Un proyecto político para España: el fortalecimiento democrático

Conferencia en el Club Siglo XXI, siete de abril de 2003

25 años de Constitución

Como todos ustedes saben, este año se cumple el veinticinco aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Veinticinco años de éxito político, económico y social de la sociedad española. Un capítulo como pocos en nuestra historia contemporánea, un motivo de orgullo legítimo y de bienestar interior para todos los españoles que, por fin, fuimos capaces de iniciar un proceso de convivencia y crecimiento sin precedentes en nuestra historia reciente.

He querido comenzar con ese recordatorio porque lo primero que yo quisiera decir aquí, en este prestigioso club siglo XXI, es poner en valor aquella obra: lo que los españoles supimos y fuimos capaces de poner en marcha y sus contenidos, sus principios, sus valores. Y quisiera traer al recuerdo de todos ustedes las convicciones que nos llevaron a iniciar aquella obra política. La convicción en España. La convicción en la libertad. La convicción en un proyecto democrático capaz de superar las tensiones y los desencuentros políticos históricos entre españoles.

Y sin embargo, veinticinco años después, parece como si hubiese sectores políticos y personas que estuvieran frivolizando con aquello que fuimos capaces de construir. Con el Estado de las Autonomías; con la forma política del Estado; con la moderación y con el civismo políticos. Nunca desde entonces se habían vivido algunos de los acontecimientos que ahora, con motivo del conflicto de Irak, estamos viviendo. Parecían olvidados ya los insultos, las violencias, las llamadas a la desobediencia civil del poder democrática y legítimamente constituido. Era inconcebible que unos partidos llamaran asesinos a los miembros de un Gobierno o de un partido democrático. Era inimaginable el asalto a las sedes de un partido político. Y era no menos imaginable que aquello que aún existía como un reducto de lo peor de nuestra historia en el País Vasco, la violencia, la intolerancia, el odio, el radicalismo, corriera el riesgo de extenderse por el resto de España. Primero fue la catástrofe del Prestige, que inició un proceso de batasunización de Galicia, con insultos, agresiones, apedreamientos y la pérdida de la más elemental sensatez y mesura política. Después ha sido el papel de España en el conflicto de Irak lo que ha servido de excusa para que actitudes y comportamientos que creíamos ya superados, hayan aflorado con una violencia insospechada.

Yo diría que esta situación viene determinada por dos variables y que esas dos variables pueden llegar a situar a nuestro país ante un escenario enormemente delicado y complejo, un escenario de riesgo democrático y de debilidad constitucional. La primera variable radica en ciertas actitudes de parte de la izquierda; la segunda en la estrategia del nacionalismo.

La movilización de la izquierda

La primera variable se refiere a lo que podría llamarse la radicalización de parte de nuestra izquierda política y social. Hace ya varias semanas realicé unas declaraciones en ese sentido, y algunos se echaron las manos a la cabeza, y otros hablaron de cierto alarmismo. También señalé que cada vez se clarificaba más la existencia de dos izquierdas bien diferenciadas. En mi opinión, en el fondo, lo que está también ocurriendo es que la izquierda española está atravesando una profunda crisis, una crisis de proyecto común para España que se oculta creando un adversario exterior al que hay que derribar a toda costa; la exaltación de la catástrofe, la imputación de la culpa, la criminalización del Partido Popular y del Gobierno, el fomento de la radicalidad. Pero lo cierto es que hay dos izquierdas hoy en España, incluso dentro del socialismo español: por un lado la izquierda moderada, que tiene importantes discrepancias con el centro-derecha español, pero que tiene también coincidencias básicas en la Constitución, que tiene sentido y modelo de Estado, y por otro lado la izquierda radicalizada que ha decidido anteponer a cualquier proyecto político la eliminación del Gobierno y del PP. Y si esta existencia de dos socialismos y de dos izquierdas se ve nítidamente en algún lugar de España, ese lugar es el País Vasco.

El riesgo que, hoy en día, tiene esa izquierda democrática y de convivencia, es el riesgo de iniciar una deriva en la que, bien por falta de confianza en sí misma, bien por una ausencia de proyecto político propio definido y asentado, asista, en unos casos en silencio, en otros casos con complacencia, al acoso, a la agresión a veces, en todo caso a la dificultad a la que la otra izquierda, la izquierda radical, quiere llevar al Partido Popular. Y lo pongo de manifiesto por experiencia propia. Porque yo he conocido y sufrido también el juego macabro de los dos nacionalismos vascos hacia los no nacionalistas: El moderado, que asiste impasible a la persecución, como si no pasara nada, y el radical, que lleva a cabo la persecución. Y no quiero yo acusar a la izquierda democrática de esa deriva: digo que corre el riesgo cierto de terminar en ella. Y digo también que, en esos juegos, quien siempre, inevitablemente pierde, es la mayoría, la convivencia y la libertad.

Esa división y radicalización, además, no afecta tanto a planteamientos ideológicos de fondo cuanto a planteamientos estratégicos y tácticos, a gestos, a comportamientos, a maneras de actuar, a lenguaje político si se quiere, y sobre todo, a que parte de esa izquierda ha llegado a la conclusión -democráticamente inaceptable- de que "el fin justifica los medios" y de que, en consecuencia, todo vale para tomar el poder. Y eso por una parte se traduce en los pactos y los proyectos políticos de fondo con los nacionalismos, y por otro lado se traduce en una movilización que pretende que los movimientos de masas, la toma de las calles, es un instrumento de deslegitimación de las Instituciones y del Gobierno democráticamente elegido. Se trata de sustituir las urnas por las manifestaciones, y los hábitos de la corrección y de la cortesía democrática más elemental por la agresión física y verbal, por el asalto de las sedes políticas y por el insulto.

