Imponer el euskera

El Gobierno vasco, controlado desde el comienzo del proceso autonómico por el nacionalismo, mantiene como uno de los pilares fundamentales de su acción política, social y económica, los denominados programas para la normalización lingüística de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tales programas, en el presupuesto del Gobierno vasco que aprueba el Parlamento, suponen todos los años, como mínimo, 20.000 millones de pesetas.

Ante todo, el término normalización es inapropiado, injusto y contrario a la realidad social. Normalizar es acercarse a la media de lo que pasa en la sociedad, atender la dinámica natural. Lamentablemente el proceso de normalización lingüística trata de cambiar la realidad social de las comunidades naturales que forman la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es un hecho que se ha de tener en cuenta a la hora de comprender lo que denunciamos. Para identificar la realidad lingüística, hay que conocer y valorar las lenguas naturales de cada comunidad natural-territorio foral.

La normalización lingüística debería garantizar el buen uso y manejo de las lenguas oficiales y de las lenguas naturales. La lengua natural de la mayor parte de los territorios que conforman los municipios, comarcas y provincias en el País Vasco, es el castellano. Por decisión estatutaria, la Comunidad Autónoma del País Vasco se define como comunidad donde son cooficiales el castellano y el euskera, si bien este último tiene la condición de lengua minoritaria.

Pues bien, hay que denunciar que el proceso de normalización lingüística está intentando transformar la realidad social y natural de los territorios, en una realidad oficial, que es aquella que legisla, y gestiona el poder público que emana del Gobierno vasco, y que pretende un bilingüismo a base de una discriminación positiva hacia el aprendizaje y el uso del euskera. Lo que se quiere es lograr incluso que un día las gentes del País Vasco vivan en euskera.

Pero tal bilingüismo sólo se logra a costa de mucho dinero y a costa del imperativo legal que supone en determinados círculos de la vida social la imposición del euskera o el miedo a que si no se forma parte de la sociedad que está aprendiendo euskera, que dice saber euskera, uno queda señalado y desde luego discriminado. En todo caso, se rompe la igualdad de oportunidades que consagra la Constitución española para todos los ciudadanos que viven en España.

Los pilares fundamentales de la política lingüística en el País Vasco son tres:

1. Administraciones Públicas, en donde se obliga a los funcionarios a acreditar un determinado perfil lingüístico en nombre del sacrosanto derecho de los vasco-hablantes a dirigirse a la administración en euskera y que ésta les atienda en euskera. Una posible alternativa son las ventanillas bilingües, más que suficientes en el País Vasco. Durante 1996, los procedimientos judiciales tramitados que exigieron o requirieron traducción en euskera fueron en Vizcaya el 0,25%, en Guipúzcoa el 0,49% y en Álava, el 0,25%. A esto hay que sumarle todo tipo de presiones, que se están produciendo en los juzgados por los colectivos pro-euskera.

En ese mismo año, se presentaron ante la Diputación Foral de Álava 142.777 declaraciones de la renta, de las cuales tan sólo 1.198 (el 0,8%) fueron en euskera, a pesar de la insistente publicidad que la Diputación hace de los teléfonos en euskera. En 1997, se presentaron en el registro de la Diputación Foral de Álava un total de 21.855 documentos, siendo 141 en euskera (el 0,64%) y 188 en castellano y euskera (el 0,87%).

2. La educación, donde la oferta de modelos lingüísticos en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada, están hechos con la clara intención de obligar a los padres a acudir al modelo B o D (enseñanza mayoritaria en euskera), gracias a una oferta de modelos en castellano mucho menor. De la misma manera, los colegios concertados que desean recibir ayudas y subvenciones para poder hacer frente a sus gastos, no tienen más remedio que introducir en su oferta educativa los modelos B y D, aunque no haya ninguna demanda por parte de padres y educadores.

Además, se ha convertido en obligatoria la euskaldunización del profesorado, lo que ha provocado la huida y la emigración de muchos trabajadores y funcionarios de estos colectivos que no han querido o no han podido adaptarse a una norma en la que es muchísimo más importante aprender euskera que reformar y adecuar el proyecto curricular a los nuevos tiempos de la enseñanza. Por ejemplo, en mitad del curso 97-98, 319 profesores tuvieron que abandonar su relación con los alumnos y ser sustituidos por otros profesores, por tener que acudir a los cursos el Programa IRALE, que obligatoriamente deben de realizar para adecuar su formación lingüística, con el consiguiente malestar de alumnos y padres de los alumnos.

Por último, está la conversión del paso a la red pública de las ikastolas, escuela pública o privada vasca, con una vieja historia de lucha por la Euskadi nacionalista. Las ikastolas tenían enormes dificultades económicas hasta que generosamente, un Consejero de Educación socialista les facilitó su entrada en el presupuesto público. A ello hay que sumarle las brotes de violencia en la Universidad Pública Vasca a favor del euskera, a pesar de no ser una demanda real de los estudiantes y a pesar de la incidencia que puede suponer en el profesorado que, antes de aprender euskera (obligatorio para acreditar lo que se llama perfil lingüístico), necesita aprender otros idiomas universales, lo cual puede traducirse en una descapitalización intelectual de la universidad.

Las familias se defienden del proceso de euskaldunización mediante las exenciones de euskera. La administración educativa pone cuantas dificultades puede para evitar su utilización. A pesar de ello los datos son elocuentes: 5.359 exenciones en el curso 95-96 (1.134 en Guipúzcoa, 2.488 en Vizcaya y 1.737 en Álava); 4.962, en el curso 96-97 (1.103, en Guipúzcoa, 2.369 en Vizcaya, y 1.490 en Álava); 4.514 en el 97-98 (1.095 en Guipúzcoa, 2.217 en Vizcaya, y 1.302 en Álava).

