Perú y su tradición autoritaria

Dicen que la única manera de tratar con un peruano es estar de acuerdo con su pesimismo, y la verdad es que, a veces, esa definición no se aleja mucho de la verdad. Todos los peruanos tenemos algo del taciturno poeta César Vallejo, porque es difícil ser optimista en un país como el Perú, donde lo que más sorprende son las cosas que no suceden.

Para entender el presente político del Perú hay que hacer un breve repaso de su pasado reciente, marcado por la década en que gobernó el régimen autocrático de Alberto Fujimori, un personaje que nunca debió llegar al poder, pero que fue elegido abrumadoramente en dos procesos electorales.

Que eso haya ocurrido en el Perú no llama la atención debido a que ese tipo de absurdos y contrasentidos suceden desde el inicio de la República.

Revisando La historia de la República del Perú de Jorge Basadre, uno de los historiadores más connotados de mi país, uno puede constatar que en los orígenes de la independencia peruana ya la cola movía al perro.

Sólo para poner un ejemplo quería comentar que el primer Congreso de la República eligió, bajo presión del ejército y de la población, a José de la Riva Agüero, como primer presidente del Perú, para luego hostilizarlo, acosarlo y colocar frente a él un poder militar personificado en Sucre y deponerlo.

Luego, el mismo Congreso nombró a Torre Tagle como presidente de la República a la vez que llamaba a Simón Bolívar, a quien entregó la máxima autoridad. Y, más tarde, el mismo Congreso aprobó una Constitución teórica que no se ajustaba a la realidad.

Finalmente, el mismo Congreso se autodisolvió para entregarle todos los poderes a Bolívar, quien, a esas alturas, dicho sea de paso, ya no quería ser el Dictador del Perú.

El Perú, por alguna razón, no entendió que la emancipación civil de un país debe tener como base el respeto de las instituciones y de las libertades, volviéndose adicto a los personalismos y a los caudillos. En el Perú, por alguna razón, las instituciones democráticas nunca logran afianzarse. En el Perú lo más curioso no es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra y cómo se olvida.

Creo que estos primeros hechos políticos, de la época auroral de la República, advierten sobre lo que más tarde sería una tendencia en el Perú. En el Perú existe la tradición de la sucesión de intervalos democráticos, alternados con períodos autoritarios, un péndulo pernicioso que ha impedido la entronización de la libertad y la democracia.

La década nefasta

Los últimos diez años han sido, en este sentido, sumamente ilustrativos en materia autoritaria. En el año 1990, Alberto Fujimori, un desconocido, un oscuro profesor de matemáticas, un anónimo de la política, con el apoyo del partido aprista y la izquierda comunista, le ganó a uno de los peruanos más prestigiosos: Mario Vargas Llosa, quien, desde el año 1987 introdujo en el debate público una serie de ideas renovadoras que contribuyeron a modernizar la discusión política.

El legado de Mario Vargas Llosa, por suerte, sigue vigente en algunos sectores, pero lo cierto es que el escritor perdió en esos comicios y quien ganó fue Alberto Fujimori. Y el Perú, como comentó un periodista en su momento, se tiró un pedo.

Si hay algo que caracterizó el decenio del fujimorismo fue su abierta y franca actitud contra la libertad y la democracia. Fujimori fue uno de esos típicos gobernantes que entendió la política como el arte de buscar problemas y encontrarlos en cualquier parte, para diagnosticarlos incorrectamente y, luego, aplicar el remedio equivocado, con una alta dosis de autoritarismo y recorte de las libertades.

Probablemente uno de los problemas de fondo del Perú es su falta de cultura cívica y ciudadana, lo que se refleja en la debilidad de sus instituciones. Si las instituciones peruanas fueran firmes, el zarpazo contra la democracia del 5 de abril de 1992 nunca se habría producido, como tampoco se habrían producido los golpes de Estado que prosperaron a lo largo del siglo XX.

Esa falta de cultura cívica y ciudadana explica también el hecho de que el Perú intercale períodos democráticos, que no terminan de desarrollar, con intervalos autoritarios, donde predomina la idea falaz de que los regímenes dictatoriales son más eficaces que los democráticos.

