Fundamentos de un sistema liberal de enseñanza
La sociedad puede facilitar, alentar e incluso imponer la necesidad de que se provea lo esencial de una educación (Adam Smith)
La Instrucción Pública es parte de la concepción liberal del Estado, para civilizar y convertir en ciudadanos a los habitantes del Estado más alejados de la cultura y de la educación (Federico Jiménez Losantos)
Introducción
Tal y como la entendía Adam Smith[1], la escuela debía ser una institución dedicada a la formación cultural de la población, con independencia de las necesidades del mercado laboral. Ello repercutiría no sólo en el desarrollo económico, también, en el caso de las sociedades democráticas, en el político. Para Smith, esta instrucción implicaba la transmisión a la totalidad del alumnado de unos conocimientos mínimos fijados por una autoridad pública.
Esta escuela encajaba perfectamente con el sueño americano que acababa de nacer: los chicos más aptos, aunque procedieran de familias pobres y barrios marginales, tendrían un instrumento de promoción social que les permitiría prosperar, con el único límite de su esfuerzo y sus capacidades. Se trataba de dar una oportunidad de salir adelante a cada alumno en función de sus méritos, lo que repercutiría sobre toda la sociedad. En palabras de Smith, "al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo".
Por tanto, un sistema de enseñanza liberal no sólo ha de responder a las necesidades del mercado laboral, sino ofrecer una instrucción útil, como herramienta de movilidad social, que permita a los agentes económicos contar con los mejores talentos.
El liberalismo y la calidad de la enseñanza
Una escuela liberal, es decir, una escuela que proporcione una buena formación cultural y sirva como instrumento de promoción social, requiere en primer lugar un ambiente académico donde rijan unas normas de disciplina que deba asimilar el alumno y que se basen en el respeto al profesor y en el deber de estudiar. Sólo el respeto a estas normas garantiza el derecho a la educación del que quiere aprender. A partir de ahí, se hacen necesarios mecanismos transparentes de evaluación del aprendizaje, un sistema de incentivos al esfuerzo y de reconocimiento del mérito, una diversificación de la oferta formativa, para integrar vocaciones y aptitudes diversas en el sistema educativo, y el control y reconocimiento de los resultados de los centros.
La supresión de la disciplina, de los exámenes y de cualquier forma de selección de los alumnos en función de su rendimiento escolar explica el fracaso de la escuela pública tras las sucesivas reformas socialistas. La izquierda, al allanar el camino hacia los títulos académicos mediante la supresión de cualquier forma de exigencia, los ha despojado de cualquier valor y, por tanto, ha quitado a los chicos sin recursos que sólo tienen la escuela como instrumento de movilidad cualquier posibilidad de destacar y prosperar. En palabras de Jiménez Losantos, "si degradas el nivel de la enseñanza pública al que perjudicas es al pobre listo, y al que favoreces es al rico tonto".
Mejorar la educación no es tan complejo como se quiere hacer creer. Existen soluciones; soluciones sencillas. Lo difícil es franquear el muro de lo políticamente correcto, de lo que se puede y lo que no se puede decir en educación. Un muro construido sobre esas ideas, leyes y dogmas que proclaman que debe sustituirse la elitista y anacrónica"mera transmisión de conocimientos" (racionalidad, memoria, cálculo), así como el supuesto autoritarismo del sistema tradicional, por una "escuela de ciudadanía" basada en la interculturalidad, la corrección de las desigualdades, el aprendizaje espontáneo (que niega cualquier jerarquía alumno-profesor) y la participación de la comunidad educativa; o sea, la escuela en manos de las asociaciones de padres.
El liberalismo funciona. Funciona porque no se inspira en una visión ideológica del mundo, sino que emana de la propia naturaleza humana; por eso ha sido más eficaz en la erradicación de la miseria y en la creación de riqueza que cualquier utopía igualitaria. Con el fin de patrimonializar la educación, la izquierda se ha apresurado a asegurar que ésta es tan importante y necesaria que debe mantenerse apartada de las "presiones del mercado" y del "neoliberalismo salvaje" y que, por tanto, no se le pueden aplicar las mismas reglas de competitividad y transparencia que tan buenos resultados han cosechado en los demás sectores económicos.
