La ruptura de España: el papel de la electricidad, de La Caixa y de la OPA de Gas Natural

I. Introducción

¡Vaya momento ha escogido el Gobierno socialista para hacer política en el sector eléctrico! Éste, en su conjunto, se enfrenta a una situación muy complicada, parecida aunque, por fortuna, mucho menos grave que la que tuvo lugar a finales de los años 70. En esa ocasión la resistencia de los gobiernos de la época a trasladar a precios la subida del precio del petróleo resultó en la práctica suspensión de pagos del sector y, finalmente, en una brutal subida del precio de la electricidad, que se produjo entre 1979 y 1982 y que reflejó, simplemente, el aumento de los costes de producción, la subida de los tipos de interés y la moratoria nuclear.

En la actualidad, el sector se encuentra a medio camino entre la liberalización y la competencia, por una parte, y la hiperregulación gubernamental, por otra. A pesar de lo que se habla de competencia, tan solo el 35%, aproximadamente, de las ventas finales de electricidad –y en retroceso– se hace a precios libres, negociados con los consumidores. El resto, en torno al 65%, se vende a precios fijos, a tarifa, determinados por el Gobierno español. Y no crean que todo el mundo paga lo mismo. Hay industrias, como la siderurgia, el aluminio y los fertilizantes, que la pagan a un precio inferior al 50% del coste de producción. Una situación, aunque no tan extrema, es común en otros sectores industriales, sometidos –o agraciados con– a otras tarifas gubernamentales. Por su parte, las familias pagan precios sólo ligeramente superiores a los costes promedio de producción. En conjunto, el total de lo que recauden en 2005 las empresas eléctricas por sus actividades de generación, distribución y comercialización generará un déficit – denominado "de tarifa"– del orden de los 3.000 millones de euros –según la apreciación de Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola–, que asumirán, por decreto, las grandes empresas: Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, básicamente; con la esperanza de que el Gobierno de turno les compense. Una situación que puede adquirir rasgos muy políticos, porque nadie puede obligar al Ejecutivo a que compense a estas compañías. Peculiaridades de la regulación del sector.

Lo que ocurre es que, de una u otra forma, se sigue considerando que el suministro de electricidad es un servicio público, al que los principales distribuidores –que son los principales generadores eléctricos, por otra parte– se ven obligados, a los precios que decida el Gobierno. Consecuencia: es difícil que el sector hable públicamente de sus problemas, pues el poder arbitrario del Gobierno puede tener efectos deletéreos en unos u otros, a elección, y gusto, del ministro de Industria de turno.

Ocurre que, a pesar de la relativa liberalización, el sector eléctrico sigue estando enormemente regulado; hasta tal punto que, por poner ejemplos, tanto sus inversiones como sus redes de distribución, incluso el tipo de energía que utilizan las empresas, dependen del visto bueno, o de la no oposición, del Gobierno.

II. De la congelación de las tarifas a la hiperregulación con liberalización

En los últimos años, y sobre todo a partir de 1996, tuvo lugar una serie de hechos que han transformado el sector eléctrico español; tanto que, por decreto, fue posible rebajar las tarifas oficiales del orden del 30% en términos nominales sin que se resintiera la salud financiera de las empresas eléctricas. Hasta 2002 esa política fue posible por varios factores: el primero, el descenso de los tipos de interés a partir de 1996, un dato determinante en el caso del sector, pues tanto la generación como la distribución necesitan, en las épocas de fuerte inversión, hacer uso de voluminosos créditos. Sin embargo, y en segundo lugar, esas grandes inversiones, cuando se amortizan, hacen disminuir drásticamente sus costes financieros. Algo que también ocurrió a partir de principios de los 90. En tercer lugar, en esos años no era necesario prever nuevas inversiones, pues había un gran exceso de capacidad de producción de energía, tras la tremenda crisis del 75 al 85, y que, de hecho, se extendió después, desde 1990 hasta 1994. Consecuencia: cualquier aumento de la demanda se pudo cubrir sin nuevas inversiones. En cuarto lugar, a partir de 1985 se desplomaron los precios del petróleo y de todos los productos capaces de generar energía. En 2001-2002, hace apenas tres años, el precio del barril de petróleo alcanzó promedios en torno a los 12-15 dólares.

