La LOE derogará una ley fantasma

1. Antecedentes

En 1969 el Ministerio de Educación Nacional publicó un Libro Blanco de la Educación en el que se recogía una serie de datos que demostraban la necesidad urgente de emprender una importante reforma educativa. En el tramo de edad de 6 a 14 años se cifraba en 800.000 el déficit de puestos escolares, y el índice de fracaso escolar era enorme. Por poner un solo ejemplo, baste constatar que de los niños que empezaron la Primaria en 1951 sólo el 27% ingresaron en la Enseñanza Media.

La reforma educativa que desembocó en la Ley General de Educación de 1970, la Ley Villar, no pretendió solamente resolver los problemas de la escasez de puestos escolares y del fracaso escolar, también modernizar el sistema educativo según las ideas pedagógicas más "progresistas" que circulaban por la Europa Occidental en aquellos años.

Los ocho cursos (de 6 a 14 años) de Enseñanza General Básica (E.G.B.) de la Ley Villar respondían a ese patrón de escuela que hoy se llama "comprensiva" o "integradora"; es decir, aquel según el cual la enseñanza ha de ser idéntica para todos, realizarse en el mismo tipo de centros y con los mismos profesores.

Es indudable que la Ley General de Educación supuso un gran avance social: se logró la escolarización de todos los niños hasta los 14 años, y con el tiempo muy pocos de 16 quedaron fuera de lo que se llama "sistema reglado". Sin embargo, tuvo algunos defectos que han tenido consecuencias desastrosas. Por ejemplo, en su empeño por evitar el fracaso escolar, se suprimieron las reválidas y, con ellas, todas las pruebas externas y los obstáculos académicos oficiales hasta la llegada a la universidad. Por otra parte, la ampliación de dos años de la enseñanza obligatoria hizo que se pusiera a los escolares de 13 y 14 años en manos de los maestros que, para adaptarse a la nueva situación, tuvieron que realizar cientos de cursillos de muy dudosa calidad.

La nueva EGB (Enseñanza General Básica) se convirtió, en la práctica, en una enseñanza primaria que abarcaba desde los 6 hasta los 14 años. Es importante reseñar que tanto la eliminación de exámenes como la extensión de la competencia de los maestros sobre los alumnos de los 12 a los 14 años no se había ni se ha producido en casi ninguno de los otros países europeos.

Aquella ley de 1970 escolarizó prácticamente a toda la población entre los 6 y 14 años y, en ese sentido, cumplió con su objetivo democratizador. Pero esa democratización fue dejando, con el transcurso de los años, un sistema en el que fácilmente se detectaba un notable descenso del nivel de conocimientos y una relajación preocupante de la disciplina escolar.

Cuando, a finales de los 80, ya empezaba a resentirse la escuela de esa falta de exigencia y de esa falta de autoridad de los profesores, el Gobierno socialista decidió emprender su revolucionaria reforma del sistema de enseñanza que culminó con la promulgación, en 1990, de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOGSE.

La LOGSE, esencialmente, suponía el establecimiento de una larga enseñanza básica, de carácter obligatorio y gratuito, que comprendía dos etapas bien diferenciadas: la Educación Primaria, de 6 a 12 años, y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 12 a 16. Este nuevo plan de estudios retrasaba dos años la posible incorporación de los alumnos a una formación profesional y dejaba reducido el Bachillerato a un par de cursos escolares.

La LOGSE seguía el modelo de las Comprehensive Schools, característico de los laboristas británicos e impuesto por ley en el Reino Unido en 1976. Cuando el Gobierno socialista presentó su reformadora ley, el modelo de Comprehensive Schools estaba siendo ya más que cuestionado en el Reino Unido. Curiosamente, ese mimetismo español con el sistema británico se producía tres años después de que el Gobierno de Margaret Thatcher hubiera publicado una nueva Ley de Educación, el National Curriculum, que pretendía introducir medidas que paliaran los efectos negativos que las Comprehensive estaban teniendo en el sistema de enseñanza británico.

Las reformas que introdujo el National Curriculum fueron esencialmente dos: la formación de grupos de diferente rendimiento académico dentro de cada uno de los cursos escolares y la realización de pruebas o exámenes tanto al final de la enseñanza primaria como al terminar los dos primeros años de la secundaria, además de mantener los ya tradicionales exámenes del final de la secundaria obligatoria.

