El pufo vasco

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en el Cuadro 5 se ha realizado el mismo ejercicio pero partiendo de los supuestos del Cuadro 3, es decir, considerando el déficit presupuestario calculado mediante la exclusión en el gasto de las transferencias a las comunidades autónomas y en los ingresos de los impuestos cedidos a éstas. El resultado obtenido señala un cupo líquido por pagar de 3.411 ó 3.541 millones de euros, lo que supone 1.846 ó 1.976 millones más que el cupo regulado en la ley.

Finalmente, para cerrar las estimaciones de la infravaloración de la aportación vasca a la financiación de las competencias del Estado se ha recurrido a un procedimiento directo de determinación del valor de las cargas no asumidas por el País Vasco, de manera que la imputación a la región de los diferentes tipos de gasto se ha realizado mediante la aplicación de los criterios comúnmente aceptados en la construcción de las balanzas fiscales[24]. Asimismo, para valorar las compensaciones se ha excluido el concepto de déficit presupuestario y se han tenido en cuenta los mismos índices de imputación que en los cuadros precedentes.

Cuadro 5: Estimación del Cupo Vasco para el año 2007, excluyendo en la estimación del déficit presupuestario los gastos en transferencias a las comunidades autónomas y los ingresos por impuestos cedidos a éstas, y con unos índices de imputación del 5,43 y el 5,61%

Fuente: Elaboración propia.

El resultado correspondiente se recoge en el Cuadro 6. En él se muestra una valoración de las cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma, que llegan a los 4.788 millones de euros, lo que, aplicadas las compensaciones derivadas de los ingresos estatales, conduce a un cupo líquido por pagar de entre 3.625 y 3.646 millones. Por tanto, de acuerdo con este procedimiento, el Cupo estaría infravalorado en una cifra de entre 2.060 y 2.081 millones de euros.

Recapitulando los resultados expuestos a lo largo de este epígrafe, la aplicación de los diferentes supuestos que se han adoptado para la estimación del Cupo Vasco arroja como resultado la existencia de una subvaloración en su determinación legal. El tamaño de este efecto oscila entre los 1.846 y los 3.177 millones de euros. No obstante, la cifra más razonable es, en mi opinión, la que se desprende de una valoración de las competencias estatales no asumidas por las Administraciones vascas basada en la metodología de las balanzas fiscales y en la aplicación al cálculo de las compensaciones de un índice de imputación que pondera más el PIB que la población. Es decir, el resultado expuesto en el Cuadro 6, según el cual esa subvaloración se estima en 2.060 millones de euros.

Cuadro 6: Estimación del Cupo Vasco para el año 2007 mediante la valoración directa de las competencias no asumidas y unos índices de imputación del 5,43 y el 5,61% en las compensaciones, con exclusión del concepto de déficit presupuestario

Fuente: Elaboración propia.

Esta cuantía equivale al 3,4% del PIB vasco, lo que señala que el resultado aquí obtenido es, en términos relativos, algo más reducido que el expuesto por Serna (2007) para el período 2002-2005 y, desde luego, sustancialmente inferior al que se deduce del trabajo de De la Fuente (2005). En todo caso, se trata de una cifra nada despreciable, que pone en manos del Gobierno vasco una financiación extraordinaria de 964 euros por cada habitante, con la que pueden abordarse las costosas políticas nacionalistas y disimularse las notables ineficiencias del sector público vasco[25].

Conclusiones

Desde su reformulación en 1981, el régimen de concierto económico, en virtud del cual las Administraciones vascas contribuyen al sostenimiento financiero del Estado mediante el pago de un cupo, se ha convertido en un sistema de privilegio que pone en manos de aquéllas cuantiosos recursos que pueden considerarse como una transferencia hacia el País Vasco desde el resto de España. El mecanismo que conduce a ese resultado es sencillo: el Cupo se fija mediante unas reglas pactadas políticamente entre los Gobiernos del Estado y la comunidad autónoma que conducen a una sistemática subvaloración del coste de las competencias estatales no asumidas por ésta. El diseño general de tales reglas fue definido en la Ley 12/1981, aunque su especificación para cada uno de los períodos quinquenales a los que se refieren las diferentes leyes del Cupo se ha negociado separadamente, con resultados netamente favorables para el Gobierno vasco. Tal negociación ha respondido, por lo común, a un esquema en el que este último ha buscado permutar el apoyo político al Gobierno nacional de turno por el sostenimiento de una situación financiera ventajosa[26].

Como resultado de todo ello, el Cupo Vasco se ha convertido en un auténtico pufo, en una estafa o engaño al conjunto de los ciudadanos españoles, que han contemplado, confusos, cómo los legisladores han sido capaces de plasmar en los textos aprobados por las Cortes Generales conceptos de imposible justificación desde el punto de vista económico.

En el caso aquí estudiado, que corresponde a la última Ley del Cupo, referida al quinquenio 2007-2011, la determinación del cupo provisional en el año base –es decir, 2007– recoge una subvaloración de la cantidad pagadera por la Administración vasca que supera los 2.000 millones de euros. Dos son los elementos principales que conducen a este resultado: por una parte, la atribución al Estado de un déficit presupuestario inexistente, del que se desprende una deducción de 2.550 millones de euros del coste atribuido a las competencias estatales no asumidas por el Gobierno Vasco, y, por otra, el empleo de un índice de imputación del 6,24% en la estimación de este coste, que supera al que razonablemente debería utilizarse si tal índice reflejara la verdadera dimensión relativa de la economía vasca dentro de España, es decir, el 5,61%.

El pufo vasco alcanza así una cifra de 2.060 millones de euros, que equivale al 3,4% del PIB regional. En términos per cápita, las Administraciones vascas disponen de 964 euros por cada habitante, lo que les concede una notable holgura financiera para dedicar recursos a las políticas nacionalistas o para ocultar las ineficiencias en que incurren, con creciente intensidad, los servicios públicos de ellas dependientes.

Referencias Bibliográficas

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