En los últimos presupuestos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco la partida denominada "euskaldunización del sistema educativo" ha estado en torno a los 5.800 millones de pesetas. Es obvio que se trata de una partida superior en mucho a la partida dedicada a investigación y política científica, que no alcanza los 1.600 millones, a la dedicada a las enseñanzas especiales, donde se encuentra la música, el arte, la danza, etc. Pero donde la comparación rompe todos los esquemas, es al conocer la cifra que dedica el Gobierno vasco a la enseñanza de lenguas oficiales de la Unión Europea, que apenas ha supuesto, en 1998... 113 millones de pesetas.

3. La cultura, cuya competencia, por la Ley de Territorios Históricos, corresponde a Ayuntamientos y Diputaciones Forales. La normalización lingüística es el motivo por el cual existe un macrodepartamento de cultura en el Gobierno Vasco, incluso con Delegaciones Territoriales en cada provincia, denunciado una y otra vez por la consiguiente duplicidad de gasto que supone y porque es el bastión del comisariado político nacionalista, que desconfía del transcurrir de la cultura oficial en cada comunidad natural.

En cultura existen dos pilares de la normalización lingüística, los programas de política lingüística que intentan impulsar "la pureza del idioma", y la presencia de la radiotelevisión pública que depende del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y que cuenta con dos cadenas, una enteramente en euskera y otra en castellano.

En 1996, la venta de libros en el País Vasco en euskera cayó un 24%, mientras en el mismo año la venta de títulos en castellano subía un 22%. Asimismo, la televisión pública vasca, que cuesta alrededor de 4.500 pesetas por habitante y año, se sitúa como la autonómica más cara de España, frente a las 2.854 pesetas que cuesta la andaluza, 3.003 la TVG (gallega), 2.265 TeleMadrid, o las 3.800 de la televisión pública catalana. La ETB-2 tuvo una cuota de mercado durante 1997 del 20,6%, con 555.000 espectadores; y por fin hemos conseguido las cifras de ETB-l, con 236.000 espectadores, un 8,8010 de cuota de mercado. La cifra de ETB-l en Álava resulta ridícula, 15.000 espectadores.

Se da el curioso fenómeno de tener la ETB-1 un 25% más de tiempo de emisión que la ETB-2, ya que mientras que la segunda interrumpe su emisión de madrugada, la primera tiene "sesión continua". La Dirección General nos dice que en la franja horaria de las 2 de la madrugada a las 8 de la mañana, ETB-1 tiene una media de 5.000 espectadores. En cuanto a la radio pública vasca en euskera, Euskadi Irratia dice tener una media de 76.000 usuarios en 1997, en Álava tan sólo 2.000.

Una cuestión que provoca enorme frustración entre los usuarios de la televisión vasca son las retransmisiones de los partidos de fútbol. y es que mientras se retransmite para todos los españoles por la televisión pública los sábados, en el País Vasco se hace a través de la ETB-1, íntegramente en euskera. Esto obliga a quitar la voz de la televisión y oír los partidos por la radio. Por si esto fuera poco, son justamente estos programas de fútbol los que permiten a los directivos de la televisión pública vasca dar sus altas cifras de audiencia para ETB-l, que, paradójicamente, emite la mayoría de sus anuncios en castellano.

Por último, hay que destacar los ámbitos en donde se está empezando a ejercer una enorme presión con la normalización lingüística:

• La sanidad, legislada por la Ley de Ordenación Sanitaria y que tiene como uno de sus objetivos la normalización lingüística del colectivo que trabaja en Osakidetza (servicio vasco de salud). La euskaldunización permite cursos de 6 meses, prorrogables otros 6, en los cuales el trabajador recibe el sueldo completo y le sustituyen con otra persona, que también cobra. Mientras, los permisos para realizar cursos, cursillos, congresos y actividades de formación científica del personal facultativo no pueden superar los 15 días al año.
• La Policía Autónoma, con la segunda fase del despliegue cuya misión es la de reciclar, establecer la formación especializada del policía, poner en marcha los cursos para los ascensos y la euskaldunización de la policía. Tal euskaldunización pretendía crear grupos de 300 policías autónomos en régimen de internado en Arcaute para euskaldunizarse. Curiosamente, tal pretensión coincide con la petición de más policías por parte del Departamento de Interior del Gobierno Vasco con el fin de atender las necesidades de seguridad que se están planteando en los territorios del País Vasco como consecuencia de toda la problemática de la violencia callejera.

En conclusión: 1) el proceso de normalización lingüística es un gran negocio donde se mueve mucho dinero y donde hay un buen número de puestos de trabajo creados; 2) el proceso de normalización comprime los programas del Estado del Bienestar, porque el Gobierno vasco sitúa la política lingüística dentro del gasto social, y además se puede comprobar que hay grandes partidas destinadas a la normalización. No se conoce la relación coste-eficacia de estos programas; Y 3) normalizar la situación lingüística de la Comunidad Autónoma del País Vasco supone un proceso de transformación en el cual no se repara en medios y en métodos para que los ciudadanos cambien su lengua natural y de uso social por la lengua reconocida como símbolo de diferenciación y de identidad nacional. No se atreven a realizar encuestas sociológicas para saber cuánta gente sabe euskera, y de ésta, cuánta hace un uso real.

Frente a todas estas políticas de normalización, y como alternativa a la imposición de un idioma, se podría perfectamente concebir la voluntariedad en el aprendizaje y el uso del euskera.