Filosofía política y teoría monetaria en el siglo XVII: El principio de soberanía y la teoría de la inflación del Padre Mariana

I. Introducción

Buena parte de la literatura política y económica castellana de principios del siglo XVII defendía la idea de que el rey estaba exento del cumplimiento de las leyes, era solutus legibus, superior a las leyes y, por tanto, desligado de su cumplimiento. Frente al principio de soberanía materializado en la incontestable intervención del rey en todos los aspectos de la vida política y económica se alzó una corriente de pensamiento que reivindicaba el papel de ciertas instituciones con objeto de defender los derechos de los individuos frente al poder absoluto del monarca.

Este trabajo estudia las controvertidas ideas políticas de Juan de Mariana, que siendo contrarias al principio de soberanía contribuyeron al progreso del pensamiento monetario castellano en el siglo XVII. En particular, cuando el jesuita integra en la doctrina del derecho de resistencia y de rebeldía contra el tirano la idea de que la inflación actúa como un impuesto establecido en contra del consentimiento de los ciudadanos profundiza en el estudio de los efectos perversos que el Estado ocasiona cuando envilece las monedas. En general, las ideas de Juan de Mariana constituyen otro hito de una tradición de pensamiento que se remonta a los debates medievales sobre el envilecimiento del valor de las monedas. Es precisamente en aquella época cuando germina la teoría monetaria a la luz de las ideas nominalistas y voluntaristas. El dinero forma parte de la propiedad, considerada como esencia de los derechos subjetivos, derechos violados por la alteración y consecuente envilecimiento del valor de las monedas. La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de su envilecimiento reducía los derechos de propiedad de los súbditos. Estas mismas ideas se encuentran en el trabajo de Juan de Mariana. Aproximándose a la versión voluntarista o contractual del poder, el jesuita no sólo tendrá en cuenta la propiedad de los súbditos a la hora de enumerar las diferentes atribuciones confiadas a los reyes, sino que también demostrará lo beneficioso que resulta para la comunidad el que ésta tenga una moneda sana y libre de manipulaciones estatales.

Para llevar a cabo este trabajo nos centraremos en las ideas políticas del padre Mariana acerca de la transferencia del poder de la comunidad al rey. Unas ideas que despliega en De rege et regis institutione de 1599 y que le sirvieron para fundamentar su demoledora crítica de la política monetaria de Felipe III en De monetae mutatione, de 1609.

II. El consentimiento y la propiedad privada como límites de la autoridad

Reflexionaba Juan de Mariana junto a unos amigos en la sierra toledana del Real de San Vicente sobre la encomienda dada por el tutor del futuro Felipe III por encargo de su preocupado padre acerca de la educación de su hijo. Con la esperanza de transformarle en el "príncipe ideal", Juan de Mariana elaboró un trabajo que intituló De rege et regis institutione libri III, publicado en 1599, muerto ya Felipe II y el propio García Loaysa, tutor del príncipe.

Este trabajo ha sido considerado la obra más teórica y filosófica de los denominados tratados de espejo de príncipes. En un principio no tuvo problemas con la censura y fue recibido sin causar mucha expectación. Escrito en latín, con el tiempo se convertirá en uno de los libros más polémicos e incluso escandalosos que circulaban por Europa. Su precoz constitucionalismo no le impidió elogiar el asesinato de Enrique III de Francia. Por ventura o por desgracia del autor, el 14 de mayo de 1610 fue asesinado el regio sucesor francés, Enrique IV, por el monje Ravillac, hecho por el que los enemigos de la Compañía de Jesús lanzaron el rumor de que el regicida había leído el libro de Juan de Mariana. A pesar de que se demostró que el regicida no leyó el libro, según se demostró durante el proceso inquisitorial al que será sometido con posterioridad el padre Mariana, la obra fue condenada por la Sorbona, y el 8 de junio de 1610 el Parlamento de París acordó que De Rege fuera quemado públicamente, como así se hizo, en el atrio de la catedral de París. Tal vez sospechando estos hechos Juan de Mariana publicó una segunda edición, la de Maiz de 1605, que no sólo complementa a la de 1599 con la incorporación del famoso capítulo VIII, titulado ‘De Moneta’, sino que además eliminaba la frase con la que ensalzaba a Jacobo Clemente, el asesino de Enrique III de Francia en 1589: "¡Serenidad insigne, hazaña memorable!

