Las relaciones hispano-israelíes

La política de España hacia Israel ha estado condicionada, desde los años 50 del pasado siglo, por dos circunstancias. En primer lugar, por el hecho de que no se trata de una relación estratégica para ninguna de las partes: no hay interés vital alguno en juego, y ni la mejora ni el empeoramiento afectarían de forma relevante al conjunto de las acciones exteriores de ambos actores. En segundo lugar, por su carácter dependiente: estamos ante unas relaciones que no son bilaterales, sino trilaterales: en su origen y en su desarrollo, la política española depende de las relaciones de Madrid con el mundo árabe.

El legado de Franco

España perdió la II Guerra Mundial. El papel desempeñado por las potencias del Eje durante la Guerra Civil, apoyando la consolidación y triunfo del bando nacional, así como la colaboración de Madrid con Berlín y Roma durante el conflicto mundial, con el consiguiente abandono del estatuto de neutralidad, situaron al régimen de Franco en una difícil posición internacional. El 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución por la que se reiteraba la exclusión de España de la organización, se solicitaba a los Estados miembro la retirada de sus embajadores en Madrid y se amenazaba al régimen franquista con sanciones económicas. España quedaba en una situación de relativo aislamiento diplomático, lo que tendría indudables efectos sobre la inversión extranjera. La frustración era evidente tanto en los dirigentes del régimen, que se veían deslegitimados por el nuevo orden internacional, como en la población, cansada de tantos años de guerra y penuria.[1]

La diplomacia española tuvo que enfrentarse a un reto de dimensiones desconocidas para ella. Tras décadas de retraimiento, y luego de las purgas políticas realizadas durante y después de la Guerra Civil[2], nuestro servicio exterior carecía de los medios y de la experiencia para tamaña campaña. El núcleo de la argumentación se basó en la denuncia de que la citada resolución violaba el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano. Las características del régimen español no era algo que debiera importar a la ONU, por ser de la exclusiva incumbencia de los españoles. A este argumento de orden jurídico se añadía otro marcadamente ideológico: se perseguía a España por el anticomunismo de su régimen; quienes estuvieran comprometidos con la civilización cristiana y fueran contrarios a la expansión del comunismo debían ayudar a España.[3]

La diplomacia española encontró apoyo a su posición en dos regiones en que se presencia era amplia, pero desigual: América Latina y el mundo árabe. Por lo que hace a aquélla, resultaba evidente la extrema sensibilidad –en este punto las cosas no han cambiado– al efecto de la influencia norteamericana. En cuanto a la segunda, aún vivía inmersa en el proceso de descolonización, mostraba un fuerte rechazo al ejercicio del colonialismo y sangraba abundantemente por la herida de la reciente creación del Estado de Israel. Así las cosas, poco a poco fue tomando forma un bloque proespañol en Naciones Unidas, que sería determinante para el fin del aislamiento y el ingreso de Madrid en la organización.

La condena de España del embajador israelí en la ONU, Abba Eban, que denunció el papel de aquélla en la II Guerra Mundial, influyó lo suyo en las relaciones de Madrid con el mundo árabe.[4] Las autoridades españolas consideraron injusta la crítica de Eban, pues no tenía en cuenta la ayuda concedida a las comunidades sefarditas, y a grupos askenazíes, para que pudieran huir de los nazis.

El establecimiento de un acuerdo diplomático entre España y el bloque árabe se fundamentó en el mutuo interés. España ofrecía a sus socios una oportunidad para la reivindicación –junto con Estados de otras regiones del planeta– del principio de no injerencia, clave jurídica de su rechazo a futuras intervenciones en sus propios asuntos; la defensa de la causa palestina y la promesa de que no establecería relaciones diplomáticas con Israel; y, por último, influir en el comportamiento de naciones amigas –latinoamericanas– en beneficio de los intereses árabes. Por otro lado, esperaba acabar con el aislamiento internacional que pesaba sobre ella, recuperar el Peñón de Gibraltar –uno de los temas recurrentes de la diplomacia española de la época, que asimismo sirvió de instrumento para fomentar el espíritu nacionalista en la sociedad y cohesionarla en torno a Franco y en contra de un exponente de la Europa democrática– y disponer de un margen de negociación internacional que le permitiera desempeñar un papel más destacado en ese mundo naciente que le había recibido mal.[5]

El régimen franquista sintió la necesidad de transformar en valor social aquel acuerdo de mutuo interés, y así nació el mito de la tradicional amistad hispano-árabe. Resulta evidente que si había algo tradicional era la enemistad y la persecución, desde la Conquista y Reconquista hasta las hazañas del propio Franco en Marruecos, pero casi todo valía para demostrar a los españoles que España no se encontraba sola. Ahora bien, esos mismos españoles pudieron comprobar que la amistad en cuestión tenía sus aristas. Un acuerdo de interés para objetivos concretos, al generalizarse y travestirse de amistad, que entre Estados tiene la connotación de alianza, adopta un perfil esperpéntico.