Como el liberalismo no cree en la fatal arrogancia que supone una planificación estatal de las necesidades humanas, cede a la sociedad la respuesta a sus propias demandas y rechaza el monopolio de los servicios públicos. La izquierda ha aprovechado su defensa de una economía intervenida, de la existencia de los servicios públicos y de los monopolios estatales para hacer creer que sólo un Gobierno de izquierdas se preocupará por la escuela pública; que lo que interesa a la escuela pública es que gobierne la izquierda.
Lamentablemente, muchos liberales han limitado su discurso a la defensa de la privatización del sistema educativo y de la libertad de los padres para educar a sus hijos sin intromisiones, con lo que han negado legitimidad a cualquier reforma que trate de introducir en la escuela pública principios liberales como el fomento del esfuerzo y la responsabilidad individual de los alumnos. La ausencia de un discurso liberal en la enseñanza pública ha dejado el camino libre a la perpetuación en ésta de la ideología socialista, que controla el conjunto del sistema educativo.
Para abordar la mayoría de los debates actuales y cambiar el actual estado de cosas resulta insuficiente limitar el discurso liberal a propuestas como las privatizaciones o la educación en casa (homeschooling). Lo que verdaderamente necesita la escuela es que se potencien en su seno valores tan liberales como el esfuerzo, la responsabilidad, la eficacia y la transparencia en los resultados, y que los centros públicos vuelvan a ser instrumentos de promoción social.
El derecho a la educación
El derecho a la educación no es sólo el derecho de los padres a educar a sus hijos sin intromisiones. Es, además, el derecho del niño a recibir una lengua, una cultura y una instrucción que le permitan vivir en sociedad como un individuo libre y responsable de sus decisiones; porque, en palabras del conservador Nicolás Sarkozy, "el ignorante no puede ser libre". A la hora de construir un discurso liberal deben tenerse en cuenta ambos derechos: el primero, referido a la educación moral; el segundo, a la formación académica.
Igual que el derecho de un niño a la vida implica la obligación de alimentarle, el derecho a la instrucción conlleva el establecimiento de unos contenidos comunes y cohesionados y de unos mecanismos para garantizar dicha formación, especialmente en una sociedad cada vez más heterogénea culturalmente. La Constitución española establece una enseñanza obligatoria y gratuita, lo que deja a la autoridad pública, responsable de garantizar los derechos individuales, la responsabilidad de fijar los contenidos comunes y de establecer los referidos mecanismos de control.
Es posible que a muchos liberales les suene a intromisión estatalista que un poder público fije unos contenidos formativos obligatorios y los requisitos para verificar que efectivamente se están transmitiendo. Pero si rechazamos que una autoridad coercitiva fije una formación mínima, dejaremos de reconocer el derecho del niño a la instrucción con independencia de los deseos de sus padres y, por tanto, sólo estaremos reconociendo el derecho de éstos a educar a sus hijos sin intromisiones, lo que incluiría el derecho a no darles educación alguna.
Este supuesto, en España, no encontraría su justificación en una falta de recursos económicos por parte de los padres y es un riesgo cada vez mayor, dada la heterogeneidad cultural que conlleva la inmigración resultante del proceso de globalización. Hay padres irresponsables, además de grupos culturales contrarios a la integración en Occidente, que pueden plantear objeciones a formar a sus hijos de acuerdo con los criterios nacionales. Estamos hablando de niños que, por el hecho de estar en España, son titulares del derecho a la educación. Los ejemplos de rechazo a la integración son conocidos: desde los asentamientos gitanos, donde hay niños que no son escolarizados, hasta los islamistas más radicales, que se oponen a la integración de sus hijas en el sistema escolar español, pasando por campamentos hippies y padres mendigantes, etcétera.
Los adultos son libres para vivir como quieran dentro de lo que marca la ley, pero los niños tienen derecho a recibir una formación cultural que les permita elegir el modo de vida que quieran llevar. Nosotros, como sociedad democrática, tenemos que garantizarles ese derecho. No se trata de buscar en el sistema educativo una forma de igualación social. No se trata de imponer una educación exactamente igual hasta la mayoría de edad, como reivindica la izquierda. Se trata de ofrecer una serie de oportunidades que sean útiles a los chicos con posibilidades de salir adelante. Se trata de que el aprovechamiento académico dependa del talento y del esfuerzo de los estudiantes, nunca del origen cultural de sus padres. Karl Popper hacía muy bien en recordar que el "hábitat" natural del hombre es la tribu, no la libertad individual.[2]
El cheque escolar
Obligar a los padres a dar a sus hijos una formación previamente establecida en unos centros homologados por el Estado implica obligarles a asumir determinados gastos. Puesto que es el Estado el que establece esta obligación, es aceptable que se haga cargo de dicho desembolso (lo cual no implica garantizar la gratuidad total a todas las familias y en todos los niveles educativos). En cualquier caso, se hace necesario un sistema de financiación de la enseñanza.