No es propio de un partido que aspira al Gobierno perder toda serenidad democrática. Al radicalizar los mensajes y las formas se pierde la moderación, que es consustancial a toda democracia y, al perderse moderación, se corre el riesgo de dividir, de enfrentar, de partir a la sociedad española –una sociedad que ha sabido conquistar de manera ejemplar la concordia- en dos mitades. Pero además, esa actitud debilita la democracia española, sus Instituciones, su Estado de derecho, en la hora difícil de afrontar los retos y las dificultades históricas internas del modelo constitucional y del desafío que la ofensiva del nacionalista ha puesto en marcha.

En definitiva, la radicalización de esa izquierda constituye un debilitamiento de la democracia en España y un riesgo para nuestro sistema constitucional. Exactamente el mismo debilitamiento y el mismo riesgo que constituiría la radicalización de la derecha. Y si algo necesita la sociedad española, hoy y en todo tiempo, ese algo se llama moderación, templanza, mesura, serenidad y sentido común.

Ofensiva del nacionalismo: tres modalidades

La segunda variable a la que me refería antes, es la ofensiva del nacionalismo. Y es que, en la medida en que el nacionalismo detecte problemas para el Gobierno de España, y enfrentamientos y divisiones radicales y profundas entre los dos principales partidos de ámbito estatal, en esa medida, el nacionalismo desplegará, como está haciendo ahora, una nueva ofensiva para alterar el marco político de ésta, terminar con nuestra Constitución y poner en riesgo esa convivencia tan trabajosamente lograda desde la Constitución del 1978.

El problema es que eso el nacionalismo lo sabe, y que, en consecuencia, a mayor radicalización de la izquierda, a menor moderación política en los comportamientos, mayor debilitamiento democrático de España, mayor división social, menor cohesión a la hora de afrontar los grandes problemas internos, y mayores facilidades y márgenes para que la ofensiva nacionalista de destrucción del orden constitucional salga adelante.

Y permítanme que me detenga brevemente en la descripción de esa ofensiva. Quiero aclarar que cuando me refiero a "ofensiva nacionalista" me refiero a los esfuerzos, a las estrategias, a las conjunciones políticas que tienen por finalidad la modificación del actual marco jurídico y político de España. Y en esa materia los datos de las últimas semanas son, en mi modesta opinión, inequívocos.

Se han producido tres fenómenos, en ese sentido, que se refieren al país Vasco y a Cataluña, a los que me gustaría dedicar alguna reflexión, y que afectan como es natural al conjunto de España, porque uno de los equívocos del lenguaje, una de las perversiones políticas de este momento es hablar de proyectos para Cataluña o para el País Vasco como queriendo ocultar que esos proyectos son sobre todo proyectos para España o, en ocasiones, para no España.

1.- En primer lugar, quiero referirme al nacionalismo vasco. No voy a detenerme en los orígenes de esta ofensiva, que ustedes reconocerán perfectamente con sólo citar dos nombres: Ermua, o la rebelión democrática de las víctimas del terrorismo; y Estella, o el pacto y el proyecto político del PNV con ETA.

Estos dos sustantivos, esos dos nombres de ciudades, que marcan la trayectoria de esa ofensiva del nacionalismo vasco, se acentúan ahora con un verbo: salvar; salvar a Batasuna. Un verbo que tiene otras acepciones. Salvar significa también, aquí: heredar, compadrear, cobijar. Si la rebelión democrática de las víctimas tras el asesinato de Miguel Angel Blanco produjo pánico en un nacionalismo que veía emerger, por vez primera en el País Vasco, un movimiento social ni alumbrado ni controlado por el nacionalismo; si la reacción a Ermua fue el pacto de convergencia con ETA en Estella; ahora, ante la decisión democrática de la Ley de Partidos y de la ilegalización de Batasuna, el nacionalismo vasco ha puesto en marcha su respuesta y su ofensiva final de incumplimiento del estado de Derecho, de desobediencia civil desde la perversión de las instituciones, de ruptura de las reglas del juego democrático y del marco jurídico y político.

La presentación formal de esa ofensiva se llama Plan Ibarretxe. Pero la realidad de esa ofensiva se traduce en una suma, una síntesis y una convergencia territorial entre ETA y el PNV ante las próximas elecciones: el PNV en las ciudades y ETA en el ámbito rural. Son dos escenarios, dos ambientes del nacionalismo y también dos maneras de escenificar la ruptura común. No es, en consecuencia, únicamente una suma de PNV y EA: hay mucho más: hay un reparto de país y hay también un reparto de papeles en una misma estrategia: en un país independiente, los ghetos, las aldeas y los pueblos, serían para ETA; en tanto las ciudades serían para el PNV. Este es el futuro mapa político que tendría el País Vasco si el Plan Ibarretxe saliera adelante, y en eso consistirá el ensayo general de reparto del país que quieren plantear en las próximas eleciones. Y esta es también una de las razones por las que, pese a los asesinatos, pese a la ilegalización de Batasuna, pese al clamor ético y moral, el PNV ha decidido mantener en los Ayuntamientos como Andoaín a alcaldes de Batasuna, es decir, ETA.