El franquismo había apoyado a los independentistas marroquíes contra Francia, en prueba de su amistad y en la confianza de que no se levantarían contra España. Sin embargo, en cuanto París consideró que había llegado el momento de devolver el poder a las autoridades marroquíes tradicionales, Franco se vio sorprendido y sin más alternativa que la cesión. Poco después llegaría también la cesión de Ifni, territorio demandado por Marruecos, que organizó un ejército irregular pertrechado, en parte, con las armas que los servicios de inteligencia españoles estaban enviando a la resistencia argelina. El ejército español combatió, pero el régimen cedió. Ya en el final de su vida política, Franco se encontró ante la demanda marroquí del Sáhara Occidental, cuya administración se cedió de forma irregular a Rabat mientras el general agonizaba. En los tres casos, de naturaleza muy distinta, Madrid reconoció su debilidad y cedió. Resultaba más importante mantener el vínculo con Marruecos y con el mundo árabe que tratar, infructuosamente, de resistir.

La "tradicional amistad" durante la Transición

Don Juan Carlos capitalizó y potenció el legado de Franco aprovechando su condición de monarca, que le permitía una cómoda aproximación a sus iguales árabes, y la mayor legitimidad y prestigio del nuevo régimen español. En los difíciles años 70, en plena crisis del petróleo, consiguió de la monarquía saudita la garantía de aprovisionamiento de crudo.[6]

A medida que el proceso político español avanzaba, la Corona fue cediendo competencias a las instituciones creadas por la nueva Constitución y pasando a ocupar una posición política más acorde con el modelo de monarquía democrática. La nueva clase política asumió el "legado de Franco" en lo referente a las relaciones con el mundo árabe, pues lo consideraba un activo importante. Sin embargo, resultaba complicado mantenerlo con la carga retórica e histórica que le había impregnado franquismo. Según la terminología de la época, la aproximación al mundo árabe había sido una "política de sustitución": se estaba con él porque no se podía mantener una relación normal con países como Francia, Alemania e Inglaterra. Se hablaba de "tradicional amistad" para disimular un encuentro de interés coyuntural, porque a todas luces el ámbito tradicional de las relaciones españolas estaba en Europa, de la que los españoles se sentían parte y a la querían incorporarse lo antes posible. Así pues, había que someter a un lifting, a un cambio de imagen, la relación con los árabes.

Dicho y hecho: de la noche a la mañana, una política determinada por el aislamiento que pesaba sobre España y asentada en el carácter reaccionario del régimen de Franco se transformó en una causa progresista. Para aquella clase política escasamente liberal, con un centroderecha que aún tenía un fuerte componente franquista y un no menos fuerte complejo de ilegitimidad democrática, y con una izquierda que todavía estaba bajándose del monte del radicalismo, la Liga Árabe, con sus denuncias del neocolonialismo y sus flirteos con la URSS, era una institución renovadora.

La defensa de la causa árabe encontró su principal valedor en el cuerpo diplomático español. No se debía a que sus componentes sintieran una poderosa atracción por la historia y la cultura árabes (de hecho, siguen siendo muy pocos los diplomáticos españoles que conocen la lengua árabe, o que se sienten sinceramente atraídos por tal cultura), tampoco a que fueran antisemitas o antisionistas: si nuestros diplomáticos asumieron el papel de lobbistas proárabes fue por puro interés: valoraban el margen de maniobra que esta relación preferencial les proporcionaba en su trabajo cotidiano y no deseaban perderlo.

Pero no todo eran activos. La aceptación del legado tenía también un componente de inseguridad. La democracia, como antes el régimen de Franco, se sentía incapaz de hacer frente a los retos que le planteaba el mundo árabe y trataba de sortearlos mediante políticas de pacificación. En aquellas fechas, cuatro eran los problemas fundamentales:

1. La economía española necesitaba una profunda reestructuración para adaptarse al nuevo escenario económico y, sobre todo, para conseguir el deseado ingreso en la Comunidad Europea.

   La emergencia del sindicalismo libre y la aparición de potentes fuerzas de izquierda dificultaban la aplicación de políticas de reestructuración. El alza de los precios de la energía –y la escasez en el aprovisionamiento– suponía un nuevo obstáculo para la modernización de las estructuras económicas y el enraizamiento de la democracia. Si, como era normal, España reconocía diplomáticamente al Estado de Israel, cabía que los árabes la castigaran en forma de cortes en el suministro. Si, por el contrario, se mantenía firme en la defensa de los intereses árabes en el mundo, podía esperar compensaciones, como de hecho ocurrió, en forma de garantías en el suministro y precios ventajosos.

2. El Reino de Marruecos no cejaba en su reivindicación de Ceuta y Melilla (de hecho, Hassán II vinculó este asunto al proceso de negociación sobre Gibraltar).

   Durante la crisis del Sáhara, Marruecos contó con el apoyo de las monarquías conservadoras árabes, los Estados más próximos a España, y no había dudas acerca de que volvería a ocurrir lo mismo si Hassán II planteaba en firme la crisis de las dos ciudades españolas. Un acercamiento a Israel podría tener consecuencias inmediatas sobre este delicado asunto.

3. En el marco de la crisis del Sáhara, la Organización para la Unidad Africana aceptó en 1977 incluir en el orden del día la reivindicación de la descolonización de las islas Canarias.

   Libia y Argelia apoyaban al Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac) y el tratamiento del tema. La diplomacia española maniobró y buscó el apoyo de los regímenes árabes moderados para bloquear tal demanda, apoyo que perdería en caso de que Madrid reconocimiento a Israel.

