La enseñanza de la historia

En tiempos remotos, dignos tal vez de ser historiados, la asignatura de Historia tenía una importancia primordial en la educación de los niños y los jóvenes. En primer lugar, organizaba el tiempo, y en buena medida el espacio en el que se insertaban los alumnos. La Historia era el tronco de todas las asignaturas entonces llamadas de Letras. La filosofía, la literatura, las lenguas clásicas venían a ordenarse en torno a aquella estructura fundamental, suministrada por el relato de lo acontecido en tiempos pasados. Más aún, el propio alumno, su vivencia del tiempo presente estaba enraizada en una continuidad que venía de muy lejos y que él continuaba en el presente.

Esa continuidad tenía además un sentido, más allá de la estricta cronología, derivado de la idea de nación. Sobre un fondo occidental, europeo o cristiano, que era el que se daba por válido, se organizaban lo que Ortega llamaba densidades particulares de socialización, es decir el conjunto de un patrimonio (hechos, objetos, paisajes, ideas, sentimientos y creencias…), concebido no sólo como motivo de orgullo, sino también de exigencia. Más que un conjunto de glorias pretéritas, la nación era una gigantesca acumulación de trabajos, sacrificios y ambiciones, una veces colectivos y otros individuales, que el alumno recibía en depósito, como un suelo a partir del cual organizar su propia vida.

Adaptados a la mentalidad infantil de entonces, los libros de historia contaban además hechos que se consideraban ejemplares. Ejemplares como lo son las novelas de Cervantes, no sólo porque susciten la admiración que merece aquello que se sale de lo ordinario, ni porque sean dignos de emulación, sino porque más de una vez planteaban concretamente, de forma clara e inteligible, un caso moral de valor universal: la lealtad, el predominio de la virtud sobre el afecto, lo debido a la colectividad, el coste de la independencia personal… eran problemas que quedaban encarnados en individuos con nombre y rostro. Del profesor, de su simpatía, de su capacidad para sentir y evocar el pasado y destilar de aquellos hechos a veces muy remotos lo que es eternamente valedero en la experiencia humana, dependía que la clase fuera una delicia o un aburrimiento.

De estos tres grandes objetivos -organizar el saber de los alumnos, proporcionarles un marco moral y político, e inculcarles algunos principios éticos- sólo el segundo parece merecer alguna atención de los actuales historiadores profesionales. Eso es al menos lo que se deduce de "Historia y sistema educativo", título con el que la revista Ayer publica las actas de un encuentro celebrado por la Asociación de Historia Contemporánea en Vitoria, en marzo de 1998. La ocasión de la cita era el debate sobre la enseñanza de la Historia en España suscitado por la propuesta ministerial de mejora de las Humanidades, que mereció un voto de castigo en el Congreso, a cargo de nacionalistas y socialistas, el 16 de diciembre de 1997.

Las críticas contra el proyecto versaron sobre su anacronismo pedagógico -se dijo que imponía una educación memorística-, su anacronismo historiográfico -planteaba valores y principios considerados anticuados- y sobre todo, su raigambre españolista, que para algunos evocaba tiempos pretéritos, aquellos en los que en España predominaba una sola fe, un monarca y una espada.

Celso Almuiña, miembro de la Comisión encargada por el Ministerio de la redacción del proyecto, defiende en su intervención la propuesta que se hizo. Como sus palabras son sobradamente elocuentes, a ellas remitimos para quien esté interesado en el detalle: la propuesta no insistía más allá de lo necesario en el ejercicio de la memoria, defendía valores plenamente vigentes y acordes con la sociedad actual y se basaba en los principios políticos constitucionales. Almuiña se permite incluso el lujo de citar algunos párrafos de la propuesta que, por su inequívoco progresismo, tan hipócrita y falsamente bienintencionado, bien se podían haber ahorrado. Véase el "objetivo histórico-geográfico núm. 10" de la propuesta, que quiere hacer "valorar positivamente las ayudas oficiales y no oficiales a países del Tercer Mundo".

La sensatez de la defensa de César Almuiña, con la que se abre el volumen, sitúa la polémica en el lugar que le corresponde. De las intervenciones posteriores se deduce la existencia de dos grandes posiciones. La primera es de índole política, y está mantenida por Javier Tusell y algunos historiadores vinculados al nacionalismo, como Borja de Riquer y Lourenzo Fernández. La otra es de carácter moral, por mucho que se disfrace de política. No se nutre de ambición de poder, sino de una conciencia acomplejada, típica de una generación, de lo que significa ser español y, sobre eso, del papel de la Historia, es decir de la función de los historiadores y de los profesores de Historia.

