Un futuro incierto para Venezuela

Al cumplirse los primeros cien días del gobierno de Hugo Chávez el balance no está claro, en principio, ni para los mismos venezolanos. Nos dirigimos hacia una transformación política necesaria, pero aún muy poco definida, y en materia económica abundan las medidas contradictorias que tampoco permiten trazar el verdadero perfil de la orientación que se seguirá. Para evaluar este confuso comienzo es preciso tomar cierta perspectiva y recordar, aunque sea rápidamente, el conjunto de circunstancias que nos llevaron hasta la presente situación.

Hacia mediados de 1998 ya resultaba absolutamente claro que el sistema político venezolano había entrado en la fase terminal de la crisis que sufría desde una década atrás. Los electores, ante los comicios de diciembre, se inclinaban sin vacilar por los candidatos que más independencia mostraran con respecto a los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI (socialdemócratas y socialcristianos), y que prometieran una ruptura más tajante y nítida con lo que se ha dado en llamar, aquí, la "partidocracia" y el clientelismo. El rechazo a la corrupción y la creación de nuevas bases para renovar el sistema político se convirtieron en los puntos decisivos de la campaña y, en esas condiciones, se produjo entonces el triunfo de una figura carismática y fuertemente discutida: Chávez.

El Comandante Hugo Chávez

Chávez, como nadie, simbolizaba esa ruptura que buscaban los venezolanos. Para muchos, incluso, la representaba en demasía. Siendo Teniente Coronel del ejército venezolano había encabezado, en 1992, un intento de golpe de Estado cuyos objetivos eran confusos y tal vez bienintencionados, pero que incluían la toma del palacio de gobierno y la muerte del propio presidente. Detenido apenas durante un par de años y luego indultado por Caldera, se dedicó entonces a crear un movimiento político -el MVR, Movimiento Va República- en el que fueron confluyendo pequeños partidos y activistas de izquierda, nacionalistas de diversa formación, ex militares y hasta personas y grupos próximos al fascismo y al comunismo. La principal promesa electoral del chavismo fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter plenipotenciario destinada a acabar con el corrupto sistema de partidos al que se hacía responsable del prolongado estancamiento económico y la creciente pobreza de Venezuela.

El amplio apoyo que pronto recibió Chávez y su aparición como un factor político decisivo dividieron al país sin atenuantes, aunque tal vez de un modo engañoso: Chávez se situó como la única alternativa válida frente a la vieja política, pero suscitó no sólo el rechazo de los partidos tradicionales sino también el de un considerable número de electores que vieron en él una amenaza directa al sistema de libertades democráticas existente en Venezuela y el peligro de que se instaurase una dictadura de corte populista y, además, militarista. En medio de una profunda recesión causada por la baja de los precios petroleros y la errada política económica de Caldera, Chávez alcanzó un 56% de los votos en las elecciones de diciembre, en las que hubo un 36% de personas que se abstuvieron de concurrir a las urnas. Un cálculo simple indica que el comandante obtuvo exactamente el 35,8% del total del voto posible en esa ocasión.

La confrontación como sistema de gobierno

Los primeros pasos del gobierno de Chávez se caracterizaron por la más abierta y deliberada confrontación con los otros poderes del Estado y por un estilo peculiar que produjo aprensión y ansiedad a una buena parte del país. En el momento de asumir el mando el presidente no se atuvo al juramento sobre la Constitución que es tradicional y tildó a ésta de "moribunda", prometiendo en cambio sustituirla lo más pronto posible. Firmó horas después, un decreto de dudosa legalidad que convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente sobre bases que decidiría él mismo. Atacó luego duramente -en discursos que a veces duraban más de dos horas y resultaban más incoherentes y confusos que los de su amigo Fidel Castro- tanto al parlamento como a la Corte Suprema de Justicia, a los partidos políticos como a los sindicatos.

En estas primeras semanas Chávez dio algunos pasos hacia la incorporación de los militares a la vida política que suscitaron también dudas y resistencias. Lanzó un programa social destinado a realizar ciertas obras de mantenimiento y de atención al ciudadano que se apoya en la acción del ejército, promovió la reincorporación a filas de sus compañeros de la intentona de 1992 y se manifestó francamente a favor de la participación de los militares en la vida política y el proceso de renovación constitucional.