2.- En segundo lugar, quisiera referirme al Pacto de Barcelona. Como ustedes saben, simultáneamente al acuerdo entre el PVN y ETA escenificado parcialmente en Estella, se puso en marcha el Pacto de Barcelona suscrito por CIU, PNV y el BNG.

ETA, estaba en aquel momento en la vanguardia de una ofensiva nacionalista, y el PNV y su Gobierno en la retaguardia. Finalmente, a la espera, a rebufo, del resultado de la misma, se encontraban el resto de formaciones nacionalistas. ¿Y que está ocurriendo hoy con los firmantes de ese pacto?

Comencemos por el BNG. El BNG está intentando colonizar todos los sectores de acción o de interés social. En una burda imitación de todas las plataformas sociales que ETA fue creando, ante determinados problemas, en el País Vasco, como la plataforma antinuclear de Deba y de la Costa Vasca, el comité antinuclear de Lemoniz, la coordinadora Lurraldea -hoy Elkarri- a raiz de la construccion de la autovía Leizarán, en una burda emulación del peor nacionalismo vasco, el BNG ha hecho exactamente lo mismo ante la catástrofe del Prestige. Esta es su modalidad de ofensiva. Algo así como un intento de Batasunización de Galicia que trata de provocar, al final, incomodidad política y social, vergüenza, dificultad de pertenecer, simpatizar o colaborar con una opción como el Partido Popular. En definitiva, un tipo de presión nada democrática.

Respecto de CIU, que ha presentado recientemente su proyecto, es cierto, que hay mas moderación por el momento en las formas y –en menor medida- en los contenidos de esa ofensiva de CIU. Es cierto que no plantean una ruptura tan bronca y abrupta como la del PNV, pero he de recordar que el Sr. Mas ha presentado un nuevo modelo de Estatuto que está más en la radicalidad que en el seny, que es mas vasco que catalán, que es en cierta medida la contaminación de Convergencia por el PNV a través del referido Pacto de Barcelona.

Y al final lo que se produce es una alteración de la estabilidad, un cambio de marco constitucional y político, una ruptura del pacto constituyente, un intento de abrir una segunda transición. Eso no es contribuir a la gobernabilidad y a la modernización de España sino acentuar sus problemas y, por lo tanto, también, los de Cataluña.

3.- Pero existe, además, en tercer lugar, otro proyecto de alteración de la estabilidad política de España. Me refiero al denominado "modelo Maragall". El líder de los socialistas catalanes ha dado a conocer en estos últimos días, en este mismo foro y ante el secretario general del PSOE su nuevo modelo de Estado: ha planteado su proyecto de reforma del Estatuto y su correspondiente propuesta de referéndum; ha planteado la plasmación jurídica y política de la nación catalana, y ha planteado, en definitiva, la inevitable reforma del marco constitucional.

El problema es que ese "modelo Maragall" no es únicamente una singularidad o una extravagancia o una "nota de color" del partido socialista en y para Cataluña. El problema es que, por un lado, suponga una alteración del modelo político constitucional, y por otro lado, se extienda a determinados sectores de otros partidos socialistas de España, muy especialmente a determinados sectores del Partido Socialista en el País Vasco. Y el mejor ejemplo de esa extensión y de ese contagio está en las declaraciones que ayer mismo realizó el secretario general del PSE, cuando acusó al PP de estar protagonizando "un choque de patrias". Y nos acusaba de "enfrentar Euskadi con España, como si uno fuera el problema y otro la solución". Y esto es un auténtico disparate. Primero porque, buscando la equidistancia entre PNV y PP, equipara el nacionalismo vasco con el constitucionalismo, cuando son, precisamente, antitéticos. Segundo, porque está identificando de manera subconsciente el País Vasco con el nacionalismo, y ese es el error que creíamos que el PSE había superado. El problema radica en si se cree o no en el constitucionalismo vasco, es decir, en si el País Vasco debe o no ser gobernado desde un proyecto distinto del nacionalismo.

Y de la misma manera que el nacionalismo vasco está contaminando al nacionalismo catalán, en un camino de vuelta, el socialismo catalán de Maragall está contaminando al socialismo vasco de López. Y por esa doble vía, se corre el riesgo final de alterar totalmente el modelo de Estado.

El problema radica en que el proyecto Maragall es exactamente la antítesis de la alternativa democrática al nacionalismo en el País Vasco, es lo contrario del constitucionalismo y es, en consecuencia, un cambio de rumbo, un giro de 180 grados respecto del proyecto que presentamos en Mayo de 2001 entre el PP y el PSOE. Es una frívola asociación entre el socialismo y el nacionalismo. Es heredar y confirmar un ambiente político y social establecido por el nacionalismo en los últimos años. Y puede que llegue antes al poder, puede que electoralmente le sea más rentable a más corto plazo, pero entonces no estará cambiando nada, no estará resolviendo y afrontando los problemas políticos de fondo, la raíz del desencuantro y las dificultades de convivencia generados por ese ambiente que se trata de conservar. Es, en definitiva, heredar la ambigüedad, sustituir a un nacionalismo que ha decidido apostar por la Declaración de Barcelona, por un nacionalismo que se contenta con la reforma del Estatuto. Cambiar de partido y de dirigentes políticos para que las cosas continúen igual. No es un proyecto de alternativa sino de continuidad.