Inmediatamente después de publicarse la LOGSE, las administraciones educativas socialistas organizaron un complicado entramado burocrático para impulsar su implantación. Como si se tratara más de un dogma de fe que de una ley, se decía que los profesores debían, además de conocerla, estudiarla y prepararse para su aplicación, "creer" en ella. Se inventaron incentivos para los buenos "logsistas" y se buscó la forma de librarse de los que la criticaban.

Cuando, en 1996, ganó el Partido Popular las elecciones generales, la LOGSE no era aún una realidad, y sólo algunos institutos, de forma experimental, la habían puesto en marcha. La derecha se vio en la obligación de impulsar la implantación de una ley que era no solamente un invento de la izquierda y absolutamente dogmática, sino que, además, exigía un desembolso público (es decir, del público) inimaginable.

No por anunciados han sido menos perversos los efectos de la ley socialista. Como era fácilmente previsible, esa larga escolarización obligatoria está provocando que muchos adolescentes –los datos hablan de un 30%– abandonen actualmente el sistema escolar sin haber obtenido el título más elemental, que, tras la implantación de la LOGSE, se puede hoy conceder: el Certificado de Educación Secundaria Obligatoria.

La nueva Educación Secundaria Obligatoria está siendo, en realidad, una prolongación de la enseñanza primaria. No solamente la exigencia académica en esa etapa es mínima, sino que, además, en los Institutos de Educación Secundaria crecen los problemas de convivencia escolar debido, por un lado, a la explosiva mezcla de adolescentes con intereses, capacidades y aficiones diferentes y, por otro, a la dificultad que están encontrando los profesores para hacerles frente, imbuidos como están de esa pedagogía progresista y antiautoritaria que reniega de la disciplina y de la exigencia escolar.

Por otra parte, el exiguo Bachillerato de dos años que ha establecido la LOGSE está resultando insuficiente como preparación para la universidad. Muchas facultades universitarias se están viendo obligadas a instaurar un curso "cero", dado el ínfimo nivel de los alumnos que se matriculan en sus primeros cursos.

2. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, un intento por recuperar ciertos valores tradicionales

El PP, al ganar las elecciones generales con mayoría absoluta en el año 2000, emprendió la tarea de elaborar una nueva ley de educación que sustituyera a la LOGSE. En diciembre de 2002 el BOE publicaba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que derogaba la normativa anterior y entraba en vigor desde los diez días posteriores a su publicación.

La LOCE mantenía el sistema escolar más o menos como estaba, diez cursos de educación obligatoria (seis de Primaria y cuatro de Secundaria Obligatoria) seguidos de dos cursos de Bachillerato o de Formación Profesional. Esencialmente, lo que hacía la Ley de Calidad era introducir en la Secundaria Obligatoria algunas medidas orientadas a resolver los mayores problemas que la implantación de la LOGSE había creado.

Entre estas medidas merece la pena destacar:

– La obligación de repetir curso para aquellos alumnos que hubieran suspendido tres o más asignaturas y la posibilidad de recuperar los suspensos con exámenes de septiembre.

– El establecimiento de distintas ramas o itinerarios a partir de 3º de la ESO.

– La posibilidad, para alumnos con 15 años cumplidos, de terminar la Secundaria Obligatoria cursando unos programas especiales de iniciación profesional en los que, a cambio de reducir los contenidos a lo esencial, se propone al alumno el aprendizaje de un oficio.

– La autorización a los profesores para que, en casos excepcionales, no permitieran la permanencia en los centros escolares a determinados alumnos después de haber cumplido los 16 años.

– La atribución a las administraciones educativas autonómicas de un mayor poder de decisión a la hora de seleccionar a los directores de los centros públicos.

– La posibilidad de "especializar curricularmente" los centros públicos.

En cuanto a la filosofía que inspiró la elaboración de esta ley, es importante señalar que en el preámbulo de la LOCE se expone la razonable intención de resucitar el valor de la instrucción, del estudio y del esfuerzo personal.

Estos "parches" que pretendía poner la ley del PP a un sistema que estaba haciendo agua por todas partes no fueron del agrado de los creyentes de la LOGSE porque, decían, convertía el sistema "integrador" de su ley en otro "segregador". Dado que esos creyentes militan en las filas de la izquierda que ganó las elecciones el 14 de marzo de 2004, la reacción inmediata del nuevo presidente, Rodríguez Zapatero, anunciando la paralización de la LOCE, si bien pudo sorprender al común de los ciudadanos, para quienes se mueven en el terreno de la educación era perfectamente imaginable.