4. El Gobierno español valoró en todo momento la posibilidad de que el terrorismo palestino se instalara en España, como ya lo había hecho en otras capitales europeas, lo que incrementaría el nivel de inseguridad creado por ETA.

Visto en perspectiva, resulta evidente que, salvo en el caso del petróleo, la utilidad de la tradicional amistad ha sido limitada. Una política de firmeza podía haber conseguido resultados más eficaces, además de liberarnos de un chantaje permanente que resulta inaceptable para un Estado como el nuestro.

Paralelamente a esta valoración diplomática se desarrolló una corriente de interés por la historia de la comunidad sefardí. La España democrática trataba de definir su identidad. Los mitos franquistas no habían podido superar el paso del tiempo: no sólo eran anacrónicos, sino ridículos. Los españoles rebuscaban en su historia para superar el pasado inmediato. La cuestión sefardí, la dispersión de los judíos que un día habitaron España a lo largo y ancho del Mediterráneo y más allá, llamaba la atención a una sociedad que inexplicablemente había vivido de espaldas a algo tan íntimo. Era otra España transterrada. Aunque el enfoque era más nacional que propiamente judío –se trataba de recuperar la historia y la cultura de nuestros judíos–, tuvo su relativo impacto sobre las relaciones con Israel. El destino de los sefardíes durante la II Guerra Mundial y el papel de la diplomacia española en la salvación de muchos de ellos fue objeto de varios libros de relativo éxito, que avivaron el debate sobre la necesidad de normalizar una relación anómala.[7]

En cualquier caso, resultaba evidente para todos que la llegada de la democracia tendría como consecuencia la normalización de las relaciones con Israel. La ausencia de lazos oficiales era algo excepcional. ¿Cómo se podía seguir justificando aquella situación, siendo Israel una democracia? El problema era cómo gestionar el proceso ante los Estados árabes sin perjudicar ese activo diplomático, tan valorado entonces. Como muy tarde, habría que hacerlo en el momento del ingreso en la Comunidad Europea, puesto que ésta sí tenía una relación formal con el Estado judío. Adolfo Suárez, desde su vocación neutralista, se plegó a las presiones árabes o proárabes y nada hizo para establecer las relaciones, mientras que Calvo Sotelo trató de resolver una cuestión que percibía como anómala:

La tragedia de Sabra y Chatila en agosto de 1982 y el adelanto de las elecciones en España, decidido el mismo mes, frustran la operación. Por un lado el Gobierno teme la reacción la reacción de los países árabes y por el otro "se queda sin aliento" para tomar decisiones importantes, como me confesaría más adelante un ex ministro de Asuntos Exteriores de España.[8]

Los Gobiernos de Felipe González fueron los responsables de esta operación diplomática, que se alargó mucho más de lo necesario: la proclamación formal del establecimiento de las relaciones tuvo lugar en La Haya el 17 de enero de 1986.[9]

Partidos y mentalidades

La España de la Transición era una sociedad muy inmadura en lo relacionado con la política internacional. Las posiciones, muy distintas, no se correspondían con las fronteras partidarias.[10] Estaba, por ejemplo, la corriente que, en un sentido vago, podríamos denominar liberal, que defendía la democracia liberal y la apertura económica y abogaba por una pronta incorporación de España a las instituciones occidentales. Una segunda corriente, que denomino, sin ánimo crítico, tercermundista, comprendía a los que, desde la derecha o desde la izquierda, un Adolfo Suárez o un Fernando Morán, rechazaban el modelo liberal. Suárez especulaba con la posibilidad de que ingresáramos en el Movimiento de los No Alineados, y Morán teorizaba sobre ello: uno desde la tradición nacionalista y otro desde la socialista, ambos buscaban la superación de la democracia liberal y desconfiaban de los modelos económicos abiertos. Todos ellos trataron de transformar en progresista el discurso franquista de la amistad tradicional con el mundo árabe (también, por cierto, el de la hispanidad).

Se trataba de corrientes que estaban presentes en la derecha y en la izquierda, si bien evolucionaron de muy distinta forma en cada una de ellas, como veremos más adelante. En líneas generales, las simpatías proisraelíes estaban más presentes en la corriente liberal, y las proárabes en la tercermundista.

En el ámbito liberal-conservador, luego de un período –el de la Transición– de choques con la tercermundista, la corriente liberal se hizo hegemónica. El debate sobre el ingreso en la OTAN fue determinante. La fortísima campaña en contra lanzada por los socialistas, los ambiguos compromisos adquiridos por González y el planteamiento del referéndum afirmaron en la derecha parlamentaria una clara identidad atlantista, reforzada por la rectificación socialista y la plena incorporación a la Alianza. En el plano económico, las experiencias británica y norteamericana habían convencido a los dirigentes de la derecha española de la necesidad de una mayor liberalización de la economía nacional y de la propia Unión Europea. El éxito de las reformas económicas de los Gobiernos Aznar y el protagonismo español en la elaboración de la Agenda de Lisboa asentaron la fe en el liberalismo.

