Participación y libertad en educación

La sociedad civil -un complejo conjunto de instituciones intermedias que incluye empresas, asociaciones de voluntarios, instituciones educativas, clubes, sindicatos, medio de comunicación de masas, organizaciones caritativas e Iglesias- se fundamenta, a su vez, en la familia, instrumento mediante el cual la gente se integra en su cultura y adquiere las habilidades que le permitan convivir en una sociedad más amplia. Francis Fukuyama, Confianza, 1998.

Es apremiante promover el protagonismo educativo de las familias y su colaboración con los establecimientos escolares. La mutua participación de alumnos y profesores en el diseño y aplicación de las estrategias educativas para cada alumno es un factor de éxito escolar.

La organización eficiente de los centros escolares precisa de un amplio marco de libertad donde la elección de las familias sea la verdadera vía de participación. Pero el mundo de la enseñanza no está a la altura de una sociedad abierta donde los ciudadanos tengan amplias posibilidades de decidir y participar verdaderamente en la formación. Es evidente que la educación pública se basa en un sistema burocrático donde no hay incentivos para la eficiencia. El muro de Berlín no se ha derrumbado en el ámbito escolar.

No debe extrañarnos que la calidad docente no mejore y se extienda en su lugar la indisciplina, el despilfarro de recursos y la ausencia de valores.

La mentira de la participación

En España, la legislación y la política educativa posteriores a 1978, en especial la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, promovieron un modelo de participación colectivista para el que se acuñó el término "comunidad escolar". Al mismo tiempo, se facilitó el protagonismo de asociaciones y sindicatos dominados por minorías activas que se arrogan una representación que no tienen. Entre sus objetivos fundamentales está impedir cualquier progreso de las iniciativas que favorezcan la libertad y la creación de nuevas ofertas educativas.

Es conocida la agresividad de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) contra la enseñanza no estatal, así como su combate contra toda iniciativa conducente a crear un ambiente de disciplina en los Institutos de Educación Secundaria. Otro tanto puede decirse de los sindicatos de profesores y estudiantes a los que además se subvenciona generosamente.

También ha crecido la burocracia educativa con los procesos de transferencias a las comunidades autónomas. Los Consejos Escolares de los Centros Educativos no han sido instrumentos de participación y colaboración responsable. Al contrario, han seguido directrices de plataformas dominadas por activistas hostiles a la supremacía de la persona y de la familia. Inspirados estos grupos en una estrategia a lo Gramsci, persiguen lograr su hegemonía mediante un combate permanente contra cualquier medida que persiga la calidad del sistema educativo. Entre éstas se pueden destacar la potenciación de la figura del director de escuela, la evaluación externa de los centros, la libertad de elección y la incorporación de algunos principios del mercado al ámbito escolar.

Las propuestas que hacen las Asociaciones de Padres y los Sindicatos equivalen aumento y descontrol del gasto, penalización a las familias que optan por las escuelas privadas, cogestión, irresponsabilidad del profesorado y reducción del horario de alumnos y profesores en los centros. De hecho, los días y horas lectivas han ido menguando en los últimos años.

Las organizaciones de padres tienen muy baja representatividad. Los representantes de los padres en los Consejos Escolares, según el último Informe del Consejo Escolar de Estado, fueron votados solamente por el 16,32% de los padres de alumnos. Esto indica que la mayoría de las familias intuyen que la participación es una gran mentira. La realidad es que los dirigentes de las Asociaciones de Padres y los Sindicatos les han secuestrado su derecho a elegir y posteriormente participar en la ejecución del proyecto educativo que consideran adecuado para sus hijos.

Lo primero: la libertad de elección

La clave de la calidad de la enseñanza, de la participación activa de padres y docentes y de su mutua colaboración está en la libertad de elección de escuelas y de itinerarios formativos. Se han de eliminar obstáculos que impidan a la sociedad civil crear ofertas educativas de calidad.

Desde un enfoque liberal, ni el Estado, ni, mucho menos, las Administraciones Educativas de la Comunidades Autónomas, son sujetos morales. En consecuencia, su Proyecto Educativo no debería ir más allá de asegurar las libertades, la convivencia entre discrepantes y los valores ampliamente compartidos. Esta idea no está de acuerdo con las imposiciones al uso que se hacen desde los diversos Boletines Oficiales de concepciones educativas de las que suelen discrepar amplios sectores de la población.

Los gobiernos no tienen por qué decir cómo se organiza un centro, cómo se enseña la lectura o cómo se evalúan las matemáticas. Esto debe quedar en el ámbito de los idearios y los proyectos curriculares que las escuelas oferten. Del mismo modo, ¿por qué se tiene que imponer desde la coacción del Estado un modelo comprensivo y uniformista para los alumnos de 12 a 14 años? Lo adecuado sería que las familias, mediante el libre ejercicio de su opciones particulares, determinasen que los centros ofertaran los diseños organizativos correspondientes a ese tramo de edad conforme a lo que la sociedad demande. ¿Por qué tienen que decidirlo unos pocos políticos y pedagogos de mentalidad constructivista?

