La cultura amortizada

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Durante las últimas elecciones generales, las llamadas, en terminología totalitaria, fuerzas de la cultura se distinguieron por sus ataques contra el partido que hoy gobierna. En sus alegatos hablaban de la amenaza para la cultura progresista, para la libre creatividad, para la red de infraestructuras y todo lo demás que en este campo había construido el Partido Socialista durante su larga estancia en el poder. Lo que ocurría en realidad era que los buscadores de rentas, los diversos grupos de interés florecidos al calor de las subvenciones culturales de los gobiernos socialistas temían que se les acabara el chollo.

A estas alturas, ha quedado claro que sus temores eran infundados. La política del PP ha sido en el terreno cultural, a grandes rasgos y como mínimo, continuista. Con un agravante, José María Aznar parece dispuesto a cincelar su carisma protagonizando directa o indirectamente todas las buenas noticias del ámbito cultural con rango de portada o portadilla. Raro es el mes que no aparece una o varias ocasiones con este motivo. Preside una llamada comisión de cultura de cuyas reuniones siempre ha se salir algún notición. De la última, el proyecto de un nuevo museo para Madrid, el de las colecciones reales, que se comenzará a construir en el 2000. Y la compra de varios cuadros para el Reina Sofía mediante partidas extraordinarias. Y el recuerdo de que por decisión suya aquellos diez mil millones que en su momento se arbitraron para hacer frente a los pagos de la colección Thyssen se han consolidado como gasto disponible ordinario del Ministerio de Cultura.

De este modo, la política cultural se convierte en un ingrediente más del consenso y se perpetúa la excesiva, asfixiante intervención de los gobernantes en ese terreno, algo de lo que el felipismo hizo estandarte e incluso justificación paladina, ilustrada, de su despotismo político. Los cimientos de esta política fueron puestos en su momento por los gobiernos de la UCD. Con recursos mucho más modestos que los hoy disponibles por los administradores culturales se escenificaron entonces diversas operaciones de reconciliación cultural eficaces y acaso oportunas (la del Guernica es la más memorable). Los socialistas multiplicaron el gasto y la intervención, sentando unos precedentes gravosos que no es preciso asumir ni mucho menos superar.

La tendencia al gasto suntuario y a su escenificación informativa protagonizada por el presidente del gobierno es criticable por principios, porque aquellos en los que reposa son opuestos a los que parecían inspirar su comportamiento político y por los efectos nefastos a largo plazo de esas políticas.

Es posible que por este procedimiento Aznar consiga mejorar la opinión que de él tienen los sedicentes cultos progresistas y se esté labrando el epitafio con el que le gustaría que fuera recordado su paso por el cargo, pero no debería olvidar que dispara, por así decirlo, con pólvora ajena.

Desde un punto de vista liberal, esta potestad de los políticos es una malversación del dinero público. Todo, absolutamente todo el dinero que utiliza el gobierno se extrae del bolsillo de los ciudadanos y, por esa causa, un poco, por mínimo que sea, es mucho. Y si el gasto se empeña en protagonizarlo el presidente del gobierno, muchísimo. Su directa intervención consagra una concepción absolutista de la acción cultural (ampliamente respaldada por el comportamiento de los señores autonómicos) y se olvida de avanzar en la dirección justa que sería la de restar a los poderes públicos atribuciones prescindibles, entre ellas la de aniquilar la ya escasísima autonomía de los patronatos supuestamente encargados por ley de dirigir las diversas instituciones culturales, convertidos sus miembros en meros comparsas.

El título de este artículo evoca una especie de paradoja histórica, el que podríamos llamar pecado original cultural de nuestro estado liberal. Amortizar significa en una de sus acepciones, como es sabido, pasar ciertos bienes a poder de "manos muertas". Mientras que desamortizar es sinónimo de expropiar, poner en venta los bienes amortizados. Tras lo dicho, el sentido que aquí tiene es fácilmente deducible: la cultura, las diversas actividades que habitualmente se engloban bajo esa palabra (la industria editorial y la discográfica, entre otras, se libra) ha caído en las manos muertas de los políticos, los funcionarios y los buscadores de rentas que de ellos se nutren.

