"Alto el fuego" de ETA. ¿Ante el final del terrorismo?

El 22 de marzo de 2006 ETA daba a conocer una declaración de "alto el fuego permanente" en un comunicado que, más allá de su retórica llena de eufemismos, parece dejar claros dos aspectos: uno, que el cese de la actividad terrorista no se va a extender sobre todas las formas de violencia, sino que se limita a las de carácter armado; y dos, que esa situación se mantendrá mientras se logren progresos, a través de una negociación con el Gobierno, en la consecución de los objetivos políticos inmediatos de su organización. Éstos aluden, por una parte, al reconocimiento de que "los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro" y, por tanto, a la aceptación de un derecho a la autodeterminación que conducirá al establecimiento de un nuevo Estado independiente, en el que se integren los siete territorios que habrán de formar la Euskal Herria unificada. Y, por otra, a que "las autoridades (...) dejen a un lado la represión", lo que habrá de traducirse en la legalización de Batasuna y en la aplicación de medidas de gracia a los presos terroristas.

Por lo tanto, parece evidente que la declaración de ETA se encuentra muy alejada de cualquier forma de expresión de un deseo de abandono de la actividad terrorista. Y, en consecuencia, nada autoriza a interpretar su comunicado en el sentido de que ya ha entrado en una etapa de clausura del empleo de la violencia con fines políticos. Sin embargo, ello no impide que se pueda advertir que ese comunicado lleva implícito el reconocimiento momentáneo, por parte de ETA, de su propio fracaso al tratar de lograr sus objetivos políticos por medio de la fuerza. Y ello sí es una condición previa para que pueda establecerse el comienzo de un proceso de finalización del terrorismo.

¿Cómo hemos llegado a esto?

La pregunta inmediata que es preciso responder para valorar adecuadamente la novedosa situación que plantea la declaración de "alto el fuego" es la que se refiere a las causas que explican el debilitamiento de ETA, su incapacidad para hacer valer sus objetivos y el reconocimiento implícito de su fracaso político. Para ello, hemos de situarnos en el marco del último ciclo de la actividad terrorista, posterior a la "tregua indefinida" declarada en 1998 y rota un año más tarde; es decir, al ciclo que discurre entre el año 2000 y el momento actual. Como refleja el gráfico 1, ese ciclo se inicia con un relativamente bajo nivel de actividad durante el primer semestre de 2000, para intensificarse poderosamente durante el verano y el otoño de ese mismo año. A esta demostración inicial de fuerza sigue, desde 2001 y durante casi tres años, un período de reducción paulatina de los atentados, singularmente los que se plasman en asesinatos, y, con algún retardo, de las acciones de terrorismo callejero. De esta manera, a partir del tercer trimestre de 2003 dejan de registrarse crímenes con resultado de muerte, y los atentados cesan durante los seis primeros meses del año siguiente.

Gráfico 1: Actividad terrorista de ETA, 2000–2006

(Datos trimestrales)

En ese momento, la situación es tal que apenas tiene precedentes, de manera que, como ha señalado Florencio Domínguez, "hay que retroceder hasta 1971 para encontrar un año con menos atentados que en 2003 o en 2004, y hasta 1972 para encontrar menos asesinatos"[1]. Sin embargo, partir de entonces, cuando, después de los ataques del 11–M, las elecciones generales conducen al inesperado triunfo del Partido Socialista, se entra en un nuevo ciclo ascendente, en el que, con irregularidad, se aprecia una tendencia al incremento en el número de atentados –aunque, por lo general, sus consecuencias, medidas por su afectación a las personas heridas o por la magnitud de sus destrucciones materiales, sean de una gravedad menor– y en el de actos de violencia urbana.