Dejando a un lado estos episodios y centrándonos en las ideas políticas que el trabajo encierra, la idea clave que informa todo el De rege y la columna vertebral del pensamiento político de Mariana se basa en la idea de que la transferencia de poder de la comunidad al rey no es ni incondicional ni absoluta, de tal suerte que la autoridad se justifica y sus poderes sobre la sociedad son legítimos si proceden del consentimiento de los ciudadanos[1].

El principio del consentimiento como fundamento de la legalidad de la actuación regia lo establece el jesuita cuando aborda en el capítulo octavo del libro primero el asunto de si la autoridad del rey es mayor que la de la comunidad. No duda en afirmar que el poder del rey, cuando es legítimo, queda establecido por el consentimiento de los ciudadanos:

"Entramos a discutir un problema grave, complejo y embrollado. La cuestión de si la autoridad del rey es mayor que la de toda la comunidad política en la que gobierna [...] En mi opinión, la potestad regia, en cuanto es legítima ha sido establecida por el consentimiento de los ciudadanos" (Mariana, [1599]: La dignidad real y la educación del rey, edición de Luis Sánchez Agesta, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,1981, lib. i, c. viii: 92-93).

Una vez determinado el hecho de que el poder se fundamenta en el consentimiento de los ciudadanos, fueron los ciudadanos los que consideraron que aquél debía quedar limitado por leyes y normas, con el objetivo de que no degenerara en tiranía:

"Así los primeros reyes o gobernantes fueron elevados por este medio al ejercicio del poder, y por ello estimó [la comunidad] que debió ser limitado por leyes o normas que se estimaron necesarias para que el poder no se salga de sus límites, en perjuicio de los que están sometidos, y degenere en tiranía" (Mariana, 1981, lib. i, c. viii: 93).

Continuará su razonamiento buscando argumentos en los que apoyar su idea. Esta búsqueda le permitirá establecer cuáles son los dominios de la autoridad y cuáles son los propios de la comunidad. En este sentido, y para el primer caso, encontrará en la república de los lacedemonios fundamentos para establecer que, en asuntos tales como declarar la guerra, proporcionar protección a los ciudadanos en tiempo de paz, nombrar jueces y magistrados, así como en el "ministerio de las cosas sagradas", la autoridad del rey es superior a la de la comunidad[2]:

"Como refiere Aristóteles, entre los griegos, los lacedemonios sólo confiaron a los reyes la dirección de la guerra y el cuidado y el ministerio de las cosas sagradas" (Mariana, 1981, lib. i, c. viii: 93-94).

En cambio, para la comunidad quedaba reservada la aprobación de leyes, las cuestiones relacionadas con la sucesión al trono y, lo que más nos interesa resaltar para nuestros objetivos, la imposición de tributos[3].

De la misma forma que Juan de Mariana hace para circunscribir los dominios de la autoridad hará lo propio con los de la comunidad. La institución más reciente que

encontrará para circunscribir la autoridad del rey será el Justicia de Aragón[4]:

"Y la misma forma pensaron en un tiempo más reciente los aragoneses en España, tan celosos de su libertad que creen que las libertades se amenguan cuando se hace alguna pequeña concesión. Y así, los aragoneses establecieron un estrato intermedio entre el rey y el pueblo, a la manera de los tribunos, llamado popularmente Justicia de Aragón, que, armado con las leyes y con la autoridad del pueblo, mantuvieron la potestad regia dentro de ciertos límites. Esta función era encomendada a algún noble para que no hubiera engaño si alguna vez el pueblo estimaba oportuno reunirse sin conocimiento del rey para defender las leyes o su libertad. En estos pueblos y en otros nadie dudará que la autoridad de la comunidad es mayor que la autoridad del rey" (Mariana, 1981, lib. i, c. viii: 94).