Es verdad que Maragall pretende legitimar su proyecto diciendo que es distinto del de Convergencia; pero es verdad también que Convergencia intenta dar un plus de seriedad y de legitimidad a su proyecto diciendo que es distinto del de el Sr. Ibarretxe; y es verdad que el BNG intenta legitimar sus plataformas sociales negando el carácter de batasunizacion; y es finalmente verdad también que el Sr. Ibarretxe intenta legitimar su proyecto presentándolo como un proyecto distinto del de ETA. Pero al final, todos y cada uno de esos proyectos, distintos -claro está- entre sí, con ritmos y modos diferentes, al final producen la apertura de una segunda transición, de un segundo proceso constituyente para España y de una ruptura del pacto constitucional.

Y el problema es que, ante esas derivas del socialismo hacia el nacionalismo, hay también silencios muy significativos, muy preocupantes, silencios que se produjeron en esta misma sala, silencios elocuentes de la dirección del partido socialista ante las tesis y proyectos del Sr. Maragall. Unos silencios que quizás escondan el tremendo error político de pensar que un gran desafío nacionalista se detiene con un desafío social-nacionalista menor: es decir, que la pretensión de un nuevo modelo de Estatuto y de relación con España planteado por los nacionalistas catalanes, se responde y se pretende neutralizar o contrarrestar con un desafío de reforma del Estatuto.

Y, parafraseando a Ortega y Gasset, permítanme que recuerde aquel diagnóstico suyo: no es esto, no es esto.

Los riesgos

Antes decía que, a mayor radicalización de algunas de las izquierdas en que ahora se divide y subdivide la izquierda española, mayor ofensiva de un nacionalismo que intenta ganar terreno por la brecha de la desunión entre los partidos estatales. Pero el problema es también que, a mayor ofensiva nacionalista, mayor radicalización de una parte de la izquierda que ha creído que todo vale para tomar el poder, incluso el debilitamiento democrático y constitucional de España. Y es cierto que hay una parte de esa izquierda que está cómoda en su radicalización, porque forma parte de su propia esencia, y me estoy refiriendo a IU, pero también es cierto que no tiene sentido que otros sectores de la izquierda ligados al socialismo estén en esas posiciones. Y voy a detenerme en esta idea para no ser mal interpretado.

Lo que quiero decir no es sólo que parte de la izquierda entiende que la única manera de sustituir al Gobierno del Partido Popular consiste en su debilitamiento a toda costa, y que en esa tarea puede haber confluencias tácticas con los nacionalismos, sino también, y esto es lo más preocupante, que parte de esa izquierda entiende que la única manera de recuperar el poder en España es hacerlo mediante una unión temporal de toda la izquierda con esos nacionalismos. El pacto con los nacionalismos, el pacto con los contenidos del nacionalismo, con la superación del marco constitucional –que es mucho más que un pacto puntual de Gobierno- es la estrategia de un sector cada vez más preocupante del PSOE. Esa es la estrategia Maragall a la que antes me referí, y la estrategia Elorza, y la estrategia en Baleares, y la estrategia en Galicia. Y será la estrategia de todos aquellos lugares y Comunidades en los que la única manera de desbancar al PP del poder consista en una unión del socialismo con el nacionalismo. Y la tragedia es que entonces aparecen dos partidos socialistas, uno, el que emula al nacionalismo en sus propuestas de federalismo asimétrico o de confederación, y otro, el partidario del modelo constitucional del Estado Autonómico que pactamos entre todos en 1978. Y tenemos que el principal partido de la oposición, que debería tener la capacidad política de presentar una alternativa de gobierno única y coherente para toda España, carece de modelo de Estado y es de una incertidumbre sin precedentes en ese terreno.

Y eso tiene varios riesgos.

En primer lugar, un riesgo para la propia izquierda, que como siempre ocurre en todo proceso de radicalización, se aboca a su fractura interna, a la proliferación de pequeños partidos, a la atomización, a la presentación –y lo vamos a ver en las próximas elecciones municipales- de nuevas candidaturas de izquierda más o menos radical, más o menos anti-sistema, más o menos antiamericana, pero siempre a la izquierda del socialismo moderado, y siempre independiente de él. Y este, que fue un sarampión democrático de nuestra Transición, está volviendo a emerger, como es natural, en paralelo a la demanda, precisamente, de abrir una segunda transición. Pero el problema es que no responde a una demanda social. El sentimiento de ruptura y de radicalidad no es que sea malo, o bueno: es que, hoy por hoy, es históricamente falso. Es una mentira política. Y es una irresponsabilidad.

El segundo riesgo, mucho más preocupante y grave que el anterior, la segunda deriva a la que me estoy refiriendo alcanza niveles muy preocupantes cuando, por ejemplo, la sociedad española asiste atónita a un intento de voladura –no sé si consciente o inconsciente- de algunos de los consensos constitucionales más elementales. Es el caso del ataque del PNV, del BNG y de IU a la Corona; es el caso de la falta de respeto al Rey; del empeño increíble de iniciar un proceso de contabilizar muertos de uno u otro bando de la guerra civil, de instrumentalizar política y partidísticamente la tragedia de las fosas comunes, que son comunes a todos los españoles y no ya de un bando o de otro, que eso significó la Transición.