La explicación de este ciclo terrorista en el que se plasma la progresiva incapacidad de ETA para hacer valer sus pretensiones políticas hay que establecerla en la efectividad de la política antiterrorista que, después de un cierto desconcierto inicial, se puso en funcionamiento por parte del Gobierno que, en aquel momento, presidía Aznar. Una política que encontró el respaldo de la oposición socialista y que se plasmó en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. El documento, suscrito por el PP y el PSOE el 8 de diciembre de 2000, negaba cualquier atisbo de legitimidad al terrorismo y afirmaba la voluntad de impedir que de él pudieran derivarse ventajas o réditos políticos, y concluía con la expresión de la voluntad de ambos partidos para desarrollar su política con el objetivo de "erradicar la lacra del terrorismo". Esa política –que abarcaba los ámbitos de la actuación policial, el sistema penal, el régimen penitenciario, la cooperación internacional, el reconocimiento social a las víctimas del terrorismo y la movilización ciudadana– implicó, entre otras medidas, la extensión de las actuaciones judiciales hacia las organizaciones del entorno de ETA –como las herriko tabernas, las Gestoras Proamnistía, KAS, Jarrai o Egunkaria–, la modificación del Código Penal para endurecer el tratamiento del terrorismo callejero, elevar el límite del cumplimiento de las penas y reordenar el cómputo de los beneficios penitenciarios, la regulación del bloqueo de las operaciones financieras relacionadas con el terrorismo, la inclusión de ETA y Batasuna en las listas europea y norteamericana de organizaciones terroristas y la promulgación de una ley de partidos políticos que posibilitó la disolución de Batasuna y su exclusión de los procesos electorales.

Los efectos de todas estas medidas no se hicieron esperar. Desde la ruptura de la tregua en 2000 hasta el primer trimestre de 2006, tal como expresa el gráfico 2, los servicios policiales han efectuado 977 detenciones de terroristas o de colaboradores de ETA, de las cuales 603 han tenido lugar en España, 275 en el extranjero –sobre todo en Francia– y 99 corresponden a etarras que han sido extraditados o entregados a las autoridades españolas por las de otros países. Esta importante actividad policial, más allá de su carácter cíclico, muestra una tendencia ascendente hasta el primer trimestre de 2002, se estabiliza después hasta llegar al final de 2004 y, durante 2005 y el primer trimestre de 2006, experimenta un descenso muy acusado, de manera que en los seis últimos meses sólo ha podido mantenerse gracias a la aportación exterior. Pero, más allá de su trayectoria temporal, ha sido extraordinariamente eficaz, de manera que casi el 60% de los grupos desarticulados por las fuerzas de seguridad "fueron desmantelados cuando no habían cometido ningún atentado o cuando sólo habían perpetrado una acción terrorista"[2]. Ello, a su vez, implicó que la vida útil de esos grupos de terroristas descendiera drásticamente, hasta poco más de siete meses en promedio, cuando unos años antes superaba normalmente los dos años y medio[3]. Y supuso el ingreso en prisión del 65,5% de los detenidos y la fijación de fianzas o medidas cautelares para el 16,9% de ellos, que así pudieron mantenerse provisionalmente en libertad.

Gráfico 2: Detenciones de terroristas y colaboradores de ETA, 2000–2006

(Datos trimestrales)

Por otra parte, la persecución judicial de las organizaciones del entorno de ETA y, singularmente, la ilegalización de Batasuna –instada mediante una resolución del Congreso de los Diputados aprobada el 26 de agosto de 2002– han supuesto un vuelco en la capacidad económica y logística de ETA, así como en su influencia política. Para hacerse una idea del primero de estos aspectos, baste señalar que, durante la década inmediatamente anterior a ese acontecimiento, Batasuna había estado percibiendo 1,7 millones de euros anuales en forma de subvenciones a partidos políticos y grupos municipales; asimismo, su influencia le había permitido lograr que las diferentes administraciones del País Vasco concedieran cerca de 9 millones de euros al año a las organizaciones de su entorno; y desde 2000 había desviado 2,3 millones de euros anuales de los presupuestos de los ayuntamientos en los que ejercía el poder municipal a la financiación de actividades terroristas a través de Udalbiltza–Kursaal. En conjunto, la disponibilidad de recursos públicos por parte de Batasuna y el grupo de entidades asociativas y mercantiles vinculadas a ETA ascendía a 13 millones de euros anuales, lo que venía a significar más de la mitad del total de la financiación de la organización terrorista[4].

