La república de Azaña

Lo que sigue es el "Epílogo urgente" de La república de Azaña, el libro de Juan Carlos Girauta que acaba de publicar la editorial Ciudadela.

En marzo de 2005, coincidiendo con una fiesta sorpresa ofrecida a Santiago Carrillo por su nonagésimo aniversario, un camión grúa retiró la estatua ecuestre de Francisco Franco que se levantaba desde hacía casi medio siglo en la Plaza de San Juan de la Cruz, en Madrid. El homenaje a Carrillo reunió a cuatrocientas personas, incluyendo al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, los presidentes autonómicos vasco y extremeño, el ex presidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol, los ex ministros José Barrionuevo, José Luis Corcuera y Fernando Morán; Miguel Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros, Sabino Fernández Campo, Gregorio Peces Barba, Adolfo Suárez hijo; el escritor José Saramago, el periodista Iñaki Gabilondo, el actor José Sacristán y los cantantes Joaquín Sabina y Víctor Manuel, entre muchos otros nombres destacados. También acudió el jefe de la Casa Real, Alberto Aza, que leyó una afectuosa nota de Juan Carlos I. Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, distinguió en el curso del acto entre "buenos" y "malos": los primeros eran ellos, los que habían acudido a agasajar a Carrillo; los segundos eran los representantes ausentes del PP (aunque alguno había, como consta en la lista anterior).

Nada habría que objetar al homenaje si se hubiera tratado de agradecerle al viejo líder comunista el papel que jugó en la Transición, cuando efectivamente se sumó a la reforma política de Adolfo Suárez, contribuyendo al diseño del régimen democrático que todavía disfrutamos, no sin serios avatares. Pero es el caso que, terminada la cena, en una especie de prolongación del acto, algunos de los presentes se trasladaron a la Plaza de San Juan de la Cruz, donde, ya casi a las tres de la madrugada, los operarios lograron desmontar la estatua ecuestre protegidos por un cinturón de seguridad, entre dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Municipal y bajo la vigilancia de un helicóptero. Por fin habían ganado la Guerra Civil, aunque fuera simbólicamente.

El curioso fin de fiesta constituye el regalo de cumpleaños de Rodríguez Zapatero a Carrillo e ilumina intenciones radicalmente distintas a la de rendir honores a un protagonista de la Transición en su condición de tal: aunque hoy en día parezca mentira, la Transición consistía, entre otras cosas, en renunciar al uso de la historia reciente de España como arma política. Así queda de manifiesto en repetidas declaraciones de Felipe González, a quien le parecía "una estupidez eso de ir tumbando estatuas de Franco. Franco es ya historia de España. No podemos borrar la historia". González también había afirmado años atrás: "Algunos han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo".

Sólo cabe concluir que a quien se estaba rindiendo homenaje era al Santiago Carrillo que "luchó en la guerra" –si así puede llamarse a organizar la represión en la retaguardia–, es decir, al consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. El Madrid de las sacas masivas de presos y los fusilamientos sin juicio, ignominia que, a estas alturas, todavía cuenta con la comprensión y justificación de algún que otro sensibilísimo historiador subvencionado, capaz de llorar de emoción recordando en televisión unos versos de Antonio Machado. Es un hecho que en la España actual, mientras al dictador sólo le rinde homenajes la extrema derecha, marginal y ajena a las altas instancias, al estalinista responsable del Orden Público en la capital cuando las matanzas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz se los rinden el Gobierno, el Monarca, varios padres de la Constitución, líderes mediáticos, un Premio Nobel, artistas del establishment. No hay que darle muchas vueltas. Si la flor y nata de la España progre hubiera querido dirigir el obsequio y agasajos al eurocomunista que coadyuvó a la reforma política, posibilitó los Pactos de la Moncloa y renunció a la enseña tricolor en favor de la rojigualda, el formato del festejo habría sido otro, el fallido Alto Demiurgo para las víctimas del terrorismo no habría hablado de "buenos y malos" (¡hay que ser sectario, maniqueo y burdo!) y la juerga no habría terminado sincronizada con el derrocamiento simbólico del general que 66 años atrás había ganado la guerra y 30 atrás había muerto en la cama.

