La encrucijada catalana
Estaban a punto de conocerse las consecuencias del órdago estatutario sobre la intención de voto cuando Jordi Pujol publicó un interesante artículo en ABC. Por primera vez en democracia, una voz influyente del nacionalismo cambiaba radicalmente de perspectiva y planteaba el problema catalán en términos de deberes y no de derechos, subrayando con claridad los que la parte tiene para con el todo. Firmas cualificadas interpretaron el nuevo enfoque como el inicio de una táctica preventiva frente a lo que consideran un potente resurgir del sentido nacional español.
Es posible que el olfato político permitiera intuir al ex president –antes de que los institutos de opinión encendieran las alarmas– que hacer coincidir la estrategia de aislamiento al PP con un proyecto que liquida la Constitución puede acabar engordando a la única formación que se mantiene fiel al consenso del 78. Especialmente cuando una fracción indeterminada del PSOE encuentra en el mamotreto legislativo del Parlament los mismos defectos y amenazas que el partido de Rajoy. Así que, votaran lo que votaran en el Congreso los (de momento) disciplinados socialistas, los observadores tuvieron la sensación de que en aquel debate amañado Mariano Rajoy estaba verbalizando los pensamientos de media bancada contraria. La posición mayoritaria del pueblo español dispuso del diez por cien del tiempo y de una sola voz, pero a veces el aislamiento rinde mucho.
No cabe atribuir sin más a la ineptitud o al absurdo la decisión presidencial de evitar el aborto estatutario enmendando la plana a los negociadores catalanes de su partido y permitiendo que Artur Mas incluyera un sistema de financiación imposible de asumir por varias comunidades en manos de socialistas. A la luz de sus posteriores declaraciones, el de Zapatero parece haber sido un ejemplo claro del vicio de la voluntad que el Derecho denomina "reserva mental". Salvó en el último segundo una pieza cuyos principales contenidos descartaba, como el principio de bilateralidad, la definición de Cataluña como nación o el citado modelo de financiación. Poco después de rescatar al ahogado por los pelos para hacerle el boca a boca y acogerlo en el Congreso, el presidente ya hablaba de enmendar unos setenta artículos. La única forma de resolver el misterio es atender a la denuncia del líder del PP, quien, dando cuenta de la visita secreta de Mas a la Moncloa, advirtió de una operación consistente en posibilitar la aprobación del proyecto en Barcelona para que el verdadero ahogamiento del náufrago salvado in extremis tuviera lugar en Madrid.
Se interpretó mal esta segunda parte: no se trataba de que el Congreso no lo diera por recibido. Sabemos que lo hizo. Se trataba de iniciar una larga etapa de debate en comisión, de tira y afloja y de enmiendas sin cuento, en la confianza de que el PP colaboraría sin saberlo con centenares de ellas (también sabemos que no ha mordido ese anzuelo) y de que CiU acabaría (acabará) forzando la retirada. Pongámoslo más claro: a CiU, diga lo que diga, no le interesa que triunfe el nuevo estatuto. Es algo objetivo. Sobreactuará y se rasgará las vestiduras para no entrar en flagrante contradicción con su esencia, con su programa y con la opinión de sus votantes; a fin de cuentas, la formación está especializada en la reclamación permanente y el victimismo. Para retirar el proyecto primero tiene que cargarse de razón ante los suyos y aplacar a la Esquerra, cuyas amenazas de guerra civil entre comillas eran una advertencia dirigida precisamente contra CiU, un anuncio de larga y activa enemistad si se le ocurría frustrar la gran obra de la legislatura.