Aunque algunos artículos de la LOCE ya estaban siendo aplicados en el curso 2003-04, la organización de las enseñanzas, como tal, precisaba de un posterior desarrollo normativo que hacía imposible comenzar una implantación escalonada antes del curso 2004-05. Por otra parte, la ley establecía un plazo máximo de cinco años, a contar desde su publicación, para quedar totalmente implantada.

Apenas había transcurrido un mes desde la formación del nuevo Gobierno socialista cuando el Ministerio de Educación publicó en el BOE el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se establecía un nuevo calendario de aplicación de la LOCE. Este nuevo calendario retrasaba la implantación de las nuevas enseñanzas hasta el curso 2006-07. Con ello, la nueva ministra, María Jesús San Segundo, disponía de dos años para elaborar una nueva ley de Educación.

3. La futura Ley Orgánica de Educación, vuelta al sectarismo demagógico

El pasado 22 de julio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la que, previsiblemente, será la próxima Ley Orgánica de Educación (LOE). Según este proyecto, la LOE apuntalará el sistema unificado de 6 a 16 años establecido por la LOGSE y respetado por la LOCE, reafirmándose en los principios que inspiraron la primera ley socialista y corrigiendo las posibles "desviaciones" que la LOCE pretendía introducir a la llamada "comprensividad".

El proyecto comienza, como toda ley, con una exposición de motivos donde se echa en falta algo fundamental: la explicación de por qué el Gobierno ha llevado a cabo una medida tan insólita como la paralización de una ley orgánica que estaba vigente y que había sido aprobada por un Gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos.

¿Por qué no dice el Ministerio de Educación cuáles han sido realmente los motivos que han llevado al Gobierno a elaborar una nueva ley de educación cuando la LOCE ni siquiera había tenido la oportunidad de demostrar si era una buena o mala? ¿Acaso ha sido simplemente la necesidad de borrar de la historia de la educación una ley elaborada por un Gobierno del Partido Popular? ¿Acaso los socialistas están tan soberbiamente convencidos de que la educación de los ciudadanos es patrimonio exclusivo de la izquierda que recurren a cualquier subterfugio legal para impedir que se cumpla una ley elaborada por un Gobierno de derechas?

Según parece, lo que los socialistas, y la progresía en general, no podían admitir es que la Ley de Calidad no fuera respetuosa con su sagrado principio de la "equidad". De ahí la necesidad de impedir que se implantara y la premura por preparar un nuevo texto legal que propusiera medidas inspiradas en lo que para la izquierda se ha convertido en dogma incuestionable: "No puede haber calidad sin equidad".

Según se desprende del texto del proyecto de la LOE, recientemente aprobado, esa equidad tiene, para el actual Gobierno, un doble significado. Por un lado, se trata de que se repartan los alumnos "difíciles" de forma "equitativa" entre la enseñanza pública y la concertada, y, por otro, consiste en impedir a toda costa que se tenga en cuenta el mérito académico de los escolares en los años de educación obligatoria.

El empeño que mostraron los elaboradores de la LOCE por fomentar el esfuerzo individual del alumno tampoco fue del agrado de los sectores progresistas de la educación. De ahí que, como principio inspirador de la futura ley, se hable de esfuerzo, sí, pero de un "esfuerzo compartido", puesto que, como se dice textualmente, "el responsable último de la educación es toda la sociedad". Esa sociedad intangible a la que nunca se le podrán pedir cuentas, pues, como diría Isaiah Berlin, es demasiado grande y está demasiado alejada del individuo[1].

Estos dos principios de "equidad" y "responsabilidad compartida" son los que inspiran casi todas las medidas que la LOE propone para resolver los problemas que aquejan a nuestro sistema educativo. Así, por ejemplo, dado que es "el sistema" quien debe asumir la responsabilidad del fracaso escolar, no es el alumno el que debe esforzarse por aprender y aprobar, sino que son el centro escolar y las administraciones educativas quienes deben poner todos los medios y recursos a su alcance para que lo haga: se suprimen los exámenes de septiembre, se limitan las repeticiones de curso y se vuelven a proponer lo que llaman "programas de diversificación curricular", que no son otra cosa que planes de estudio a la carta.

Apelando a la "equidad", la LOE pretende eliminar todas aquellas disposiciones de la LOCE que ponían en peligro ese modelo genuinamente socialista que es la "escuela comprensiva". Así, en el proyecto de ley desaparecen los itinerarios en 3º de ESO, se elimina la posibilidad de iniciar antes de los 16 años un programa de formación profesional y se impide que un alumno pueda ser obligado a abandonar el centro escolar antes de los 18 años.