Y el momento es especialmente grave porque todos esos elementos que permitieron la Transición política y el mayor período de prosperidad y de concordia entre los españoles, esos elementos, están en riesgo gracias a ese doble y confluyente proceso al que me refiero: la radicalización de una parte de la izquierda –con atomización de la misma- y la ofensiva del conjunto del nacionalismo. Es fácil unirse contra Aznar. Lo difícil es extraer, de ese maremágnum, de esa amalgama del anti, de ese caos, un proyecto político posible para España.

Porque, ¿cuál fue el gran mérito político de nuestra democracia desde 1975? El esfuerzo de todos los partidos democráticos de apartar del terreno político todos aquellos asuntos que en el pasado habían enfrentado a los españoles y que, potencialmente, podían dividirles ante el porvenir. Se soltaron lastres y dogmas ideológicos. Se apartaron los muertos y las tragedias de la guerra civil del debate político; se apartó la controversia monarquía-república; se pactó un modelo de Estado que zanjaba la cuestión territorial, se pasó del centralismo político a la autonomía de nacionalidades y regiones, y, sobre todo, se introdujo un nivel mínimo de civismo en el debate político.

Y esa superación de nuestra historia no fue cerrar en falso nuestro pasado, sino que fue la mejor manera de asegurar el porvenir.

Y ahora que se cumplen veinticinco años de nuestro aniversario constitucional, hay que recordar más que nunca, a una determinada izquierda y al nacionalismo, todas estas cosas.

El futuro inmediato

Hay que recordarles que, en el momento en que termine el conflicto de Iraq, los grandes problemas de España vendrán de su articulación interna. El desafío nacionalista será la primera gran cuestión política nacional después de las elecciones municipales del 25 de Mayo próximo, hasta el punto que serán los resultados electorales del País Vasco los que determinen los ritmos de esa ofensiva nacionalista. Álava, es cierto, se configurará como el elemento territorial clave en esa decisión de precipitar o no el proceso de ruptura, pero, en cualquier caso, como ya he apuntado antes, el proyecto de la autodeterminación será defendido por el PNV en las ciudades y por ETA en los pueblos, especialmente en los de Guipúzcoa. El impulso de la autodeterminación vendrá determinado por la convergencia de ETA y PNV, y esa convergencia, esa suma llena de vasos comunicantes, será la protagonista de la ofensiva del nacionalismo vasco.

En Cataluña, se abrirá muy probablemente un compás de espera ante la celebración de las elecciones autonómicas del próximo año, y allí el protagonismo, la clave, la esencia política de la ofensiva nacionalista no recaerá afortunadamente en la unión del nacionalismo moderado con el otro nacionalismo, el radical, como en el Pais Vasco. El protagonismo recaerá en la síntesis o en la intersección del nacionalismo y del socialismo catalanes.

En Galicia, el grado del crecimiento –o del retroceso- del BNG marcará el elemento determinante en los ritmos de esa ofensiva nacionalista.

Pero en los tres lugares, en País Vasco, en Cataluña, en Galicia, está en riesgo el marco constitucional que garantiza la convivencia entre españoles de todas las Comunidades Autónomas y de uno y otro signo.

Y permítanme que me pregunte ahora: ¿cuál debe ser el papel, la función política y constitucional de los partidos políticos de ámbito estatal en cuyas manos, ya en el Gobierno ya en la oposición, se encuentra el porvenir de nuestra sociedad?

Dos caminos para afrontar la situación

Hay una manera de cómo no se frena una ofensiva nacionalista como la descrita. Y el mejor ejemplo, el más actual, nos los ofrece la dirección del PSOE.

No se frena la ofensiva del nacionalismo negando la realidad, negándose a aceptar el estado real de las cosas, ocultando la realidad, echando tierra sobre los problemas, eludiendo los compromisos. Y de esa manera, cuando se niega la existencia de una ofensiva nacionalista no hay que tomar posición respecto de la misma ante los electores. Si se niega la radicalización y violencia de sectores de la izquierda, no hay que poner coto a ellos. La consecuencia de esta posición de autismo en relación con los problemas reales del presente y del porvenir de los españoles, consiste en inventar un enemigo exterior: la clave es echarle la culpa al Partido Popular y al Gobierno. El problema de España deja de ser uno y se convierte en otro. No es ya la ofensiva de los nacionalismos, ni la radicalización de parte de la izquierda, lo que pone en riesgo el sistema político, sino el Partido Popular y su Gobierno. Y entonces se afirma que España no aguanta cuatro años más el discurso de Aznar sobre España. El PP es el problema, no los violentos, no los radicales, no los nacionalismos excluyentes. Con cuatro años más de gobierno popular, se dice, España arderá.

En definitiva hay dos caminos para afrontar la ofensiva nacionalista desde los partidos constitucionalistas.

El primero de ellos, ya lo hemos visto, es el proyecto Maragall, es decir, la reforma del Estatuto y la reforma constitucional. Pero una ofensiva como la del nacionalismo vasco no se detiene anunciando la reforma de la Constitución o la de los Estatutos. Quienes defienden estas formulas están en, en el fondo, propugnando la necesidad de una segunda transición. Ya hemos visto que esta segunda transición tiene hoy tres formulaciones: el proyecto Ibarreche, el Proyecto Mas y el Proyecto Maragall. Son caminos distintos, con distintos acentos, con distintos matices pero con un mismo objetivo común: una segunda transición y una modificación de los marcos jurídicos y políticos de España.

En mi opinión ese objetivo supone no haber entendido nada de nuestra transición democrática; nada del Pacto Constitucional y nada del esfuerzo político realizado por la sociedad española en los últimos veinticinco años.