A resultas de estos hechos, y a pesar del descenso de las tarifas que impusieron los sucesivos gobiernos del PP, las compañías eléctricas fueron capaces –sobre todo cuando la economía española empezó a crecer ininterrumpidamente, y con un aumento más que proporcional de la demanda de electricidad– de generar ingresos suficientes para reducir su deuda. Algunas de las grandes, como Endesa, no se quedaron quietas, sino que aumentaron su tamaño, buscando economía de escala y precios más remuneradores que los españoles en otros mercados, tanto europeos como iberoamericanos.

Con el petróleo a 60 dólares/barril, el carbón al doble que hace tres años y el precio del gas natural ligado al del petróleo, el precio de la electricidad debería estar subiendo con rapidez, tal y como ocurre con combustibles como las gasolinas y el gasóleo. Aunque esa subida no tiene que ser tan drástica para el conjunto de la economía española, porque nos protege el mix de producción: el 20-25% de la electricidad es de origen nuclear, y es obvio que sus costes de producción no han subido. Cerca del 20-25% de la electricidad es de origen hidráulico: en este caso tampoco afecta la situación del petróleo, aunque sí la presencia o ausencia de agua embalsada. Un porcentaje alto, del orden del 30%, mayor en Endesa que en otras empresas, se produce con carbón, que aunque ha subido de precio no lo ha hecho tanto como el petróleo y el gas. Pero cada vez se produce más energía eléctrica con gas natural, en ciclos combinados, con los precios del combustible cada vez más altos, aunque la inversión en equipamiento industrial sea menor que si se utilizaran otros sistemas de generación. Una cantidad reducida, básicamente en Canarias y Baleares, se produce con fuel oil, que también se usa, a altísimo coste, en toda la península cuando la demanda se dispara. Y cerca del 6% tiene origen eólico, cuyo coste fijo de producción dobla el promedio del de todos los otros. Si en un año, como en 2005, confluyen factores como la sequía y las averías o recargas en algunas plantas nucleares, hay que acudir más que antes al fuel oil y al gas natural, con una consecuencia lógica: el aumento de los costes de producción y el "déficit de tarifa".

Y el panorama es complicado, pues nuestro Gobierno sigue diciendo que va a cerrar las plantas nucleares y restringir el uso del carbón. Todo se hará depender, en un futuro, según los planes oficiales, aprobados por el PP y ratificados por el PSOE, del suministro de gas natural y de su precio en los mercados internacionales, lo que significa volatilidad e incertidumbre, pues España tiene pocos suministradores estables desde un punto de vista político (los principales son Argelia y Nigeria). Por otra parte, sólo hay un gasoducto y cuatro plantas regasificadoras, más dos en construcción, en todo el país.

Con este panorama, influido económicamente por los precios del petróleo y el gas, y sobre la base de decisiones políticas incoherentes, como decir no sólo que no se van a hacer nuevas plantas nucleares, sino que se van a cerrar las existentes a medida que se vayan amortizando, y conscientes de que de la salud del sector dependen muchos otros sectores económicos y de que nuestra competitividad internacional también está afectada por el nivel de precios de la electricidad, el actual Gobierno encargó un Libro Blanco a un grupo de expertos supuestamente independientes para que le propusieran políticas de futuro. Una de las propuestas más claras de dicho documento era la de que hay que evitar la concentración de empresas. Otra, y con razones sólidas, era analizar si era mejor continuar el proceso de liberalización diseñado por el Gobierno del PP, pero nunca finalizado, o re-regular, para asegurar un nivel de inversión y de calidad suficientes en el suministro de electricidad. En definitiva, se trataría de dar garantía al sector, a los inversores institucionales y al mercado de que podrían invertir sin temor, porque se les aseguraría una rentabilidad adecuada vía precios de venta oficiales, es decir, vía tarifas.