Es preciso comenzar, cuanto antes, el camino de vuelta, devolver la cultura, las artes, a los ciudadanos. La cultura que tenga que ser resultará, como de hecho ya ocurre en diversos ámbitos, del libre intercambio entre los que la hacen y los que la disfrutan. Todo lo demás, es despotismo.

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La desarmotización eclesiástica -sobre todo la llevada a cabo por Mendizábal en 1835-36- es un momento clave en la historia de las relaciones del gobierno español con los bienes culturales. Como es sabido, junto a una gran cantidad de tierras -objetivo fundamental de la medida-, muchos bienes muebles e inmuebles pasaron entonces de manos de la iglesia a las de los particulares y, en mayor medida, por causas diversas, a manos de la administración. Estos tesoros artísticos y monumentales que llegaron a manos del gobierno mediante un decreto fueron el núcleo de lo que todavía entonces no se conocía como patrimonio histórico artístico español.

Es un hecho admitido, aunque poco estudiado, que la desamortización tuvo consecuencias catastróficas para el recién adquirido patrimonio cultural. Ocurrió que aquellos bienes muebles e inmuebles eran tan abundantes y el estado que los incautaba tan precario y desprevenido acerca de las consecuencias de su decisión que las mismas medidas políticas que los arrebataron de las manos de la iglesia para entregarlos a las de todos los españoles, es un decir, fueron las que decretaron su ruina por abandono y los expuso a ser expoliados.

El expolio, la sangría de nuestro tesoro nacional (un concepto que engloba además otras circunstancias, de los saqueos de las guerras hasta la almoneda de algunos nobles en bancarrota) es un tópico repetido durante más de un siglo, una invocación añadida a la letanía de los males de la patria. Este lamento lo encontramos sobre todo en la literatura legislativa que emana de los responsables de arbitrar las medidas para protegerlo cuando, una vez tras otra, se disponen a dictar nuevas normas que palíen el incumplimiento de las anteriores. Esa figura del expolio de nuestro patrimonio histórico artístico (debido en primer lugar a la incuria, ignorancia, incapacidad, o mera imposibilidad de los poderes públicos) es la que se invoca siempre para reclamar una mayor, mucho mayor intervención del estado en pro de su salvación.

Como ejemplo definitorio, se puede recordar la historia de un ente fabuloso, protagonista de esta historia: el inventario. Al poco de su estreno como gran propietario hace 150 años (la primera Comisión de Monumentos históricos y artísticos se constituye en 1844), la administración cae en la cuenta de su necesidad, clama por su realización como preámbulo a una correcta salvaguarda, pero este es el momento (1999) en que todavía no se ha logrado plenamente. Tras la ley de 1985, se ha avanzado mucho, se nos dice, sobre todo en el plano de los inmuebles, que no es más que una pequeña parte de lo mucho por inventariar. Para dar cuenta de lo ingente de la tarea, basta con recordar lo que abarca su definición: "El Patrimonio Histórico artístico está hoy constituido por los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, el patrimonio documental, el patrimonio bibliográfico, los yacimientos o zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico".

La misma palabra Patrimonio induce a confusión. Por una parte tiene un claro sentido de comunión espiritual. Cualquier español, por el mero hecho de serlo, participa del legado cultural común a todos los españoles, constituido entre otros bienes inconmensurables, por el propio idioma, acrisolado por varios siglos de literatura, accesible hoy como nunca gracias a la alfabetización y a la industria editorial. A este podemos añadir la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, etcétera; todos aquellos conjuntos de obras de arte que, de un modo u otro, contribuyen a definir esa parte del ser de los españoles que acaso sea su historia cultural, al margen de que los objetos físicos, las obras, sean susceptibles o no de acumulación, de coleccionismo y estén aquí o en un museo o en una biblioteca del extranjero.

La otra noción de patrimonio parece limitarse a señalar las restricciones sobre la propiedad de determinados bienes. Son aquellos cuya peculiaridad consiste en que, por su valor cultural, histórico o artístico, su derecho de propiedad tiene por titulares a todos los ciudadanos de una nación, administrado en su nombre por los poderes públicos. La custodia y administración del patrimonio cultural se ha convertido en una atribución legitimadora más que los políticos han añadido a las gravosas cargas que arrastra el estado moderno europeo, que no se conforma con serlo de derecho, sino que, además de democrático y social, también ha de serlo cultural.