Esta tradición, que parece en realidad una maldición, es aquella con la que los peruanos debemos terminar para ser algún día un país libre, moderno y democrático. Esta tradición maldita e histórica es la que alimenta lo que un sociólogo ha llamado la "fracasomanía" peruana, que es esa sensación de cierto pesimismo que anida en muchos peruanos que anhelan un sistema democrático estable y duradero.

Dictadura con formas democráticas

¿Cómo se incuba el fujimorismo en la década del 90? En julio de 1990 el Perú vivía una de sus peores crisis: en lo económico la inflación llegaba a niveles astronómicos. El gobierno de Alan García había roto con el FMI y el BM. Desde julio de 1987 el gremio de empresarios se encontraba en la oposición más radical al régimen de García, luego de que éste intentara estatizar la banca.

A la grave crisis económica se sumaba el avance del terrorismo comunista de Sendero Luminoso y del MRTA, que cobraban víctimas y dinamitaban coches, transformando la ciudad de Lima en una especie de Beirut.

Como comprenderán, este tipo de situaciones, de caos y anarquía, contribuyó a generar una necesidad de orden y mano dura.

Cuando Fujimori toma el poder constitucional en 1990, luego de elecciones libres, siente que las instituciones democráticas son un obstáculo para sus planes. Entonces, asesorado por Vladimiro Montesinos, un personaje siniestro e inescrupuloso, una suerte de Rasputín de los Andes y émulo de Fouché, articula a inicios de 1992 una campaña de demolición institucional contra el Congreso, al que Fujimori llama el reino de la partidocracia y de los abultados sueldos; contra las ONG, a las que llama defensoras de los terroristas; contra los jueces, a los que llama chacales y al Poder Judicial le pone el sambenito de Palacio de la Injusticia; contra los diplomáticos, a los que llama homosexuales y buenos-para-nada; y contra los medios de comunicación, a los que acusa de estar vinculados con el narcotráfico. Todo esto, por cierto, sin sustentar prueba alguna.

Y su estrategia tuvo efecto. Su discurso de la antipolítica fue contundente y facilitó las condiciones para el zarpazo de abril de 1992. El primer paso fue controlar las fuerzas armadas para usarlas posteriormente como instrumento político. Para lograr este objetivo captaron a los mandos claves, dado que la verticalidad, eje de la disciplina militar, permitía así el control del resto.

El domingo 5 de abril de 1992, Fujimori apareció sorpresivamente en la televisión, en cadena nacional. Horas antes se había reunido con los propietarios de los principales canales de TV, quienes avalaron su decisión. En ese discurso el jefe de Estado anunció el zarpazo con las palabras: "disolver... disolver temporalmente el Congreso de la República".

El autogolpe fue preparado en secreto, sin que los ministros ni los parlamentarios oficialistas se enterasen. Ni siquiera los vicepresidentes. El operativo golpista fue planificado en estricto secreto por Fujimori y Montesinos, quien en ese entonces era un personaje del que no se sabía mucho y no se tenía ni siquiera fotografías recientes, a tal punto que algunos sostenían que Montesinos era un invento, una creación de la oposición.

El autogolpe fue apoyado por las grandes mayorías en forma pasiva. Lo mismo hicieron los canales de TV y algunos medios escritos.

El gobierno de Fujimori fue uno que combinó formas democráticas y esencia autoritaria, y en el camino evolucionó y se sofisticó. Muy pocos advirtieron con firmeza lo que se venía con el régimen fujimorista. Uno de ellos fue el incomprendido Mario Vargas Llosa, quien en un extraordinario artículo, publicado en El País en 1994, titulado "El pueblo y la gente decente" señaló que el pueblo peruano algún día comprendería que quienes lo gobernaban no eran sus salvadores, sino "una pandilla de cínicos que sirvieron al régimen militar".

Vargas Llosa por decir esas cosas fue maltratado por los mismos que en 1990 lo vitorearon sin haber entendido la vocación democrática del escritor. Esa gente, entre los que se cuentan empresarios y políticos de derecha, lo que estaba buscando era un Pinochet, y Fujimori se transformó en eso para gobernar con la tutela de las fuerzas militares y el sostén del empresariado nacional. Dictadura con economía de mercado era la fórmula que quiso vender el Chinochet peruano. Y muchos peruanos confiaron en que un mesías autoritario podía resolver la crisis económica y acabar con el fenómeno terrorista, que el gobierno de Alan García nunca resolvió.