De acuerdo con el sistema actual, el Estado cubre la totalidad de los gastos de la escuela pública, a la cual asigna docentes en régimen de funcionariado. Como si se partiera de una demanda insuficiente, el Estado asume el gasto de los centros públicos con total independencia de los resultados que cosechen y de la elección de los padres. Hay, por otro lado, un régimen de conciertos, por el cual el Estado cubre los gastos (nunca del todo) de algunos centros privados, a condición de que las enseñanzas que impartan sean gratuitas (nunca lo del todo). La concesión del concierto es discrecional: no hay vinculación a los resultados o a la demanda, aunque sí se consigue someter los centros concertados a esa burocracia de la escuela pública moderna, o sea socialista.
Son muchas las objeciones que se pueden plantear a este sistema. En síntesis: no hay posibilidad de ajuste entre la oferta y la demanda, es decir, que la proporción entre centros públicos y privados la fijen los padres; no hay incentivo alguno a la mejora de resultados (principalmente, porque no hay mecanismos externos de evaluación); los padres que llevan a sus hijos a centros privados no concertados pagan dos veces el gasto educativo; estos centros quedan, pues, reservados a minorías; no se incentiva a la iniciativa privada a instalarse en zonas desfavorecidas; se imponen rigideces y controles a la iniciativa privada que quiere acceder al dinero destinado a la educación.
El cheque escolar, ideado por Milton Friedman, consiste en que el Estado abone directamente a las familias el dinero que pretende destinar a la educación de los niños, para que los padres puedan elegir entre los distintos centros educativos –eso sí, previamente homologados–. Veamos un símil: si el Estado quisiera financiar la alimentación de toda la población, podría o bien subvencionar supermercados a cambio de la gratuidad de ciertos productos, o bien dar una ayuda diaria por persona. El cheque escolar no pretende ayudar a los centros educativos, ni darles estabilidad ni seguridad. Pretende ayudar a las familias que, sin ese cheque, jamás podrían permitirse llevar a sus hijos a la enseñanza privada. Pretende igualar a pobres y a ricos a la hora de elegir colegio. Pretende, en definitiva, que los centros se tomen tan en serio la educación de los pobres como la de los ricos.
Como el cheque favorece la libre competencia entre escuelas, con los adecuados sistemas de control de resultados a la larga se expulsaría del mercado a aquellos centros con peores resultados, que si hoy existen es porque el Estado se hace cargo de su costoso mantenimiento. Con este sistema el Estado ahorra, las familias eligen y los centros privados ven rentable procurar educación de los pobres. Al permitirse que los mejores alumnos vayan a los mejores colegios, se suprime cualquier limitación económica a la promoción académica de los mejores talentos.
El derecho de propiedad
La gran dificultad para mejorar la calidad de la enseñanza radica en la inexistencia de la lógica de los derechos de propiedad en la escuela, en la falta de responsables claros en cuestiones como los resultados de los centros públicos, la elección de los directivos de los mismos, la garantía de la solvencia de los títulos académicos, etc. Aclarar la cuestión de los derechos de propiedad permite abordar la tarea de determinar quién está legitimado para tomar decisiones y, por tanto, quién debe exigir qué a quién.
Los altos índices de fracaso escolar en nuestro sistema de enseñanza hay que anotárselos mayoritariamente a la escuela pública, afectada de lleno por las imposturas pedagógicas modernas y por el sistema comprensivo, que ofrece una única vía formativa a todos los alumnos: mediocre para los más capaces, condena al fracaso a quienes tienen intereses menos académicos o han llegado tarde al sistema educativo; a estos últimos el sistema sólo les sería útil si les ofreciera una formación laboral.