Pues bien, con la apertura de causas judiciales contra las referidas entidades ligadas a ETA y con la ilegalización de Batasuna, todos esos recursos económicos se desvanecieron. Asimismo, se dejó de controlar medio centenar de ayuntamientos y, con ellos, un presupuesto de casi 200 millones de euros anuales; se perdieron 49 alcaldías, 891 concejalías y varios centenares de puestos municipales retribuidos; se vieron clausurados y embargados 220 inmuebles propiedad de Batasuna, en los que ejercía su actividad política y ayudaba a la logística del terrorismo; y se tuvo que prescindir de la plantilla de liberados que trabajaban para el partido. Todo ello acabó por reflejarse rápidamente en una reducción muy notable del nivel de adhesión política de la población vasca a la causa del terrorismo. En efecto, tal como se muestra en el gráfico 3, la imagen positiva de los militantes de ETA –expresada en opiniones que los califican como "patriotas" o "idealistas"–, que en 1999 se extendía entre casi la mitad de la población adulta del País Vasco, roza la cuarta parte en los tres últimos años; y, a su vez, la proporción de los que pueden considerarse como "extremistas" por su actitud de adhesión a ETA –a la que prestan un "apoyo total" o una "justificación crítica"–, que en la fecha referida llegaba al 11%, se sitúa desde 2002 en el 2 ó 3%[5].

Y, finalmente, entre los efectos de la política antiterrorista hay que anotar también la formación, en la sociedad española, de una poderosa corriente de opinión pública que se muestra mayoritariamente contraria a que el Gobierno entre en la negociación de las pretensiones políticas de ETA, lo que no obsta para que acepte que, entre ambos, haya algún tipo de conversaciones que conduzcan al final del terrorismo.

Gráfico 3: Nivel de la adhesión a ETA entre la población adulta del País Vasco,

1999–2006. Porcentajes sobre la población adulta.

(Datos semestrales)

Los sondeos publicados a este respecto[6] señalan, de forma inequívoca, tres aspectos de interés. El primero alude al hecho de que los españoles aceptan que el Gobierno hable con la banda terrorista siempre que ésta abandone el ejercicio de la violencia, siendo destacable que la proporción de la población que se adhiere a esta postura se ha ampliado desde una cifra próxima a la mitad, antes de la declaración de "alto el fuego", a otra del orden de dos tercios, una vez producida ésta. El segundo señala que, con relación a los posibles contenidos de una negociación política, se ha transitado desde un cierto equilibrio entre las opiniones favorables y contrarias a la convocatoria de un referéndum para decidir el futuro del País Vasco o de autodeterminación, a un nítido rechazo de esta pretensión –que supera el 60%–, y más aún de la opción de la independencia –que se aproxima al 70%–. Y el tercero indica un sólido apoyo a las exigencias de justicia expresadas por las asociaciones de víctimas del terrorismo, de forma que, entre el antes y el después del "alto el fuego", quienes consideran que ninguno de los presos de ETA debe ser excarcelado pasan de una proporción cercana al 45% a otra que alcanza el 60%, en tanto que los que son proclives a conceder medidas de gracia a los etarras que no son responsables de delitos de sangre han ido reduciendo su cuantía desde el 40 al 25 ó 30%.

En resumen, la política desplegada en el marco del pacto antiterrorista entre el PP y el PSOE se saldó con un éxito notable: ETA, que había resurgido de sus cenizas tras la tregua de 1998 con un empuje indudable, se situaba en el borde de la derrota. Como ha escrito Ángeles Escrivá, "el Gobierno consiguió acorralarla policial y políticamente, y, sobre todo, logró derribar los persistentes tabúes instalados en la sociedad, (...) [como] el mito del 'empate infinito' entre ETA y el Estado (...) y la convicción de que había que realizar cesiones para deshacerlo"[7].

