Terrorismo y medios de comunicación (y II). El lenguaje del "proceso" y su hechizo

Desde finales de 2004 empezó a tomar cuerpo la posibilidad de que el nuevo Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y elegido en unas elecciones celebradas tres días después del mayor atentado terrorista de la historia de España, acometiera una negociación con la banda terrorista que había sido la principal amenaza para la democracia española a lo largo de su existencia, es decir, con la ETA. Esa posibilidad, más adelante confirmada, ocuparía desde aquel momento un lugar preferente en la información política de los medios de comunicación españoles. Unos se pondrían enseguida al servicio de la nueva estrategia gubernamental, mientras que otros se manifestarían desde un principio críticos y contrarios a la misma. Un tercer grupo, sin inclinarse abiertamente por una u otra postura, hizo también del asunto un tema central y dio credibilidad a los mensajes oficiales. La posibilidad de que se abriera un "proceso de paz", como lo denominaría –y no casualmente– el Gobierno, encandilaría a buena parte de la prensa, y ese hechizo, unido a la campaña propagandística que acompañó al nuevo enfoque gubernamental, propiciaría algunos cambios espectaculares en el tratamiento informativo del terrorismo en un sector influyente de los medios.

Ese cambio cristalizaría singularmente en tres aspectos: en lo que algunos analistas han llamado la "legalización mediática" de Batasuna, que había sido ilegalizada en 2003 por sentencia del Tribunal Supremo, tras considerarse probado algo que era notorio desde hacía mucho tiempo: que esa organización era lo mismo que ETA; en la minusvaloración del terrorismo de baja intensidad, de la extorsión y de las operaciones de rearme de la banda, que continuarían a lo largo del período que duró el tira y afloja del proceso; y, last but not least, en el intento de deslegitimación de las víctimas del terrorismo que se opusieron a la negociación, que fueron la mayoría. Era un cambio respecto de la situación inmediatamente anterior, excepción hecha de los medios vinculados al nacionalismo vasco y a otros nacionalismos, donde ya eran habituales algunos de los rasgos que después se generalizarían. No en todos los medios se dieron las dos últimas circunstancias, pero la primera se extendió inevitablemente, como resultado de la dinámica generada por el proyecto del Gobierno, de modo que Batasuna y sus dirigentes pasaron a recibir una atención sin precedentes en la prensa.

Ya desde antes de que se oficializara la negociación con ETA el Gobierno daría al asunto amplia publicidad, que los medios transmitieron abundantemente. Esto demostró ser, a la postre, un arma de doble filo: de un lado, ayudaría a que fraguara en una parte de la opinión pública la ilusión en un "final dialogado del terrorismo", pero, del otro, conduciría al surgimiento de una fuerte oposición ciudadana, encabezada por la asociación mayoritaria entre las víctimas del terrorismo, la AVT, lo que se plasmaría en una serie de manifestaciones masivas contra la negociación, entre enero de 2005 y noviembre de 2007. Asimismo, la gran operación publicitario-propagandística del Ejecutivo incitaría al desvelamiento, por parte de la prensa crítica, de las interioridades menos presentables de la negociación.

Algunos comentaristas, en los prolegómenos del proceso, manifestaron su extrañeza ante el hecho de que desde el Ejecutivo se pregonara que existía una oportunidad histórica para que ETA abandonara las armas, máxime cuando la banda todavía no había declarado tregua alguna, aunque sí su disposición a una "solución dialogada", a la vez que se reafirmaba en sus habituales exigencias políticas, empezando por el derecho de autodeterminación. Señalaban aquellas personas, con sensatez, que, en el caso de que dicha oportunidad existiera, y para que cuajara, las conversaciones deberían realizarse fuera de los focos y con extrema prudencia. Es decir, a la manera de una exploración discreta y no vaticinando de antemano el éxito, como insinuaban o declaraban abiertamente portavoces del Gobierno y, en especial, el propio presidente, quien derramaba, cada tanto, declaraciones de esperanza y de "optimismo antropológico", o del tipo: "Es el mejor momento en muchos años para ver el inicio del principio del fin de la violencia" (en febrero de 2006, un mes antes de la declaración de alto el fuego por parte de ETA). Ese "optimismo" sólo sería matizado tras el anuncio de tregua con el latiguillo, abundantemente utilizado por Zapatero, de que el proceso sería "largo, duro y difícil". A partir de ese momento, el Gobierno daría un giro y comenzaría a reclamar "discreción" a la prensa.

