popular ya puso en marcha un control, incluso más opresivo, sobre la libertad del poder judicial, a pesar de que en la Constitución de 1931 se decía que "los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la Ley".

Durante la República, el presidente del Tribunal Supremo era nombrado por el presidente de la República por un período de diez años a propuesta no sólo de jueces, sino de una asamblea indefinida. En la Constitución de 1978, el presidente del Supremo es elegido por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el poder judicial es, en teoría, mucho más independiente en nuestra Constitución que en la de 1931. Y, desde luego, la carrera judicial es ahora una carrera profesional mientras que en la II República llegó a distinguirse entre "jueces de derecho" y "jueces de hecho" o "populares" (que podrían ser personas ajenas a la judicatura).

En el acuerdo de Junts con el PSOE, el único que hemos podido ver de todos los acuerdos y tratos que ha hecho el PSOE con sus apoyos parlamentarios y políticos, se dice:

Esta ley (de Amnistía) debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

Dicho en román paladino, la consecuencia política de aceptar la narrativa victimista y separatista de Junts y otros golpistas, es admitir que fueron los tribunales los que, a pesar de aplicar las leyes vigentes, "judicializaron" la política. Por ello, imponen el principio de instrucción de causa "popular" a los jueces y fiscales que instaron aquellos procesos, por ahora, bajo la forma de Comisiones de Investigación.

Tampoco es nada nuevo, porque las izquierdas españoles siempre intentaron someter a los tribunales de justicia a sus dictados e incluso caprichos, pero aceptar la argumentación separatista y su procedimiento inquisitorial, tampoco fue anunciado por Pedro Sánchez a los ciudadanos, que no pudieron decidir sobre ello en las elecciones del 23J de este año. Nuevamente mintió a los españoles, como ha mentido sobre la entrega de la alcaldía de Pamplona a Bildu y en otras tantas cosas.

Como en el caso de la amnistía, aunque con menos claridad, el programa electoral del Frente Popular anunciaba una reforma de la Justicia: "4.º Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución".

Durante la II República, los intentos por apartar, o jubilar, a jueces y fiscales no partidarios de un control político de la justicia, y por ello considerados no "afines", fueron continuos. Pero el proyecto más importante de todos ellos fue la decisión de constituir un Tribunal especial para exigir responsabilidad a los jueces y magistrados. Fue ideado por el gobierno republicano-social-comunista-separatista y dictaminado por la Comisión de Justicia de Las Cortes en los primeros meses de 1936 tras la victoria fraudulenta del Frente Popular en las elecciones de febrero.

Se trataba, como ahora y sobre todo, de castigar a los responsables de las condenas impuestas a los golpistas de 1934 tras ser amnistiados y de dominar la administración de Justicia, ya claramente al margen de la Constitución, fundamentada en el sentimiento popular de justicia. Por tanto, lo dijo el socialista Fernando de los Ríos, "lo que en definitiva se traduce en que logran alcanzar la categoría judicial personas absolutamente ineptas para ella, aunque hayan logrado superar el nivel mínimo en una determinada oposición".

¿Y qué es lo que hace más aptos a los jueces y fiscales? La pulcritud moral. ¿Y qué es eso? La conexión con la emoción de justicia del pueblo. ¿Y quién decide quién es pueblo y quién no? (Aunque ganó las elecciones de 1933 con un 70 por ciento de los votos —al parecer no eran del pueblo—, el gobierno de la derecha fue asaltado por las izquierdas que decidieron dar un golpe de estado "justo" en 1934.) Sencillamente, el centro y la derecha no son pueblo, sino enemigos del pueblo. Consecuentemente, jueces y fiscales, para ser pulcros, deben ser de ideologías izquierdistas y sintonizar con las consignas de los nuevos caciques de la izquierda.

El primer paso, que luego conduciría a la proliferación de tribunales populares sin control ni garantías, fue la decisión de la Comisión de Justicia de las Cortes en su Dictamen sobre el proyecto de ley regulando la constitución del Tribunal especial para exigir responsabilidad a los jueces y magistrados, que ahora se exigirán vía Comisiones de Investigación ad hoc.

Lo más asombroso y peligroso de aquel dictamen de junio de 1936, aprobado mucho antes de la excepcionalidad producida el 18 de julio, fue la distinción entre "jueces de derecho" y "jueces de hecho". Textualmente, se dijo así en dicho Dictamen:

Base 1. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los magistrados, jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante un Tribunal especial, que se compondrá de cinco magistrados del Tribunal Supremo, como jueces de derecho, y de doce jurados, con cuatro suplentes, que actuarán como jueces de hecho.

Por ello, jueces de derecho eran los que habían conseguido su puesto por oposición y pertenecían a la carrera judicial. Pero, ¿quiénes eran los jueces "de hecho"? Pues personas no pertenecientes a la carrera judicial seleccionadas por el gobierno de entre los que poseían un título facultativo, expedido por el Estado, o entre los que figuraban como presidentes de cualquiera de las Asociaciones inscritas en el Censo electoral social. A menos, eso sí, se les exigía saber, sólo, leer y escribir. De ahí a la politización fatal de la justicia sólo había un paso y era el fin de la independencia del poder judicial, nunca aceptado por las izquierdas ni, naturalmente, por el franquismo.

En resumen, tanto la amnistía política y social como la persecución de la independencia del poder judicial y su sumisión a la Ley, su inmediato corolario, fueron puestos en marcha durante la II República. Amnistías hubo varias, de diverso signo. La última, la de 1936, quería "borrar" el golpe de estado de 1934. La actual quiere suprimir de la memoria el golpe separatista de 2017.

La diferencia con lo que está perpetrando en nuestros días el PSOE de Pedro Sánchez, al margen de cuestiones técnicas, es que en 1936 no se ocultó a los ciudadanos y votantes qué se quería hacer ni con quiénes se quería hacer. En la convocatoria electoral pasada del 23J, como otras anteriores, se mintió a los ciudadanos. Ni se les dijo qué se iba a hacer ni con quiénes. Por ello, hasta Francisco Largo Caballero parece hoy a nuestros ojos más veraz y honorable que este largo caballero cuyo historial de mentiras y engaños parece algo que podría proponerse seriamente para su inclusión en el Guiness.