Los liberal-conservadores tenían principios claros en política exterior, pero no mucho más. Aparentemente, no sentían necesidad alguna de dotarse de una doctrina que pusiera orden en el conjunto de su acción exterior. Los distintos partidos que se han sucedido en este espacio político se han caracterizado por contar en sus filas con un elevado número de altos funcionarios que tendían, y tienden, a delegar en el Ministerio de AAEE el diseño y la ejecución de la política exterior. Apenas si tenían especialistas en plantilla. Se limitaban a echar mano de diplomáticos que actuaban siguiendo el guión del ministerio. Tanto Alianza Popular como el Partido Popular asumieron como algo natural la política proárabe, fuertemente arraigada en el Palacio de Santa Cruz. Así, favorecieron las relaciones privilegiadas con regímenes detestables o con formaciones como Al Fatah, a pesar del uso corrupto de la ayuda internacional –incluida la española–, de su apoyo al grupo terrorista vasco ETA o del ejercicio cotidiano del terrorismo.

Fue precisamente la experiencia de la lucha contra ETA lo que llevaría al mundo liberal-conservador a una revalorización tanto del discurso sobre las libertades como de la estrategia de combate contra el terrorismo. ETA ayudó a la derecha política a abandonar una actitud pragmática y a ahondar en los fundamentos de la filosofía liberal, en un proceso que corrió paralelo a una notable mejora de las relaciones con Estados Unidos, tanto durante la Administración Clinton como, más tarde, en los años Bush. Mejora que no se puede explicar sólo desde una valoración de intereses, o como un intento español por ganar influjo sobre la hiperpotencia, y que servía asimismo de prueba de una mayor sintonía ideológica, en clave liberal.

Todo ello acabó repercutiendo, ya en las postrimerías del Gobierno Aznar, en las relaciones hispano-israelíes. La España liberal-conservadora se hizo mucho más crítica con los dirigentes palestinos, y denunció su corrupción, sus actitudes antidemocráticas y su responsabilidad en el ejercicio del terrorismo, en tanto se mostraba más comprensiva con las reacciones israelíes. (Ahora bien, este cambio de posición[11] no llevó a la aceptación de los asentamientos). Ya fuera del Gobierno, y libre de responsabilidades de partido, Aznar avanzó mucho en su defensa de las posiciones israelíes y endureció sus críticas a las políticas árabes. En qué medida las posiciones personales de Aznar y los textos publicados por FAES son representativos del establishment y los votantes liberal-conservadores es algo que sólo conoceremos con el paso del tiempo.

En el ámbito socialista, las dos corrientes convivieron durante los Gobiernos González. La liberal se hizo fuerte en el Ejecutivo, mientras que la tercermundista ganó la batalla en el partido y en los medios de comunicación afines. A diferencia de lo que ocurría en las filas liberal-conservadores, los socialistas querían tener tanto una doctrina de política internacional como un programa de acción; y ello por dos razones fundamentales: en primer lugar, querían cambiar tanto la política exterior de España como, en conjunción con otras fuerzas, el orden internacional, y sentían la necesidad de tener una visión clara de la situación y un guión de los pasos que había que dar; en segundo lugar (y aquí también se diferenciaban de los liberal-conservadores), porque entendían que la política es un ejercicio de comunicación con los ciudadanos en el que la clave del éxito reside en imponer la cultura política, el marco de referencia de principios y valores, los análisis sobre la naturaleza de los problemas y las vías de resolución propios.

La coexistencia de las dos corrientes implicó el ejercicio de una diplomacia de compensación. Si, en clave liberal, se desarrollaba la reconversión industrial o se lograba un buen entendimiento con Estados Unidos, era necesario, para contentar a los tercermundistas, mandar gestos de simpatía a la dictadura castrista, el sandinismo o la Organización para la Liberación de Palestina. A pesar de las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y el terrorismo, el Partido Socialista mantuvo vivo el mito revolucionario y defendió su legitimidad en los casos cubano y nicaragüense, así como en los protagonizados por los movimientos nacionalistas árabes. Por otro lado, González mantuvo una deliberada distancia con los dirigentes socialistas de la II República, trató de recuperar para la izquierda la tradición radical representada por Manuel Azaña y asaltó impunemente el patrimonio del institucionismo gineriano, siempre distante del mundo partidista y muy contrario al antiindividualismo socialista.

Para los socialistas liberales, Israel tenía un atractivo especial (he aquí otro punto de diferencia con el mundo liberal-conservador): era un modelo socialista ejemplar, una muestra de la tradición socialista europea, una experiencia marcada por el hecho capital del Holocausto. Todo ello les llevaba a conocer, comprender, simpatizar con Israel, sin perjuicio, eso sí, de los intereses nacionales recogidos en el legado franquista. En cambio, para los tercermundistas era una anomalía y una fuente de problemas: eran los palestinos quienes defendían los valores que debía apoyar el socialismo español:

1. Principio revolucionario: rechazo al orden internacional heredado.
2. Antiliberalismo: rechazo a la hegemonía norteamericana y al proceso de globalización.
3. Equidistancia entre los dos grandes bloques; lo cual implicaba un mayor acercamiento a la Unión Soviética y un distanciamiento de Estados Unidos.
4. Pacifismo a la carta: crítica al uso de la fuerza por parte de los Estados y reconocimiento de su legitimidad cuando corría por cuenta de grupos revolucionarios.

Tras el 11-S

La percepción de Israel se ha visto afectada por la emergencia de un nuevo entorno estratégico y por un conjunto de circunstancias que han modificado la imagen de las autoridades y formaciones políticas palestinas entre los españoles. Los hechos más relevantes han sido, sin duda, el 11-S y su versión española: el 11-M. En ambos casos pudimos ver cómo el islamismo utilizaba el terror para atacarnos.

