Federalismo enfermo

Uno de los aspectos más desgraciados de este principio del siglo XXI en España es el renacimiento del nacionalismo, tanto local como español. El prólogo del Estatut parece escrito por algún filósofo alemán romántico del siglo XIX, peregrino del espíritu del pueblo, místico de la relación entre tierra, lengua e historia, lloroso por las heridas que causara el opresor extranjero. Examinen sus conciencias, señores nacionalistas, y confiesen que no es del todo injusta esta descripción. Pues bien, igualmente podría aplicarla al nacionalismo franquista de mi juventud, que ahora, como un virus maligno, está infectando a vascos, catalanes y gallegos.

Apoyé nuestra Carta Magna y, por cierto, ayudé a redactar alguno de sus artículos económicos, porque creía y creo que recoge el espíritu del patriotismo constitucional que definió Habermas: un amor al propio país, por razón de que, recogiendo lo mejor de su tradición, está organizado liberal y democráticamente.

El documento remitido a las Cortes Generales es en realidad una pequeña Constitución. Por muchos retoques que consiga hacerle el frívolo del presidente del Gobierno (tontamente dijo que aceptaría todo lo que viniese del Parlament y ahora se desdice), creo que cambia fundamentalmente nuestro orden fundamental: en efecto, busca transformar el Estado de las Autonomías que nos dimos en 1978 en un Estado federal asimétrico, como lo denominó ese otro frívolo de president de la Generalitat (bobamente se ocupa de promover a su hermano, mientras arde Roma).

Si la mayoría del Parlament quiere reformar la Constitución Española, hágalo siguiendo el procedimiento del Título X. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden enviar una propuesta de reforma a las Cortes y defenderla ante ellas. Si la reforma modifica los derechos y deberes fundamentales, tendrán que aprobarla los dos tercios de las Cortes, que luego serán disueltas inmediatamente. La razón de estas precauciones es evitar que una mayoría relativa, nacional y especialmente local, legisle opresivamente.

Una de las razones por las que el texto propuesto por el Parlament no nos alarma tanto como debería es que Cataluña se encuentra dentro de España y Europa: por eso no inquieta demasiado que el proyecto tienda a romper la unidad del mercado español, hable de un sistema de planificación de la economía catalana, pida el control catalán del comercio, los puertos y aeropuertos, o la catalanización del sistema de justicia y notariado, la universidad y la enseñanza toda, y paro de contar. Un ordenamiento superior garantiza que haya remedio para los despropósitos. Ese es el papel de las directrices y reglamentos de la UE y de la Constitución española, con todos los defectos de esas normas.

Los parlamentarios catalanes, en su afán de blindar sus competencias, han creado un monstruo Frankenstein de Estatut. El nuevo texto se mete en todos los entresijos de la vida civil, dando poderes para quedarse con todo el dinero, ordenarlo todo, vigilarlo todo; atarlo todo, atado y bien atado.

¡Federalismo, qué de pecados se cometen en tu nombre! El federalismo está muy bien mientras no sirva para blindar pequeñas claques de padrinos locales, obstaculizadores de toda reforma. Estamos viendo la dificultad con que se enfrenta la ansiada reforma de la economía alemana por el continuo choque entre el Bundestag y el Bundesrat. En Nigeria, en Pakistán, en Argentina, los jefecillos locales de estados o provincias se atrincheran en el gasto excesivo y el clientelismo electoral. No basta con meter al Estatut en la horma constitucional, ni basta con que lo apruebe el 80% del Parlament para evitar que sea opresivo.

Una Constitución o un Estatut no se puede redactar a la manera de las constituciones progresistas españolas del siglo XIX, con un "¡trágala perro!", cual rezaba la brutal canción de los liberales de 1821. El proyecto, so capa de separar Iglesia y Estado, es claramente anticlerical. Además, una norma fundamental no puede imponer a los católicos de Catalunya el aborto o a la eutanasia como un derecho fundamental. Todo lo que toca al feminismo, los derechos laborales, el medio ambiente, la economía, la educación, la cultura, está teñido de ese falso progresismo que ha venido a sustituir la religión en las conciencias de los nacionalistas republicanos de hoy.

La propia Constitución española no está libre de alguno de esos defectos, pero al menos fue el resultado de un acuerdo entre españoles de todas las creencias y convicciones, en vez de una imposición de una mayoría coyuntural sobre una minoría desasistida.

¡Pobre Cataluña, pobre España!