El triunfo del proceso pondría un enorme signo de interrogación sobre el partido fundado por Pujol: siendo posible, ¿por qué no lo impulsaron ellos cuando gobernaban? ¿Por qué ni siquiera lo intentaron? Por otra parte, si todo llegara a buen puerto, el PSC se perpetuaría en el poder y las oportunidades de Mas, ganador de las últimas elecciones autonómicas, se disolverían como un azucarillo en el entusiasmo tripartito, que ha atado tan corto a los medios de comunicación locales, ha desplegado sobre ellos un control tan absoluto y tan rápido, que los convergentes empiezan a pensar que, por contraste, fueron unos auténticos liberales. Aunque no se habían dado cuenta. Sin embargo, si el proyecto fracasa, Maragall y el tripartito se hunden con él, dejando a la ciudadanía catalana con la sensación de haber sido estafada: nadie demandaba el estatuto, su gestación se ha comido media legislatura y ha consumido todas las energías institucionales, ha provocado la esterilidad legislativa y ha abierto una brecha en la izquierda cuyo estropicio más visible es un nuevo españolismo organizado, progre y bilingüe, que viene alzando su voz desde el llamado "manifiesto de los intelectuales".
Como problema añadido, en la nueva convocatoria electoral, con los votantes irritados y con todos los actores sociales sumidos en una paralizante decepción, los socialistas tendrían un serio problema a la hora de escoger candidato. Resumiendo el asunto, y sin entrar en el decisivo e indemostrable obstáculo ontológico de els altres catalans para presidir Cataluña, baste consignar que la figura de José Montilla está quemada desde que declaró la guerra a los medios y comunicadores críticos y, sobre todo, desde que se conoció su implicación en el turbio asunto del crédito de La Caixa; que Manuela de Madre, por mucha voluntad que le ponga, no da la talla en el plano técnico; que la única candidata posible, Montserrat Tura, sigue desdibujada para el común de los votantes a estas alturas de mandato.
El error más grave que ha cometido jamás el PSC ha sido optar por un esencialismo que su gente no comparte y que no se puede disimular con la simple e increíble proclamación de su presidente como no nacionalista. La deriva tiene dos explicaciones. En primer lugar está la persona de Maragall: cree realmente en los postulados que defiende, está abonado a "la creatividad", peligrosa tendencia cuando uno gobierna, y comparte las visiones de su amigo y conmilitón, el filósofo (?) independentista Xavier Rubert de Ventós, incompatibles con el ideario mínimo del PSOE por mucho que se presenten como federalismo. La esencia del federalismo es la igualdad de los estados, mientras que el principal objetivo de Maragall es institucionalizar un trato diferente para Cataluña. Semejante nudo gordiano no se corta con un adjetivo ocurrente: el federalismo asimétrico no es más que un titular, por lo demás gastado; jamás lo ha desarrollado. En segundo lugar, la deriva era inevitable si el partido quería arrebatar el Gobierno a CiU, pues quien decidía a fin de cuentas era un partido independentista que siempre ha concebido el nuevo estatuto como un paso más hacia la secesión, extremo que reconoce sin disimulo.
El PSC es una burocracia organizada para el poder que sólo había accedido a la gestión municipal, sufriendo una larga travesía del desierto bajo la guía desesperanzada de Joan Raventós y de Raimon Obiols. Ambos comprobaron sin resquicio de duda que Felipe González no quería a su partido en la Generalidad. El precio a pagar para alcanzar al fin su esquivo destino fue pasar por las exigencias de Carod y meterse con él en una aventura de aceleración de la historia. Precio que los desvirtúa, los desnaturaliza, los hace incomprensibles a sus votantes, catalanes que simpatizan con el PSOE sin atender a los matices que interpone, desde sus siglas, la minoría dirigente. Matices que maquillan una frustración.
Esa parte de la elite catalana a la que le tocó la izquierda en la rifa de la historia sigue eludiendo el viejo dilema: disponer de un suelo electoral firme como federación regional del PSOE o ser una vanguardia independiente… sin masas. Quieren los votos sin representar cabalmente a los votantes. El drama viene en sus siglas: PSC (PSC-PSOE). Es decir, Nosotros (Nosotros-Ellos). Maragall decidió que en los carteles sólo se viera el "Nosotros", y sesgado: PSC, con la ce más gruesa.
Tendrán los votos que no merecen, pero mientras no asuman dónde radica su fuerza, al PSOE no le conviene que Cataluña la gobiernen semejantes compañeros. Lo sabía González y acaso lo vaya sabiendo también Rodríguez Zapatero.