Podía el Gobierno de Rodríguez Zapatero haber actuado de forma parecida a como lo hizo el líder del partido laborista británico en 1997, cuando ganó las elecciones. Y es que Tony Blair, a pesar de que el National Curriculum había recibido muchas críticas de los sectores considerados más progresistas, no solamente mantuvo las medidas del gobierno Thatcher, sino que, basándose en un estudio en el que se denunciaba que los resultados académicos habían descendido en los últimos años a causa de unos "dogmas más que cuestionables" que imperaban entre los profesores, hizo que el partido laborista cambiara totalmente su política educativa.

Es más, cuando en febrero de 2000 Tony Blair presentó ante la prensa británica el programa electoral de su partido para las elecciones de 2001 lo hizo con una declaración que supuso un duro golpe para la pedagogía progresista del siglo XX: "A pesar del idealismo que acompañó la creación de las Comprehensive Schools, solamente una minoría de alumnos ha conseguido resultados aceptables. Ha llegado la hora de poner fin a la ‘comprensividad’, que ha hecho fracasar a muchos escolares durante 35 años".

Esta sincera declaración dejó a Blair las manos libres para legislar, olvidándose de ese principio de la "equidad" que había hecho fracasar a más de una generación de escolares. No sólo mantuvo todos los exámenes dispuestos en el National Curriculum, sino que vigiló el rendimiento académico en los centros escolares, estableció un ranking público de colegios, amenazó con cerrar aquellos que no obtuvieran resultados aceptables y apoyó la especialización de centros de enseñanza media.

Bien es verdad que el ejemplo de Blair escandaliza a buena parte de la Europa progresista, que, dominada por la corrección política, no se atreve a renunciar a sus demagógicos principios educativos. Sin embargo, los datos muestran cómo la sociedad está perdiendo la confianza en la escuela pública y, silenciosamente y con una cierta hipocresía, reacciona en contra del discurso general de sus políticos. En Francia, el Gobierno ve aterrado cómo la demanda en centros privados crece de forma inconcebible para un país que ha estado orgulloso de su sistema de Educación Nacional. Pero aún más inaudito es lo que está ocurriendo en Suecia, donde una escuela privada que era minoritaria cada día adquiere más prestigio, y el Gobierno socialdemócrata se ha visto incluso obligado a instaurar un cheque escolar.

En España, esta reacción se refleja en el crecimiento de la demanda de plazas escolares en centros concertados. Los concertados están obligados a dar las mismas enseñanzas que los públicos y a ofrecer estas enseñanzas gratuitamente en las etapas obligatorias. El Estado corre con el gasto del profesorado, pero permite que los centros cobren alguna cantidad a los padres en concepto de actividades extraescolares.

Los conciertos, que son un invento socialista, podrían entenderse como una especie de cheque escolar pero con un matiz más intervencionista, dado que la ayuda económica no la recibe directamente la familia sino el colegio. En realidad, los concertados son centros sostenidos con fondos públicos pero de titularidad privada.

Desde que se implantó la LOGSE, la demanda de plazas en centros concertados ha ido en aumento. La izquierda acusa al Partido Popular de favorecer la proliferación de centros concertados y descuidar la red pública. También suele decirse que la mayor parte del alumnado conflictivo acude a la enseñanza pública y no a la concertada. Habría que estudiar bien si hay algo de cierto en estas críticas, pero lo que sí es seguro es que lo que, esencialmente, mueve a las familias a preferir los centros concertados es la búsqueda de esos valores pedagógicos de los que reniega la progresía española, como el orden, la disciplina, la exigencia académica y el respeto a la autoridad de los profesores. Curiosamente, una buena parte de los padres que apoyan, votan e incluso militan en partidos de izquierdas, a la hora de escolarizar a sus hijos solicitan plaza en colegios privados o concertados.

El Gobierno que salió de las urnas el 14 de marzo de 2004 ha proyectado una ley totalmente demagógica que no parece nacida de la preocupación, compartida por casi todos los países que nos rodean, de mejorar los resultados de la enseñanza, de devolver la autoridad al profesor, de mejorar la convivencia en los centros escolares resucitando el valor de la disciplina, sino que más bien responde al deseo de satisfacer al núcleo más sectario de la izquierda. Con este proyecto de nueva ley el Gobierno está demostrando que para los socialistas españoles del siglo XXI sigue siendo más importante adoctrinar a través de la educación que formar ciudadanos bien instruidos, competentes, responsables de sus actos y capaces de orientar y organizar su vida según sus capacidades y aficiones.