En esta noción de patrimonio encuentra un aparentemente más sólido fundamento la pretensión política elevada a rango constitucional que otorga al gobierno el papel de albacea de unos bienes cuya utilidad es la de satisfacer unas sedicentes necesidades específicas de los ciudadanos: "Es mérito de la Constitución el haber proporcionado el argumento justificativo de la intervención administrativa en esta materia, formulando una concepción del Patrimonio Histórico dentro del campo de los Derechos Fundamentales del ciudadano. El trasfondo justificativo de la intervención se enmarca así en el acceso a la Cultura, formulado como un derecho fundamental de los ciudadanos. De esta forma, los ciudadanos pasan a ocupar una posición jurídica con relación al Patrimomio Histórico. Centro de referencia de este interés colectivo al disfrute del PH tal como señala el art. 46 de la CE, son los poderes públicos, a los que se impone el deber de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del PH. Sobre los poderes públicos pesa el deber, probablemente uno de los más justos e ignorados, de fomentar entre los ciudadanos aquello que tienda al enriquecimiento de su sensibilidad.

"Nos situamos pues, en el plano de las garantías que el ordenamiento prevé para hacer posible esa conexión entre el PH y la Cultura, en el plano de los instrumentos que hagan posible que los bienes que integran el mismo cumplan efectivamente el destino al que están afectados intrínsecamente: la satisfacción de necesidades culturales".

Quizá esta sea la formulación más explícita -y paladina por lo improbable de sus fundamentos antropológicos- de la justificación de la hipertrofia político-cultural: el ciudadano como sujeto de necesidades insaciables que se transforman en derechos siempre imperfectamente atendidos.

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La nuestra es lo que se ha llamado una constitución cultural, en la estela de la italiana, adecuada al moderno estado social devenido, según los tratadistas, "regulador decisivo del orden social, en tanto que viene a reconducir a la racionalidad las disfunciones producidas por una sociedad abandonada a sus propios mecanismos de autorregulación.

"Por ello, la nueva concepción teórica parte de un dato esencial: la superación de la idea del Estado como creador de un marco ambiental y su transformación en elemento activo y dinámico en el seno de la vida social. Se trata, ahora, de una política mucho más ambiciosa: El Estado -prosigue el actual director general de Bellas Artes- es promotor y agente de la cultura, lo que no significa, por supuesto, un monopolio cultural radicalmente ajeno a la exigencia innata de libertad connatural a toda obra artística. El Estado, por consiguiente, ha de favorecer la creación de cultura desde un doble ángulo: incentivando y promoviendo a los creadores y prestando a los destinatarios el servicio esencial de acceso a la cultura como elemento clave del desarrollo personal y social".

Pero el de la cultura es un objeto de condición vaga y contornos difusos, un significante de condición esponjosa que absorbe muchas y muy distintas cosas, cuyo éxito parece ser proporcional a su capacidad para hacer referencia a conceptos diversos.

Sólo cabe aquí mencionar el sentido que la palabra tiene para los antropólogos sociales. La mera definición del término es una de las cuestiones más debatidas de esa disciplina. Como supuesta encarnación de un ideal ilustrado, casi se confunde con la educación, dentro de la cual las artes, con las que en parte se solapa la cultura, son un ingrediente importante, como lo son también las ciencias, las humanidades y las buenas maneras.

La noción de cultura en la constitución se ha dicho que es abierta y polimorfa, e incluso holística. Se diría que más bien se trata de salvar con un eufemismo las dificultades que presenta la delimitación conceptual de semejante concepto. "La noción étnica se proyecta en los contenidos: lenguas, tradiciones, instituciones y patrimonio histórico, cultural y artístico, pero hay en la constitución otro repertorio de voces que despliegan el campo semántico de la noción general: educación, enseñanza, arte, literatura, ciencia, técnica, investigación, medios de comunicación social, medio ambiente, deporte, ocio, turismo".