La rectificación socialista

Como antes se ha señalado, el Partido Socialista participó plenamente en la orientación y el diseño de la política que se ha descrito, hasta el punto de que le correspondió la iniciativa para su formalización en el referido Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Sin embargo, después de que, en 2001, se frustraran las expectativas de una alternancia constitucionalista a la hegemonía nacionalista en el País Vasco y, con ellas, sus posibilidades de participación en la gestión del poder, el PSOE empezó a desembarazarse de sus compromisos con el PP. El correspondiente proceso tuvo lugar de una manera paulatina, y no acabó de configurarse definitivamente hasta que hubo transcurrido el primer semestre del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La rectificación socialista de la política antiterrorista se explica, en mi opinión, por tres razones que se refuerzan mutuamente. La primera es de orden ideológico y alude a la concepción del fenómeno terrorista que acaba dominando en el partido tras el arrinconamiento de los inspiradores del acuerdo con el PP. Esa concepción –según la cual existen causas de orden social y económico que explican el terrorismo, lo que obliga a actuar sobre ellas para que éste desaparezca– aparece ya claramente expresada con ocasión del atentado islamista de Casablanca en mayo de 2003. Este acontecimiento, más allá de su autoría, se atribuyó desde la izquierda a una supuesta opresión occidental sobre la civilización islámica y, específicamente, al conflicto de Irak. Y ello se tomó como una justificación para que el líder socialista pudiera imputar una responsabilidad directa al presidente del Gobierno español, al señalar que "Aznar ha conseguido que estemos en la lista del terrorismo internacional" y que "teníamos razón cuando dijimos que el arma de destrucción masiva más preocupante era el odio y el fanatismo que podía crear la guerra".

La doctrina de las causas del terrorismo, además de la ventaja que proporcionaba para justificar el ataque directo a los rivales políticos en un terreno en el que, aparentemente, se compartía con éstos el planteamiento básico de la política interna, tenía la virtud de enlazar con las ideas que, sobre ETA y Batasuna, se manejaban por la corriente vasquista del Partido Socialista de Euskadi. Unas ideas que atribuían la persistencia del terrorismo en el País Vasco a las insuficiencias del desarrollo del autogobierno y que entendían que el aspecto dominante en la ideología de los terroristas no era el nacionalismo sino el socialismo, lo que les convertía en aliados potenciales siempre que hubieran renunciado a la violencia. Con el tiempo, esta concepción ha acabado dominando en el PSE y ha coadyuvado a justificar la rectificación de la política antiterrorista del PSOE.

La segunda razón de esa rectificación es de tipo político. Con ocasión de las elecciones autonómicas y municipales de 2003 se fue perfilando la posible alternancia del PP en una eventual coalición de partidos nacionalistas y de izquierda, liderada por el PSOE. Esa opción acabó de perfilarse con el resultado inesperado de las elecciones generales del año siguiente y, para establecer su cohesión, requirió un nuevo discurso político, en el que el cambio con respecto a la cuestión del terrorismo de ETA resultó ser un elemento principal. No podía haber ocurrido de otra manera, dado el apoyo de la izquierda nacionalista catalana y de la comunista vasca a una buena parte de las tesis de ETA. Por tanto, la alteración de la política antiterrorista constituía un requisito funcional para asegurar la unidad del conglomerado de partidos que prestaron su apoyo al candidato socialista y, con ella, la mayoría parlamentaria del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Y la tercera razón alude a la legitimación del acceso al poder por parte de este último. En efecto, las extraordinarias circunstancias que concurrieron en las elecciones del 14 de marzo de 2004 otorgaron a los atentados del 11–M y a la campaña de agitación suscitada en torno a ellos un papel muy relevante en el resultado de los comicios[8]. Por tal motivo, el Partido Socialista creyó que su legitimidad no sólo dependía de la aplicación de las reglas del juego electoral y de la aritmética parlamentaria asociada a ellas, también de la atribución al presidente saliente, José María Aznar, de una cuota de responsabilidad en la actuación de los terroristas, mediante la apelación a la guerra de Irak como trasfondo de su causación, así como de la diferenciación de su política con respecto a la que hubiera desarrollado el Gobierno anterior. Y, dentro de esta última, la referente al terrorismo sería una de las más directamente afectadas.

