Un mal sistema educativo

Nuestro sistema educativo actual, a excepción del universitario, está establecido en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), promulgada en octubre de 1990 (BOE 4 -10 -90).

Esta ley, pese a lo que su nombre indica, no es orgánica en su totalidad, sólo 28 de sus 99 artículos tienen carácter orgánico, un 28,8% del total. Tampoco es de ordenación general, ya que no regula todo el sistema educativo. La educación universitaria está regulada en la Ley de Reforma Universitaria (LRU).

En ella cabe resaltar dos características positivas: la incorporación de los valores constitucionales a la letra de la ley y de los principios de renovación pedagógica a la práctica docente.

Sin embargo ninguna de las dos supone nada original. Cualquier ley que estableciese un sistema educativo en los albores del siglo XXI , en un estado democrático y constitucional como el español, necesariamente habría incorporado los citados valores y habría actualizado los principios pedagógicos que ya se contenían en la Ley General de Educación de 1970.

Lo verdadera y lamentablemente innovador en la LOGSE es:
- el establecimiento de una Educación Secundaria Obligatoria y comprensiva hasta los 16 años (ESO);
- la institución de un nuevo modelo de formación profesional;
- la reducción a dos años del bachillerato que pierde el carácter de tal;
- la desaparición del Curso de Orientación Universitaria (COU). Analicemos con cierto detalle estos aspectos.

La ESO

Es una enseñanza obligatoria y básica que sustituye al 7º y 8º de EGB y al 1º y 2º de FP-I o a 1º y 2º de BUP. Se estructura en dos ciclos, de 12 a 14 años y de 14 a 16 años, de dos cursos académicos cada uno.

Se sustenta en el principio de la escuela comprensiva, que es la escuela en la que todos los alumnos estudian un currículo o programa común, matizado por medidas de atención a la diversidad, siempre subordinadas al principio de comprensividad. Esto supone que los adolescentes están aparcados obligatoriamente en una enseñanza básica e igual para todos hasta los 16 años y , en algunos casos, hasta los 18, ya que pueden repetir dos cursos.

Las consecuencias de tener en la misma aula a alumnos con capacidades, actitudes, motivaciones e intereses muy diferentes, especialmente en la enseñanza pública, que escolariza a todo tipo de alumnos hasta esa edad, se han dejado sentir muy pronto: indisciplina generalizada, aumento de la conflictividad y de la violencia escolar, bajos rendimientos académicos, aparición del objetor escolar (alumno que no quiere seguir en el sistema educativo establecido), depresión o ansiedad en muchos profesores...

El título de Graduado en Secundaria, que se obtiene al final de esta etapa, además de tener carácter terminal, permite el acceso a la Formación Profesional y al Bachillerato. Pensado para ser conseguido por prácticamente todos los alumnos, la realidad está demostrando que muchos no lo logran. Para ellos la única salida son los programas de Garantía Social, una enseñanza marginal, o preparar un examen para acceder a la FP. Encontrar un trabajo sin formación alguna y sin el titulo de Graduado es tarea imposible.

Con la Ley de Educación de 1970 el alumno que no conseguía el título de Graduado Escolar podía acceder a la Formación Profesional e incorporarse a los 16 años al mundo laboral con cierta cualificación profesional, o seguir en dicha enseñanza hasta finalizar la FP-II.

Pese a que los niveles de exigencia son mínimos, pese a que se evalúan las capacidades, no los conocimientos adquiridos en las diferente áreas, y a pesar de que se arbitran medidas de atención a la diversidad, como la diversificación curricular a partir de los 16 años para facilitar la consecución del título, el fracaso escolar es estrepitoso.

Según el Informe de la Inspección Educativa, en el curso 1996-97 un 30% de los alumnos de la ESO de centros de territorio MEC no lograron el título y sólo el 45% acabó la etapa sin ningún suspenso. Resultados similares aparecen en el informe del INCE, que manifiesta que el 33% de los alumnos de 16 años se sitúa en el límite inferior de la distribución con resultados muy por debajo de los mínimos aceptables.