La escuela pública acoge a la mayoría de la población escolar española. Su deterioro ha aumentado considerablemente la demanda social de la escuela privada concertada, única vía de escape que tienen las familias con menos recursos. Esto, y el hecho de que el puesto escolar privado es más barato que el de la escuela pública, podría hacer pensar que resulta más fácil y eficiente financiar centros privados –o dar ayudas a las familias– que imponer reformas liberales en la beligerante e inmovilista escuela pública. Pero, como explica Alicia Delibes[3], esta renuncia sería, además de costosa –pues habría que mantener la financiación de la escuela pública con independencia de los alumnos que a ella acudan–, un abandono a quienes hoy no tienen alternativa a estos centros (ni la tendrán –esto lo digo yo–, mientras se exija a la iniciativa privada carecer de ánimo de lucro para acceder a la financiación del derecho a la educación). Habría que añadir que renunciar a la batalla de las ideas en la escuela pública supondría un fraude a los contribuyentes, que han costeado una serie de centros que podrían funcionar mejor.
En cualquier caso, el problema de la escuela pública no lo causa su titularidad estatal, sino, más bien, su "falta de titularidad". Muchos de sus problemas pueden analizarse desde la óptica liberal, y entenderse como el resultado de la inexistencia de propietarios claros de los centros y, por tanto, de responsables de los fracasos. Por algún motivo, el Estado (concretamente, las comunidades autónomas) no se siente legitimado para ejercer su titularidad sobre la escuela pública y ha cedido sus derechos de gestión a asambleas de padres, alumnos y profesores (los Consejos Escolares), cuyos integrantes ni son propietarios de ni financian los centros. Esto se ha hecho con la excusa de "democratizar" la escuela, facilitar la "participación de la comunidad educativa" y permitir el "control social de los fondos públicos". Lo democrático no es, al parecer, que cada cual gestione lo que le pertenece –el Estado sus escuelas y las empresas privadas las suyas–, sino que las asociaciones de padres y los sindicatos gestionen los centros públicos y concertados, inhibiéndose su titular de cualquier medida que no sea invertir mucho sin exigir nada.
El análisis predominante, impuesto por la izquierda en nombre de la democratización de la escuela y de la educación participativa, es el siguiente: un centro público pertenece al Estado a efectos de inversión (procedente de los impuestos de los contribuyentes), pero éste debe renunciar a cualquier derecho de propiedad, especialmente a la hora de elegir a los directivos o fiscalizar los resultados. Se plantea una especie de relación feudo-vasallística: la Administración financia y es dueña del centro, pero debe aceptar sin rechistar que sea la comunidad local de padres, estudiantes y profesores quien tome todas las decisiones que debería tomar el propietario: elección del director, diversificación curricular del centro, etc.
Resulta especialmente irónico el argumento que habla de garantizar un "control social de los fondos públicos" en los centros públicos y concertados, porque ha sido precisamente la izquierda quien ha rechazado cualquier control de los resultados académicos de los alumnos (recuérdese la Prueba General de Bachillerato, o la Prueba de Conocimientos y Destrezas Imprescindibles), así como cualquier "intromisión" de la Administración, que es precisamente quien representa a los que han aportado esos fondos públicos.
Esta autogestión asamblearia, contraria al principio de propiedad privada y disfrazada de democracia, impide una evaluación clara y transparente de los resultados. Podría parecer una paradoja que un liberal defienda un mayor papel del Estado en la gestión de la enseñanza, pero hay que recordar que lo que se defiende es el derecho del Estado a gestionar sus escuelas, no a gestionar escuelas ajenas. Un liberal no pondría pega alguna a un colegio gestionado de forma asamblearia o representativa por padres, profesores y alumnos siempre que el centro fuera de ellos y se financiara como cualquier otra escuela privada. Y por ahí la izquierda no pasa: lo fundamental es aplicar su pedagogía sectaria a costa del contribuyente.
Hoy, el equipo directivo de un centro público ni es una autoridad, pues para su elección depende de la "comunidad educativa", ni tiene prácticamente funciones directivas (las ha asumido por el Consejo Escolar). Por si fuera poco, los profesores son funcionarios, con lo que su vinculación al centro y la posibilidad de exigir un cierto rendimiento es ciencia-ficción.