Lo que no tenían en cuenta aquellos analistas, tal vez porque esta negociación era una experiencia sin precedentes en España, pese a que desde el Gobierno se trató siempre de equipararla a las que se habían registrado con anterioridad, es que la publicidad formaba parte del proceso. Más aún: era un ingrediente esencial del mismo, especialmente en la fase preparatoria. La previa creación de expectativas, a través de los continuos mensajes de optimismo y esperanza emitidos por el Gobierno, resultó capital para dotar de credibilidad y conferir un carácter prácticamente definitivo a la declaración de "alto el fuego permanente" hecha por ETA el 22 de marzo de 2006. Una declaración cuyos términos, según se supo después, habían sido pactados entre ETA y el PSOE, en particular la referencia al "derecho a decidir" de los vascos, una fórmula pensada para abrir la puerta a una futura negociación sobre el derecho de autodeterminación exigido por la banda. A lo largo del año y pico anterior a aquella declaración, el Ejecutivo, a la vez que alimentaba la ilusión en un próximo final del terrorismo, negaba furiosamente los contactos con ETA, lo que producía una curiosa esquizofrenia informativa: de un lado se ofrecían los elementos que el propio Gobierno proporcionaba para deducir que existían esos contactos y del otro se difundían los desmentidos gubernamentales.

La euforia

La tregua, por lo tanto, no fue una sorpresa. Al contrario que la inmediatamente anterior –la de 1998, bajo el Gobierno del PP–, fue una tregua anunciada y anunciada, de hecho, por el Gobierno, a quien si algo inquietaba era la tardanza del "gesto" de ETA. Tan esperada era la declaración de la banda, que ya en mayo de 2005, casi un año antes del alto el fuego, y tras el debate del Estado de la Nación, el Gobierno promovió que el Congreso aprobara una resolución a la medida de la misma, resolución que finalmente sólo fue rechazada por el PP. En ella se introducía el concepto de "final dialogado del terrorismo", y se respaldaba el inicio de "procesos de diálogo" si se daban las "condiciones adecuadas". Tales condiciones se formulaban con la ambigüedad suficiente para dar amplio margen a la interpretación:

"Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".

Cabe suponer que la reacción a la tregua en los medios hubiera sido más contenida y escéptica si hubiera aparecido repentinamente, pero, al depositarse sobre un terreno abonado durante más de un año, la declaración de alto el fuego dio cuerpo a la ilusión previamente generada y, en buena medida por ello, fue recibida con euforia. Aquello venía a demostrar, además, que Zapatero tenía razón en su "optimismo", y hasta algunos medios y periodistas que habían sido críticos con la estrategia negociadora manifestaron su "confianza" en la gestión que hiciera el presidente de las posibilidades que, según ellos, se abrían para el fin de ETA. Las diferencias fueron de matiz. Para entendernos: unos afirmaban que esta vez era la buena, mientras que otros decían: "Confío y deseo que esta vez sea la buena". Esto es, o "creían" o "querían creer". Sólo una minoría mediática entendió la tregua como una nueva trampa de ETA y, en lugar de echar las campanas al vuelo, tocó a rebato.

Así, gracias a la previa alimentación de esperanzas, en parte basadas en la suposición de que Zapatero disponía de "información privilegiada", pudo extenderse la creencia en la eficacia de una negociación por hacer, frente a la eficacia comprobada de la política de acoso policial, judicial y político a la banda que había aplicado el Gobierno de Aznar en los años anteriores. Y ello a pesar de que la experiencia indicaba que de las treguas de ETA no podía ni debía esperarse más que una estratagema de ésta para ganar tiempo y terreno en momentos de debilidad; a pesar de las amargas lecciones que podían extraerse de otros intentos de negociación, que sin embargo habían sido sustancialmente distintos, al no haber incluido cuestiones políticas.