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Entre los críticos más severos de este estado de cosas hay que mencionar a Marc Fumaroli. En su libro titulado El Estado cultural, ensayo sobre una religión moderna, muy ceñido a la tradición francesa, pero aplicable en muchos aspectos a la española, ataca la maquinaria cultural puesta en marcha por De Gaulle para Malraux y llevada a las cimas del espectáculo por Mitterrand-Jack Lang. "En Francia, al estar el conjunto de la 'esfera cultural' bajo la responsabilidad del Estado, que goza de un monopolio de hecho sobre la educación, sobre la Televisión y que además practica una 'política cultural' ambiciosa, nos hallamos ante un Estado Cultural... Al englobar en su imperio las diversiones de masas y las obras del espíritu, consigue que la sociedad civil se acostumbre tanto a esta amalgama que renuncia a desarrollar iniciativas e instituciones protectoras distintas de las del Estado".

David Boaz, el vicepresidente del Cato Institute, se ha ocupado en diversas ocasiones del asunto. En un artículo reciente titulado Gobierno sin principios criticaba la idea de un gobernador norteamericano de regalar música grabada a los recién nacidos para fomentar su inteligencia y recordaba los principios limitadores del gobierno que han presidido desde su fundación la política del gobierno de los EE.UU.

En Europa, y en particular en España, resulta más difícil apelar a esos principios, pues no está en la tradición liberal el renunciar a las múltiples palancas que el poder pone en manos del gobernante para influir en la sociedad y comprar voluntades que le perpetúen en él. Se trata de una convicción tan arraigada que resulta muy difícil distinguir en el horizonte algún signo de esperanza. La privatización de la esfera cultural es un ideal casi utópico. Entre otras razones porque el antimercantilismo es un ingrediente constitutivo del mito cultural.

En torno a las mentalidades antimercantilistas gira buena parte del libro de William D. Grampp, profesor de economía en Chicago, titulado en inglés Pricing the Priceless y en su traducción española Arte, inversión y mecenazgo. A la pregunta de por qué los gobiernos protegen las artes responde argumentando que se trata de un caso de búsqueda de rentas: "La propia estructura económica de las artes se presta a la búsqueda de rentas. Las artes no sólo reciben ayuda, sino que la piden y la ayuda actúa claramente en beneficio de los que la solicitan, mientras que otros se benefician mucho menos o nada en absoluto".

Grampp dedica un capítulo de su libro a refutar los argumentos de los economistas defensores de la necesidad de que los gobiernos subvencionen las artes. Estos son, enunciados, ocho. Cinco de ellos se apoyan en propiedades de la demanda: el arte es un bien público, genera externalidades positivas, se trata de un bien preferente, su demanda depende de la oferta y debería estar a disposición de todo el mundo. Los tres restantes se basan en alguna propiedad de la oferta: el arte se crea en condiciones de coste medio decreciente, se trata de una actividad que requiere mayor cantidad de trabajo que otras actividades y la supuesta necesidad de mantener las existencias de arte. Para él, todos esos argumentos tienen en común la presunción de que el arte cuesta y vale más de lo que el público está dispuesto a pagar por él. Pero para justificar las subvenciones sería preciso demostrar que satisfacen dos condiciones: la primera, que el capital de la ayuda irá destinado a un uso cuyo beneficio sea tan elevado como pudiera serlo en cualquier otro al que pudiera ser destinado. La segunda, que el dinero de la subvención se debería obtener a través de los impuestos que pagan quienes más se benefician de ella en una medida proporcional al beneficio que obtienen.

Ninguno de los argumentos esgrimidos por los defensores de la ayuda gubernamental a las artes ofrece pruebas de que cumplan esas dos condiciones. Lo máximo que afirman, basados en encuestas de dudosa calidad técnica, es que el público está a favor.

En el folleto publicado por el Institute of Economic Aairs británico titulado Should the taxpayer support the arts?, su autor, David Sawers, también critica por insuficientes los principales argumentos económicos que se utilizan para justificar el papel tutelar del estado en las artes, y que reduce, ante lo confuso que le parece el intento de situar las artes en la categoría de bien público, a las llamadas externalidades positivas. Resumidas, son las siguientes: el fomento del orgullo nacional y del turismo, los efectos benéficos que tienen para los ciudadanos, el estímulo de las ideas sociales, la necesidad de conservar las obras de arte para la posteridad y su contribución a la educación.

