Anatomía del terror

Estas son las fotos de algunas víctimas y de sus adoloridos parientes. Son caras casi anónimas marcadas por el miedo y el dolor. No son, naturalmente, excepciones. Lo excepcional, en este caso, es la calidad y el dramatismo de las fotografías. En cuarenta años de dictadura son miles de cubanos los que han podido posar frente al lente con ese mismo gesto melancólico y la imagen del ser querido preso, desaparecido o torturado en la mano. ¿Por qué el totalitarismo genera tanto sufrimiento? Paradójicamente, porque se empeña en construir ciudadanos felices guiados por el Partido hacia un glorioso destino.

Pero, ¿qué ocurre con los seres humanos que no se sienten héroes revolucionarios, ni hombres nuevos, porque están demasiado fatigados con la tarea de vivir y sacar adelante a una familia en condiciones cada vez más precarias? ¿Qué ocurre, sencillamente, con las personas sensatas que no pueden soportar tanta estulticia y deciden largarse en silencio de ese manicomio, sin reclamar absolutamente nada, salvo la ropa vieja que se llevan puesta, pues hasta los anillos de matrimonio son requisados por la implacable policía política? A esas personas, en las épocas "normales" se les castiga de diversas maneras por su falta de ilusiones. Se les echa de los trabajos, como si hubieran cometido algún delito, y se levanta un inventario de los objetos que poseen en sus viviendas para que no toquen nada de lo que ya le pertenece al pueblo. O se les envía "a la agricultura" -a cortar caña, a cosechar tabaco-, a verdaderos campos de trabajo forzado, donde deberán estar meses y hasta años "ganándose el derecho" a emigrar. Pero eso sólo sucede en tiempos "normales" y felices. En tiempos "anormales", como ocurrió a principios de 1980, durante el llamado "éxodo del Mariel", poco después de que en 72 horas once mil personas buscaran asilo en la Embajada de Perú en La Habana, un fenómeno insólito en la historia de la desesperación humana, o como volvió a ocurrir en los noventa cuando la "crisis de los balseros". En esas tensas circunstancias, cuando el gobierno se sentía en peligro, o cuando Castro sufría lo que interpretaba como una suerte de humillación pública ante una ciudadanía que ostensiblemente rechazaba su liderazgo, era lícito pegarles, insultarlos o escupirlos. Esto le sucedió a Rafael Muiñas -uno entre centenares de casos similares, aunque los hubo mortalmente peores-, un honrado técnico de televisión, que cuando callada y humildemente manifestó su deseo de abandonar el país porque estaba cansado de intentar sin éxito la frankesteiniana ingeniería genética de los hombres nuevos, lo arrodillaron en la acera, frente a su centro de trabajo, le colgaron un cartel al cuello que decía "soy un traidor" y lo obligaron a caminar de rodillas mientras una turba le gritaba, golpeaba y escupía. Años después, cuando repetía su historia, sus ojos todavía se enrojecían de amargura e indignación.

A Muiñas, como les ha ocurrido a millares de cubanos, le habían hecho un "acto de repudio". ¿Qué es eso? Es un brutal motín contra una persona o una familia, organizado a medias por el Partido Comunista y los órganos de Seguridad, para dar la impresión de que las gentes enardecidas les ajustan las cuentas a las "lacras sociales". No es la policía ni es el ejército, es "el pueblo revolucionario" que "espontáneamente" sale a darle su merecido a quien se atreve a ser diferente, a pensar de otra manera o a intentar marcharse porque ya, literalmente, no puede más. ¿Cómo se lleva a cabo el "acto de repudio"? La policía política selecciona a la víctima -un disidente, un periodista incómodo, un intelectual que ha protestado por algo, un simple trabajador que no quiere seguir viviendo en ese maravilloso paraíso-, se convoca a la gente de rompe y rasga del Partido Comunista, y se le explica los alcances de la "operación". Si la víctima es notable pueden utilizar contra ella incluso a los líderes. El acto de repudio contra los hermanos Sebastián y Gustavo Arcos -el prestigioso luchador por los Derechos Humanos, uno de los héroes del "26 de Julio"- fue personalmente dirigido por Roberto Robaina cuando era Secretario General de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los actos de repudio pueden limitarse a gritos o insultos soeces, como hicieron durante semanas contra el dirigente católico Dagoberto Valdés y su familia, o puede optarse por que la turba penetre en la casa del "repudiado" y le destroce los pocos muebles que posee. O hasta puede elegirse un tratamiento aún más severo. A María Elena Cruz Varela, la gran poetisa, Premio Nacional de Literatura, la sacaron de su casa por la fuerza, la arrastraron al medio de la calle, la arrodillaron, y la obligaron a comerse los papeles que había escrito mientras gritaban "que le sangre la boca, coño, que le sangre". Y luego la acusaron de escándalo en la vía pública y la condenaron a dos años de cárcel. Más tarde, cuando la protesta internacional cobró ciertas proporciones, una vieja militante del Partido, que ni siquiera había participado en la infamia, apareció ante la prensa culpándose de lo sucedido y explicando que no le fue posible aceptar en silencio las "provocaciones de María Elena Cruz Varela y sus escritos contrarrevolucionarios". Era la voz de la policía política reescribiendo la historia.