La rectificación socialista de la política antiterrorista se fue asentando así de una forma paulatina, con pasos muy medidos y con una inequívoca orientación hacia el logro de una negociación con ETA. Esos pasos se orientaron a reducir la presión sobre ETA en el terreno político, lo que se plasmó en la aceptación de que el Partido Comunista de las Tierras Vascas –una formación política fagocitada por Batasuna[9]– pudiera presentarse a las elecciones al Parlamento Vasco en abril de 2005, por una parte, y en la permisividad con respecto a la actividad política de Batasuna, por otra. Entretanto, a partir del último trimestre de 2004 los contactos entre el Gobierno y ETA –se desconoce si de manera directa o indirecta– se habían intensificado y habían dado lugar a la apreciación de que era posible llegar a establecer algún tipo solución dialogada al problema del terrorismo. Ese es el motivo por el cual Rodríguez Zapatero, ya en febrero de 2005, pudo declarar en Radio Nacional de España que estaba "dispuesto a arriesgar (...) para afrontar el tema del terrorismo con horizonte de ver el fin de la violencia". Tres meses más tarde diría en el Congreso de los Diputados: "Mi obligación es trabajar por la esperanza; (...) el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia", antes de que aquél aprobara una resolución avalando la negociación con ETA. Y, a partir de entonces, proliferaron entre los dirigentes socialistas, singularmente entre los del País Vasco, las expresiones de relativismo político e ideológico con relación a las pretensiones y el discurso de Batasuna, a la vez que se consolidaba la ya aludida reducción de las actuaciones policiales contra ETA.

El significado del "alto el fuego"

El "alto el fuego" declarado por ETA se inscribe en el proceso político abierto por la rectificación de la política antiterrorista. Una hipótesis ingenua acerca de su significado –similar a la que muchas veces pretende hacer creer el Gobierno de Rodríguez Zapatero cuando apela a la privilegiada información con la que cuenta el presidente y a la confianza ciega en él– es la que parte de la idea de que los dirigentes de ETA han llegado al convencimiento de que la violencia no les conduce a nada y buscan una salida honrosa para abandonar el terrorismo. Los hechos, principalmente la trayectoria ascendente de la actividad terrorista, paralela a la reducción de la presión política y policial a la banda, durante el último año y medio, no avalan esa idea. Y tampoco lo hace el discurso de la organización que expresan tanto ETA como Batasuna. Por ello, más bien parece más aceptable la hipótesis alternativa de que nos encontramos ante una retirada estratégica cuyo objetivo no sería otro que el de restablecer la capacidad combativa de ETA y prolongar así el conflicto.

Son varias las razones que hacen plausible esta hipótesis. En primer lugar, los repliegues estratégicos forman parte del sustrato doctrinal de la conducción de las actividades armadas de las organizaciones terroristas, de acuerdo con un principio general de conservación de su capacidad de acción[10]; y, según se muestra en el cuadro 1, han sido profusamente utilizados por ETA a lo largo de su trayectoria, tanto para apoyar procesos de negociación como para rearmarse. La experiencia del pasado señala, por tanto, que, en el caso que nos ocupa, la funcionalidad de esos repliegues o treguas no ha sido otra que la del fortalecimiento político y logístico de la organización terrorista.