Nuestro autor debía de ser consciente de que reivindicar en 1599 la institución de Justicia de Aragón después de los hechos acaecidos en 1591 podía ser llamativo, incluso concluyente para sus propósitos. Al menos en lo que respecta al asunto tributario la autonomía que disfrutaban los aragoneses respecto al Servicio de Millones quedó brutalmente mermada después del ajusticiamiento de Lanuza. Además, con objeto de asentar la tesis de que en asuntos fiscales la autoridad de la comunidad es superior que la del rey, reivindicará el privilegio tributario del que disfrutaban, aunque con matices, determinadas regiones españolas; de ahí que:

"tenemos la prueba en la misma España, donde el rey no puede imponer tributos sin el consentimiento de los representantes del pueblo" (Mariana, 1981, lib. i, c. viii: 95).

Se estaba refiriendo a las Cortes catalanas, valencianas y mallorquinas, ya que todas ellas de alguna u otra forma arbitraron mecanismos defensivos frente a la infiltración castellana por medio del intervencionismo regio. En concreto, las Cortes catalanas defendían su derecho autóctono si por cualquier circunstancia consideraban que Castilla pretendía hacerlas extensivo la concesión del Servicio de Millones y otras rentas ordinarias. Por ello, cuando se trataba de un asunto concerniente a conceder al rey algún impuesto, éste era tratado en las Cortes después de haber obtenido del soberano todo tipo de garantías jurídicas, especialmente la reparación de agravios y la enmienda de leyes. Incluso para votar un subsidio se debía dar unanimidad en las Cortes, unanimidad que en este caso concreto estaba condicionada a la reparación de todos los agravios. Por lo que respecta a las cortes valencianas, las leyes dadas por éstas se consideran pactadas siempre que el reino reunido en aquéllas hubiera hecho una concesión económica al monarca. Era entonces cuando el acuerdo a que habían llegado los estamentos con el rey se transforma en un contrato irrevocable que el reino puede esgrimir para defender su Derecho frente a las intromisiones regias. El caso del reino de Mallorca presentaba la particularidad de que, al no tener Cortes propias, no arbitró mecanismos defensivos como los de los otros territorios de la Corona de Aragón. Sin embargo, la vinculación política del reino de Mallorca al Principado de Cataluña le mantuvo durante toda la Alta Edad Moderna al margen de un eficaz intervencionismo regio[5].

Fundamentada así la legalidad en el consentimiento, a continuación el jesuita abre lo que podríamos denominar capítulo de advertencias en cuanto a que cabía la posibilidad de que la autoridad se inmiscuyera en determinados ámbitos en donde no podía oponerse a la voluntad de la sociedad. Así le advierte, respecto a la posibilidad de instaurar impuestos sobornando a los súbditos por medio de los representantes en las Cortes, que:

"Podrá, para atraerlos, usar de las más varias mañas, concediéndoles premios, o atemorizándolos o solicitándoles con palabras halagüeñas, esperanzas o promesas, y no discutiremos si eso está bien o mal hecho, pero si, no obstante, los representantes se resistieran, se ha de estar más bien al juicio de las cortes que a la voluntad del rey" (Mariana, 1981, lib. i, c. viii: 95).

Citando a San Agustín, hace lo propio para la sanción de las leyes y las cuestiones referentes a la sucesión en el trono:

"según San Agustín, las leyes se establecen cuando se promulgan, y se aprueban cuando se confirman por las costumbres del pueblo. Y aún más claramente: cuando se designa sucesor con el juramento de los brazos del pueblo y no al príncipe, sobre todo si el rey no tiene descendencia ni parientes colaterales y ha de pasar el trono a otra familia" (Mariana, 1981, lib. i, c. viii: 95).

La segunda advertencia que lanza en materia impositiva se refiere a que una vez establecida la superior autoridad de la comunidad, esto es, una vez perfilados los límites del poder del rey respecto al establecimiento de impuestos, le advierte nítidamente de que el sobrepasarlos implicaba no sólo convertirse en un tirano, sino también todo aquello a lo que dicha condición daba lugar.