Para finalizar con este capítulo de intervencionismo público, no está de más recordar los continuos pronunciamientos del Gobierno en el sentido de que hay gestores, presidentes y consejeros en muchas empresas privatizadas que no le gustan, y que intentará, como ya ha hecho en otras muchas compañías, cambiarlos por otros de su confianza; es decir, nombrando a sus amigos: políticos y de pupitre, competentes e incompetentes.

III. Los movimientos empresariales: opas y contraopas

Durante el Gobierno del PP hubo diversos intentos de opas en el sector, unos consentidos y otros no. La Administración popular rechazó, por ejemplo, la fusión de Hidrocantábrico con Unión Fenosa y la de Endesa con Iberdrola. El motivo, en ambas ocasiones, fue asegurar la competencia tanto entre generadores como entre distribuidores y comercializadores de energía. Un argumento insuficiente, porque ese mismo Gobierno no fue capaz de culminar la liberalización. De hecho, mantuvo las tarifas para más del 65% de la demanda final de energía eléctrica. También fue rechazada la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, por las mismas razones.

Todos esos intentos empresariales de concentración se produjeron en un contexto de energía barata y sobre la base de que, en un momento determinado, habría precios libres para todo el mundo. Y todas las grandes empresas generadoras, en concreto Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, y las que podrían serlo, como Gas Natural y Repsol, querían que, cuando se llegara a esa situación de libertad, su esquema de costes de producción fuera el mejor posible. En libertad, el tamaño es imprescindible, tanto para generar economías de escala como para diversificar los ingresos, garantizando un mayor equilibrio a largo plazo de la cuenta de resultados; una estrategia en la que Endesa, creyendo que tal liberalización se produciría en algún momento, ha invertido sustancialmente en dinero y dedicación; y con gran éxito, del que intenta apropiarse ahora, pero sin pagarlo, La Caixa.

Pero ¿qué sentido tiene, en una situación eléctrica como la que hemos descrito, con un problema de tarifas, que Gas Natural haga una OPA sobre Endesa? ¿Por qué se ha sumado, o por qué ha participado, desde antes del principio, Iberdrola? ¿Hay una lógica empresarial en esa OPA o es sólo una operación política? Y si es una operación política, ¿cuál es el objetivo político que persigue el Gobierno? Intentaré, con los datos que tenemos, dar respuesta a los mencionados interrogantes.

Un mercado con déficit de tarifas

En estos momentos el Gobierno debería estar pensando en subir todas las tarifas o en liberalizar totalmente los precios de electricidad. Cualquiera de esos dos movimientos es imprescindible para asegurar que España siga contando con un sector eléctrico capaz de suministrar electricidad a una economía que sigue creciendo a tasas superiores al 3% anual mientras la demanda de electricidad lo hace en torno al 6%, también anual. Ya hemos adelantado que en 2005 se va a producir un déficit de tarifas del orden de 3.000 millones de euros. Si en 2006 se repite la situación de sequía y el precio del gas, en concreto, sigue subiendo como el del petróleo, dicho déficit puede ser muy superior, si no se incrementan suficientemente las tarifas. El sector eléctrico en su conjunto, y las grandes empresas en particular, con diferencias entre ellas, tendrían un serio problema financiero y de rentabilidad. Por supuesto, nadie quiere que suban las tarifas: ni los consumidores, ni el Gobierno del PSOE –por repercusiones electorales–, ni los responsables de la política económica del propio Ejecutivo, pues la repercusión en el IPC sería inevitable. Aunque, por otra parte, esos mismos encargados de la política económica saben que retrasar la subida es una gravísima irresponsabilidad. Como siempre, para un Gobierno débil, subir tarifas es un problema delicado.