Juan Antonio González-Pienda, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Oviedo, manifiesta que 8 de cada 10 alumnos de la Educación Secundaria tienen problemas en alguna asignatura. Reconoce que en los centros privados hay un rendimiento mayor porque a los centros públicos acude todo tipo de alumnos y a los privados no. (Escuela Española, 18 de marzo de 1999). Otros informes y estudios llegan a iguales conclusiones.

Un sistema educativo que arroja a la marginalidad a un 30% de los alumnos, pertenecientes casi en su totalidad a las clases más desfavorecidas, y que mantiene en la ignorancia a gran parte del resto es ignominioso y perverso.

Pero la perversión del sistema es mayor si tenemos en cuenta que las consecuencias negativas derivadas de la extensión de la comprensividad hasta los 16 años son sufridas íntegramente por los alumnos de la enseñanza pública, que es la que escolariza a todos, cualquiera que sea su carácter o nivel sociocultural, mientras que la privada, en su mayor parte concertada, por falta de medios o por otras razones, no asume a los alumnos académica o socialmente más conflictivos y, por tanto, se libra de ellas. En definitiva, se escapa de la escuela comprensiva.

Además los centros públicos y los privados se distribuyen en España de manera muy desigual, según el entorno socioeconómico. En los suburbios, zonas marginales y pueblos pequeños, la oferta pública sobrepasa el 80%, mientras que en las zonas residenciales de clase alta el 100% es oferta privada. (Informe España 1998, Fundación Encuentro).

Respecto al número de alumnos, un 70% se escolariza en la enseñanza pública y un 30% lo hace en la privada, proporción que va en aumento tras la implantación de la LOGSE.

La LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, del ministro Maravall, consolida en 1985 la escuela privada concertada y subvencionada existente. Diez años después, en 1995, la LOPEG, Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros, con Álvaro Marchesi como secretario de Estado, profundiza en la concertación, con las correspondientes subvenciones, y concede más autonomía a los centros privados.

La comprensividad consagrada en la ESO está consiguiendo desviar la formación de las élites académicas e intelectuales a la escuela privada, mientras que la pública queda como compensatoria, una escuela en la que es imposible progresar, ni social ni culturalmente. Los Institutos de Enseñanza Secundaria han perdido la función de reequilibrio sociocultural que tuvieron los Institutos de Bachillerato y consagran las desigualdades existentes.

La formación profesional

La LOGSE transforma la Formación Profesional de la Ley General de Educación, estructurada en una FP-I de carácter compensatorio y en una FP-II cada vez más prestigiada y valorada socialmente, en una Formación Profesional específica y elitista. Es específica porque la formación profesional de base se considera incorporada a la ESO y al Bachillerato. Es elitista porque exige el título de Graduado en Educación Secundaria para acceder a la de Grado Medio y el de Bachillerato para acceder a la de Grado Superior. Con lo cual el acceso a la Formación Profesional se retrasa, como mínimo, hasta los 16 años para la de Grado Medio y hasta los 18 para la de Grado Superior.

Además, no hay ninguna conexión entre una y otra. Ambas son terminales. Un alumno que alcance el título de técnico al finalizar el Grado Medio, y quiera ser Técnico de Grado Superior, tiene que volver, a sus 18 ó 19 años, al Bachillerato para, una vez terminado y con su correspondiente título, poder iniciar, con 20 ó 21 años, sus estudios de FP de Grado Superior.

Tampoco se ha tenido en cuenta al amplio sector del alumnado que hasta ahora cursaba la FP-II. La nueva Formación Profesional de Grado Medio le queda corta y la de Grado Superior le resulta inalcanzable.