"Y en el supuesto de que el rey vejara a todo el reino con sus costumbres depravadas y su reinado degenerase en una manifiesta tiranía, ¿cómo podría la comunidad en que gobierna despojarlo del reino e incluso de la misma vida, si fuera necesario, si no hubiese retenido una potestad mayor que la que sus representantes delegaron en el rey?" (Mariana, 1981, lib. i, c. viii: 95).

Para Juan de Mariana, el que el rey adquiriera la condición de tirano significaba poner en marcha un procedimiento por medio del cual la comunidad políticamente organizada podía deshacerse de él. La defensa que realiza Juan de Mariana del tiranicidio, aplicada a su reflexión sobre la fiscalidad, permite apreciar la dureza con la que se iba a emplear este asunto. Pero no sólo eso, sino que, además, frente a la tibieza de la Escuela de los Monarcómacos, que únicamente consideraban posible el tiranicidio al usurpador, el jesuita de Talavera, procediendo a partir de su doctrina acerca de los límites del poder, irá más allá. Admitirá el asesinato del monarca legítimo siempre que su conducta fuera reprobable.

En este sentido, y siguiendo con su defensa del consentimiento, Juan de Mariana se enfrentará a la doctrina por la que sólo se admitía que el Emperador, el Papa, los reyes y los príncipes soberanos tenían poder para establecer tributos. Así, antepondrá la condición del consentimiento a la condición de poder soberano. Para Juan de Mariana, sólo así el impuesto en cuestión era justo. Su doctrina en este asunto no da lugar a dudas: el consentimiento no sólo era la garantía de la justicia impositiva, sino, también, de la legitimidad del poder. De no serlo, esto es, si el impuesto era exigido sin el consentimiento del reino, automáticamente convertía al que lo exigía en un tirano. Un poder tiránico con el que, aunque fuera legítimo, la sociedad podía acabar. Para el talaverano no cabía la presunción de que la justicia impositiva se derivaba siempre de un poder legítimo. Tanto el impuesto como el poder son legítimos por el consentimiento de la sociedad.

A continuación consolidará el principio del consentimiento con la defensa de la propiedad privada. En efecto, entre la primera edición de De rege y la segunda (1605) van a ocurrir dos hechos que debieron de llamar poderosamente la atención a Juan de Mariana y que creemos le llevaron a introducir el capítulo VIII en la segunda edición. El 13 de junio de 1602 Felipe III ordenó que la moneda de vellón fabricada a partir de ese momento fuera únicamente de cobre, sin cantidad alguna de plata, y, además, con un peso reducido a la mitad con respecto a las anteriores emisiones. La Corona justificó la medida aduciendo la mayor manejabilidad de las nuevas monedas. Esto no era sino un pretexto que tenía por objetivo encubrir las auténticas razones que llevaron a Felipe III a adoptar esta medida. El verdadero motivo debe buscarse en las necesidades financieras de la Hacienda. En este sentido, las labores de acuñación de la antigua moneda proporcionaban menores beneficios debido al incremento del precio del cobre, y, además, las guerras con Europa exigían mayores gastos militares. Por tanto, era necesario encontrar otro recurso que permitiera aumentar, o al menos mantener, los ingresos que por medio del señoreaje obtenía la Corona con el monopolio de acuñación. Junto a esta medida, unos meses después, el 18 de septiembre de 1603, el rey ordenó todo el resellado de la moneda antigua, y que la moneda de vellón fabricada a partir de esa fecha fuera únicamente de cobre, sin liga de plata, y, además, con un peso reducido a la mitad con respecto a las anteriores emisiones.

En este contexto de política monetaria Juan de Mariana encontró motivos suficientes que le llevaron a introducir un nuevo capítulo, el octavo de la edición de 1605, en el que enjuiciaba dichas medidas, y en el que afirmaba que:

"el príncipe no tiene derecho alguno sobre los bienes muebles e inmuebles de los súbditos, de tal forma que pueda tomarlos para sí o transferirlos a otros " (Mariana, 1981, l. iii, c. viii: 341).