En España, muchos quisieron creer que el atentado de Madrid era una consecuencia directa de la Guerra de Iraq, e hicieron una utilización política del mismo. Sin embargo, tras la retirada de las tropas que teníamos destacadas en ese país dos ataques frustrados, uno contra la Ciudad Olímpica barcelonesa y otro contra la Audiencia Nacional, dejaron bien a las claras que la estrategia terrorista estaba muy por encima del papel desempeñado por el Gobierno Aznar en aquel episodio. El odio de los terroristas islámicos contra nosotros no distingue entre liberales y socialistas. La sentencia sobre el 11-M descartó una relación causa-efecto entre el atentado y las posturas de Aznar sobre la Guerra de Iraq, e insistió en los componentes violentos de la doctrina yihadista. La desarticulación, el pasado 18 de enero, de una célula yihadista paquistaní en Barcelona que, al parecer, pretendía cometer un atentado en plena campaña electoral incide sobre la realidad de esta amenaza que pesa sobre nuestro sistema de convivencia.

Mientras los españoles asumíamos, en mayor o menor medida, que unos musulmanes radicales nos quieren destruir, en Palestina tenía lugar un proceso acelerado de desmontaje del mito Arafat. El triunfo de la candidatura islamista de Hamás fue explicado, por medios de muy distinto signo político, como la consecuencia de la corrupción de Arafat (y de sus seguidores), así como de su mal gobierno y de su incapacidad para hacer avanzar el proceso de paz. El mito revolucionario, asumido por la izquierda española, se hacía añicos y dejaba paso a una formación terrorista simpatizante de los responsables del 11-M.

Entre tanto, en Irán otra corriente islamista, en esta ocasión chiita, hacía saltar todas las alarmas de la diplomacia europea y de las Naciones Unidas. Lo que en un primer momento se consideró una nueva maniobra del belicismo norteamericano, y como tal se condenó, finalmente se reveló evidente para casi todos, luego de que se produjera la confirmación de la Agencia Internacional para la Energía Atómica: en violación del Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán estaba desarrollando un programa nuclear secreto. Los programas de misilístico y nuclear iraníes representan una amenaza directa para Europa, que carece de sistemas antimisiles suficientes. Con Teherán, la amenaza islamista deja de ser sólo terrorista y se convierte también en nuclear.

La crisis de las viñetas, aparentemente menos grave que el programa nuclear de los ayatolás, tuvo, sin embargo, un efecto más importante en la conciencia europea. Las formaciones liberal-conservadoras y una parte de la izquierda rechazaron el chantaje que representaban las manifestaciones y la quema de embajadas y proclamaron la primacía de la libertad de prensa; asimismo, exigieron que se pusiera en práctica la reciprocidad: no tienen derecho a quejarse aquellos que desprecian en sus medios de comunicación a todas las religiones que no son la suya y fuerzan a emigrar, en lo que constituye un proceso de limpieza religiosa, a judíos y cristianos.

El debate sobre las viñetas vino a engrosar otro más antiguo y de mayor calado: el relativo a los problemas de integración de parte de la comunidad musulmana. En España la población de origen magrebí es pequeña, pero crece a un ritmo elevado. Poco a poco van apareciendo zonas de mayoría musulmana semejantes a las existentes en otras ciudades europeas, con los mismos problemas que han experimentado éstas. Los sucesos del extrarradio parisino, que acabaron por extenderse a los de otras muchas ciudades francesas, aparecieron ante muchos como un aviso de lo que podría ocurrir en España si aquí se cometen los mismos errores que han cometido las autoridades francesas. En el Reino Unido, los sondeos relacionados con la posición de los musulmanes allí residentes acerca de los atentados islamistas de Londres, en los que una porción significativa dijo comprender lo sucedido y demandó la aplicación de la sharia, reflejaron el fracaso del modelo local de integración, fracaso que los atentados frustrados contra varios vuelos procedentes de Heathrow y con destino EEUU no hicieron sino corroborar.

Para los españoles, el de la amenaza islamista ya no es un problema lejano sino nacional, más aún cuando tienen en cuenta que los terroristas del 11-M estaban afincados entre nosotros y, en algunos casos, disfrutaban de ayudas estatales y participaban en la vida política nacional.

Esta toma de conciencia de la amenaza islamista coincide con la llegada de Hamás al Gobierno palestino y la retirada unilateral israelí de Gaza, que Ariel Sharón completó a pesar de las dificultades políticas que le planteó. Ante la sorpresa de muchos, el durante décadas odiado Sharón aparecía en nuestros medios como un político responsable. Tras su enfermedad, numerosos han sido los medios que han publicado largos artículos elogiosos del "legado de Sharón", algo inconcebible años atrás. La ruptura del Likud, la conformación de Kadima, el anuncio de una posible retirada unilateral de parte de Cisjordania y el apoyo mayoritario de la ciudadanía israelí a la estrategia de desenganche situaron a Israel en una posición internacional mucho más favorable.

Este conjunto de hechos recientes ha tenido unos efectos importantes en las formaciones políticas españolas, hasta el punto de que se han producido modificaciones en posturas con decenios de antigüedad.