Desde un punto de vista empresarial, una OPA sobre una compañía cuyos ingresos dependen, en parte, de las tarifas no parece una decisión lógica, en una situación regulatoria tan incierta como la actual. Excepto si la situación de la propia Gas Natural fuera mucho más delicada de lo que parece. Analicémoslo. Por una parte, el virtual monopolio del suministro de gas natural, la única fuente energética contemplada tanto por el anterior como por el actual Gobierno para incrementar la oferta de energía eléctrica, lo tienen Gas Natural y Repsol, empresas ambas controladas por La Caixa. En el caso de Gas Natural, su monopolio de oferta de gas podría no servirle de nada si el actual Ejecutivo congela los precios de venta de electricidad, para lo cual lo único que tiene que hacer es no modificar las tarifas. Gas Natural podría encontrarse con mucho gas, comprado en terceros países, posiblemente a precios altos, a precios de mercado; pero sólo podría beneficiarse de esa situación si las empresas generadoras de energía se lo comprasen. Pero ¿para qué se lo van a comprar si la generación de electricidad produce pérdidas?; o ¿por qué no hacer más plantas generadoras sobre la base del carbón, a pesar de Kioto, cuando el efecto medioambiental de estas tecnologías está minimizándose? Gas Natural depende, en consecuencia, mucho más que las otras empresas del sector de la política tarifaria del Gobierno.

Mucho más que Endesa, por ejemplo. Y cuando uno es débil, como lo es Gas Natural, lo mejor es unirse a los más fuertes. Pero en lugar de proponer una unión Gas Natural comienza una guerra, desde la debilidad que significa su monocultivo del gas, para quedarse con la empresa más grande del sector, Endesa. Seguimos con el análisis, pero no olviden dos datos: Gas Natural podría encontrarse en una situación muy débil y es muy consciente de su dependencia del Gobierno.

La posición de Endesa es mucho más fuerte, en particular en un mercado con déficit de tarifas. Su producción de electricidad por medios nucleares no sufre de problemas de aumento de costes. Tiene un porcentaje significativo también de generación hidroeléctrica, que depende de la lluvia, no del Gobierno. Tiene inversiones significativas en Portugal, Italia y Francia, países sin problemas tarifarios y regulatorios de esa intensidad. Tiene inversiones considerables en Iberoamérica, en mercados difíciles pero más rentables que el español y donde ya se han ajustado los valores de inversión. Tiene una parte importante de la producción de electricidad ligada al carbón, nacional y de importación. Y los precios del carbón, al menos el internacional, se fijan por la oferta y la demanda, que, por supuesto, resulta afectada por la falta de oferta suficiente de petróleo, pero sus precios de adquisición son sustancialmente más bajos que los del petróleo y hay garantía de cierta estabilidad en el futuro. Tiene una deuda reducida. Tiene gran tamaño –es una de las grandes europeas y mundiales–, economías de escala y capacidad de gestión reconocida.

Lo único que podría afectar negativamente a Endesa, si el Gobierno congela las tarifas, sería la operación de los ciclos combinados con gas natural y la producción eléctrica en las islas, que se hace básicamente con fuel oil. Pero su posición global es muy sólida, incluso aunque la debilidad del Ejecutivo se traduzca en congelación de tarifas.

Si la OPA tuviera éxito, los actuales accionistas de Endesa se encontrarían con algo de liquidez y con dos tercios de su anterior inversión en acciones de Endesa en acciones de Gas Natural; una empresa, ésta sí, dependiente de las tarifas del Gobierno. Y aunque sería dueña de Endesa, sería una Endesa disminuida en lo nacional y lo internacional, y por tanto en su capacidad de generar economías de escala y beneficios para los accionistas del nuevo conglomerado. Y dependiente de Argelia, Marruecos y Nigeria.

La participación de Iberdrola

La diversificación productiva de Iberdrola es similar a la de Endesa, aunque tiene más energía hidroeléctrica y menos carbón. Una posición, hasta hace poco, mejor que la de Endesa. Pero en un entorno de altos precios del petróleo y del gas natural, y con poca agua, su situación es de mayor debilidad. Y de mayor dependencia del Gobierno. Pero si, empresarialmente, se le garantiza que va a poder quedarse, a un precio pactado con los gestores de Gas Natural, con una serie de activos de su competidora Endesa, situados tanto en España como en el extranjero, y que esa compra la convierte en la primera empresa eléctrica de España, y que, además, tiene detrás al Gobierno, su reacción lógica es la de sumarse a la OPA.