España ha sido en las dos últimas décadas el paraíso de los pedagogos y psicólogos intervencionistas. Han saturado la legislación escolar con sus particulares teorías. Las consecuencias son las grandes leyes educativas vigentes (LODE, LOGSE, LOPEGE), por supuesto no consensuadas, y la cantidad ingente de Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y Resoluciones que las desarrollan. Está regulado todo, desde cómo hay que evaluar hasta la organización y las funciones de un Departamento, las horas de Educación Física a la semana que debe impartir una escuela primaria y cómo deben sancionarse las faltas de disciplina.

En el campo escolar, está claro que el Estado no debe ir más allá de establecer una legislación básica que asegure el derecho a la educación y establezca un marco de respeto a la Constitución y a la Ley Natural. La titularidad de los centros no tiene por qué ser un monopolio de las administraciones públicas. Se debería seguir el principio de subsidiariedad favoreciendo la creación de establecimientos escolares por grupos de la sociedad civil.

Los centros escolares dependientes de las administraciones públicas deberán concurrir sin privilegios al libre mercado. Así, los centros escolares cuyo número de alumnos quede por debajo de unas cifras razonables deberían cerrar. Se exceptuarían las pequeñas escuelas primarias de núcleos rurales aislados. No obstante, la mejora de las comunicaciones y la extensión del servicio de transporte escolar dará posibilidades de elección a las familias que residen en zonas rurales.

El mercado escolar permitiría además incentivar económicamente a los profesores de aquellos establecimientos que obtengan cuotas elevadas en calidad y tengan una amplia demanda de puestos escolares por parte de las familias. De esta manera se daría fin a un fenómeno paradójico propio de los sistemas escolares de Europa y Estados Unidos, y que consiste en premiar la falta de resultados positivos. A diferencia de cualquier otra rama del sector de los servicios, donde se penaliza el fracaso, los centros escolares en los que, año tras año, los alumnos obtienen muy bajas calificaciones, se ven recompensados con aumentos de recursos y gastos para que sigan fracasando a costa de todos.

Para el economista E. G. West (La educación y el Estado, Unión Editorial, 1994) la misión del Estado es establecer unos límites mínimos y fijar una inspección. Otras tareas, como una parte de la financiación y la creación y gestión de escuelas son, como han demostrado los centros concertados y no concertados en España, perfectamente realizables a través de la iniciativa privada que suele ser más eficaz y más eficiente. Las Administraciones, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, sólo intervendrían allí donde no llegue la sociedad civil.

Es una pena que en España no se haya trasladado a las empresas ya otras entidades la responsabilidad central de la Formación Profesional, que corresponde a los denominados ciclos formativos de grado medio y superior. Al contrario, las Administraciones Públicas han aumentado su protagonismo hipotecando las nuevas posibilidades que ofrece la actual dinámica económica y cultural. Lo mismo se puede decir de la Educación Permanente de Adultos, los Servicios Psicopedagógicos y los Programas Especiales.

Nuevos horizontes

La educación del siglo XXI debe descubrir nuevas salidas en la opción liberal. De esta manera, las familias encontrarán ofertas educativas integrales, coherentes y eficaces. Es el camino para desterrar el supuesto neutralismo demoledor de la educación intervenida por el sector público, que lleva a los alumnos al nihilismo y al escepticismo.

Una educación de calidad tiene que fortalecer el carácter, inculcar la responsabilidad individual, fomentar la adquisición de convicciones, la ausencia del miedo al riesgo, y el conocimiento y el significado de la tradición para la apertura al progreso económico y al bien común. Para ello, urge tomar medidas en pro de las libertades de enseñanza.

Las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas deberían huir de la tentación intervencionista, reduciendo al mínimo la burocracia y creando fórmulas imaginativas que den autonomía a los centros docentes, y devuelvan a los profesores la ilusión de enseñar y educar.

La libertad de elección de centro tiene que ampliarse. Se equipararían las condiciones de financiación y servicios complementarios de las redes del sector público y de los centros concertados. Para los centros no concertados se establecerían deducciones fiscales a las familias, así como el cheque escolar, en principio restringido a las familias con bajos ingresos.

Potenciar redes de transporte escolar y comedores con bonos para alumnos de extracción social modesta es una de las claves para extender la libertad de elección a amplias áreas urbanas y rurales.

Los centros escolares reclamarían nuevos gestores en administración escolar. Se fortalecería irremediablemente la función directiva, y los profesores serían incentivados en relación a su dedicación y los resultados que obtengan sus alumnos, que serán sometidos a los debidos controles externos.

¿Caerá algún día el muro de Berlín en las escuelas?