Y de ello se concluía que:

"el príncipe no puede imponer nuevos tributos sin que preceda el consentimiento formal del pueblo. Pídalos, pues, y no despoje a sus súbditos tomando cada día algo por su propia voluntad y reduciendo poco a poco a la miseria a quienes hasta hace poco eran ricos y felices" (Mariana, 1981, l. iii, c. viii: 341-342).

Por consiguiente, si el rey actuara contra la propiedad y sin contar con el consentimiento de los ciudadanos procedería a:

"obrar como un tirano, que todo lo mide por su codicia y se arroga todos los poderes, y no como un rey, que debe moderar la autoridad que recibió de quienes le aceptaron como tal por la razón y por la ley, y no extenderla más de lo que ésta permite" (Mariana, 1981, l. iii, c. viii: 342).

Por tanto, apoyándose en el derecho de propiedad que los ciudadanos tienen sobre los bienes muebles e inmuebles, el argumento de Mariana es claro: en asuntos tales como la imposición de tributos el rey no puede oponerse a la voluntad de la comunidad. Además, esta prerrogativa de la sociedad, que como estudiaremos más adelante había quedado establecida en una etapa previa a la formación del poder político, circunscribe éste a aquélla, esto es, lo limita, pues no puede el rey extender su autoridad mas allá de lo que la razón y la ley le permiten. Deducimos por tanto que Juan de Mariana está considerando la propiedad como una institución que limita el poder del Estado, y que para el caso concreto de la adulteración de la moneda de vellón, al actuar como un impuesto, el denominado por la teoría económica actual impuesto inflacionista, quedaba claro, y así lo expresaba:

"Sólo añadiré que de estas consideraciones se deduce que el rey no puede adulterar la moneda sin que medie el consentimiento del pueblo. Esta adulteración es una especie de tributo con la que se detrae algo de los bienes de los súbditos" (Mariana, 1981, l. iii, c. viii: 342).

Por consiguiente, en materia impositiva el rey no está dispensado de guardar las leyes que le han sido proporcionadas por el consentimiento del pueblo. De esta forma Juan de Mariana daba respuesta a la interesante cuestión, por él mismo planteada en el libro primero, de si el poder del rey es mayor que el de la comunidad, y si este poder le permite quedar eximido de las leyes. Quedaba claro que en materia fiscal no lo estaba.

Mayor detenimiento va a mostrar sobre estos asuntos el viejo historiador en 1609, cuando dedique un pequeño trabajo titulado De monetae mutatione a analizar la política monetaria de Felipe III. Trabajo por el que nuestro autor dio con sus huesos ante el Santo Oficio acusado de varios delitos de Laesa Majestate, al criticar la política de envilecimiento monetario. Pues bien, va a ser en el capítulo segundo de este trabajo donde advertirá que tal vez su doctrina del consentimiento pudiera ser considerada únicamente como una cortesía que el rey concedía a las Cortes.

"Algunos tienen por grande sujeción que los reyes, cuanto al poner nuevos tributos, pendan de la voluntad de sus vasallos, que es lo mismo que no hacer al rey dueño, sino al común; y aun se adelantan á decir que si para ello se acostumbra llamar á Cortes, es cortesía del príncipe, pero si se quisiese, podría romper con todo y hacer las derramas á su voluntad y sin dependencia de nadie conforme á las necesidades que se ofrecieren" (Mariana, [1609]: Tratado y Discurso sobre la Moneda de Vellón, edición de Lucas Beltrán, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987, c. ii: 35).

Nada más lejos de la intención de Mariana, pues le advierte:

"Palabras dulces y engañosas y que en algunos reinos han prevalecido, como en el de Francia, donde refiere Felipe Comines, al fin de la vida que escribió de Luis XI de Francia, que el primero que usó de aquel término fue el príncipe de aquel reino, que se llamó Carlos VII. Las necesidades y aprietos eran grandes; en particular los ingleses estaban apoderados de gran parte de Francia; granjeó los señores con pensiones que les consiguió á cada cual y cargó á su placer al pueblo. Desde el cual tiempo dicen comúnmente que los reyes de Francia salieron de pupilaje y de tutorías, y yo añado que las largas guerras que han tenido trabajada por tanto años á Francia en este nuestro tiempo todas han procedido de este principio" (Mariana, 1987, c. ii: 35).