El bachillerato

Es una etapa de la Educación Secundaria de tan sólo dos cursos académicos de duración. Es el Bachillerato más corto de Europa. Tiene cuatro modalidades diferentes: Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. Cada una de ellas se subdivide, a su vez, en opciones: Artes Plásticas y Artes Aplicadas y Diseño; Ciencias o Ingeniería y Ciencias de la Salud; Ciencias o Ingeniería y Tecnología Industrial; y Humanidades, Ciencias Sociales: Geografía e Historia y Ciencias Sociales: Administración y Gestión. Esta sola distribución lo hace discriminatorio, ya que en escasísimos centros se impartirán las cuatro con toda su corte de opciones y de asignaturas comunes, de modalidad y optativas.

Este Bachillerato abandona la formación integral, humanística y científica, de los alumnos en aras de una falsa especialización e introduce materias impropias de este nivel, como Economía y Organización de Empresas, Fundamentos de Organización y Gestión, Matemáticas de la Forma, Comunicación Audiovisual o Ampliación de Sistemas de Representación técnicos y científicos... Pensado para un 80% de los alumnos, para que la formación especializada que reciban les permita acceder a estudios superiores, Universidad o Formación Profesional, o incorporarse a la vida activa, difícilmente puede lograr un adecuado nivel de exigencia y de calidad. Sobre todo teniendo en cuenta la nula preparación con la que llegan los alumnos después de cuatro años de enseñanza lúdico-comprensiva, al menos en los centros públicos, y que los grupos siguen siendo heterogéneos por la finalidad de sus enseñanzas y porque hay alumnos que lo cursan por carecer de opciones adecuadas de Formación Profesional en la localidad o zona en la que viven.

El primer curso les sirve de adaptación a la nueva etapa. El segundo es un durísimo curso preuniversitario para aquellos alumnos que quieren acceder a la Universidad y un año escolar frustrante para muchos, que entonces se dan cuenta de su bajísimo nivel, y de abandono para algunos. El antes citado Informe de la Inspección indica que el 42% de los estudiantes tiene que repetir el segundo curso y que más de la mitad que supera el primero lo hace con alguna asignatura pendiente.

El número de alumnos que, estudiando Bachillerato en los Institutos de Enseñanza Secundaria, se presenta a la Selectividad es muy inferior al de los que lo cursaban en los antiguos Institutos de Bachillerato. Hemos pasado de tener uno de los mejores Bachilleratos de Europa a tener un "seudobachillerato" de dos años. y de tener unos excelentes Institutos Públicos de Bachillerato a tener unos Institutos Públicos de Educación Compensatoria.

La desaparición del Curso de Orientación Universitaria (antiguo COU) agrava el problema de la Selectividad. Cualquier prueba que se diseñe basada en la madurez y en el conocimiento de los contenidos apartará de la Universidad a los alumnos procedentes de los Institutos de Enseñanza Secundaria. No podrán competir. Han cursado 4 años de una ESO comprensiva y 2 de Bachillerato descafeinado, mientras que los de los colegios privados han cursado 4 años de una ESO equivalente a un Bachillerato Elemental y 2 de un Bachillerato con contenidos equiparables a los del Bachillerato Superior. Incluso Álvaro Marchesi, hablando de la LOGSE, reconoce que "tampoco se estableció una buena conexión entre el Bachillerato y la Universidad" (El País, 20 de octubre de 1998).

La otra LOGSE

Si grave es lo comentado hasta ahora, no lo es menos la política de personal establecida en las disposiciones adicionales y transitorias, que cabe calificar como un claro atentado a los principios constitucionales de mérito y capacidad.

Es evidente su deseo de comprar voluntades y adhesiones a la LOGSE. Pero el sistema diseñado es tan burdo que no ha sido capaz de general ilusión, ni siquiera por agradecimiento, en el profesorado al que trata de beneficiar. La mayor parte de los profesores se manifiestan contrarios a la reforma diseñada por esta Ley, como demuestran las encuestas llevadas a cabo.

Sólo el metaprofesorado (docentes en función inspectora, asesores de los CEPRS, docentes en puestos técnicos de la administración...) creado en torno a la LOGSE y privilegiado por ella, se muestra propagandista activo, dado que su salario y posición profesional dependen de que se mantenga.