Como se podrán imaginar: el incompetente gobierno de Alan García, al no poder resolver ambos problemas capitales, también contribuyó en la mala imagen de la democracia y la tentación del autoritarismo.

Asimismo, como en el mundo cada vez hay menos espacio para los regímenes de facto, Fujimori construyó un modelo político de formas democráticas, con fachada legal (con elecciones y prensa de oposición) pero con una esencia autoritaria (súperpoderes presidenciales, congreso sumiso, servicios de espionaje, manipulación informativa, secuestro de los aparatos estatales, etc.).

Este proyecto cívico-militar lo implementó Montesinos, quien se vinculó a Fujimori en los comicios de 1990, a pesar de que su currículo profesional ya entonces parecía un prontuario.

Vladimiro Montesinos era un ex capitán del ejército que fue expulsado de su institución por falsificar firmas. Y luego de ello se dedicó a la abogacía para defender a narcotraficantes, entre ellos a Evaristo Porras, del cartel de Medellín que dirigía Pablo Escobar.

Una vez en el entorno presidencial, Montesinos urdió, con el aval y consentimiento de Fujimori, todo un plan de copamiento de las instituciones, empezando por darle súperpoderes al Servicio de Inteligencia Nacional, desde el cual operaba y desde donde se engañó a muchos peruanos durante casi una década.

La primera formalidad democrática del régimen fue el Congreso Constituyente Democrático y la Constitución de 1993, con el propósito de neutralizar la negativa imagen que proyectó en Estados Unidos, la Comunidad Europea y los países de la región. La nueva Constitución introdujo, entre otras cosas, la reelección presidencial inmediata. Pese a ello, la Carta del 93 no fue una Constitución dictatorial o totalitaria: los elementos democráticos del régimen fujimorista se dieron al margen de la Carta del 93, la que fue aprobada luego a través de un referéndum.

Así, con nueva Constitución, nuevo Congreso, referéndum y el aval de la OEA, se inició la construcción de un nuevo tipo de autoritarismo, que mantenía las formas democráticas pero que en la práctica se orientó a controlar todos los poderes, a través de una serie de maniobras manipulatorias.

El control de los medios

Para que este tipo de maniobras funcionaran era indispensable para el régimen tener el control de los medios de comunicación. Esto se logró gradualmente, de una manera hábil y sutil, de modo que, en apariencia, en el Perú existía una "irrestricta libertad de expresión". Pero de todos los medios, la televisión, el medio masivo por antonomasia, fue el primer y más importante blanco para el fujimorismo.

Las "primicias" otorgadas por los servicios de inteligencia y los avisos del Estado irían consolidando dicho propósito. A ello le siguió el autosometimiento de algunos medios escritos, así como la compra de un conjunto de diarios amarillos, sensacionalistas, de ínfima calidad, dedicados a los crímenes, desnudos, historias truculentas y chismes de farándula para utilizarlos como armas blancas en la liquidación moral y política de los adversarios del régimen. El SIN pagaba las portadas injuriosas como si fueran avisos, dado que los titulares de primera plana jugaban el papel de afiches o carteles colgados en el kiosko.

Fueron tiempos difíciles, en los que escribir contra el gobierno suponía vivir arriesgadamente y padecer amenazas o represalias, las que, muchas veces, eran imperceptibles para la ciudadanía.

En síntesis, los mecanismos desarrollados por el gobierno de Fujimori para controlar a los medios, sobretodo a la TV, consistían en lo siguiente:

Ambito económico:

Presiones sobre la empresa de televisión y sobre otros negocios de los propietarios, que por lo general están diversificados y tienen otros intereses.

Impuestos. El organismo tributario, también controlado por el fujimorismo, se volvía particularmente estricto con los que no se atenían a las directivas del régimen, y se volvía muy cordial con los amigos del gobierno. Eran tiempos en los que la diferencia entre la quiebra y la supervivencia podía depender de manos del organismo tributario.