Aunque quizá se equivoque; máxime si ayuda a poner en marcha un proceso en el que quien controlará todo no será el equipo gestor de Iberdrola, ni el de Gas Natural, sino el de La Caixa, que, además, en un momento determinado, será sustituido por otro nombrado directamente por el tripartito catalán y el Gobierno socialista español. Su posición sería o bien la del que se beneficia de una buena racha inesperada o bien la del conspirador que cree que puede controlar al Gobierno español, al tripartito catalán y, en su caso, a los nacionalistas del PNV. Es lo que se denomina vulgarmente intentar cabalgar sobre un tigre.

La opabilidad de Endesa y la de Gas Natural

Endesa es una empresa que siempre podrá ser opada. Un 85% de sus accionistas son particulares o fondos, nacionales o extranjeros, que buscan rentabilidad a su inversión. Por el contrario, Gas Natural es difícilmente opable. Entre La Caixa y Repsol controlan el 65 % del capital, y a su vez Repsol es controlada por La Caixa. ¿Se mueve La Caixa por criterios de rentabilidad, como cualquier otra entidad financiera, incluso, me atrevería a decir, como la mayoría de las cajas de ahorro? La respuesta es negativa. Es notoria la ramplona gestión del negocio puramente bancario de La Caixa, que ostenta bajas ratios de eficiencia y baja rentabilidad.

Donde sí se ha posicionado bien La Caixa es en el mercado del trapicheo político. Cada vez, desde la Transición, que alguien en el Gobierno español llegaba a la conclusión de que podría comprarse a los nacionalistas catalanes, antes de Pujol y ahora del tripartito y del PSC, La Caixa recibía un pago en forma de participaciones empresariales. Por esta vía se han hecho dueños de un enorme paquete de participaciones en toda España. Analicen sus balances y comprobarán que las compras de esos paquetes de acciones de empresas, siempre a bajos precios, se llevan a cabo no con los beneficios de las actividades bancarias habituales, sino que son fruto de pactos políticos en momentos determinados.

No es una situación exclusiva del nacionalismo catalán. En el caso del País Vasco, el intento de comprar la lealtad de los nacionalistas a la Constitución se llevó a cabo en dos fases. En la primera, en el momento de la aprobación de la propia Constitución, se fijó un cupo fiscal que permitía al País Vasco pagar menos impuestos que cualquier otra autonomía, pobre o rica; en la segunda, época de los gobiernos del PP, ese cupo se fijó definitivamente. Ya no habrá que renegociarlo cada cierto número de años.

Es un error suponer que las cajas de ahorro no tienen accionistas ni dueños. Son propiedad –mayoritariamente– de los partidos políticos, que nombran a sus consejeros en función de su peso político en ayuntamientos y autonomías, con alguna notable y meritoria excepción, como Caja Madrid, donde hay consejeros generales y miembros del Consejo de Administración de asociaciones independientes elegidos por votación entre los impositores, además de representantes de sindicatos y asociaciones no políticas.

Desde la Transición hasta el 11M –el día del atentado político que cambió, por ahora, el destino de España–, en general, los políticos, y las personas que han designado éstos como administradores y gestores de la mayoría de las cajas, han hecho un buen trabajo. De hecho, se han gestionado mejor las cajas que muchos bancos privados, que ya han desaparecido, tanto por la dura competencia como por errores propios. Las cajas han estado sometidas a la misma competencia que los bancos, y han tenido muchos menos problemas porque han tenido hasta ahora gestores rigurosos.

La razón hay que buscarla en el buen funcionamiento del sistema de reparto de poderes establecido por la Constitución. Los políticos de las distintas autonomías han sido conscientes de que las cajas no se podían utilizar para hacer política de partido, ni para financiar un desarrollo regional autónomo, ni para financiar aventuras empresariales de grupos ligados a ellos. La misión de las cajas, respetada hasta hace poco por todos, era conseguir beneficios y, con ellos, realizar una ingente labor social, benéfica y cultural. A los gestores se les ha dejado, en general, manos libres, para que gestionaran los depósitos que les confiaban los españoles, a fin de que los invirtieran libremente y de que compitieran con las demás entidades financieras, tanto dentro como fuera de España. Su gestión, con algunas lagunas, ha sido positiva. Hay casos llamativos de favoritismo empresarial y político, de créditos injustificados, de nombramientos sin apoyo en la formación y la experiencia. Pero en su conjunto el sector se ha comportado excepcionalmente bien. Hasta ahora.

