La aportación de los inmigrantes

La economía no sabe de razas o nacionalidades; estudia, entre otras cosas, cómo se llevan a cabo los procesos que llamamos productivos, que consisten en la oferta de bienes y servicios intermedios y finales para satisfacer las infinitas demandas, legales e ilegales, de las personas, de los consumidores. Me extendería, pero ni siquiera en la definición de qué es la economía estamos de acuerdo los que nos autodenominamos economistas. En lo que creo que coincidimos es en que la producción final o intermedia de cualquier bien y todos los servicios se pueden prestar por cualquiera, con o sin papeles.

No pretendo decir que el fenómeno de la inmigración esté fuera del análisis económico; todo lo contrario, como tal acontecimiento se explica, también, por el deseo de gozar de ciertos bienes y servicios en un ámbito geográfico determinado, para lo cual es necesario trabajar en cualquier actividad, o lograr una subvención pública o privada.

La experiencia de sociedades en las que el llamado estado de bienestar no es omnipresente es que los inmigrantes sobreviven, trabajan, consumen y ahorran. En las ocupaciones más diversas, para las que pueden estar preparados o no, pero en las que su contribución es evidente, porque suelen hacerlo ocupando o creando puestos de trabajo para los que hay demanda —que no están dispuestos a satisfacer, a esos precios, los nacionales del lugar—, a cambio de una remuneración que les permite sobrevivir y, afortunadamente —con frecuencia a base de muchos sacrificios—, ahorrar y transferir fondos a sus familias de origen.

Todo el trabajo inmigrante es positivo para el país receptor; todo el que llega y trabaja por un salario contribuye al crecimiento económico. ¿Sin límites? Con dos clases de límites. El primero, económico: el país receptor tiene que tener suficiente ahorro nacional o extranjero para invertir en bienes de equipo, bienes intermedios e infraestructuras que permitan hacer productivo el trabajo de todo el que lo quiera desempeñar, sea o no inmigrante. No se trata, por tanto, de una especificidad respecto al inmigrante; también se aplica a la mano de obra nacional. El segundo límite es político o social: la sociedad de acogida tiene que poder asimilar a gentes con una cultura diferente, para lo cual necesita policías y justicia dispuestos a aplicar el ordenamiento jurídico. Si no existen policías suficientes o las leyes no se aplican, la positiva contribución económica que produce siempre la inmigración, se puede volver contra el propio país.

Pero, al margen de esos límites, no hay ningún otro que impida que todos los inmigrantes que lleguen y trabajen contribuyan al crecimiento del país. Estados Unidos es un buen ejemplo de crecimiento a través de la inmigración; aunque tenga problemas de integración de distintas razas, credos y culturas, que desembocan en enfrentamientos y violencia muchas veces. Bien es verdad que la integración de los inmigrantes se produce gracias a que el estado de bienestar es limitado. Un estado benefactor universal supone un límite a la integración de inmigrantes, en la medida que impide la creación de puestos de trabajo para todos.

En la actual cultura económica general, el planteamiento sobre las posibilidades de encontrar trabajo suele ser diferente. La primera pregunta suele ser si hay puestos de trabajo suficientes para todos los inmigrantes y nacionales, o cuántos faltan. Rara vez se acepta que el proceso es el inverso; que, en conjunto, los que quieren trabajar pueden hacerlo y que ellos crean sus propios puestos de trabajo, siempre que exista suficiente capital y que las leyes no restrinjan en qué se puede trabajar, o dictaminen a qué precio hay que hacerlo o qué preparación específica se requiere.

Ese es el sentido de la ley de Say, "la oferta crea su propia demanda". La herejía de Keynes, frente a los autores clásicos y neoclásicos, es su afirmación de que, en determinadas situaciones, no rige la ley de Say y es necesaria la intervención estatal para aumentar "la demanda". De esa herejía, limitada en el tiempo y el espacio, hemos pasado a una economía vulgar que cree que hay un número determinado de puestos de trabajo en cada país y cada momento pero que, manejando hábilmente la política monetaria y fiscal, pero manteniendo un tremendo intervencionismo público, se pueden crear puestos de trabajo, sin decir una palabra, en cambio, sobre el capital imprescindible para que cualquiera pueda trabajar.

El crecimiento de la economía española en los últimos años habría sido imposible sin los inmigrantes, sin los servicios y bienes, directos e indirectos, que han suministrado para cubrir la demanda de los consumidores, españoles y extranjeros, en campos tan diversos como la construcción, el servicio doméstico, la hostelería o la atención psiquiátrica; sin ellos habría sido imposible crecer como lo hemos hecho. Los únicos empleos que probablemente no eran necesarios son los agrícolas, pero la Política Agraria Común hace rentable incluso el trabajo en el más inhóspito campo cerealero del secano español.

El auténtico límite al crecimiento es el ahorro del país y su inversión en bienes intermedios, bienes de equipo e infraestructuras. Sin un ahorro suficiente, que puede ser nacional casi totalmente —como en el caso de España— o, en una parte sustancial, exterior —como en el caso de Estados Unidos— no se puede absorber mano de obra, ni nacional ni extranjera.

En el debate sobre la inmigración no cabe, por tanto, fijar límites en función de las posibilidades de dar empleo a un número predeterminado de trabajadores extranjeros. Los límites son fijados por el volumen de capital del país y las posibilidades de mantener la ley y el orden en una sociedad que recibe personas con otras ideas y cultura. Y siempre, naturalmente, que el estado del bienestar no limite —artificialmente— las posibilidades de trabajar.

Hay que introducir, finalmente, otra variable. Al haber perdido, a nivel nacional, el tipo de cambio como instrumento de política económica y al no haber, entre los países miembros del euro, libertad para la circulación de personas —lo más evidente—, bienes y servicios —en muchas ocasiones— y capitales —en algunos casos— la inmigración puede ocasionar un problema, al añadirse a los desempleados nacionales, si el país pierde competitividad y los precios y salarios no son flexibles a la baja.