Desde su experiencia en la lucha contra ETA, el PP rechaza cualquier compromiso con los Gobiernos y las formaciones extremistas. En el ámbito nacional, exige la aplicación de una política no definida que fuerce la plena integración en nuestro marco constitucional de las comunidades musulmanas y rechaza de plano un modelo multicultural que pueda favorecer, como en el Reino Unido, la existencia de Estados dentro del Estado o, como en Francia, de grupos que rechacen los valores republicanos. Hay entre sus cuadros, medios afines y votantes una hasta la fecha desconocida comprensión de Israel –producto no de una suerte de prosionismo[12], sino de la solidaridad hacia una democracia amenazada– y, en general, una simpatía hacia las posiciones de Kadima y la estrategia de desenganche, el legado de Sharón.

En el campo socialista, cabe destacar al auge de la corriente tercermundista, que se impuso en el Gobierno luego de que el PSOE venciera en las generales de marzo de 2004. La simpatía por los movimientos radicales de carácter antiliberal resulta evidente, pero no es extensible al islamismo. El apoyo a Gobiernos como el de Castro en Cuba, Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia sólo tendría equivalencia con formaciones nacionalistas árabes, en estas fechas en franco declive. Los islamistas no despiertan simpatías entre nuestra izquierda, por muy antinorteamericanos que sean, pero la preocupación que despiertan no desemboca en una actitud de firmeza. Bien al contrario, ante la amenaza que plantean los ayatolás iraníes o los islamistas palestinos, la opción que se defiende es la búsqueda de vías de entendimiento, en la esperanza de que apunten en otra dirección.

La iniciativa diplomática más importante del Gobierno de Rodríguez Zapatero es la Alianza de las Civilizaciones, continuación del Diálogo de Civilizaciones presentado por Jatamí en Naciones Unidas y supuesta respuesta a las tesis del profesor Samuel Huntington. Naciones Unidas acogió esta iniciativa, saludada con entusiasmo por el mundo islámico e ignorada por europeos y norteamericanos.[13] El propio rey Juan Carlos optó por no hacer referencia a la misma en su discurso anual ante el cuerpo diplomático, a pesar de que en esas mismas fechas se estaba celebrando en Madrid el I Foro de las Civilizaciones en Madrid.

El documento fundacional[14] es un perfecto retrato de la nueva izquierda española: por una parte culpa a Occidental de la situación en que se encuentra el Islam en su conjunto; por otra, exige –sin obligación de reciprocidad– respeto a las costumbres y actuaciones políticas características del mundo musulmán, aunque atenten contra los derechos humanos. Hay aquí una negación implícita del carácter universal tanto de los derechos humanos como de los valores democráticos. No somos quién para exigirles que adopten comportamientos democráticos, pues éstos no son más que la expresión de una determinada civilización. Se legitima la dictadura por razones religiosas, cuando precisamente en España el Gobierno busca el enfrentamiento con la Iglesia Católica. Se acepta el sometimiento de la mujer, cuando se presume de todo lo contrario y de la defensa de los derechos de las comunidades homosexuales... en el propio país.

Un comportamiento tan contradictorio sólo se explica desde el auge de las corrientes relativistas, que al negar que se pueda comprender la realidad niegan la posibilidad de que se sepa con certeza qué está bien y qué mal, qué es justo y qué injusto, y que entienden la convivencia como un mero ejercicio de negociación y acuerdo. Sin convicciones es difícil defender lo propio y fácil asumir estrategias de pacificación, que, como pronosticó Churchill, sólo animan al enemigo a exigir más. Encontramos un ejemplo de esta actitud en la carta firmada conjuntamente por Rodríguez Zapatero y Erdogan, los dos principales promotores de la Alianza de Civilizaciones, a propósito de la crisis de las viñetas[15], en la que se solicitaba un mayor respeto hacia el credo musulmán y no se exigía contrapartida alguna. Los europeos debemos mantener un trato exquisito con los musulmanes, a costa de la libertad de prensa, pero los musulmanes no tienen que hacer lo mismo; ni siquiera deben dejar de perseguir a los judíos y los cristianos.

Rodríguez Zapatero cree que, ante tales cesiones, el Islam dejará de considerar a Occidente su enemigo, lo cual desactivará el discurso yihadista. Desde esta lógica, la España de Zapatero trata de evitar que la Unión Europea imponga sanciones a Irán, retire su aportación económica a la Autoridad Palestina, rompa con Hamás o considere terrorista a Hezbolá.

Esta opción pacificadora despierta preocupación entre cuadros y simpatizantes socialistas, como queda reflejado en sus medios de comunicación. Hay miedo a que los valores constitucionales, o los propios y característicos del socialismo español, se disuelvan en una sociedad multicultural en la que determinados sectores musulmanes se nieguen a aceptar lo que sustenta la democracia española, provocando una crisis cultural que podría poner en peligro tanto nuestro modelo de convivencia como el proceso de construcción europea. Asimismo, hay preocupación por el auge del islamismo en Oriente Medio, con su correlato de proliferación de armamento de destrucción masiva y terrorismo, lo que lleva a sus poseedores a una mayor inclinación a las políticas de firmeza.

