Gobernar contra la Ley y el Parlamento

La presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma vasca por el Gobierno de Ibarretxe confirma una vieja evidencia: el PNV, refractario a cualquier elemental concepto de democracia, gobierna contra el Parlamento. Lo hizo antes de las elecciones de mayo de 2000, cuando fue abandonado, sólo parlamentariamente, por su socio Batasuna, y la oposición trató denodadamente de cambiar en Vitoria la política etnicista y excluyente del partido fundado por Sabino Arana. Y, después de lo que llaman el "gran éxito" de aquellas elecciones, lo sigue haciendo para constatar una doble evidencia: su falta de apego a la democracia representativa y la realidad electoral, ya que sólo superó, coaligado con EA, a los no nacionalistas por un puñado de votos. Ahora, los más extravagantes e ilegales Presupuestos se presentan en la sede parlamentaria sin apoyos suficientes, es decir, se abandonan aparentemente adelantando la acusación de que si la oposición no pasa por el aro -como no pasó afortunadamente con los del año en curso-, serán los culpables del fracaso por su "obstruccionismo", su "inmovilismo" o cualquier otra acusación tan falsa como victimista.

Pero hay una trampa debajo de la indudable indecencia parlamentaria. El PNV da sus puntadas con el hilo de las elecciones municipales del próximo año y prefiere un procedimiento similar al del 2002. Primero, hacer imposible el acuerdo presupuestario con los no nacionalistas, lo que asegura los fondos para su política totalitaria. Segundo, no abrir una negociación directa con Batasuna para anestesiar a una parte de sus votantes, poco amiga de aventuras no aseguradas previamente. Tercero, el absurdo -absurdo, pero práctico- de aprobar con el apoyo de los etarras partidas concretas del proyecto secesionista y convertirse en el partido guía de un proceso que se ha convertido en su única prioridad.

A esa indignidad -e ilegalidad- pertenece la previsión presupuestaria de materias no transferidas. Y hay que señalar que no han sido transferidas porque no están contempladas en el Estatuto o porque no lo están del modo en que dogmáticamente el nacionalismo vasco las reclama. En el reino de la mentira, si el Parlamento no vale sino cuando le da la razón, nadie puede pretender que los mentirosos se fueran a parar ante la Ley. Sólo queda obligarles.