He ahí el verdadero problema, el origen de tantos traumas: que no tiraron a Franco del caballo cuando estaba vivo. Unos, los menos, porque no pudieron; otros, los más, porque ni siquiera lo deseaban. En realidad, los principales expendedores actuales de certificados de demócrata estaban entonces ocupados escalando puestos en el régimen franquista. De los socialistas nada se sabía. En cuanto al partido de Pujol, nació con Franco a punto de morir, aunque su fundador es uno de los pocos protagonistas políticos de nuestra democracia que sufrió cárcel por su enfrentamiento al régimen. Cualquiera que tenga un poco de memoria recordará que el antifranquismo organizado era muy débil y estaba nutrido básicamente por comunistas.

La mirada a la Segunda República Española propuesta en esta obra se ha pautado sobre el perfil del hombre que contagió a aquel régimen sus defectos y sus virtudes: Manuel Azaña, personalidad compleja en la que se reunieron de forma asombrosa las tendencias intelectuales y los vectores –básicamente destructivos– de toda una época española. Éste no puede ser, desgraciadamente, un epílogo al uso, un distante arabesco que culmine el retrato entrelazado de unos años, un país y un personaje. Este epílogo es el añadido urgente y alarmado de un autor al que le ha tocado escribir sobre los vertiginosos y violentos años 30 mientras veía reproducirse, en el mismo país y siete décadas más tarde, los patrones que condujeron al fratricidio. Errores en algún caso milimétricamente calcados, resucitados en un entorno social, económico y cultural que nada tiene que ver con aquél. La distancia evitará que prendan como entonces, pero eso no significa que no vayan a deteriorar la convivencia, que no vayan a sembrar el odio, que no vayan a afectar a la estabilidad nacional, condición indispensable para mantener el vigor creativo que, gracias al marco comúnmente aceptado a finales de los años 70 del pasado siglo, ha sacado a España de un cul-de-sac histórico y la ha plantado con todo derecho entre las democracias más avanzadas del mundo, convirtiéndola en una potencia de proporciones más que respetables. Y también en un entramado institucional que parecía haber colmado las aspiraciones de las distintas fuerzas políticas y salvaguardado los intereses de todos.

Si tales logros han sido posibles es, precisamente, porque la inmensa mayoría del pueblo español, a través de sus representantes, había convenido dejar la historia en paz, en los libros, en las revistas especializadas, en las aulas o en las conversaciones, y conjurar su uso como combustible del enfrentamiento político. Así, se renunció a la vieja retórica, grotescamente ideologizada, del pasado. Se encerraron en el baúl el lenguaje y los esquemas políticos que habían echado a perder el país de nuestros abuelos. Pero hete aquí que la clase dirigente socialista que se ha estrenado con el nuevo siglo, lejos de asumir –o al menos tratar de comprender– las claves de un entorno mundial lleno de nuevas oportunidades y amenazas, decidió enzarzarse en debates del pasado rescatando un discurso y unas categorías que la generación que le precedió había abandonado como lastre inútil, inconveniente y peligroso al principio de la Transición. No es casual que la extemporánea reedición de consignas urdidas por la Comintern hace muchas décadas, y su activación política y operativa, haya coincidido con un período muy particular: el que va de 2002 a la actualidad. O, lo que es lo mismo, el que va de las primeras reacciones a la frustración provocada en la izquierda por la mayoría absoluta del PP, en el año 2000, a la voladura consciente y deliberada del modelo instaurado por la Constitución del 78.

Las reacciones a la frustración adoptaron un agresivo cariz antisistema tan pronto el líder socialista Rodríguez Zapatero vio la posibilidad de movilizar contra el Gobierno a distintos grupos organizados y de manipular políticamente el hundimiento del petrolero Prestige, arrastrando en su estrategia a los nacionalistas, no menos frustrados que ellos por los espectaculares triunfos de Aznar. De este modo, un partido que había gobernado durante casi 14 años tomó las calles, aventó una indignación artificial y la canalizó hasta el asedio físico a las sedes del partido gobernante. El apoyo de Aznar al presidente de Estados Unidos George Bush con motivo de la guerra de Irak fue aprovechado para excitar todos los prejuicios de un antiamericanismo atávico, multiplicado hasta el infinito entre la izquierda europea en general –y la española en particular– desde el fin de la Guerra Fría por inapelable derrota del comunismo. El Partido Popular pasó de adversario a enemigo, sus dirigentes se convirtieron en "asesinos", sus militantes en cómplices de asesinato y sus votantes en seres indeseables o idiotas sin remedio. La gente del cine se erigió en símbolo de la superioridad moral de la izquierda con la campaña del "No a la guerra", y los resortes de la comunicación y de la propaganda –que la derecha española no acaba de comprender– hicieron el resto.