En este marco, la política hacia Israel se ha centrado en rechazar el aislamiento de la Autoridad Palestina cuando los islamistas controlaban el Gobierno, exigir la aceptación de Hamás como interlocutor –aunque este movimiento islamista no reconozca el derecho del Estado judío a existir y siga practicando el terrorismo– y oponerse al proceso de retirada unilateral israelí de Cisjordania y al establecimiento de nuevas fronteras. Dicha política quedó simbolizada en esa fotografía en la que se veía Rodríguez Zapatero lucir la kefiya, el pañuelo palestino, en un acto de su propio partido, hecho del que no parece haya precedentes en la Unión Europea y que causó estupor en amplios círculos políticos, así como la lógica alegría entre la población árabe. El hecho de que el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fuera bien conocido por el Gobierno de Jerusalén –fue embajador de la Unión Europea en la zona– facilitó el acomodo a la nueva situación. Se pasaba de una política que buscaba la neutralidad y acorde con la posición europea –es decir, moderadamente proárabe– a otra decididamente propalestina.

El giro dado por el Gobierno español coincidió en el tiempo con el enfrentamiento –buscado– de Zapatero con Bush, que privó a España de influencia en EEUU. Ambos mandatarios han cruzado unas pocas palabras en reuniones internacionales, pero no han mantenido un solo encuentro. La embajada de España en Washington ha visto cómo las puertas de los despachos de referencia se cerraban para nuestros diplomáticos. La "vuelta al corazón de Europa" proclamada por Zapatero ha supuesto una subordinación de nuestro país a las posiciones franco-alemanas. Para que España pueda actuar eficazmente como mediador en Oriente Medio necesita que las dos partes la acepten como tal y tener influencia tanto en las capitales europeas de referencia como en Washington. No es el caso: Madrid sólo puede presentar como aval la aceptación palestina. Con Zapatero, España ha perdido la influencia internacional de que gozó en tiempos de Aznar, lo que convierte sus movimientos en Oriente Medio en fuegos de artificio. La nueva política española no era un problema para Israel por pura incompetencia de la misma.

Las dificultades diplomáticas no han sido obstáculo para que, durante este período, tanto las Fuerzas Armadas como los servicios de inteligencia españoles hayan mejorado sus relaciones con sus equivalentes israelíes.[16] La emergencia de la amenaza islamista sobre nuestro país ha hecho más atractivas para los espías españoles la experiencia y la información de sus homólogos israelíes. Los militares españoles son conscientes de que tienen que mejorar mucho sus doctrinas y capacidades para actuar en un entorno no convencional, y valoran la experiencia y los medios técnicos de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El conflicto israelo-libanés exacerbó las tensiones diplomáticas derivadas de la nueva posición española. Con su actitud comprensiva hacia Hezbolá y muy crítica hacia Israel, Madrid rompió la posición común europea y dañó gravemente las relaciones con Jerusalén. Sin condenar a Hezbolá, Rodríguez Zapatero acusó a Israel de extralimitarse en sus acciones militares en el Líbano. El Partido Socialista convocó una manifestación contra el Estado judío. José Blanco, responsable de Organización del PSOE, declaró que Israel había causado premeditadamente bajas civiles, afirmación que tachó de "infame" el por entonces embajador israelí en Madrid, Víctor Harel.[17] Por su parte, el ministro Moratinos, ansioso de adquirir protagonismo, se reunió con el presidente de Siria, Bachar al Assad, para tratar de encontrar una solución al conflicto. Luego del encuentro de marras, Moratinos reclamó para Siria un papel más activo, olvidando que Siria había ocupado el Líbano durante treinta años (y que sólo debido a la presión del Consejo de Seguridad optó, finalmente, por retirarse), que había una investigación pendiente sobre la implicación siria en el asesinato del dirigente sunita libanés Rafik Hariri y que Damasco tenía una enorme responsabilidad en el rearme iraní de Hezbolá, auténtico Estado dentro del Estado libanés. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, calificó en la revista Time de "grotesca" la maniobra del canciller español[18], mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Yigal Palmor declaró: "[España] ha tomado partido por un bando, lo que le anula como mediador en el conflicto". Era lo peor que podía escuchar la diplomacia española, ansiosa de ser reconocida en la región pero consciente de sus limitaciones, y una alegría para los sectores más radicales de la izquierda, cuyo alineamiento con la causa árabe no deja lugar a dudas.

Inasequible al desaliento, Moratinos volvió a intentarlo: logró el apoyo, poco entusiasta, de Francia e Italia a una nueva iniciativa de paz sobre la cuestión palestina que giraba en torno a la presencia de una fuerza internacional en la Franja de Gaza. Quizá consciente de su poco crédito en Jerusalén, prefirió publicitarla antes de presentarla al Gobierno israelí, en la confianza de que, así, no atrevería a echarla abajo. Volvió a calcular mal: a su poco crédito se sumó la ofensa que representaba el desarrollo de una iniciativa tan delicada a espaldas de Israel. La titular de Exteriores del Gabinete Olmert, Tzipi Livni calificó de "inaceptable" el comportamiento del ministro español y rechazó la iniciativa.[19] En cuanto al propio Olmert, dijo, ante el canciller portugués: "Moratinos se cree que entiende sobre la política en Oriente Medio, pero lo cierto es que entiende mucho menos de lo que él cree"[20]; además, afirmó que, al cerrarse las puertas de Washington y Jerusalén, España había perdido definitivamente cualquier opción diplomática en la región.