Cuando pidió poderes para gobernar por decreto en materia económica y envió al Congreso lo que en Venezuela se conoce como Ley Habilitante, incluyó un amplio número de materias en las que solicitaba a ese cuerpo libertad para legislar a su antojo. El parlamento, luego de un debate intenso, aceptó la mayoría de los puntos solicitados por el presidente pero éste, con un lenguaje destemplado, rechazó la ley que le ofrecía el Congreso e insistió -con amenazas abiertas- en que sólo aceptaría la totalidad de la ley o, en su defecto, declararía el estado de emergencia. Al final las cámaras volvieron a revisar la ley, cedieron en algunos puntos y, hace muy poco, la ley fue por fin aprobada.

Todo este clima de confrontación, que apenas si resumimos aquí, de conflictos políticos deliberadamente estimulados y exagerados, ha producido resultados contradictorios: por una parte ha mantenido la iniciativa política del presidente frente a sus adversarios y le ha permitido conservar la imagen de un hombre de pueblo que se sitúa abiertamente contra el repudiado "sistema". Pero por otra parte le ha enajenado la voluntad de muchas personas que, si bien desean un cambio profundo en el país, temen que ese cambio se convierta en una simple antesala para la instauración de un régimen personalista que no respete el Estado de derecho y que, para calificarlo de algún modo, podría llegar a ser una dictadura militarista de izquierda, como la que por ejemplo tuvo Perú con Velasco Alvarado entre 1968 y 1975.

Esta ambigüedad en la respuesta política hacia las acciones de Chávez se ha manifestado con claridad en el reciente referéndum que se efectúo para aprobar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): un abrumador porcentaje de ciudadanos, cercano al 90%, dijo sí a las preguntas, pero los votantes fueron apenas un 36% de los que figuran en los registros. Esto ha mostrado, en resumidas cuentas, que existe una voluntad extendida de cambio, pero que el estilo de conducción de Chávez no suscita tanto entusiasmo como él esperaba. La resistencia que enfrenta, aunque todavía pasiva, no podrá entonces ser menospreciada.

La tambaleante economía

Estos acontecimientos políticos se desarrollan, bueno es recordarlo, en medio de una situación económica francamente negativa. La economía está en recesión, pues el año pasado el producto interno se redujo 0,7010 y en éste se prevé un descenso aún mayor, del 3 ó 4 %. No por ello la inflación se ha eliminado: de un 30% que tuvimos en 1998 se estima que llegaremos, este año, a un 25%, cifra todavía muy alta y capaz de golpear duramente el nivel de vida popular. El déficit fiscal es de una magnitud tal que augura algún tipo de medida devaluacionista -con la consiguiente escalada inflacionaria- para los próximos meses; su monto se calcula en un 8-9% del PIB, aunque con el reciente incremento de los precios petroleros y ciertas medidas fiscales podría reducirse a algo menos de la mitad.

El panorama, como se ve, poco se prestaba para la ejecución de medidas populistas, de esas que siempre requieren dinero en abundancia para satisfacer los inmediatos reclamos de la población. Chávez, conociendo además la imagen que había proyectado en el exterior, decidió entonces proceder con cautela. Mantuvo en el Ministerio de Hacienda a Maritza Izaguirre, que había venido a conducir la economía al final del gobierno de Caldera y tenía buena imagen en los organismos internacionales, y de este modo logró, al menos, un respiro que le permitió seguir impulsando sus planes políticos.

Poco después tuvo que anunciar, sin embargo, algunas medidas económicas para enfrentar las aristas más apremiantes de la situación. Su proyecto, concentrado en la Ley Habilitante ya mencionada, es básicamente fiscalista y ha tenido la virtud de no provocar demasiado rechazo aunque tampoco, claro está, muchas simpatías. Se trata de aumentar y crear nuevos impuestos, reducir el empleo público, reorganizar el Estado (aunque sobre esto nada está muy claro), mejorar la recaudación, especialmente la aduanera, y ampliar el endeudamiento para cubrir el inmanejable déficit del fisco.