El espejismo

El caso es que el espejismo de que los pistoleros deseaban jubilarse se había proyectado con tal fuerza que fácilmente se arrumbaron tanto las enseñanzas de la experiencia como las señales de que aquella premisa era falsa: el entramado terrorista continuaba ejerciendo presión a través de los disturbios callejeros, de la extorsión y de los atentados menores, y la banda reiteraba sus exigencias políticas habituales. Del mismo modo, pudieron menospreciarse los síntomas evidentes de que el Gobierno estaba dispuesto a una negociación política, algo que negaba en abstracto pero que se pondría de manifiesto, singularmente, en el proyecto de crear dos mesas, en una de las cuales, y con Batasuna, es decir con ETA, se acordaría un nuevo marco jurídico y político para el País Vasco. La publicidad previa, que transmitieron los medios más poderosos, resultó capital para tejer una cortina de wishful thinking que tapara las realidades más desfavorables al proyecto estratégico del Gobierno.

Y no sólo para eso. El bello horizonte de la paz pintado por los pinceles gubernamentales y sombreado por las declaraciones de Batasuna o de ETA que apuntaban en ese sentido también tendía a crear un estado de opinión en el cual las cesiones a la banda resultaran digeribles para la sociedad española. Es decir, para que ésta, a fin de conseguir la desaparición del terrorismo etarra, aceptara realizar ciertos sacrificios y, en definitiva, pagar un precio. Un precio que el Gobierno no explicitaba, aunque se traducía en una amplia tolerancia hacia las actividades públicas de Batasuna, en un frenazo a las detenciones, en la manga ancha de la Fiscalía General del Estado, en la excarcelación del terrorista Ignacio de Juana Chaos o en la consideración de éste y de Otegi como "hombres de paz" por parte del propio presidente. Por otro lado, cuando el precio –político– era formulado claramente por la banda, los portavoces gubernamentales y los medios favorables lo desechaban como mero material para el "consumo interno".

El hecho de que esa negociación se calificara de "proceso de paz" merece igualmente un análisis, pues dicha etiqueta coadyuvaba a dotarla de un carácter "histórico" y definitivo, a prestigiarla con la referencia a procesos de paz desarrollados en contextos muy distintos y a facilitar la descalificación de quienes se oponían a tan noble objetivo; de hecho, se llegó a decir que las víctimas contrarias a la negociación deseaban que el terrorismo persistiera y que se movían únicamente por resentimiento y venganza.

La mayoría de los medios aceptaron acríticamente la denominación, inconsciente o deliberadamente ciegos ante el significado político que encerraba. La expresión proceso de paz suponía tanto la aceptación de que había dos bandos en conflicto como la sustitución del objetivo último de la lucha contra el terrorismo: ahora era la paz, cuando antes había sido la libertad, tal como se desprendía de la política de firmeza de los Gobiernos del PP y del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, propuesto por el propio Zapatero y suscrito por los dos grandes partidos. La etiqueta, sin embargo, tuvo éxito, y los medios críticos sólo podrían rebajarla utilizando expresiones como "el mal llamado proceso de paz".

Palabras talismán

En suma, el preanuncio de un "proceso de paz" generaría las expectativas necesarias para que éste pudiera desarrollarse y se convertiría en un elemento de presión en pro de la aceptación social de las cesiones que hubieran de hacerse. Las esperanzas se consolidarían tras la declaración de alto el fuego –que iba a demostrarse también puramente publicitaria–, y los acontecimientos que las contrariaban, esto es, las señales de la nula voluntad de ETA de abandonar las armas, pudieron ser minimizados o descartados. Ello sería así en los prolegómenos, en la fase que se denominó de "verificación del alto el fuego", que sólo duraría tres meses, y, en especial, después del anuncio oficial del inicio del diálogo. A partir de ese momento, el proceso seguiría su curso... con sus "accidentes".

Este último fue otro de los términos que pasarían a formar parte del lenguaje de la negociación de cara al público. La perversión del lenguaje fue un elemento esencial de la parte pública de la operación, pues resultaba perentorio lograr un amplio respaldo de la sociedad a la misma, para hacer las concesiones que exigiría el proceso sin que eso conllevara un coste político para el Gobierno. Es decir, sólo si se dibujaba con claridad un horizonte de desaparición del terrorismo estaría la sociedad española mayoritariamente dispuesta a realizar sacrificios. Desde el mismo inicio, una serie de palabras y expresiones talismán, tales como "proceso de paz", "diálogo" u "oportunidad histórica", debían concitar una respuesta social positiva, al tiempo que otras tendían a velar los hechos que las comprometían, ya fuesen atentados, envíos de cartas de extorsión, robos de pistolas en Francia, reuniones de pistoleros con disparos al aire, manifestaciones de la ilegal Batasuna o "proyectos de zulo" (así describió el ministro del Interior un depósito con 50 kilos de explosivo... un día antes del atentado contra la T-4 de Barajas, perpetrado el 30 de diciembre de 2006). También hay que reseñar que, en el lenguaje del proceso, el término violencia sustituyó al de terrorismo.