A tres días de las elecciones generales de marzo de 2004, 192 personas murieron y 1.500 resultaron heridas en la más grave masacre terrorista habida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Fueran quienes fuesen sus organizadores y ejecutores (extremos que cuando se redactan estas páginas [junio de 2006] permanecen en el misterio), es evidente que perseguían cambiar el color político del Gobierno. Y lo lograron, pues el segundo ingrediente que se precisaba apareció con puntualidad: la explotación del shock, mediante asaltos simultáneos a las sedes del PP en toda España durante la jornada de reflexión, por manifestantes iracundos que decían querer "saber la verdad", mientras el PSOE acusaba al Gobierno de mentir a la población, se arrojaba toda la culpa sobre él y se presentaban las bombas mortales como consecuencia directa de una supuesta participación de España en la guerra de Irak que nunca existió. Una cosa es tomar parte activa en una guerra y otra muy distinta sumarse a una alianza de más de treinta países, aportar tropas al finalizar la invasión y prestar asistencia sanitaria. Nadie parecía recordar que la única participación de España en la guerra de Irak había tenido lugar en la primera parte de aquélla, bajo el Gobierno de Felipe González, que envió soldados de reemplazo, una categoría que, por cierto, ya no existía en la segunda parte de la guerra, al haber abolido los populares el servicio militar obligatorio.

En una atmósfera de furia (que en ningún momento apuntó a los responsables de los atentados), falsas imputaciones, acoso moral y físico de un partido que articula políticamente a media España, manipulación del dolor, desinformación y flagrantes mentiras de una emisora de radio aficionada a concederse premios, el pueblo votó. Y los gestores políticos que habían dirigido la espectacular recuperación económica de España, creado cinco millones de puestos de trabajo, reducido el paro a la mitad, accedido al euro tras cumplir severas condiciones inasequibles a Alemania y Francia, perdieron. Perdieron con casi diez millones de votos.

El nuevo Gobierno español, deseoso de mantener el apoyo que obviamente le habían prestado en las elecciones más de un millón y medio de españoles que no se contaban entre sus votantes habituales, cultivó los aspectos más sensibles de la panoplia progre que sustituía a esas alturas el desacreditado ideario de la izquierda tradicional: las pulsiones centrífugas de los nacionalismos periféricos, el feminismo paritario, las reivindicaciones más extremas de los colectivos homosexuales, el indigenismo, el ecologismo, el castrismo, la fenomenal alianza de civilizaciones, el prejuicio anticatólico, los "papeles para todos". Cualquier cosa. Y siempre, por supuesto, el antiamericanismo. Ignoraban seguramente que su ridícula obsesión por el lenguaje políticamente correcto, así como el mosaico de tendencias progres y esa boba fascinación por los más iletrados y aleccionadores actores (y actrices, puntualizarían ellos), constituían mercancías genuinamente americanas.

Y llegó el gran error, que se venía fraguando: el calco republicano. Las razones son en parte coyunturales, como la citada conveniencia de mantener los recientes apoyos mimando a distintos colectivos y dibujando un enemigo interno. También hay razones estructurales: las limitaciones culturales e intelectuales de los principales personajes de la nueva casta dirigente, su sólido sistema de prejuicios y su absoluta convicción de poseer la superioridad moral (aspecto éste que comparten con toda la progresía occidental). Los gobernantes socialistas han caído en la misma actitud y en el mismo error moral y de cálculo que condenó a la Segunda República: han decidido excluir a la derecha del sistema, mantenerla bajo la permanente sombra de la sospecha, poner en entredicho su legitimidad para gobernar, situarla de modo permanente en la oposición mediante el estigma.