Además, si en De rege et regis institutione había sospechado que el rey podía por medio del cohecho instaurar nuevos impuestos, va a ser en De monetae mutatione cuando sus

sospechas se convierten en acusaciones directas a los representantes en las Cortes[6]. Así, afirmaba que:

"Bien se entiende que presta poco lo que en España se hace, digo en Castilla, que es llamar los procuradores á Cortes, porque los más de ellos son poco á propósito, como sacados de suerte, gentes de poco ajobo en todo y que van resueltos á costa del pueblo miserable de henchir sus bolsas" (Mariana, 1987, c. ii: 36).

No sólo denuncia el soborno, también la lentitud de los compromisos entre los representantes de los ciudadanos, "que darán en tierra con los cedros del Líbano". Su exacerbación llega al extremo de proponer al rey disolver las Cortes, "que sería mejor para excusar cohechos y costas que nunca allá fuesen ni se juntasen". De ahí que de nuevo afirme:

"Aquí no tratamos de lo que se hace, sino de lo que conforme á justicia se debe hacer, que es tomar el beneplácito del pueblo para imponer en el reino nuevos tributos y pechos" (Mariana, 1987, c. ii: 36).

Defendido de esta manera el principio general del consentimiento, a continuación expone su doctrina respecto a la imposición. Una doctrina que al englobar tanto la propiedad como el consentimiento de los individuos le van a diferenciar de la doctrina de la Hacienda Pública que va a ser habitual en los escritores del siglo XVII, y que al menos en lo que respecta a la forma de obtener los ingresos públicos admite la superior potestad del rey de imponer tributos cuyo pago constituye una de las obligaciones de los súbditos sin atender a su beneplácito[7]:

"Digo pues que es doctrina muy llana, saludable y cierta que no se pueden poner nuevos pechos sin la voluntad de los que representan el pueblo. Esto se prueba por lo que acabamos de decir, que si el rey no es señor de los bienes particulares, no los podrá tomar todos ni parte de ellos sino por voluntad de cuyos son. Ítem, si, como dicen los juristas, ninguna cosa puede el rey en perjuicio del pueblo sin su beneplácito, ni les podrá tomar parte de sus bienes sin él, como se hace por vía de los pechos. Demás que ni el oficio de capitán general ni de gobernador le da esta autoridad, sino que pues de la república tiene aquellos cargos, como al principio señaló el costeamiento y rentas que le parecieron bastantes para ejercellos; así, si quiere que se las aumenten, será necesario que haga recurso al que se las dio al principio" (Mariana, 1987, c. ii: 36-37).

Utilizará a continuación la bula In Coena Domini como argumento sobre el que fundamentar su doctrina:

"no hay rey ni señor en la tierra que tenga poder sobre su estado de imponer un maravedí sobre sus vasallos sin consentimiento de la voluntad de los que lo deben pagar, sino por tiranía y violencia [...] tal príncipe, demás de ser tirano, si lo hiciere será excomulgado, lo cual ayuda a la sexta excomunión puesta en la bula In Coena Domini, en que descomulga á los que en sus tierras imponen nuevos pechos" (Mariana, 1987, c. ii: 37).

Un ejemplo, este último, del temperamento cuando menos arriesgado del viejo jesuita, al invocar en este asunto las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Su riesgo procedía, no sólo porque dicha bula había sido impugnada al vulnerar los privilegios y pragmáticas del reino, sino también porque a partir de Real Cédula de 16 de julio de 1568 no se podía publicar. El que Juan de Mariana fuera acusado por este motivo es un reflejo de las relaciones que existían entre ambas instituciones a principios del siglo XVII[8]. Además, Juan de Mariana estaba dando un significado a la bula que ésta no tenía, ya que no alegaba una norma por la que se limitara el derecho de imposición a los representantes populares[9].