También le parecen insuficientes o equivocados los argumentos no económicos que se esgrimen, como la supuesta insuficiencia del sector privado para permitir el florecimiento artístico, la necesidad de fomentar el acceso a las creaciones artísticas y la de favorecer la innovación liberando al artista de los condicionamientos de la demanda popular.

Sawers cree que ninguna subvención a las artes es necesaria ni deseable. No las cree necesarias porque piensa que pueden florecer sin ayudas y le parecen indeseables porque son esencialmente injustas (la gente que se beneficia de ellas resulta más favorecida que quienes pagan por ello) y porque permiten a los gobiernos condicionar su desarrollo.

Admite que se subvencione la conservación del patrimonio cultural y el fomento del conocimiento de las artes entre los jóvenes. Las ventajas fiscales para las donaciones a fundaciones artísticas son convenientes, en su opinión, porque tienen la ventaja de que diversifican las decisiones que se toman en ese terreno.

El economista Bruno S. Frey -autor, junto a Werner W. Pommerehne del libro titulado en su traducción al gallego Musas e mercados- sostiene posiciones semejantes y hace una propuesta original en su aplicación a este campo. En su opinión, los valores atribuidos a las actividades artísticas que se supone que el mercado ignora son los siguientes: el de opción, es decir, los individuos aprecian el arte, no lo consumen, pero quieren que esté disponible para cuando lo deseen. El de legado, por el que es necesario preservar las artes para las generaciones futuras. El de prestigio, las instituciones artísticas célebres elevan el reconocimiento y atención hacia un lugar. El educativo, las artes forman parte de las educación fundamental y contribuyen al sentido de identidad.

Estos supuestos fallos del mercado no constituyen sin embargo razón suficiente en favor del apoyo público a las artes tal como ahora se produce. Han de ser comparados con las distorsiones que dicho apoyo introduce. Entre ellas el que las subvenciones tienden a sustituir la demanda de los consumidores por los valores defendidos por políticos y funcionarios.

Las donaciones deducibles de los impuestos son, según Frey, un procedimiento para financiar la cultura que evita la influencia del poder político, pero introduce cierta distorsión, pues los suministradores ajustan su oferta a los donantes. Una alternativa es el bono artístico. Con él se consigue una rebaja para el ciudadano y las ayudas se reciben en función de los bonos que las instituciones logran. La decisión política se limita a establecer la lista de las instituciones receptoras. Según Frey, este procedimiento incentiva la oferta hacia los consumidores potenciales y motiva a los oferentes a presentar programas atractivos con el menor coste. Otra de sus ventajas es que estimula el interés de los ciudadanos por la cultura al introducir la decisión de cómo gastar el bono.

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Desde el punto de vista del liberalismo moderno hay que criticar lo erróneo y pernicioso de muchas ideas comúnmente aceptadas en torno a la política artística que impregnan la acción de los gobiernos europeos, así como la utilización abusiva por parte de los políticos de los asuntos culturales.

El dinero que los gobernantes dedican a estos menesteres (obtenido, no se olvide, a través de los impuestos) es sinónimo de rentas y, por lo tanto, de desigualdades. Todos pagan lo que disfrutan unos pocos o, si se prefiere sólo unos pocos disfrutan de lo que muchos ni siquiera se enteran de que pagan. Ocurre además que esos pocos beneficiados son precisamente quienes menos necesitan la ayuda pública.

Las grandes inversiones culturales crean desigualdades, rentas de las que se benefician unos y que son pagadas por todos. La industria hostelera y los comerciantes de Bilbao están disfrutando de una renta de más de 20.000 millones que es lo que ha costado el museo Guggenheim. La instalación de la colección Thyssen en Madrid, que superó los 40.000 millones pagados con cargo a los presupuestos extraordinarios del Ministerio de Cultura, favorece muy especialmente a los madrileños. Lo mismo sería aplicable a los aficionados a la ópera madrileños, que han sido beneficiados con un faraónico Teatro Real. La lista de ejemplos de gasto desmesurado e injustificado es muy larga.