A pesar de ello, y a pesar de haber reconocido pública y privadamente sus insuficiencias, el MEC se cierra en banda y se niega a reformar punto alguno de una Ley que, producto de unos ideólogos iluminados, está llevando al sistema educativo español a las cotas más bajas de su historia. Nunca como hasta ahora, se han dilapidado tantos medios con tan poco provecho.

Entre los despropósitos y tropelías cabe destacar: el sistema transitorio de acceso a la función pública, que ha provocado el desastre y no ha conseguido solucionar el problema de los interinos; el exterminio del Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato, que descabeza el sistema educativo sin beneficio para nadie ni para nada; la creación de una condición de catedrático que, en lugar de consagrar una promoción profesional, humilla a quien la recibe, por cuanto está desprovista de función alguna y únicamente supone un aumento salarial discriminatorio respecto al resto del profesorado; y el picaresco (por calificarlo benévolamente) diseño de la función inspectora, que en principio era temporal, luego indefinida y por último, gracias a la LOPEG, se transforma en Cuerpo de Inspectores. "No acertamos en el tema de la inspección educativa", dice Álvaro Marchesi (El País, 20 de octubre de 1998).

Todo ello ha llevado a una judicialización de la vida escolar española sin precedentes en la historia, lo que demuestra que el pretendido consenso en la implantación de la LOGSE es una falacia y ha generado numerosas sentencias que anulan concursos de traslados, de acceso a la condición de catedrático, de acceso a la función inspectora o de acceso a la función pública docente.

Sólo hace falta consultar las hemerotecas para ver los sucesivos escándalos: inspección politizada, acceso degradado a la función pública docente; implantación anticipada de la ESO en contra de la opinión de los padres (que incluso llegan a querellarse contra las autoridades educativas) y de los profesores; acceso clientelista a la condición de catedrático; pacto vergonzante con los sindicatos para lograr su apoyo a la LOGSE a cambio del exterminio del Cuerpo de Catedráticos, ausencia de candidatos a Director en los Institutos; escasísima participación de los padres en los Consejos Escolares; nula implicación del profesorado de Bachillerato en la Reforma, descontento generalizado...

Conclusiones

De todo lo expuesto hay que concluir que la LOGSE es sectaria y excluyente de amplios colectivos sociales y profesionales; es reaccionaria, por cuanto impedirá la movilidad social que es un valor prioritario e irrenunciable de toda sociedad justa y progresista; confunde enseñanza obligatoria hasta los 16 años, que es un logro social, con enseñanza igual para todos hasta esa edad, lo que es un igualitarismo reaccionario; elimina el Bachillerato, tal como se entiende en el entorno europeo, y desmantela los Institutos de Bachillerato que pasan a convertirse en centros híbridos de Educación Básica, "seudobachillerato" y Formación Profesional; retrasa la Formación Profesional; no soluciona el tránsito de la Educación Secundaria a la Universidad; desvincula totalmente la Universidad del resto del sistema educativo, el "cajón de sastre" de la Enseñanza no Universitaria, por primera vez en nuestra historia; es muy cara y difícilmente financiable, se dilapida el dinero de los contribuyentes en la creación de centros innecesarios, en un mal aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, en inoportunos traslados de alumnos.

En resumen, la LOGSE es una ley falsamente progresista, que destruye el sistema creado por la Ley General de Educación de 1970, una buena ley para la época en que fue promulgada, sin ser capaz de crear uno nuevo que lo sustituya con dignidad. Desarma culturalmente a la sociedad española y crea en ella una división, netamente regresiva, entre quienes puedan acceder a una Enseñanza Secundaria de calidad, en un centro privado, y los que queden condenados a padecer una lúdica y conflictiva Enseñanza Secundaria Obligatoria en un centro público.

Es necesario y urgente reformar la LOGSE. Por razones de espacio dejamos nuestras propuestas, alternativas a las establecidas por esta Ley, para una próxima ocasión.