La Transición española fue una oportunidad histórica, una demanda social, una realidad política. Fue, en fin, si ustedes me permiten la expresión, una verdad histórica y una necesidad.

Hoy las cosas son bien distintas.

La reforma constitucional, en la medida en que continúe la ofensiva nacionalista, constituye una inoportunidad histórica para España. No responde a una necesidad social sino a una ficción política que los nacionalismos –cuando su ciclo empieza a declinar- pretenden crear artificialmente para subsistir, y es por todo ello una falsedad histórica. Es, además, un error estratégico de primera magnitud: no es posible abrir una reforma constitucional del modelo político para dar nuevamente, veinticinco años después, satisfacción a los nacionalismos.

No cabe abrir una reforma constitucional en la medida en que ésta no se haga para dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad española. A sus necesidades históricas reales.

Es muy fácil articular una mayoría social de oposición ante un conflicto bélico. Lo difícil, pero también lo necesario, es articular una mayoría social para afrontar y resolver los proyecto políticos pendientes en España.

En definitiva, iniciar un proceso de reformas constitucionales, de cambios del sistema político y de alteraciones en el modelo de Estado en un momento en el que la ofensiva nacionalista alcanza su punto álgido, y en un momento en el que la izquierda social y política está movilizada frente a un conflicto bélico, es además un disparate monumental.

La segunda vía, el segundo camino para hacer frente a los riesgos de la ofensiva de los nacionalismos está en el fortalecimiento democrático de España, en su fortalecimiento constitucional, no solo porque ese fortalecimiento sea la consecuencia lógica del pacto constitucional del 78 y del camino recorrido desde entonces, sino porque es la mejor garantía para superar con éxito nuestros problemas colectivos.

El fortalecimiento democrático

Y qué significa el fortalecimiento democrático de España y cuál es su sentido y su significado en la historia contemporánea de España.

Si ustedes me lo permiten, recurriré para explicarlo gráficamente, a tres verbos, a tres infinitivos: transitar, cambiar, fortalecer.

La sociedad española tenía la necesidad de sustituir un régimen por otro, un modelo de Estado por otro; existía la necesidad histórica de sustituir una dictadura por una democracia, pero esa necesidad se refería no sólo al fin que había que conseguir –la democracia- sino también a la manera de hacerlo: desde la concordia, sin grandes rupturas, mediante la reforma: es decir: haciendo una transición.

Una vez que la sociedad española supo llevar a cabo esa transición, España necesitaba iniciar un proceso de cambios, de modernización de sus estructuras económicas y sociales, de introducción de un mayor dinamismo, de una mayor competitividad, de un crecimiento más estable, más equilibrado y a mayor ritmo. Y se cambió y se modernizó España, y este proceso –que empieza si se quiere en 1982- es especialmente intenso y especialmente fructífero a partir de 1996, y es un proceso inacabado, en el que todavía tenemos que profundizar.

Finalizada la Transición, iniciado ya el cambio, España tenía y tiene que abordar un proceso de fortalecimiento democrático, de profundización de nuestro Estado de Derecho, de solidificación de nuestras Instituciones, de aseguramiento de las libertades, de protección y defensa de nuestra Constitución, de nuestro modelo de Estado, que es también nuestro modelo de convivencia y nuestro marco de desarrollo. En definitiva, España requiere estabilidad.

Y eso significa también no repetir los errores, no caer en los complejos que en un momento determinado pudieran asaltarnos, no caer en debilidades que a su vez debiliten a los españoles. Y es atreverse a poner en práctica las políticas que generaciones o gobiernos anteriores o no pudieron o no se atrevieron a poner en marcha.

Y pondré dos o tres ejemplos, sólo dos o tres ejemplos que son expresión clara de ese fortalecimiento democrático de España y que, además, constituyen medidas de Gobierno que las generaciones anteriores, no tuvieron ni la oportunidad ni quizás el valor de llevarlas a cabo. Medidas que, además, remueven determinadas estructuras mentales en algunas personas ancladas psicológica o políticamente en esa transición.

La primera medida de fortalecimiento democrático de España ha sido, en mi opinión, la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna. Por primera vez los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial han reforzado las estructuras jurídicas y políticas necesarias para preservar a la democracia del terrorismo y en definitiva –utilizando la expresión de Popper- para proteger a la sociedad abierta de sus enemigos. Una democracia es madura cuando toma la decisión política de protegerse de sus enemigos con todas las consecuencias. Cuanto más fuerte sea una democracia más desarrollada estará y más garantizará la libertad. Y ese un paso de primera magnitud, no sólo para nuestro sistema político, sino también para recuperar y asentar la confianza de los españoles en sí mismos. ¿O es que alguien cree serena y francamente que, de haber sabido poner en marcha antes ese fortalecimiento de la democracia española frente a sus enemigos, tendríamos la cifra de mil muertos en atentados terroristas? ¿O es que es imaginable que países que históricamente han tenido una mayor fortaleza democrática que España, como Alemania, o Francia, habrían resistido una sangría de tal envergadura durante treinta años sin defender a su sociedad de los enemigos de la democracia y de la libertad? Esos mil muertos son la consecuencia de una debilidad democrática de España. Y quienes ridiculizan esto del fortalecimiento democrático olvidan demasiado a menudo estas cosas.