Empecemos con la primera. Tusell reprocha al Ministerio de Educación que no organizara en su momento un debate más amplio y exhaustivo, con Libro Blanco incluido. Eso significa sin duda que uno de los grandes errores del Ministerio fue no consultar a Tusell. No se ha repetido, y su silencio ante la segunda propuesta ministerial indica que por fin se han requerido sus servicios. En el texto que nos ocupa, tiene gracia la fruición con la que Tusell se dedica a destrozar, más que la propuesta, la posición de sus colegas de la Comisión redactora (de la Fundación Ortega), aun reconociendo la necesidad de tomar alguna medida. Bien es verdad que la lectura de la contribución de Tusell sólo resultará entretenida para personas muy al tanto de algunas menudencias de la vida intelectual, madrileña por más señas. Si se quiere, se puede encontrar en ella el rastro de lo que fue la posición de los socialistas que se dividieron ante el asunto. A pesar de que el grupo socialista en el Senado era partidario de la propuesta ministerial, al final optaron por el oportunismo, votaron con los nacionalistas y demostraron una vez más lo muy difícil que les resulta pensar en términos nacionales.

En cuanto a los nacionalistas, las posiciones son previsibles. Con el Plan de Mejora de las Humanidades, el Ministerio intentaba hacer cumplir la norma según la cual al Estado le corresponde el contenido del 55% del horario de Humanidades, lo que rescataba competencias cedidas por los gobiernos socialistas sin tener en cuenta lo que ellos mismos habían legislado. La oposición de los nacionalistas fue frontal, y a pesar de la modestia de la propuesta, se llegó a evocar la España franquista y las esencias nacionalcatólicas. La reacción tiene sobre todo el interés de demostrar hasta qué punto los nacionalistas se encuentran desarbolados y sin argumentos ante un centro-derecha que ha hecho suyas, sin complejos ni medias tintas, los principios autonomistas de la Constitución del 78. No es que eso vaya a reducir la virulencia nacionalista, al contrario. Pero deja claro una vez más que los molinos que inventa el nacionalismo no son más que fantasías hechas a medida.

Este mismo asunto determina la actitud del resto de los participantes, aunque estos se mueven, como ya se ha dicho, en una esfera más moral que estrictamente política. Y es que ante la ofensiva nacionalista, particularmente beligerante en el campo de la Historia, se está produciendo una nueva toma de posiciones, incluso por parte de muchos que antes la acompañaron o la jalearon. Ningún historiador con un mínimo de honradez puede tragarse las ruedas de molino nacionalistas, pero, por otro lado, estos mismos historiadores no se atreven, o no quieren todavía, dar el paso siguiente. Por eso al criticar a los nacionalistas, han de demostrar que también se desmarcan de la propuesta ministerial, y como esta no tiene nada de particularmente escandalosa, sino que rezuma sentido común, no les queda más remedio que referirse a las "segundas intenciones" (arrières-pensées, en francés en el texto, lo que es todo un síntoma) del Ministerio.

Abierta la espita de la interpretación, todo es posible, y lo que se cuela por ahí tiene mucho más de confesión generacional y profesional que de reflexión. El primer tabú con el que tropezamos es la palabra España. No hay forma de que a la referencia a una historia común se le quite de una vez el marchamo de una supuesta "esencia" españolista, de connotaciones nacionalistas o fascistoides. De nada valen las reflexiones de José Manuel Cuenca Toribio y Antonio Morales, con la referencia añadida a Andrés de Blas, acerca del nacionalismo español liberal del siglo pasado. Tampoco sirven las de Carlos Forcadell sobre la inexistencia, en la actualidad, de un nacionalismo español. Los fantasmas siguen ahí, irreprimibles, tanto que han acabado por suplantar la realidad. Más de uno de estos historiadores anda todavía preguntándose, como recordando la suprema pedantería de Ortega, ¿qué es España?

Pero si todavía hay quien tiene dudas acerca de la realidad de España, también abundan, entre estos historiadores, quienes la tienen acerca de la realidad de… la propia Historia. Esta inseguridad se manifiesta, en primer lugar, en cuanto a su elaboración. El hundimiento de los relatos marxistas y más o menos sociologistas parece haber dejado a buena parte del gremio con un pasado deshecho, disuelto, insignificante. O sea, sin nada que contar. Uno afirma que la España actual no tiene nada que ver con la Hispania romana, otro que hoy no le debemos nada a Don Pelayo, y otro que un estudiante de historia no tiene necesidad de saber quiénes eran Alcalá Galiano o Quintana. Pedro Ruiz Torres (nombre significativo donde los haya), de la Universidad de Valencia, remata afirmando que la idea de España debe ser un compromiso de futuro basado en la voluntad de los ciudadanos. De todo ello se deduce que la Historia se ha acabado porque el pasado, literalmente, se ha desvanecido en el eterno presente.