Publicidad privada y estatal. El gobierno se las arregló para influir decisivamente sobre la publicidad privada, a través de agencias que eran intermediarias entre el gobierno y los empresarios. Y a partir de 1998, con la recesión, la publicidad estatal se convirtió en la principal fuente de ingreso de la televisión.

Control de la información:

Acceso a la información restringido. A los medios independientes se les niega acceder a la información estatal. En cambio, a los áulicos se les entrega información privilegiada.

Favores judiciales. Los medios adictos tenían garantizadas las sentencias favorables en el Poder Judicial, absolutamente controlado por el gobierno. Los rebeldes eran objeto de persecución.

Chantaje y amenazas. Los propietarios y periodistas eran víctimas de amenazas y campañas difamatorias cuando se escapaban de la línea oficial.

Por último, podía llegarse al despojo de la propiedad, como le ocurrió a los empresarios Baruch Ivcher de canal 2 y Genaro Delgado Parker de canal 13.

Resultado de esta perversa estrategia: medios de comunicación envilecidos por el soborno y por el pánico. Medios de comunicación que convirtieron las verdades en mentiras, y las mentiras en verdades. Medios de comunicación, a fin de cuentas, que, en lugar de informar, hicieron propaganda.

El control militar

Pero más importante que el control de los medios de comunicación, fue para Fujimori y Montesinos el control de las Fuerzas Armadas. Una de sus primeras acciones fue defenestrar a la cúpula de la marina de guerra, encabezada por su comandante general, el almirante Alfonso Panizo. El pecado de Panizo fue hablar del "currículo" del asesor.

El mecanismo para hacerse del control militar consistió en asumir de facto la dirección del SIN, reforzar ese organismo y usarlo como herramienta de vigilancia y sometimiento de los oficiales de las fuerzas armadas a través del seguimiento, el espionaje, chuponeos telefónicos, instalación de micrófonos en oficinas y residencias, entre otros.

El SIN era una súperestructura basada en los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y la policía nacional.

Montesinos controlaba el SIN, a pesar de que nunca figuró como jefe de éste, y lo utilizó con el subalterno fin de convertir a los institutos armados en el partido político de Alberto Fujimori.

Después del autogolpe, una nueva legislación le daría al jefe de Estado el poder de nominar a voluntad a los oficiales generales, despojando de esta facultad a los institutos castrenses.

Si bien es cierto que en el Perú no se llegó a los brutales métodos que se instalaron en las dictaduras de Chile o Argentina, sí hubo excesos represivos y terribles violaciones a los derechos humanos. Se asesinó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Se eliminó a 16 personas con armas automáticas con silenciador en un distrito popular denominado Barrios Altos. Se asesinó y descuartizó a la agente de inteligencia Mariella Barreto. Y se torturó a la agente Leonor La Rosa. El autor criminal de estos atentados fue el grupo paramilitar Colina, que recibía órdenes de Vladimiro Montesinos.

Adicionalmente al control militar y de los medios de comunicación, el gobierno tomó el control del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos electorales, de todo. No hubo prácticamente una sola repartición o dependencia del poder que no fuera sometida, pero siempre dentro de un marco de legalidad.

La corrupción

Otro problema que se agudizó con la presencia de Fujimori en el poder fue el de la corrupción. En el Perú la corrupción constituye un problema estructural y sabemos de su existencia desde que se organizó el régimen colonial.

Durante la colonia la mayoría de las estructuras administrativas de los gobiernos europeos era corrupta: los funcionarios estaban mal pagados y se beneficiaban con el cobro a las personas que requerían hacer algún trámite en oficinas estatales. Y a ello había que sumarle el sistema económico mercantilista que fomentaba aún más la corrupción.

Curiosamente, una de las banderas principales del fujimorismo, además de su discurso antipolítica (típico de los dictadores), fue el de la lucha contra la corrupción. Y el Perú, pueblo ingenuo y con reflejos autoritarios, se tragó el cuento de que los gobiernos autocráticos moralizan. No ha habido golpe en la historia de América Latina que dejara de invocar la corrupción y la necesidad de moralizar el país para justificar sus ilegítimas acciones. Y Fujimori no fue la excepción.

La sofisticada red de corrupción del fujimorismo se construyó sobre dos ejes centrales: el dinero del narcotráfico y el tráfico de armas.