Hasta ahora, en que, a instancias de los nacionalistas catalanes y de los del PNV y Batasuna, e impulsada por el Gobierno español, La Caixa ha roto las reglas del juego. La Caixa ha pasado de ser el receptor de las exacciones políticas del nacionalismo catalán a los diferentes gobiernos españoles a ser el financiador de la ruptura de España. Las cajas corren el peligro de convertirse, con un Gobierno que no respeta la Constitución, con un presidente que sueña con reiniciar la Guerra Civil para ver si esta vez ganan los suyos, en un instrumento de los poderes políticos. Y las cajas, en manos de políticos secesionistas, pueden convertirse en instrumento de la ruptura de España.

Es el caso que analizamos. Si alguien lanzara una OPA sobre Gas Natural, fuera cual fuese el precio, probablemente no tendría éxito, pues la inversión de La Caixa, directa e indirecta, es política. Responde al deseo nacionalista de controlar la energía eléctrica y el suministro de gas, tanto a Cataluña como a las tierras consideradas los "países catalanes" por los catalanistas. Por el contrario, dada la composición accionarial de Endesa, el que siga siendo una sociedad independiente dependerá del precio que se esté dispuesto a pagar por ella; al margen de si la concentración que se pretende vulnera o no las normas de competencia españolas y comunitarias. Y de si el procedimiento de OPA iniciado ha respetado, o no, otras normas legales.

Los estatutos que se están elaborando en Cataluña y el País Vasco son inconstitucionales. La utilización de los medios financieros de las cajas de ahorro de esas autonomías para financiar la secesión es consecuencia directa del citado planteamiento rupturista. Las cajas han jugado un papel fundamentalmente positivo en el desarrollo del sistema financiero español. Han contribuido decisivamente a modernizar la economía española y a financiar a las familias españolas. Han contribuido, en su lucha por conseguir clientes, a que los tipos de interés sean más bajos en España que en prácticamente todo el mundo. Lo que nadie podía prever es que se convirtieran –en algunas autonomías controladas por los nacionalistas– en instrumento de la secesión territorial.

Ha terminado otra fase del desarrollo de las cajas. No pueden seguir dependiendo, directa ni indirectamente, de los partidos políticos, pues, desgraciadamente, hay partidos que no respetan la Constitución; y el poder económico que puede ejercerse utilizándolas torticeramente no está previsto en los estatutos de las propias cajas ni en la Constitución.

¿Operación política o empresarial?

Al margen de lo ya expuesto, hay otras razones de peso que ahondan el carácter político de la operación; en primer lugar, el precio que ofrece Gas Natural y la participación de Iberdrola. Al precio anunciado, que según los gestores de Gas Natural no será modificado, Gas Natural se haría con el 100% de Endesa entregando a los actuales accionistas de Endesa 7.500 millones de euros y acciones de Gas Natural. Pero como Iberdrola compra activos por valor de entre 7.000 y 9.000 millones, sin ningún desembolso, en un sistema "gratis total", los gestores de Gas Natural serían capaces de controlar la empresa fusionada. Mejor dicho, la controlarían La Caixa y el tripartito nacionalista catalán, con el visto bueno del Gobierno rupturista de Zapatero. En aras del supuesto respeto a la legislación española sobre competencia, la operación podría ser todavía mejor para Gas Natural o La Caixa, pues los nuevos gestores estarían más que dispuestos a enajenar todavía más activos de la actual Endesa.

No pierdan de vista la posibilidad de que se dé un peso relevante a las cajas andaluzas –controladas por el PSOE– en una nueva Sevillana de Electricidad. O los posibles pactos de Zapatero con Kirchner, al que quizá devolviera –a bajo precio– las compañías argentinas que hoy controla y explota Endesa. El acuerdo puede extenderse a la totalidad de Enersis, pues si el partido socialista chileno volviera a ganar las elecciones quizá le gustaría recuperar esa empresa, aunque no fuera más que para vendérsela a otra firma extranjera.