Como quiera que el presidente Rodríguez Zapatero ha alentado el proceso de reforma estatutaria en Cataluña (llegando a hacerle el boca a boca a esa ley confederal e intervencionista ad nauseam cuando las fuerzas políticas del Principado se mostraban incapaces de consensuar su proyecto), los nacionalistas supuestamente moderados se han sumado a la estrategia de exclusión. No es que hiciera falta empujarlos mucho en ese sentido, pero es un hecho que en su día anduvieron otros caminos: hicieron posible el Gobierno de Aznar, favor que éste devolvió prestando sus votos en el Parlamento catalán a Jordi Pujol. Además, CiU no formaba parte de la coalición tripartita que firmó los Pactos del Tinell, previos al triunfo electoral del PSOE, que contienen un acuerdo de boicot político al PP, primera huella fehaciente del resurgir del gran error republicano en la nueva era. Si alguna vez el "nacionalismo moderado" había merecido su adjetivo –algo bastante discutible–, el merecimiento había concluido al asumir Artur Mas y, sobre todo, Josep Antoni Duran i Lleida el "todos contra el PP" de Rodríguez Zapatero. Acaso se sintiera el presidente, al comprobar sus tristes logros, una especie de continuador de Azaña. Desleída y atolondrada sombra, en todo caso, del peor Azaña.

La izquierda postula una continuidad indefendible entre la Segunda República y la actual monarquía parlamentaría. Busca entroncar la legitimidad de nuestra democracia con la del régimen del 31, pirueta histórica que pasa por alto los mecanismos de autodisolución del franquismo y los orígenes (de la ley a la ley) de nuestro Estado de Derecho. Orígenes que, por incómodos que resulten, son los que son. Mientras, ha sido justamente el nuevo estatuto de autonomía catalán el ariete escogido por Rodríguez Zapatero para batir la muralla legal levantada en 1978, la muralla que protege nuestros derechos y libertades y nuestra cohesión nacional.

Contiene el estatut una reforma encubierta de la Constitución en extremos como el concepto de nación, los derechos históricos, el blindaje competencial, la estructura del poder judicial, las relaciones de bilateralidad entre el Estado y Cataluña, el sujeto de soberanía, la oficialidad de la lengua, el título de derechos y libertades, la figura del Defensor del Pueblo, la igualdad de todos los españoles ante la ley, la solidaridad interterritorial, etcétera. Además, se permite una torcida interpretación del crucial artículo 2 de la Constitución. A falta de una mayoría suficiente para llevar a cabo una reforma constitucional por los cauces previstos en la propia Ley de Leyes, se ha insertado esa bomba de relojería, plagada de ambigüedades y destinada a crear todo tipo de conflictos institucionales, en el bloque de constitucionalidad.

Inmediatamente después ha llegado la anunciada negociación con ETA y con su brazo político (que son el mismo sujeto, según los tribunales), tras haber adormecido el Gobierno la acción de la Justicia a través de la fiscalía y de las presiones sobre los jueces especializados de la Audiencia Nacional. Al fondo, la expectativa de la entrega de Navarra y la autodeterminación del País Vasco. Expectativa que el presidente ha dejado crecer, y por algo será. Esta renuncia a los principios que habían presidido con incomparable éxito la lucha antiterrorista, esta claudicación, precisamente, cuando la ETA aparecía más debilitada que nunca, exigía la neutralización de las víctimas organizadas, que cuentan con el calor y la simpatía de la mayoría del pueblo español. El objetivo, por cierto, no se ha logrado, a pesar de la interposición de la figura, ya descartada, del Alto Comisionado, a pesar de la retirada de subvenciones y de los intentos de reemplazar al presidente de la AVT por alguien más manejable. Finalmente, las víctimas han cobrado más protagonismo que nunca, transformándose en fortísimo referente moral y demostrando un enorme poder de convocatoria. A la madre de una de ellas, Irene Villa, mutilada en su infancia por una bomba etarra, trató de consolarla el presidente del Gobierno recordándole: "También mataron a mi abuelo". Y en esta increíble salida de tono, en esta simetría inconcebible se comprende todo.