La caída

Fue en 1997 que el régimen radicaliza sus posiciones autoritarias y aprueba una ley para perennizar a Fujimori, destituye a tres magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a esa ley, despoja de su nacionalidad y de su canal al empresario Baruch Ivcher, entre otras cosas.

Y, para suerte de Fujimori, éste recibe un tónico inesperado: la toma de la residencia del embajador del Japón por un comando del MRTA, un grupo terrorista en vías de extinción. Esa acción terrorista conmovió al país y lo llevó, casi instintivamente, a cerrar filas con el gobierno. Y Fujimori, quien se había convertido ya en un político astuto, aprovechó muy bien la situación, mostrándose decidido, enérgico y hasta valiente. El rescate de los rehenes elevó la popularidad del jefe de Estado.

Sin embargo, ya en esos años empiezan a germinar las protestas callejeras, génesis de las jornadas que se dieron tres años después y terminaron con largos años de dictadura.

Sin embargo, recién en las fraudulentas elecciones del 2000 que la calle hace sentir sus rugidos. El pedido era uno solo: segunda vuelta.

Alejandro Toledo, un hombre de origen muy humilde que llegó a ser becado en los Estados Unidos, y saltó a la política en las elecciones de 1995, apareció como alternativa, luego de que el régimen demoliera a Alberto Andrade y Luis Castañeda, entonces líderes opositores punteros en las encuestas.

El proceso electoral no podía ser más fraudulento. Todo favorecía a Fujimori. Y yo nunca entendí por qué la oposición seguía en el proceso. En vez de retirarse en bloque, decidieron todos prestarse a la farsa. Los líderes de la oposición querían vencer a Capone en el casino de Capone.

Sólo para graficar lo que sucedió en esas elecciones: de los 6 canales privados de TV, 5 decidieron no divulgar propaganda política en sus respectivas pantallas, durante los comicios. Se trataba de un hecho sin precedentes. Además, el diario El Comercio denunció documentadamente de una falsificación de firmas para la inscripción de la agrupación fujimorista, y toda la televisión lo ocultó. En el Perú jamás había ocurrido algo similar. Y hasta donde sé, en ningún país de la región había sucedido un fenómeno semejante, salvo en la Cuba de Fidel, que sólo propala por sus medios información inocua y marrullera.

Era el miedo al Estado Matón. Era el terror colectivo a las represalias de la mafia fujimorista. Era una cosa increíble. Si Kafka hubiese sido peruano y hubiese estado vivo en esos tiempos, habría sido un escritor costumbrista.

Pero Fujimori escribió su propia sentencia de muerte. En lugar de terminar su mandato, cambió las reglas de juego una y otra vez para eternizarse en el poder como un monarca. Violentó la Constitución sin asco. Utilizó los recursos del Estado en provecho propio. Secuestró a la televisión. Persiguió sin piedad a sus adversarios. Y, finalmente, dividió al país y generó el proceso electoral más sucio que se haya visto en nuestra historia, lo que suscitó que los observadores internacionales anunciaran su retiro. Toledo, finalmente, decidió seguir ese camino y pidió no votar o viciar el voto. Con ello le quitaba legitimidad al proceso y al futuro gobierno reeleccionista.

Como consecuencia de las elecciones fraudulentas en Perú, se discutió el caso peruano en una reunión de cancilleres de la OEA, donde Estados Unidos propuso sancionar al Perú. Pero países como México, Venezuela y Brasil adoptaron una línea más permisiva. El Perú no fue sancionado, pero debía ser monitoreado por una misión de la OEA que planteaba el desmontaje del modelo político fujimorista.

El régimen respondió burlándose de la misión y siguiéndole la cuerda, pero sin cambiar un ápice. A ello le siguió entonces, el día de la juramentación de Fujimori, una marcha gigante, denominada "de los cuatro suyos", que se constituyó en la mayor protesta masiva vivida en el Perú. Con dicha marcha se iniciaba la caída del régimen.

Pandilleros infiltrados incendiaron oficinas públicas que cobraron seis víctimas. Culparon a Toledo de los muertos y lo tipificaron como terrorista. Una congresista oficialista incluso llegó a decir por TV que era justificado utilizar armas de fuego contra los manifestantes.