Por otra parte, el discurso político de ETA en el momento actual apunta en la misma dirección. A este respecto, es significativa la insistencia en la apertura de "una nueva situación basada en la aceptación de unos mínimos democráticos en Euskal Herria", cuya plasmación sería un procedimiento para lograr "el cambio del estatus político actual".

Cuadro 1: Las treguas de ETA

Fuente: El Mundo (www.elmundo.es)

Ese procedimiento parte del "reconocimiento de sus derechos [los de Euskal Herria] por los Estados" español y francés, y se especifica en la "pregunta a los ciudadanos sobre el futuro". Y a ello se añade la exigencia de la excarcelación de los presos de la banda –pues, según se señala, "no hay paz sin amnistía"–, basada en "el reconocimiento del carácter político de los prisioneros y de su lucha". Por si hubiera alguna duda, el sentido de estos planteamientos –recogidos en el último Zutabe difundido por ETA– ha sido debidamente clarificado por Batasuna cuando, a través de unas declaraciones de Arnaldo Otegi, ha señalado que su pretensión es "verificar si España y Francia están dispuestos a aceptar y respetar si la mayoría del pueblo vasco decide reunificarse en un Estado independiente"; y ha reclamado la "legalización [de su partido] (...) con vistas a las próximas elecciones municipales", para lo que exige una "modificación en la Ley de Partidos para que existan garantías de que, si (...) funda una nueva formación, ningún juez pueda (...) [impedir] su inscripción".

Y, finalmente, ha de señalarse que ETA no ha cesado completamente en cuanto a la utilización de la violencia para el logro de sus fines políticos. A este respecto, sin magnificar los hechos que se han venido produciendo desde la declaración de "alto el fuego", se puede señalar que la "verificación" del final del terrorismo, que ha sido anunciada por el Gobierno como paso previo a una autorización del Parlamento para que se inicie un proceso formal de negociación con ETA, no puede ser aceptada. En efecto, ETA no sólo mantiene actividades de aprovisionamiento de materiales para cometer atentados, sino que dispone de grupos preparados para ello, a la vez que continúa con sus acciones de extorsión a los empresarios y de recaudación de fondos para su financiación. Asimismo, en el corto plazo transcurrido desde esa declaración se han cometido dos atentados, uno de los cuales –el incendio de una ferretería en Barañáin– ha sido de indudable gravedad, por haber producido heridas a cuatro personas y ocasionado importantes daños materiales. Es evidente que éstos no son hechos que anuncien el abandono de la violencia, sino todo lo contrario.

Cuadro 2: Hechos terroristas desde la declaración de "alto el fuego"

Fuente: Elaboración propia a partir de noticias publicadas en ABC, El Correo y El Mundo.

¿Qué hacer?

Las evidencias y la argumentación presentadas en las páginas precedentes señalan que en modo alguno puede aceptarse que el "alto el fuego" declarado por ETA equivale al final del terrorismo. Sin embargo, como he apuntado al comienzo de este trabajo, ese cese temporal de la violencia expresa, al menos de manera implícita, un reconocimiento del fracaso de la banda terrorista en orden al logro de sus objetivos políticos. El final del terrorismo llegará en el momento en que dicho reconocimiento se transforme en una voluntad efectiva de abandono de la "lucha armada" por haberse evidenciado que, con ella, es imposible llegar a ninguna parte. Es decir, ETA cerrará su ciclo de violencia cuando sus dirigentes reconozcan su derrota y su incapacidad para seguir adelante con el proyecto que dio lugar a su nacimiento. La cuestión que se plantea entonces es la de cómo lograr que la paralización temporal de las acciones armadas se transforme en el efectivo abandono del terrorismo; y, por tanto, en la derrota de ETA.