Las reformas educativas del Partido Popular pusieron en su sitio al Consejo Escolar definiéndolo como órgano de consulta, y garantizaron tanto la autoridad del director como el papel gestor de la Administración. Pero el empeño de Zapatero por derogar las dos legislaturas anteriores acabó también con esta tímida reforma; salvo en la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre pretende recuperar la disciplina en las aulas dando autoridad al director en el centro y al profesor en el aula.
Un sistema educativo libre requiere que la oferta pueda adaptarse a la demanda de los padres, pero también que los titulares de los centros, públicos o privados, puedan dedicarse a la gestión sin interferencias de los padres y los alumnos. Lo cual no significa que la escuela pública tenga que gestionarla una Consejería. La gestión de la escuela pública puede descentralizarse en las delegaciones territoriales, en los propios directores, privatizarse o cederse a los claustros, a cambio de unos resultados académicos mínimos en las evaluaciones externas. Pero la legitimidad en la toma de decisiones debe ostentarla el titular del centro, no los padres, los alumnos y los profesores.
Evaluaciones y títulos académicos
Desde una perspectiva de mercado, las evaluaciones de conocimientos externas son el intermediario necesario para que un ajuste oferta-demanda en la elección de centro repercuta en una mejora de la calidad de la enseñanza. Dicho de otra forma: la libre elección del consumidor promueve una competitividad que repercute en mejoras en la oferta sólo cuando aquél tiene criterios con los que guiarse a la hora elegir. Sin un baremo externo, sin una medición homologable del aprendizaje, el único criterio al alcance de los padres sería el número de ordenadores y el tamaño del patio de cada centro. Además, los padres tienen derecho a obtener ese tipo de información.
El Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre decidió que era importante saber si al acabar la Educación Primaria los alumnos habían adquirido unas competencias imprescindibles y unos conocimientos que se darían por sabidos en los institutos. Por eso decidió someter a los estudiantes de Primaria a una prueba externa a los centros. Se trata de un instrumento que orienta a los profesores sobre lo que se les exige, permite a la Administración mejorar los currículos y orientar a los centros y proporciona a los padres información fiable sobre el nivel de preparación de sus hijos. Cabe plantearse si tiene sentido que un alumno que no supere esa prueba, de escritura, lectura y cálculo básico, pase a Secundaria; una prueba que sería el complemento ideal al cheque escolar si se publicaran los resultados por centro.
En cuanto a los títulos académicos, los imparten entidades, públicas o privadas, que tienen derecho a evaluar directamente a cada alumno antes de otorgarle alguno. Esto es, desde luego, más eficaz que imponer requisitos a los centros, inspeccionarlos y luego confiar en su criterio para impartir las titulaciones. ¡Cuánto mejoraría la enseñanza si diéramos más libertad a los centros para gestionarse y controláramos desde fuera los resultados! Y no hay que olvidar que examinar a los alumnos sale más barato que contratar inspectores y funcionarios.
El título de bachiller, por ejemplo, lo debe homologar el Ministerio de Educación. En vez de exigir a los centros unos determinados requisitos para aceptar su criterio respecto a si un alumno merece el título y acosarles con burocracia e inspecciones, debería establecer una prueba a cada estudiante que quiera obtenerlo. Algo parecido era la Prueba General de Bachillerato que incluyó Pilar del Castillo en la Ley de Calidad, aprobada por el segundo Gobierno de José María Aznar y que, naturalmente, fue derogada por el Gabinete Zapatero.
Idearios y enseñanzas confesionales
La educación moral compete a los padres, y éstos, en el ejercicio de tal derecho, pueden demandar a la iniciativa privada centros que eduquen en unos determinados valores, siempre dentro de la Constitución. También la escuela pública tiene derecho a ofrecer proyectos de formación moral o religiosa con demanda social para los padres que los soliciten, sobre todo si no se liberaliza la elección de centro.
El problema está, de nuevo, en una sociedad culturalmente heterogénea, en la que pueden aparecer demandas de grupos culturales cuyos valores de referencia no sean los nuestros o incluso se opongan a ellos. El límite a la libertad de enseñanza y al pluralismo en la escuela pública debe ser, como siempre, la ley, pero habrá que advertir que existen unos riesgos objetivos en determinadas ideologías y que deben establecerse unos controles que garanticen el cumplimiento de la ley, especialmente los principios constitucionales, y eviten el "abuso de derecho". Tan proscrito debe estar pegar a una mujer como su legitimación a través de un texto sacralizado, forme parte del ideario de un centro o del currículo de una asignatura de religión.