Rodríguez Zapatero compara el fusilamiento (en el marco de una guerra civil) de un abuelo militar al que no conoció con la tragedia de una niña a la que los terroristas (en democracia) han volado las piernas. Y lo hace ante la madre de la víctima, víctima a su vez, creyendo que de algún modo la ha de confortar, o que la ha de ayudar a entender algo importante (de no ser así, sobraría, por cruel, la invocación del dolor que contiene ese engañoso "también"; engañoso porque el dolor sólo existe en una de las partes). El personaje ha de creer realmente, aunque nos parezca imposible, que hay razones que justifican el "también". Hay dos bandos enfrentados, en guerra. Y hay muertos y heridos. Y él, como su abuelo, tiene "un ansia infinita de paz". Lo mejor que podría hacer la madre de Irene Villa, lo que deberían hacer todas las víctimas del terrorismo, es colocar el atentado en algún lugar de la memoria que se parece al olvido. Cabe preguntarse en qué bando está la ETA, organización independentista y marxista. ¿En qué bando de esta prolongada guerra civil? ¿En el de Franco? No parece. ¿En el de "la República"? Una vez el presidente que se declara "rojo" ha aceptado lo inaceptable –la supervivencia de los esquemas de enfrentamiento durante tres cuartos de siglo–, su mente debe operar así: la ETA no está en el bando de los fascistas que acabaron con la democracia, la ETA no es heredera –como el PP– de los nacionales; estará entre los buenos, entre los herederos de quienes tanto lucharon por la libertad, como comunistas que son, como defensores de la independencia del País Vasco que son. Han recurrido a las armas fuera de tiempo, sí, pero en el marco de un conflicto. Lo que han hecho es horrible, pero, en definitiva, son de "los nuestros". De los suyos. Así puede el Partido Socialista de Euskadi acercarse a Batasuna, por mucho que la operación exija borrar ciertos recuerdos, compañeros muertos, años de insomnio, miedo y escoltas. Así pueden firmar documentos conjuntos algunos socialistas con la "izquierda abertzale". Porque ya no son terroristas, ni siquiera son, en su boca, la ETA o Batasuna: son la izquierda abertzale. La izquierda. Como ellos. Así puede especularse con futuras colaboraciones y acuerdos políticos. Acuerdos entre izquierdistas.

En la demolición del edificio constitucional, en la sustitución de la España de la Transición por algo que todavía no conocemos, juega un papel fundamental la "recuperación de la memoria histórica", lo que, en la jerga de la izquierda y los nacionalismos, significa asentar mediante diversas iniciativas, proyectos, exhumaciones, exposiciones, leyes y homenajes, unas cuantas verdades que ya nadie podrá poner en duda sin ser acusado de derechista extremo o de intolerable revisionista histórico, sin ser calificado de provocador de crispaciones, de mentiroso o indocumentado con quien no vale la pena discutir, a quien sería completamente inadecuado invitar a conferencias o cursos. La verdad a establecer, a institucionalizar a partir de 2006, año de la memoria histórica por ser el septuagésimo aniversario del estallido de la Guerra Civil, se podría resumir así: hubo un bando, coincidente con lo que el Frente Popular entendía por "la República", que luchaba por la libertad y por la democracia; las siglas de muchos de sus integrantes siguen vivas, y tales partidos gozan, por tanto, de "tradición democrática", algo que no todos pueden decir hoy en día. En ese bando estaba y están el PSOE, el PCE, la ERC y el PNV. Hubo otro bando, el de los nacionales, constituido por fascistas y apoyado por la Iglesia y los terratenientes, que se alzó en armas contra aquel régimen justo y respetuoso de los derechos y libertades, impulsor de la cultura y el libre pensamiento. El jefe de los nacionales, Franco, ganó la guerra a pesar de ser prácticamente un inútil como estratega y un ser limitado en todo menos en su crueldad. Que la derecha entera era fascista lo demuestra el hecho de que su mayor formación, la CEDA, buscó y propició la insurrección, prueba de que tenían toda la razón quienes se alzaron en octubre del 34, al entrar los de Gil Robles en el Gobierno. Como ha señalado Santiago Carrillo en junio de 2006, aquella "derecha clerical" y la actual derecha (el PP) se parecen "como dos gotas de agua". Ergo el PP es el continuador directo de una tradición antidemocrática, heredero de los golpistas del 36 y del régimen franquista. Hasta aquí la verdad a instituir.