Pero con esto no es mucho lo que puede obtenerse: no es posible eliminar la inflación ni es factible, en ausencia de una ampliación sustancial de las inversiones, salir de la profunda recesión en que nos encontramos y disminuir el desempleo. Chávez necesitaría emprender un amplio programa de privatizaciones, reducir el déficit por el lado de los gastos y estabilizar los precios. Peroni su propia formación económica ni el equipo del que se ha rodeado hacen que estas medidas se puedan tomar pronto o con facilidad. El chavismo sigue apegado a un discurso donde predominan ideas favorables al proteccionismo y a los subsidios propias del nacionalismo económico y se resiste a privatizar, por razones ideológicas, la principal industria del país, el petróleo.

Estas circunstancias, a las que hay que agregar las diversas elecciones que tendrán que realizarse hasta que concluya el proceso de cambios políticos, generan un clima de incertidumbre que, como es obvio, no favorece la entrada de nuevos capitales al país ni el regreso de la enorme suma que los venezolanos tienen depositada en bancos extranjeros. El saneamiento de la economía y la consiguiente reactivación tendrán que esperar, por lo que parece, hasta que la situación política se estabilice, cosa que no podrá producirse sino hasta dentro de un año o algo más.

Caminos que se bifurcan

No es fácil, dada la complejidad del momento que vivimos, trazar ahora el escenario más probable para el futuro a corto plazo de Venezuela. Lo único seguro es que el proceso constituyente continuará, aunque tal vez sin demasiado entusiasmo, y que por unos meses las decisiones económicas quedarán en un segundo plano.

La necesaria renovación política del país podrá ser lograda de un modo pacífico y democrático si una ANC plural y no dominada exclusivamente por ningún partido logra encontrar un texto de consenso que dé a los venezolanos la sensación de estar refundando el país sobre nuevas bases. La tradición democrática de Venezuela favorece esta alternativa, lo mismo que el natural deseo de paz y prosperidad que siempre está presente en los pueblos. De allí en adelante un gobierno de Chávez más estabilizado y sensato podría buscar el modo de implementar reformas económicas de fondo sin que por ello se alterase demasiado la tranquilidad social.

Pero ésta, lamentablemente, es sólo una posibilidad entre varias. Chávez, alentado por las fuerzas no democráticas que indudablemente forman parte de su organización, y dejándose llevar por los rasgos autoritarios de su personalidad, podría intentar que la Asamblea se convierta en una especie de órgano plenipotenciario, a semejanza de la famosa Convención francesa, en especial si alcanza una mayoría en sus filas. En tal caso la tentación de una dictadura cívico-militar de corte izquierdista podría constituir, todavía, una posibilidad que no se puede descartar.

Este escenario depende también, como se comprenderá, del modo en que logre manejarse la economía en estos meses. Si ésta se recupera Chávez tendrá más espacio para maniobrar e imponer su liderazgo. Si continúa decayendo, o si la inflación exaspera más a una población ya empobrecida, aumentarán las presiones para que el gobierno haga algo... y rápido. Puede suceder, en este caso, que el gobierno pierda por completo el control de la situación y que la ANC (o hasta las Fuerzas Armadas) tengan que actuar como último resorte para procurar la estabilidad del país.

El gobierno no tiene una política económica definida y sus objetivos políticos, más allá de lo elemental, permanecen también en buena medida en la oscuridad. Las fuerzas que apoyan a Chávez son profundamente disímiles y no parecen dispuestas a cohesionarse bajo su liderazgo. En todo caso puede decirse que un ciclo ya se ha cerrado en Venezuela y que avanzamos, por ahora a tientas, hacia un nuevo modelo político. Si éste tiene suficiente consenso y logra además desterrar las nocivas prácticas del intervencionismo económico y el estatismo, Venezuela podrá avanzar de un modo bastante rápido hacia su recuperación. Si no se llega a este punto, por una u otra razón, el país tendrá que atravesar todavía un largo túnel que puede llevarlo a cualquiera de los nefastos conflictos y experimentos que ya se han hecho anteriormente en otras partes de nuestra región. Las decisiones cruciales, sin duda alguna, se habrán de tomar en los próximos seis meses.