Si nos atenemos a la experiencia descrita más atrás, creo que la respuesta a esa cuestión viene de la mano de la recuperación de la senda que, con respecto a la lucha antiterrorista, se abandonó con la rectificación socialista. Ello supone para el Gobierno de Rodríguez Zapatero la revitalización del pacto que, en su momento, el PSOE suscribió con el PP, la restauración de las relaciones de confianza entre ambos partidos y la concertación entre ellos de las medidas que puedan tomarse para acelerar la derrota de ETA. No se me oculta que un paso de esta naturaleza tiene importantes dificultades, principalmente porque llevaría consigo el reconocimiento de que la primera mitad de la legislatura ha sido, cuando menos, un tiempo perdido.

Revitalizar el Acuerdo por las Libertades supone también restaurar las deterioradas relaciones entre el Gobierno y los agentes sociales que han contribuido a desacreditar las pretensiones de ETA y a consolidar el rechazo social al terrorismo. Me refiero, lógicamente, a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo y a las organizaciones cívicas que, como el Foro Ermua, han mantenido, en condiciones cada vez más difíciles, la resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo. Y para ello será imprescindible que se corrijan iniciativas desacertadas –como el nombramiento del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo– y prácticas de exclusión de determinadas asociaciones con respecto a las ayudas públicas establecidas, así como que se restablezcan los cauces informales de diálogo entre aquellas entidades y el Gobierno.

Asimismo, en el orden de lo inmediato, se han de definir con rigor las condiciones requeridas para la verificación del "alto el fuego" anunciada por el Gobierno. En las circunstancias actuales, dado que en el primer mes transcurrido desde su anuncio han tenido lugar algunas manifestaciones de la violencia, sería prudente aplazar ese trámite al momento en el que se cumpla un semestre desde el anuncio de ETA. Por tanto, el Gobierno, en vez de adelantarlo al mes de mayo, cuando lo había previsto para junio, debería dejarlo para septiembre. Por otra parte, la verificación debería acreditar que ETA ha abandonado todo tipo de violencia –atentados, terrorismo callejero y extorsión– y todo tipo de operaciones logísticas –recaudación de fondos, operaciones de información e inteligencia, saqueo de empresas para el acopio de los materiales requeridos para cometer atentados y reclutamiento y formación de militantes–. Además, el Gobierno debería exigir a ETA una declaración formal de abandono incondicional del terrorismo antes de emprender cualquier tipo de conversaciones conducentes a cerrar definitivamente su ciclo de violencia.

Entretanto, la política gubernamental debería dar por cerrada la etapa de permisividad con respecto a la actuación política de Batasuna. Ello implica un esfuerzo en el empleo de los medios policiales y judiciales para hacer efectiva su ilegalización y, por lo tanto, para impedir que, como actualmente ocurre y ha señalado con total precisión su máximo dirigente, Arnaldo Otegi, "se reitere en el delito". Además, la situación de Batasuna, y la eventual posibilidad de su concurrencia a los procesos electorales, de ninguna manera puede ser el primer elemento a abordar por el Gobierno. Más específicamente, a la vista de la experiencia pasada, en la que Batasuna, gracias a su participación institucional, se convirtió en un pilar central de la financiación de las actividades terroristas y de la proyección política de ETA, sería un error avanzar en su legalización antes de que, de forma definitiva, ésta se haya disuelto.

Y, a su vez, esa política debería revitalizar la lucha policial contra ETA y todas las organizaciones de su entorno, de manera que se reemprendiera la detención de las personas reclamadas por la justicia y de las que, eventualmente, cometan actos delictivos relacionados con el terrorismo.

Finalmente, si se inician conversaciones con ETA, el Gobierno debe tener muy presentes los límites que, para su actuación, se derivan del marco institucional delimitado por la Constitución y las leyes, de las aspiraciones de justicia que reiteradamente han expresado las víctimas del terrorismo y de los valores sociales aceptados por la mayoría de los ciudadanos. Ello implica que habrán de establecerse unos márgenes muy estrechos en la negociación, no pudiendo ésta entrar en el terreno de la organización política del País Vasco, ni en el de la aplicación generalizada de medidas de gracia a los terroristas encarcelados o que tuvieran responsabilidades de naturaleza penal.