Madrid creyó encontrar una vía para tratar de acceder al protagonismo y calmar las críticas internacionales a su limitado compromiso en la lucha contra el yihadismo cuando el Consejo de Seguridad aprobó la creación de una fuerza de interposición entre Hezbolá e Israel (Finul) que controlara el territorio situado entre el río Litani y la frontera israelo-libanesa. El Gobierno de Zapatero se comprometió a asumir el control de unas de las dos zonas en que se desplegaría la Finul, la más próxima a Siria.

El destacamento español estableció unas buenas relaciones con los mandos israelíes, y, gracias a los informes de inteligencia que fue recibiendo, localizaron y destruyeron varios arsenales de Hezbolá. Una actividad que debía considerarse como ordinaria despertó la preocupación del Centro Nacional de Inteligencia, pues temía que las milicias chiitas acabasen atacando a nuestros soldados.[21] Poco tiempo después Hezbolá colocó bombas-trampa en el acceso a uno de sus arsenales localizados para acabar con la unidad de la Legión allí destinada, pero finalmente el ataque islamista pudo ser frustrado.[22] El que no pudo frustrarse fue el atentado perpetrado el 24 de junio de 2007 en Sahel al Derdara, que segó la vida a seis soldados de nuestro Ejército.[23]

A partir de ese momento el comportamiento del contingente español dio un giro radical, en línea con lo que ya estaba ocurriendo en Afganistán. El Gobierno dio instrucciones para no que no se fuera tan diligente y decidido contra Hezbolá y evitar situaciones de riesgo. Lo fundamental era evitar bajas; lo secundario, cumplir la misión.

Mientras las Fuerzas Armadas israelíes veían cómo España abandonaba sus obligaciones, nuestra diplomacia trataba de lograr garantías de seguridad. Enseguida se envió una delegación militar para negociar directamente con Hezbolá; se trataba de una maniobra secreta que, aparentemente, filtró el Gobierno israelí.[24] Poco después era el propio Moratinos quien se entrevistaba con Naím Qassem, uno de los máximos dirigentes de la referida organización, con el mismo fin.[25] España no sólo había quemado sus naves con Israel, sino que había puesto en evidencia la inutilidad de la presencia de su contingente en el Líbano. Madrid actuó fuera del marco establecido por la Unión Europea pero en perfecta coherencia con los principios de la Alianza de Civilizaciones, una iniciativa iraní adoptada por Rodríguez Zapatero.

Conclusiones

Tras algo más de tres decenios de democracia, la política española hacia el mundo árabe comienza a sufrir cambios importantes, derivados de un conjunto de circunstancias. El legado de la amistad tradicional estaba basado en el puro interés. Sin embargo, pasado el tiempo ya no resulta tan evidente que España salga beneficiada con esa relación. A este hecho hay que sumar el debate ideológico desarrollado a partir del 11-S y la proclamación de la Guerra contra el Terror. Las posiciones sobre cuáles deben ser los fundamentos de la política exterior española son hoy más distantes que nunca desde la muerte del general Franco, lo que afecta a la política en Oriente Medio. En las relaciones Madrid-Jerusalén se mantiene la dependencia española respecto de la política hacia el mundo árabe, pero la naturaleza de esta relación ha cambiado. Si en el origen lo que se primaba era el margen de acción diplomática y los beneficios económicos, ahora nos encontramos ante una opción regional, no ya meramente española, en la que los europeos –o la comunidad atlántica– deben definir una estrategia general ante la amenaza islamista. Unos apuestan por la firmeza, y otros por la pacificación. Cada una de las opciones tiene unos efectos inmediatos sobre las relaciones con Israel, que van desde la solidaridad con el Estado judío hasta el abandono a su suerte.

La influencia de problemas propios del ámbito doméstico sobre la política exterior es una de las novedades más significativas de los últimos años. La emigración –muy particularmente la ilegal–, las dificultades de integración de parte de la población musulmana y el terrorismo islamista están propiciando el crecimiento de un sentimiento de arabofobia, del que vienen haciéndose eco nuestros sociólogos. La reflexión nacional está influida por las experiencias de otros Estados europeos, lo que tiende a agravar más que a moderar estos sentimientos. La apuesta socialista por facilitar la regularización de estos emigrantes, por atraer su voto y por establecer una sociedad multicultural puede exacerbar estos sentimientos racistas y provocar una crisis en el socialismo español. Lo sucedido en Francia en presidenciales de 2002, en las que el Partido Socialista no llegó a la segunda vuelta ante el auge de Le Pen, que cosechó antiguos votos socialistas, es un ejemplo que conviene tener presente.

Mientras tanto, la nueva política ensayada por Rodríguez Zapatero y Moratinos sólo ha logrado que España pierda parte del patrimonio que había acumulado en Oriente Medio. Si no se cuenta con el respaldo de EEUU e Israel y no se tiene la confianza de los propios europeos, sólo cabe espacio para maniobras extemporáneas abocadas al fracaso, si bien es cierto que arrojan importantes réditos en la política doméstica. Y es que para la nueva izquierda española Israel es un problema en sí mismo, un obstáculo para la estabilización de la región, una fuente de crispación, un inaceptable ejemplo de política basada en el uso de la fuerza y un nefasto aliado de Estados Unidos. Con tal de cosechar unos votos, bien puede sacrificarse la influencia internacional de España.

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