Otro factor avala el carácter político de la operación. El momento elegido es el del anuncio de la falta de acuerdo en el nuevo estatuto catalán. La compensación que ofrece el Gobierno español al PSC y a Esquerra aparece al día siguiente: se llama Endesa, y, una vez más, se entrega a La Caixa. Al margen de lo que crean los gestores de Gas Natural.

Hay otros muchos datos que avalan el carácter político de la operación: lo anunciado contradice lo expuesto en el Libro Blanco sobre la energía, al que ya se ha hecho referencia. Aún peor, las reacciones oficiales del Gobierno español han sido de alabanzas a la OPA; sin molestarse en explicar lo que ve en ella de positivo o negativo. No han tenido siquiera la prudencia de mostrarse neutrales, al menos hasta que se hayan pronunciado todas las instancias legales.

Pero en la Cataluña política, controlada y corrompida por el nacionalismo, la operación se vende bien. Se recupera la antigua FECSA, desaparecida por la mala gestión de sus anteriores accionistas, básicamente miembros de la burguesía nacionalista designados por cajas y bancos catalanes que fueron quebrando por su mala gestión, como, por ejemplo, la Banca Catalana de Jordi Pujol.

Recientemente (31-VIII-2005) apareció en La Vanguardia un documento revelador. Un grupo de empresarios y financieros, supuestamente moderados, supuestamente cercanos al Partido Popular, supuestamente ilustrados, pedían, ellos también, un nuevo estatuto. Pedían nuevas competencias para su autonomía, sin detenerse en si eran constitucionales o no. Lo importante para ellos era, y es, no sentirse marginados de la marea nacionalista que lo envuelve todo en Cataluña. Una violencia inconstitucional que en el País Vasco ha producido una generación de valientes que luchan y mueren por su libertad, y por la de todos los españoles, en Cataluña ha dado lugar a una burguesía cobarde, deseosa de participar en el poder corrupto del nacionalismo. Es esa burguesía que gusta de distinguir entre el nacionalismo maleducado de ERC y el supuestamente moderado de PSC y CIU. Son los hombres que se identifican con Piqué, que de tanto travestirse políticamente a lo largo de su vida ya no saben qué defienden, ni en Cataluña, ni en Madrid ni en el resto de España.

El objetivo final

Un primer objetivo es comprar Endesa, con un sistema "gratis total" para los accionistas de Gas Natural. Un segundo objetivo es dar a La Caixa el control de toda la energía producida en Cataluña. Un tercero sería recolocar al nacionalismo vasco en la gestión de Iberdrola, aunque sus actuales gestores no lo crean posible, por más que el mayor accionista de esta empresa sea la BBK, que ahora quiere fusionarse con las otras dos cajas vascas al objeto de hacer, ellas también, un banco vasco para preparar la independencia. Un cuarto objetivo sería aumentar el peso económico y financiero de La Caixa, que crecería todavía más, no sólo en Cataluña sino en el resto de España, con la ayuda del Gobierno de Zapatero.

¿Cómo va a haber un país independiente –piensan los nacionalistas catalanes y vascos– sin un banco nacional, máxime si, probablemente, habría un problema de tiempo de acomodo con la Unión Europea y el propio Banco Central Europeo? (No un problema definitivo, por supuesto: Francia velará por que España se desintegre con rapidez en el seno de las instituciones europeas). Pero, en esa tesitura, tener una institución que pueda hacer de banco nacional se considera positivo por todos los nacionalistas, máxime si los depósitos y los beneficios se consiguen con inversiones en la fenecida España, antigua nación, mañana sólo Estado confederal.