Lo mismo ocurre con el sentido de la narración histórica, disuelto en una pretendida desacralización que acaba siendo mucho más tramposa que la supuesta ficción que quiere sustituir. Por ejemplo, se propone que en vez de España medieval se hable de "reinos peninsulares"… Bueno, pero no todo eran reinos, sin contar con que el recurso a un término geográfico no neutraliza el sentido histórico de la expresión, porque se trata de la península ibérica. ¿O no? Algo parecido ocurre cuando se colocan en un mismo nivel la cultura cristiana y la musulmana, que florecieron ambas en la época de los "reinos peninsulares". Aceptemos que no sea labor del historiador hacer valoraciones (cosa dudosa, por otro lado). Aun así, ¿acaso no hubo lucha entre las dos?, ¿cuál prevaleció?, ¿de cuál de las dos somos herederos?, ¿se siente el autor de esa propuesta tan hijo de la cultura musulmana como de la cultura cristiana?, ¿está dispuesto a contar eso a sus alumnos?

En resumen, que según muchos de estos historiadores no hay forma de hacer una Historia de la nación española, y si la confusión es grande en esto, adquiere dimensiones espectaculares cuando se discute no ya la elaboración de la historia, sino su enseñanza. El mismo Carlos Forcadell, profesor de la Universidad de Zaragoza (ni más ni menos), dice, en tono crítico con el proyecto ministerial, que "no hay que formar alumnos educados (nacionalmente)", sino "ciudadanos educados para la crítica, el ejercicio de la libertad personal e intelectual, y las movedizas [sic] exigencias de la aldea global". Del planteamiento cabe deducir una receta que incluiría autonomía individual, derechos humanos y unas gotas de identidad colectiva o comunitaria destinadas a que los pobres niños no floten indefensos en el océano proceloso, inhumano y turbio del… capitalismo mundial, como dicen los ocurrentes detractores del pensamiento único.

Pues bien, incluso eso cabe en la realidad de España y en la constitución política de España. Más aún, la realidad política llamada España, esa nación organizada en comunidades autónomas e integrada en un gran proyecto supranacional, es hoy el sustento de unas libertades como nunca las habían conocido quienes nos precedieron en este suelo. Sustento es poco decir: habría que decir defensa, por ahora insustituible, de esas mismas libertades. Por supuesto que, como cualquier otro Estado nación, España se enfrenta a problemas muy serios derivados de la globalización, de las cesiones de soberanía, del nuevo papel de la política, de la multiculturalidad, de la integración de las minorías… Pero todo lo que sea retroceder en el marco general irá en detrimento de esas mismas libertades. Algún día los profesores de Historia habrán de asumir su responsabilidad en este asunto. Deberían empezar a darse cuenta de que su papel es enseñar, no intentar cambiar el mundo según unas ideas preconcebidas. Y que entre sus deberes está el transmitir a sus alumnos la idea de que las libertades de que hoy disfrutamos no se han conseguido sin esfuerzos, sin sacrificios, sin proyectos y, si se nos apura, sin mitos.

De creer este volumen, no parecen muy dispuestos a hacerlo. Antonio Morales proporciona una clave interesante para entender lo que ocurre. Estos historiadores tienen muchos de ellos entre cuarenta y cincuenta años, conocieron la Universidad tardofranquista y se criaron profesional e ideológicamente en una combinación de marxismo y escuela de los Annales que, además, pretendía tener operatividad política. Por si eso fuera poco, y dada la aplastante hegemonía del Estado en la Universidad española, son todos funcionarios y consiguieron su plaza gracias a esas ideas. Una vez ingresados en el escalafón, y con todas las deudas que impone el sistema de selección del profesorado en la Universidad estatal española, es casi imposible que alguien se mueva de la fila. De ahí que este profesorado esté, por decirlo con Antonio Morales, tan "sólidamente instalado en tales certezas". Es un poco triste, porque hay una parte de la Universidad que sí se ha atrevido a remover los arcaísmos, sin contar con una nueva generación, mucho más libre, sin prejuicios ni fantasmas, que piensa por su cuenta y escribe la historia de la realidad, no la de sus propios complejos.

Un último apunte. Varias veces sale a relucir el argumento, presuntamente liberal, de que los historiadores deben resolver estos asuntos por su cuenta, lejos del "intervencionismo" de los poderes públicos. Bien, pero ¿quién paga la nómina de estos funcionarios? ¿O acaso están pidiendo que desaparezcan las Universidades públicas? Ya que el Estado nación es un anacronismo y la Historia de España una antigüalla…

Jose María Ortiz de Orruño, Historia y sistema educativo. Madrid, AYER, num. 30, Marcial Pons, 1998.