Pero no solo eso, sino que, además, el de Talavera juzgaba que la excomunión también recaía sobre los convenios de personas confabuladas con fines reprobables. De ahí que:

"Añado yo más, que no solo incurre en la dicha excomunión el príncipe que con nombre de pecho ó tributo hace tales imposiciones, sino también con el de estanque y monipodio sin el dicho consentimiento, pues todo se sale á una cuenta, y por el un camino y por el otro tomo el príncipe parte de la hacienda de sus vasallos, para lo cual no tiene autoridad" (Mariana, 1987, c. ii: 37-38).

Deducía Juan de Mariana que tanto los impuestos como los monopolios, al elevar los precios de los productos sobre los que recaían, actuaban en detrimento del consumidor, de ahí que sobre ambos recayera todo el peso de la doctrina que hasta el momento había desarrollado, y que constituirá el fundamento de su crítica a la política monetaria de Felipe III:

"Solo pretendo probar que lo mismo es decir poner estanque que pechos y que son menester los mismos requisitos. Pongamos ejemplo para que esto se entienda. En Castilla se ha pretendido poner cierto pecho sobre la harina; el reino hasta ahora ha representado graves dificultades. Claro está que por vía de estanque si el rey se apoderase de todo el trigo del reino, como se hace con toda la sal, lo podría vender á dos reales más de lo ordinario, con que se sacaría todo el interés que se pretende y aun más, y que sería impertinente pretender no puede echar pecho sin el acuerdo dicho, si por este ú otro camino se puede sin él salir con lo que se pretende. Por lo menos de todo lo dicho se sigue que si no es lítico poner pecho, tampoco lo será hacer esta manera de estanques sin voluntad de aquellos en cuyo perjuicio redundan" (Mariana, 1987, c. ii: 38).

Por consiguiente, podemos afirmar que las ideas de Juan de Mariana en torno a la legitimidad de los impuestos tienen un doble apoyo: el consentimiento de los ciudadanos y la propiedad privada. Por el primero se le señalan al rey sus rentas y la manera como se deben recoger, y, lo que es más importante, que quedaba limitado por la propiedad de los individuos, ya que no puede disponer ni apoderarse de sus bienes. El segundo fundamento es la condición por la cual los impuestos requieren el consentimiento de los ciudadanos. Ambos apoyos le permiten afirmar que la carga que recae sobre el contribuyente, entendida como la disponibilidad por parte del rey de los bienes de los ciudadanos, es legal si, y sólo si, se establece teniendo en cuenta el consentimiento de los mismos.

A estas dos condiciones, que en la obra y en el contexto en el que escribe Juan de Mariana permiten conocer la naturaleza de los impuestos, añade el requisito de que los ingresos obtenidos se invirtieran para mejorar el bienestar de sus súbditos. De ahí que:

"es evidente que un rey, si no tiene bien examinada la naturaleza y cuantía de los impuestos que percibe, o experimentará una falta a cada paso y tendrá que abandonar la empresa ya empezada por penuria de dinero, o dará más de lo que puede, o negará tal vez lo que puede conceder. Ni es tampoco justo que lo que se ha de gastar en seguridad del Estado se invierta para usos particulares, o en una magnificencia inútil, o en cosas de puro recreo; ni lo es que los recursos públicos se empleen para aumentar el poder y las riquezas de unos pocos hombres. Conviene, pues, que el rey sea muy celoso en el examen del fundamento de los impuestos y en la conservación del erario público. Sepa y entienda que los tributos pagados por el pueblo no son suyos, sino que le están confiados para que los consuma en el bienestar del reino" (Mariana, 1981, l. ii, c. viii: 198-199).

Así, y siguiendo lo que en este sentido afirma González de la Calle, Juan de Mariana, al considerar que el objetivo del impuesto es atender el bienestar de la sociedad, estaba elaborando, a principios del siglo XVII, un concepto más científico del mismo[10].

III. La propiedad y la teoría monetaria de Juan de Mariana

Frente al acto de soberanía que significaba para el monarca imponer tributos sin el consentimiento de los ciudadanos, Juan de Mariana va a reivindicar y defender la propiedad privada como prerrogativa del individuo frente a los intereses del Estado. El rasgo fundamental de su pensamiento en este asunto es que va a utilizar la propiedad privada como una institución capaz de limitar la intervención del poder político en materia impositiva y monetaria.