El segundo ejemplo es la puesta en marcha de un proyecto de cohesión nacional y de solidaridad territorial que era una vieja de manda, ya histórica, centenaria, que ningún Gobierno de España se había atrevido antes a llevar a cabo y que significará saldar una asignatura pendiente en nuestro país: y me refiero al Plan Hidrológico Nacional. La fortaleza democrática consiste –pese a los costes políticos que suponga a corto plazo- en atreverse a asociar, a realizar la síntesis política entre el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones y el principio de solidaridad entre todas ellas; es tener el coraje político de dar efectividad a esa síntesis entre autonomía y solidaridad, y hacerlo en políticas concretas y tangibles para los españoles, superando el lastre histórico, económico y social de la escasez y el desigual reparto de los recursos hídricos en España. Con el Plan Hidrológico Nacional hemos adoptado una medida de justicia distributiva del agua; y eso, que puede no ser bien entendido por algunas regiones, es un factor de fortalecimiento democrático de España, que también favorecerá a Aragón.

El tercer ejemplo de fortalecimiento democrático de España consiste en tener el valor y la capacidad para poner en marcha una política económica en cuya virtud el Estado no gaste más dinero del que ingresa, porque sólo así se sanea y se fortalece el sistema económico, sólo así se garantiza el porvenir de los españoles, se aseguran las pensiones, se dinamiza actividad económica y se asegura en crecimiento equilibrado. ¿Cómo si no habríamos saneado la seguridad social, cómo si no habríamos reducido el paro del 23 al 10 por ciento, cómo si no habríamos conseguido un crecimiento del 30 por ciento del PIB en los últimos años? A corto plazo, habría sido más popular y más fácil gastar más, pero a largo plazo los españoles habrían pagado un precio. Esas medidas de austeridad han garantizado el porvenir de nuestra sociedad, y el bienestar, y también la convivencia.

Y podría seguir poniendo ejemplos sobre la proyección de ese proceso de fortalecimiento democrático y constitucional de España en las grandes políticas nacionales. Pero todos ellos desembocan en el fortalecimiento de la sociedad española. Y todos ellos se refieren también a proyectos que las generaciones anteriores, por dificultades históricas, o por complejos, o por las razones que fueren, o no se atrevieron o no pudieron hacer.

Pero ahora quisiera insistir en que la primera exigencia de ese fortalecimiento democrático y constitucional de España, en este momento, está precisamente en la capacidad de los partidos políticos españoles y de nuestras Instituciones para hacer frente a doble proceso de radicalización de alguna izquierda y esa ofensiva del conjunto del nacionalismo.

Y lo primero es volver a la moderación y al sentido común. La coyuntura de Iraq no puede cegarnos. Hay que cerrar el debate permanentemente abierto sobre la forma o el modelo del Estado. Los dos partidos estatales somos los responsables en esa materia ante los españoles. De nosotros, de nuestra voluntad, de nuestra capacidad política, de nuestro sentido de Estado depende detener esa ofensiva del nacionalismo. Los partidos políticos no estamos para plantear problemas a la sociedad. No podemos poner ahora sobre la mesa de los españoles una nueva transición, un nuevo proceso constituyente, agotador y absurdo, una nueva incertidumbre y una nueva indefinición ante el futuro. La función de los dos grandes partidos españoles consiste precisamente en evitar o en solucionar los problemas a los españoles. En defender nuestra convivencia, nuestro marco jurídico, político, que es también nuestro marco social y económico.

Una nueva etapa: las garantías de un proyecto

Los españoles vamos a abrir una nueva etapa en nuestra democracia. Las elecciones municipales, las elecciones catalanas, las elecciones andaluzas, las elecciones generales nacionales y europeas se van a producir en el plazo de un año.

Vienen precedidas de una ofensiva nacionalista y de una movilización política y social de la izquierda. No es cualquier momento. Esta nueva etapa significa una encrucijada entre dos caminos presididos por dos culturas políticas distintas. La vía del Fortalecimiento democrático y constitucional, por un lado, que es la vía de la confianza en lo que hemos hecho en los últimos 25 años, que es la culminación un camino. Y la vía, el camino, la cultura de un nuevo tránsito, de una segunda transición, que es no saber terminar un proyecto, abandonarlo, y empezar otra vez.

Frente a un proyecto asentado en la confianza, en el fortalecimiento democrático de España, en saber cerrar y culminar un ciclo histórico, está el otro proyecto basado en la desconfianza e impulsado por la ofensiva nacionalista, por la movilización de la izquierda y enmascarado por el "no" a la guerra.

Sería demasiado fácil que yo aprovechara este final de la conferencia para acentuar los riesgos de la elección de la vía de la desconfianza. Pero permítanme que formule en positivo, en clave de esperanza, lo que significaría una apuesta por la confianza y el fortalecimiento democrático de una mayoría de españoles.

Si ustedes me lo permiten intentaré sintetizar en cinco puntos las garantias que ese fortalecimiento democrático ofrece para el futuro del País Vasco y de España. Son cinco garantías y, en consecuencia, cinco razones para la esperanza, cinco razones para seguir confiando en nosotros mismos.

Primera garantía: primera esperanza: la derrota de ETA.

El principio del fin de ETA fue Ermua, la rebelión democrática de las víctimas.

La Ley de partidos, la ilegalización de Batasuna, ha marcado el final de la impunidad del verdugo. ETA sabe que será derrotada policial, judicial, social y políticamente si desde la tenacidad y la perseverancia se mantiene en España un proyecto político asentado en el fortalecimiento constitucional.