El liberalismo implica igualdad ante la ley. Todos los centros homologados deben tener igual acceso a la financiación pública, sean de titularidad estatal o privada, sean laicos, católicos, judíos o musulmanes, siempre que sus enseñanzas estén homologadas, cumplan la ley y sus idearios se encuentren dentro de los principios de la Constitución española. Mientras el Estado subvencione el deporte, el cine, las piscinas y los sindicatos, no hay motivo para no financiar la enseñanza de la religión. Algo distinto son los centros extranjeros, donde han de prevalecer principios del Derecho Internacional como la reciprocidad y ha tenerse en cuenta la integración de los inmigrantes, que resulta esencial para el mantenimiento del régimen de libertades.
A diferencia de la formación religiosa, la educación nacionalista o la inmersión lingüística en algunas comunidades autónomas no son elecciones de los padres, sino imposiciones de determinados Gobiernos regionales. Dichas imposiciones se dan, desde luego, en los centros públicos, dependientes de las comunidades autónomas y única opción para muchos padres, pero también en los privados, que deben cumplir los currículos autonómicos. He aquí otra objeción al régimen de conciertos: su uso por parte de las autonomías para imponer la inmersión lingüística en los centros privados. El Estado central debe garantizar los derechos individuales; por tanto, será la Inspección la que deberá determinar la legalidad de los currículos y garantizar tanto la libertad lingüística como la neutralidad de la escuela pública.
Los centros públicos dependen de la Administración, pero, frente a propuestas de privatización total, se podría plantear facilitar la libertad de elección no sólo entre centros públicos y privados, sino entre centros públicos de distintas Administraciones. ¿Por qué no puede la libre competencia funcionar entre el Estado y las CCAA? El Estado central, precisamente por ser el garante del derecho a la educación, debe preservar, frente a las autonomías, las competencias y la financiación que le permitan garantizar un mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Para cumplir con tal misión podría erigir, por ejemplo, colegios en Cataluña dependientes del Ministerio de Educación que garantizasen una educación en castellano, o, en cualquier región, centros con currículos exclusivamente nacionales, como los utilizados en Ceuta y Melilla.
La liberalización necesaria
En conclusión, la liberalización necesaria no pasa por la utópica privatización de toda la escuela pública, previa laboralización de todos sus funcionarios, sino por fijar claramente quién es el propietario de los centros públicos y permitirle gestionarlos con autonomía o privadamente, por devolver la autoridad –moral y legal– al profesor, por establecer un sistema de financiación como el cheque escolar y por generalizar las pruebas de evaluación externas y transparentes. Ello requiere una ahora inexistente igualdad jurídica entre centros docentes, así como que la Administración asuma el papel que le corresponde en la escuela pública: en lo relacionado con la gestión, podrá asumirla directamente, descentralizarla, cedérsela a los profesores o privatizarla, con modelos Public-Private-Partnership (PPP), pero nunca dejarla en manos de una asamblea local y perder toda forma de control sobre ella.
Para que la igualdad entre los centros llegue a ser una realidad resulta imprescindible que sean ellos mismos quienes seleccionen a su profesorado, sobre la base de un régimen laboral común. La laboralización de los profesores de la escuela pública es poco realista, pero el régimen de la función pública es incompatible con una escuela pública flexible. Partiendo de dicha igualdad jurídica y de las evaluaciones transparentes y públicas de los resultados de los centros, queda expedito el camino hacia un sistema educativo liberalizado.
La verdadera revolución liberal en materia educativa empieza por introducir ideas liberales como el esfuerzo, la responsabilidad, la eficacia y la transparencia en la escuela pública, dominada por una izquierda que, pese a sus fracasos, sigue considerando la educación un coto exclusivo.
En definitiva, la liberalización necesaria consiste en devolver a la escuela su función de herramienta de movilidad social, es decir, de instrumento de promoción de quienes tendrán en el futuro que garantizar el crecimiento económico y la continuidad histórica de España.
[1] Adam Smith, La riqueza de las naciones [1776], Alianza Editorial, Madrid, 2001.
[2] Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos [1945], Paidós, Barcelona, 2006.
[3] Alicia Delibes Liniers, La gran estafa. El secuestro del sentido común en la educación, Unisón, Madrid, 2006.