También en el campo cultural, la presencia de los poderes públicos experimenta una tendencia expansiva que tiende al monopolio, acaba expulsando a la iniciativa privada o, lo que es peor, absorbiendo los recursos más o menos filantrópicos procedentes de ella. El tantas veces invocado mecenazgo privado termina reducido a la condición de impuesto extraordinario que recae sobre algunas grandes empresas, principalmente las que tienen al estado como cliente o cuyo negocio depende o reposa en limitaciones o excepciones legislativas. El lema de políticos y funcionarios podría ser: yo decidiré lo que se ha de hacer y yo lo inauguraré. Vosotros, empresarios que tanto nos debéis a los políticos, habréis de pagar la diferencia entre mis limitadas posibilidades presupuestarias y lo ambicioso de mis aspiraciones.

Las cajas de ahorro son un caso singular, un híbrido entre lo público y lo privado. Su papel en el ámbito cultural, que se ha convertido en una de sus y nuestras peculiaridades, es mucho mayor que su independencia de los poderes públicos, con lo que, en cierto modo se convierten en una fuente de financiación extraordinaria para ese tipo de actividades, aparentemente espontáneo y altruista, pero que más bien es gasto público fuera de todo control.

Por las limitaciones que los bienes patrimoniales del estado tienen por su estatuto legal, resulta imposible una gestión razonable de los museos de titularidad pública. Su actividad económica es unidimensional, sólo compran, con lo que no hay gestión posible, sino puro gasto. Por esa misma razón, los museos públicos ejercen un papel de estancamiento, de retención que condiciona y dificulta la determinación del precio de los bienes que acumula. Tal vez por eso se dice que dichos bienes tienen un valor incalculable.

Al ser su mayor fuente de financiación el organismo (ministerio, consejería u otro) al que están adscritos, su dependencia es absoluta y los políticos inevitablemente acaban por buscar algún beneficio personal del gasto que administran y utilizándolo como una maquinaria de propaganda y autopromoción. La presencia de dinero privado en su financiación complica el asunto.

En tanto que ente burocrático, su destino es trabajar en pro de su perpetuación y favorecer la endogamia y la esclerosis intelectual. No funciona como impulsor de la producción cultural, porque en el diseño de su oferta influye más el gusto de políticos y funcionarios que el del público. De ese modo, condiciona, dificulta o simplemente impide la acción espontánea de los mecanismos de renovación y de cambio, la decisión del consumidor, el gusto del público. Como dice Sawers, los artistas están en su derecho de producir obras que el público no desea ver o escuchar, pero no está claro por qué las han de pagar los contribuyentes

Asimismo, las subvenciones introducen desigualdades porque priman a determinados grupos de intereses en detrimento de otros. Cuando deja de preocupar la dimensión de la audiencia, se fomenta la tendencia de las artes a hacerse más elitistas.

No tiene mucho sentido justificar la acción actual por los beneficios patrimoniales futuros, pues si, en general, nadie es capaz de determinar por dónde van a ir las tendencias y preferencias, todavía resulta más difícil en un campo en el que un ingrediente fundamental es algo tan arbitrario como el gusto estético. Lo que en realidad se hace es lastrar, hipotecar el futuro. En el caso de que se decidiera conservar obras de arte en beneficio de las futuras generaciones, se debería preservar precisamente lo que no está de moda.

En resumen, el excesivo papel que políticos y funcionarios desempeñan en el terreno artístico se basa en una falsedad: la minoría de edad cultural de los ciudadanos, que les incapacita para decidir lo que realmente les conviene y les ha de interesar. Aquí, del mismo modo que en otros órdenes de actividad, es una propuesta razonable que el estado abandone cuanto sea posible el papel casi hegemónico que desempeña y limite su intervención a lo imprescindible, es decir, a aquellas parcelas donde no llegue el mercado o la actividad filantrópica y cooperativa de los particulares adecuadamente favorecida por las leyes.

¿Resultaría perjudicada la cultura española en el muy improbable caso de que se llevara a cabo esta desamortización que aquí se propone y que consistiría en comenzar a devolver a los ciudadanos la iniciativa en materia cultural?

Seguramente el daño sería mucho menor que el sufrido por el patrimonio de la iglesia, nuestro patrimonio, a resultas de la primera desamortización.