Poco importa que tal verdad no concuerde con lo escrito y dicho por los más relevantes protagonistas de aquella época. Y nos referimos, para empezar, a los del bando "republicano". No coincide en absoluto con los análisis de guerra y posguerra de Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura o Indalecio Prieto. Nada menos. Ni con los de muchos comunistas y anarquistas que escribieron memorias y que no tenían ya ni motivos ni ganas para engañar a nadie respecto a los orígenes del conflicto y al curso del mismo. Menos importa aún que el PP haya sido fundado en democracia, lo que le convierte, en realidad, en casi el único partido con presencia parlamentaria que sólo posee tradición democrática. Ni que se sumara en 2002, cuando gobernaba, a la condena a la represión franquista en el Congreso de los Diputados, donde contaba con la mayoría absoluta de los escaños. Sin detallar su verdad a instituir, pero dejándola implícita, un grupo de europarlamentarios del PSOE, IU (donde se esconde el PCE, antes tan ufano), PNV, CiU y ERC desplegó en junio de 2006 una iniciativa, de la que se excluyó al PP, tendente a obtener la reprobación formal del golpe de estado de julio del 36 por parte de la Cámara, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros, asunto a debatir en Estrasburgo, junto con una condena al franquismo, coincidiendo con el septuagésimo aniversario del comienzo de la Guerra Civil. Una de las razones que explican que la verdad no pueda ser en Europa tan explícita como suele serlo en España es la inconveniencia de suscitar ciertas cuestiones referentes a un rey –con gran prestigio internacional– que fue designado por Franco y formado de acuerdo con sus criterios. Y que juró los Principios Fundamentales del Movimiento.

Para aclarar las cosas, el principal promotor de la iniciativa, un socialista, ha declarado que "el objetivo es homenajear la memoria histórica de los que dieron su vida por la democracia y la libertad y hacer pedagogía histórica ante las nuevas generaciones". Nos imaginamos el tipo de pedagogía que se propone este miembro del partido que lleva las siglas a las que sirvieron Largo Caballero y Margarita Nelken, sobre todo al constatar que su propuesta viene avalada por los orgullosos herederos de la Pasionaria, o de Badía y Dencás.

Por otra parte, son nada menos que los comunistas los que quieren convertir el 18 de julio en Día Oficial de Condena a la Dictadura. Está bien que los comunistas promuevan condenas a las dictaduras, aunque no estaría de más que empezaran por las suyas, que han provocado más de cien millones de muertes, han desplazado numerosos pueblos a su antojo y han creado hambrunas y miseria sin cuento. Como forma de corregir su rumbo histórico, ¿por qué no empezar condenando la dictadura cubana, que sigue ahí?

El Parlamento español aprobó por fin, cuando ya había pasado el aniversario del 14 de abril pero aún no el del 18 de julio, y con los votos en contra del PP, la declaración de 2006 como Año de la Memoria Histórica. Se ha reconocido expresamente a la Segunda República como antecedente de la actual democracia, mientras ERC y el PNV se abstenían por considerar "insuficiente" esta ley destinada a promover la pedagogía y difusión de la verdad. Dejando aparte lo discutible de la expresión "memoria histórica", si los fines fueran esos podrían suceder dos cosas: que todo quedara, tras unas cuantas exposiciones y emisión de sellos conmemorativos, en nada... o que prendiera en la gente, en especial entre los jóvenes, el interés por aquella etapa histórica. En realidad, ya puestos, lo mejor sería esto último. En tal caso, resultaría de lo más conveniente alentar a los interesados a que acudieran a las fuentes de los directamente implicados. Que lean a Azaña, por ejemplo. Que descubran a través del más destacado personaje de la República el paisaje que subyace a la verdad instituida. Además, les servirá de placer y aprendizaje literario.

Pero los fines, por supuesto, no son esos. Los fines son los que parecen: convertir una historia disfrazada y parcial, una historia de buenos y malos, de demócratas y fascistas, en objeto arrojadizo contra la media España liberal-conservadora del siglo XXI, colocando etiquetas paralizantes a unos y reforzando los complejos de otros, dejando de hecho a cuantos no se adscriban a la izquierda o al nacionalismo fuera del sistema, con la legitimidad en duda, la cabeza gacha y pidiendo perdón. Y al perseguir tales fines se condenan –nos condenan– a transitar de nuevo el viejo y fatal error republicano, la parte de la historia que no cabe en su verdad.