Segunda garantía: segunda esperanza: la definitiva reafirmación y consolidación del constitucionalismo en el País Vasco.

El constitucionalismo tiene su vanguardia, hoy en el País Vasco.

En el País Vasco ha emergido una militancia constitucionalista como en ninguna parte de España. El Foro de Ermua, el Basta Ya, la Fundación por la Libertad, constituyen la mejor demostración de que mujeres y hombres de la izquierda y de la derecha sabemos encontrar valores y principios constitucionales que nos unen.

La reafirmación de un proyecto político de España asentado en el fortalecimiento democrático y constitucional, consolidaría el constitucionalismo en el País Vasco, definitivamente, en la alternativa democrática al nacionalismo vasco.

Por el contrario, el proyecto de una segunda transición sería letal para esta vanguardia constitucionalista en el País Vasco, y por lo tanto para la sustitución del nacionalismo en determinadas Comunidades.

La alternativa democrática a un nacionalismo vasco excluyente, instalado en la radicalidad y que confluye con ETA, no puede ser la mera ideología: ni de la izquierda ni de la derecha. No puede ser solo una sigla. Ni mucho menos una táctica, una imitación. La alternativa de la libertad es un proyecto, un esfuerzo continuado, duradero, desde la Constitución, que tiene que avanzar y convencer en todas y cada una de las elecciones.

Tercera garantía: tercera esperanza: evitar la emulación de lo peor del nacionalismo vasco en otros puntos de España.

Evitar la emulación de lo peor del nacionalismo, es decir, la emulación según las circunstancias y los lugares, del modelo político y social y las estrategias del PNV, o la emulación del modelo de violencia social de Batasuna.

Un modelo, asentado en el crimen y en la mentira. A veces en la mentira asociada al crimen. Un modelo fundamentado en un movimiento nacionalista que ha dado lugar a un régimen más que a una democracia. Un Régimen que precisa un movimiento nacionalista para sobrevivir o un movimiento nacionalista que necesita un régimen para sobrevivir. Un modelo asentado en el miedo. Un miedo que es causa y consecuencia al mismo tiempo de un ambiente. Un miedo físico a ETA asociado a un miedo reverencial al nacionalismo vasco.

Un modelo en el que los radicales radicalizan a los moderados, y en el que se produce el compadreo creciente entre los nacionalistas y los violentos.

Un modelo que, al final, legitima y premia a los verdugos, que les da cobijo en las listas, que les coloca de referente principal de cualquier acción política, y que, por el contrario, castiga a las víctimas.

Pero un proyecto político de fortalecimiento democrático asentado nuevamente en una mayoría social de españoles, desactivaría el Pacto de Estella. Haría entrar en crisis irreversible el Pacto de Barcelona. Y daría a la sociedad española la estabilidad necesaria para afrontar el porvenir con plenas garantías de éxito.

Cuarta garantía: cuarta esperanza: el nacionalismo vasco estaría obligado a protagonizar su transición, que es la auténtica transición democrática pendiente en España.

La izquierda abertzale tendría que organizarse democráticamente en el País Vasco sin la referencia implacable de ETA. ETA dejaría de ser la garantía del Plan Ibarretxe. La única realidad, la única garantía sería la Constitución. Y por eso mismo, ni unos ni otros quieren la garantía de la Constitución. Por ello no quieren derrotar ni unos ni otros a ETA. Lo que quieren y necesitan es la derrota del PP en España.

Esta derrota para ellos constituye una condición previa necesaria que no suficiente para el éxito de su ofensiva. Unos y otros condicionaran su ofensiva, sus plazos, su ritmo, su calendario, para impulsar y favorecer todo aquello que debilite y agriete la mayoría social que se expresó contundente y democráticamente en España.

Quinta garantía: solo el fortalecimiento democrático en España garantiza la libertad y la pluralidad en la sociedad Vasca.

Porque solo la alternativa para la libertad en que ese proyecto consiste, garantiza la democracia en el País Vasco.

Cuando hay que presentar en el País Vasco una alternativa a tantas cosas: a un ambiente, a un sentimiento a un compadreo, a un régimen, a una degeneración moral y democrática, el proyecto que presentemos tiene que ser sólido, con raíces con fortaleza moral, con historia, con capacidad de suma. Esa alternativa democrática al nacionalismo vasco instalado en la ruptura, es España y España es el único proyecto que puede devolver la libertad, la democracia y la confianza a la sociedad vasca.

Y es aquí donde yo quiero pedir un esfuerzo a esa mayoría social de españoles que se articuló alrededor del Partido Popular en las ultimas elecciones generales.

El fortalecimiento democrático en España, se ha demostrado, es un proyecto eficaz para afrontar los dos grandes problemas que hemos tenido los españoles durante muchos años: El paro y el terrorismo.

Esa mayoría social existe, sigue existiendo, aunque qué duda cabe se esta poniendo a prueba, ante la proximidad de un conflicto bélico. Quiero pedirles que traten de pensar en los problemas de España en los próximos meses y años, cuando la guerra no inunde, como hoy, las primeras páginas en los medios de comunicación.

Hay una España posible, la hay histórica, política cultural y socialmente. Es la España de las libertades, la España de la fortaleza democrática, la España de la Constitución de 1978. A la tarea común de ese proyecto básico de España quiero llamar a toda esa mayoría social de españoles con sentido de Estado, con sentido de la historia, y con sentido común.