La operación publicitario-propagandística del Gobierno, con su seguimiento por parte de los medios de mayor proyección, logró, en parte, su objetivo en la fase previa al atentado de Barajas. Diversos sondeos reflejaron que, en efecto, se habían extendido las expectativas de un posible final del terrorismo. En un principio se notó una mayor esperanza en el País Vasco, aunque también sería allí donde antes se disiparía. Las encuestas indicaron asimismo que la mayoría de los españoles respaldaba que se negociara o hablara con la ETA, pero con una salvedad: cuando se les preguntaba si aprobarían cesiones concretas, tanto en relación a los presos como a las cuestiones directamente políticas, se manifestaban mayoritariamente en contra. Esa opinión contraria a las cesiones crecería tras el anuncio del inicio de las negociaciones que haría el presidente del Gobierno en junio de 2006. La evidente contradicción –¿cómo se va a negociar si no se cede nada?– reflejaba la confusión que había generado en la opinión pública la ilusión en un arreglo, a través del diálogo, alimentada por Zapatero.

Batasuna, protagonista

El Gobierno, sin derogar o modificar la Ley de Partidos, que había conducido a la ilegalización de Batasuna y que Zapatero había apoyado cuando estaba en la oposición, permitió o incentivó, sin embargo, la relegalización de facto de la citada organización casi desde el inicio de la legislatura. Ya en noviembre de 2004 Batasuna celebraría sin problemas una asamblea en Anoeta, de la que saldría una declaración favorable a la apertura de "un proceso de paz estable y duradero". Antes y después de la misma, se estableció un intercambio público entre Batasuna y el PSOE, en el que ambas partes se instaban a "mover ficha". Luego, a través de la Fiscalía General o del Gobierno vasco, se toleraría la realización de numerosos actos, manifestaciones y homenajes a terroristas. El dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, perseguido por varios delitos, pudo librarse de la cárcel gracias a la actuación de la Fiscalía durante el tiempo en que el proceso se mantuvo en la escena pública. Y en julio de 2006 el PSOE selló el reconocimiento del apéndice etarra como interlocutor legítimo con una reunión entre el secretario general del PSE, Patxi López, y dirigentes batasunos.

En paralelo a ese desarrollo se produciría la "legalización mediática" de Batasuna. Así, en contraste con lo ocurrido bajo el Gobierno de Aznar, promotor de su ilegalización, los medios otorgarían un papel protagonista al grupo proetarra. Sus ruedas de prensa eran seguidas por todos, cualquier declaración de Otegi o de sus lugartenientes quedaba reflejada en los periódicos, y sus actos y manifestaciones lograban amplia cobertura. Lo mismo que las comparecencias del citado portavoz batasuno ante la Audiencia Nacional. Aunque se solía recordar en las informaciones que Batasuna era ilegal, el propio comportamiento de los medios contradecía el aserto. Todos estaban pendientes de las palabras y los gestos del "brazo político" de ETA, y de las implicaciones que tendrían para el proyecto gubernamental. Se era consciente de que ETA hablaba a través de sus intermediarios. Algunos medios, los favorables al proceso, trataron, no obstante, de apuntalar la ficción de que existía una diferencia entre Batasuna y la banda y de que era preciso apoyar a un supuesto sector proclive al abandono del terrorismo, claro está que a través de la negociación. Sin embargo, no se lograría, en ningún momento, que Batasuna condenara la violencia.