Y después, en algún momento, hablaríamos de los temas propiamente eléctricos. De las tarifas, que habría que discutir con el Gobierno. De los precios para industrias determinadas, que habría que discutir tanto con el Gobierno catalán como con el vasco. Se modificarían las leyes de competencia, algo relativamente sencillo en un sector que nadie quiere liberalizar totalmente, a imagen y semejanza de lo que siempre ha hecho Francia. Y contaríamos con la colaboración ilustrada de esa parte de la burguesía catalana y vasca acomodada al nacionalismo y dispuesta siempre, según sus propias manifestaciones, a discutir –eso es todo– con los nacionalistas radicales, para que la ruptura con España se plantee moderadamente. Aunque al día siguiente se persiga y expulse a los no nacionalistas.

Un nuevo sector eléctrico, acoplado a nuevas naciones, con precios diferentes para proteger determinadas industrias de esas nuevas naciones. En el contexto de un Estado confederal español, porque España ya no será una nación, pues, como dice Zapatero, ése es un concepto muy difuso y él no acaba de entenderlo, por más que su socio y mentor Maragall no pare de hablar de la nación catalana.

IV. Conclusión

Las consecuencias de una OPA politizada como la que hemos analizado nos han llevado muy lejos. Quizá disparatadamente lejos. Pero hay una forma de suprimir las sospechas y temores de los españoles que nos amparamos en la Constitución y nos declaramos constitucionalistas, tanto dentro de Cataluña y del País Vasco como en el resto de España: modificar los términos de la OPA y que La Caixa, el Gobierno tripartito catalán y el Gobierno español adquieran una serie de compromisos.

1º) El precio inicial ofrecido estaría en consonancia con las estimaciones de valor de la mayoría de los analistas de bancos de inversión, que se mueven en torno a los 21- 23 euros por acción.

2º) Todo el precio se pagaría en dinero. En otro caso, habría que analizar cuidadosamente el valor de Gas Natural. Su actual asesor para la OPA, el UBS, a finales de enero de 2005 consideraba –si no me equivoco– que la compañía estaba sobrevalorada en un 19%; nada más y nada menos.

3º) Se respetarían escrupulosamente, sin coacciones, las decisiones de todas las instancias legales competentes: Comisión Nacional de la Energía, Servicio de Defensa de la Competencia, Tribunal de Defensa de la Competencia y Servicios de Competencia de la Unión Europea.

4º) Si, cumplidos todos esos trámites, la OPA fuera admisible comenzaría el proceso de defensa, o de aceptación de la misma, por parte de los administradores y accionistas de Endesa; momento en que la propia compañía, u otra, estaría legitimada para defenderse, planteando otras alternativas que considerase mejores para sus accionistas.

5º) Los activos que, en caso de éxito de la actual OPA, decidiera vender la nueva gerencia se subastarían entre todos los interesados, e Iberdrola no debería concurrir, para evitar un exceso de concentración.

6º) En su caso, y alternativamente a las condiciones anteriores, el Gobierno español liberalizaría inmediatamente todas las tarifas, renunciando de esta forma a su capacidad de presión sobre los que ahora gestionan, los que pueden gestionar en un futuro y los actuales accionistas de Endesa –en particular, los fondos de todo tipo, que pueden temer que un enfrentamiento con el actual Gobierno determine importantes pérdidas, dada su capacidad de fijar tarifas arbitrariamente y modificarlas en uno u otro sentido.

7º) Despolitización, en cualquier caso, de las cajas de ahorro, que perderían su dependencia de los partidos políticos en autonomías y ayuntamientos. Se iniciaría inmediatamente el proceso de venta de participaciones, sin que se dejara de estudiar su privatización.

Si se cumplen estas últimas condiciones, en particular la sexta, es irrelevante quién sea el accionista de referencia en Endesa. Incluso el precio de las acciones podría ser inferior al que he mencionado. Cualquiera que aceptaran los accionistas de Endesa sería un precio de mercado. Pero sin coacciones, sin chantajes, sin servir de tapadera a acciones políticas de mayor envergadura.

España necesita un sector eléctrico fuerte, saneado, eficiente y capaz de invertir. España necesita un Gobierno responsable, que tenga en cuenta esas obligaciones a la hora de regular el sector. España se merece transparencia por parte de todos, empresarios, políticos y financieros. Lo que España no puede ni debe soportar son operaciones como la OPA que comentamos, que está repleta de incertidumbres para el futuro de todos.