No obstante, el régimen muestra su precariedad máxima cuando Fujimori aparece acompañado por Montesinos en una conferencia de prensa anunciando que el gobierno había descubierto y desarticulado una banda de traficantes de armas que abastecía a las FARC. Los contundentes desmentidos de Jordania y Colombia terminaron de arrinconar al régimen. Al parecer, quien dirigía ese tráfico de armas era Montesinos y Estados Unidos estaba al tanto.

Antes de investigar el asunto, el congresista Fernando Olivera hizo público el video que terminó de tirarse abajo al fujimorismo. Allí aparecía un congresista de oposición recibiendo dinero de las manos del mismísimo Vladimiro Montesinos, en una clarísima operación de compra de conciencia.

A los pocos días Fujimori apareció en la tele anunciando el recorte de su mandato y convocando a nuevas elecciones. El anuncio de nuevas elecciones aceleró la descomposición del régimen y obligó a Montesinos a huir hacia Panamá. Pero el exilio dorado no le duró más de un mes. Montesinos regresó en una avioneta privada que aterrizó en una base aérea en Pisco, al sur de Lima. Y a partir de ese momento, Montesinos pasa a la clandestinidad hasta su captura en Venezuela.

Los acontecimientos repercutieron en el Congreso: la incondicional presidenta Martha Hildebrandt fue censurada y en su lugar se eligió al honorable abogado Valentín Paniagua.

Fujimori viajó a Brunei a una reunión de presidentes, para luego dirigirse a Malasia, y de allí viajó al Japón, desde donde envió por fax su renuncia a la presidencia de la República, y donde se encuentra en estos momentos protegido por el gobierno japonés, dado que hace poco se hizo público que Fujimori tenía nacionalidad japonesa. Lo cual, dicho sea de paso, es irregular porque el Perú no admite doble nacionalidad con Japón y este último no acepta esta figura en ningún caso.

Ante la crisis, renunciaron los dos vicepresidentes y asumió la presidencia de la República el presidente del Congreso, el Dr. Valentín Paniagua, quien a través de un gobierno provisional tuvo la responsabilidad de conducir un nuevo proceso electoral en el que ganó Alejandro Toledo.

Esta es la suscinta historia de un régimen autoritario y corrupto que logró copar todos los poderes y finalmente cayó sin derramamientos de sangre ni guerra civil.

Epílogo

Ahora bien, si el Perú pierde esta nueva oportunidad que se le presenta, no sólo el futuro del país estará en cuestión, sino que su descalabro podría tener consecuencias impredecibles en la región.

La primera obligación de la renaciente democracia peruana es tomar cuenta a los que, desde 1992, torcieron nuestra libertad y nos arrastraron al vacío institucional. Y eso se está haciendo. Sin venganza, pero sí con estricta justicia. Quienes cometieron crímenes deben ser sancionados.

Pero el daño cometido ha sido grande. El fujimorismo ha causado lesiones severas en el ámbito de los valores, de la moral política y de las ideas. Por ejemplo, por culpa del fujimorismo las palabras liberalismo, economía de mercado, privatización son ahora palabrotas en el Perú. Despiertan recelo y animadversión, como consecuencia del mal uso y abuso que la mafia fujimorista le dio a estas palabras. Y, claro, el corolario podría ser el regreso del populismo, la demagogia política o la irresponsabilidad financiera.

Por ello la responsabilidad del gobierno de Toledo estriba en reconstruir los organismos estatales de manera que respondan a los intereses ciudadanos y darle bases firmes y contenido al régimen democrático. Pero todo eso pasa por la formación de una renovada cultura ciudadana, que incentive la gestación de nuevas y consistentes élites políticas.

Esta es, obviamente, una tarea de largo aliento. Y, como ha dicho un conocido sociólogo limeño, en esas estamos, porque los peruanos estamos convencidos de que estamos condenados a ser optimistas. Pero, claro, no va a ser un optimismo fácil. Vivimos un momento histórico en el que podemos materializar nuevamente aquel bien, que por un momento perdimos los peruanos, llamado libertad. Pero ello dependerá, al fin y al cabo, de la madurez adquirida por los peruanos, luego de una década perdida.