Esta "legalización mediática", a través de la presencia continua de los portavoces de la organización ilegal en los medios, contribuyó a su normalización y a su blanqueamiento, a difundir la impresión de que era uno más, o mejor dicho, un muy importante y fundamental actor en el nuevo escenario político. Obviamente, la estrategia del Gobierno había dado a Batasuna un papel crucial en el proceso, y, desde ese punto de vista, los medios se limitaron a perseguir la noticia. Pero el hecho es que transmitieron los mensajes de una organización que no era más que una pieza del entramado de ETA y colaboraron en dotarla de una imagen equiparable a la de cualquier partido político. Una de las piezas más notorias de esta nueva actitud frente a Batasuna fue la entrevista de portada que practicó a Otegi el diario La Vanguardia.

De Juana en The Times

El hechizo con el proceso produciría otras piezas periodísticas que presentaban como firmes partidarios de la paz a Batasuna y a ETA. La más sorprendente provino de un medio extranjero, el diario The Times, que en febrero de 2007 publicó una entrevista con el etarra Ignacio de Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos y que en esos momentos se encontraba en huelga de hambre. El rotativo británico ofrecía, junto a la entrevista, una foto en la que se veía al terrorista sobre la cama del hospital en que recibía alimentación forzosa por orden judicial. Bajo un titular que rezaba "Shackled and emaciated, ETA killer plead for peace from his deathbed" (Esposado y demacrado, un asesino de ETA aboga por la paz en su lecho de muerte), se presentaba un texto que reproducía las palabras de De Juana a favor del "proceso democrático de diálogo y negociación para resolver el conflicto político" y daba voz a quienes criticaban la "dureza" de la nueva sentencia, de 12 años de cárcel, que había recibido el terrorista.

La pieza se publicó en un momento en que el Gobierno barajaba la excarcelación de De Juana y dos meses después del atentado de ETA en la T-4, que había causado dos muertos y puesto fin, de hecho, al alto el fuego. La salida a la luz de la entrevista y de la foto incentivó una serie de manifestaciones de los proetarras en el País Vasco para reclamar la puesta en libertad de De Juana. Ante las críticas que recibiría por aquella exclusiva, el director del Times afirmó que se trataba de un reportaje "plenamente profesional" y que estaba seguro de que contribuiría al establecimiento de "un debate crucial en España y en todo el mundo". Sin embargo, la entrevista no incluía elementos que permitieran contrastar las declaraciones del terrorista y presentaba a éste no sólo como un claro partidario de la paz, sino incluso como una "víctima". Poco después, en marzo, el Gobierno trasladaría a De Juana a un hospital del País Vasco, donde fue recibido como un héroe por sus partidarios y abandonó la huelga de hambre.

Las víctimas, hostigadas

Mientras el foco mediático se dirigía hacia el entramado terrorista, y en no pocos casos de manera favorable, dando credibilidad a sus deseos de "paz" y de un "proceso democrático", y sustentando su presunta voluntad de abandonar el terrorismo, se producía el fenómeno contrario en relación a las víctimas de ETA. Un sector de los medios silenciaría las opiniones de las víctimas contrarias a la negociación y evitaría dar publicidad a sus llamamientos a manifestarse; y, una vez producidas las movilizaciones, las presentaría de manera que se las identificara con elementos extremistas o se las viera como orquestadas por el Partido Popular. Los alineados con el proyecto gubernamental colaboraron activamente en otra parte de la operación propagandística del proceso: fomentar la hostilidad hacia las víctimas que se oponían al mismo.

En enero de 2005 la AVT convocaba su primera manifestación de protesta. Por entonces la asociación ya tenía claros indicios de cuál sería la naturaleza del proceso que quería poner en marcha el Gobierno con ETA. El Alto Comisionado del Gobierno para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, les había transmitido que tendrían que hacer algunos sacrificios en aras de la paz. Un incidente ocurrido en la manifestación con el ministro de Defensa, José Bono, que acudió por su cuenta a la misma, fue abucheado por algunos manifestantes y acabó por marcharse asegurando que habían intentado agredirle, serviría para lanzar las primeras descalificaciones de calado contra la AVT, así como para detener de manera irregular a dos militantes del PP que aparecían en una foto, en el momento del tumulto, cerca del ministro.

En los medios progubernamentales el episodio se emplearía para relacionar a las víctimas con la extrema derecha, el fascismo y el fanatismo. Esta pauta se mantendría y reforzaría posteriormente, e incluiría ataques personales contra el presidente de la AVT, José Francisco Alcaraz. Las víctimas del terrorismo habían padecido, en los años anteriores al Gobierno Aznar, una crónica relegación y abandono, pero ahora, por vez primera, eran tratadas con abierta hostilidad y se intentaba desprestigiarlas, como modo de desacreditar su oposición a la nueva estrategia gubernamental. Se hizo una excepción con las víctimas, minoritarias, que se manifestaron partidarias del proceso.

Pese a esa campaña contra la AVT, todas sus convocatorias fueron masivamente seguidas. También lo fue la manifestación convocada por el Foro Ermua en febrero de 2007 en respuesta al atentado de ETA en Barajas, y la que convocaría el PP en protesta por la excarcelación de De Juana Chaos. En contraste, la manifestación organizada por los sindicatos UGT y CCOO, y apoyada por el PSOE y grupos afines, en enero de 2007 tuvo una asistencia discreta. Aunque convocada contra el atentado de la T-4, su lema central incluía la paz, lo que la convertía de hecho en una muestra de respaldo al proceso y a la política del Gobierno. Así se reflejaría, además, en las pancartas y carteles de los manifestantes, entre los que no faltaron los que descalificaban a la AVT.

Lecciones de la vicepresidenta

Las revelaciones sobre las reuniones secretas entre el PSOE y ETA empezaron a abundar en la prensa tras el atentado de Barajas. A ellas se uniría la publicación, en Gara, diario vinculado al entramado terrorista, de partes del contenido de las negociaciones para acusar al Gobierno de haber incumplido los compromisos que había contraído y justificar tanto el atentado de la T-4 como la posterior ruptura formal del alto el fuego, que se produciría en junio de 2007. En relación con estos hechos, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, daría una curiosa lección en julio de 2007, durante la apertura de un curso de verano de El Escorial cuyo tema era "Democracia versus terrorismo".

La vicepresidenta afirmó que, "de la mano de los líderes del PP", se había producido en los últimos meses "un fenómeno nuevo, una situación que nunca antes se había dado en la España democrática": la puesta en duda la palabra del Gobierno y de su presidente mientras se daba publicidad, incluso credibilidad, a la palabra de quienes no la tienen, "los terroristas"; asimismo, apeló a la "responsabilidad" de los medios de comunicación, "activa" y "comprometida". "No podemos –agregó–, no es razonable seguir dando alas un día sí y otro también al discurso terrorista, no es razonable que los medios de comunicación puedan ser utilizados como correa de transmisión de los mensajes que la propaganda de los violentos pone en circulación, y no es razonable que sean las portadas de Gara las que alimenten el debate político".

Estas palabras chocaban frontalmente con la actitud que había mantenido el Gobierno hacia Batasuna y ETA antes y durante el proceso, cuando había dado amplia publicidad y credibilidad a los mensajes de ambas. Es más, el Gobierno se había basado en la palabra del entramado terrorista para sostener la oportunidad y la necesidad de la negociación y había minusvalorado o negado todos los hechos que desmentían la premisa de que ETA quería abandonar la violencia. Había sido la actitud del Ejecutivo lo que había inducido a los medios a convertirse en correas de transmisión de los mensajes de Batasuna y ETA. Y había sido el Ejecutivo quien había colocado el proceso en el centro del panorama informativo, aunque manteniendo en secreto sus aspectos esenciales. Ante las revelaciones inconvenientes para el Gobierno, la vicepresidenta pedía silencio a los medios –y a la oposición–, cuando previamente había alentado que se hiciera todo lo contrario.

El Ejecutivo había querido servirse de la prensa para crear el espejismo de que ETA estaba dispuesta a desaparecer sin cobrar precio político alguno, y al mismo tiempo había ocultado la información sobre el contenido de las negociaciones, incluso sobre la existencia de las mismas con anterioridad al anuncio oficial y con posterioridad al atentado de Barajas.

La lección de De la Vega queda así como una muestra del oportunismo y el cinismo políticos que han presidido el desarrollo del proceso y la proyección de éste en los medios. La política gubernamental se ha fundado en la propaganda –es decir, en el enmascaramiento y manipulación de la realidad– y, por otro lado, en la opacidad absoluta sobre lo que realmente se negociaba y se pensaba negociar con la banda.