¿Para qué llevar a cabo estos bárbaros "actos de repudio" cuando al gobierno, que controla a los legisladores, los tribunales y los medios de comunicación, le sería muy fácil apresar con discreción a la víctima, juzgarla sumariamente, acusada de cualquier cosa, y condenarla a la pena que la policía decida? Porque ese no es el objetivo de los actos de repudio. No sólo se trata de castigar a una persona "descarriada". Se trata de una medida punitiva que tiene un intenso impacto intimidatorio sobre el conjunto de la población. La detención, juicio y encarcelamiento de los disidentes, y la escueta noticia del incidente publicada en Granma, carece del enorme efecto disuasorio que significa para los vecinos de una barriada contemplar la llegada de las turbas castristas, el atropello de la víctima indefensa y la impunidad con que actúan estas fuerzas parapoliciales. Y no es siquiera un invento cubano. Se trata de lo que en el triste argot policiaco de los expertos represores cubanos llaman "la técnica de control de la noche de los cristales rotos". Fue lo que en la década de los treinta hizo Hitler contra los judíos, utilizando para ello a sus feroces "camisas pardas": en una fecha elegida, las turbas nazis fueron a las casas y a los establecimientos comerciales de miles de judíos y los destrozaron ante el terror y la parálisis de toda la sociedad. Los judíos eran las víctimas directas, pero el objetivo real era mucho más amplio: demostrarles a todos los alemanes, a judíos y no judíos, de "quién era la calle" y cómo el grupo de poder podía actuar al margen de la ley. El propósito inmediato, sí, era humillar a los judíos, pero también atemorizar al resto de la sociedad.

No obstante, los actos de repudio no son lo único que el castrismo le debe al nazismo. La policía política cubana, a cuyo diseño y adiestramiento contribuyó sustancialmente la Stasi de Alemania del Este, tomó de los nazis un elemento represor que no existía en los demás países comunistas: los Comités de Defensa de la Revolución. El CDR es la unidad básica de la represión en Cuba. Es una célula de espionaje manejada por el Ministerio del Interior y existen en la Isla, literalmente, varios millares. Hay uno en cada calle, y si no se quiere ser un paria dentro de la sociedad, hay que inscribirse en ellos y participar activamente. Los CDR, además de mantener la "pureza ideológica" de la sociedad mediante el adoctrinamiento de unos ciudadanos obligados a examinar y asimilar los puntos de vista oficiales que adopta el gobierno en todos los órdenes de la existencia, tienen la misión de controlar la vida de todos los ciudadanos. Quiénes viven en una casa, quiénes visitan, qué creencias religiosas sostienen, qué cartas se reciben y de dónde, cómo se expresan con relación a la revolución y a sus líderes, si poseen familiares desafectos o exiliados, o si se trata de revolucionarios ejemplares. Tampoco es inconveniente averiguar quién se acuesta con quién, o cuáles son las preferencias sexuales de los vecinos, o sus hábitos sociales, incluidas las comidas de que se alimentan -muchas de ellas "ilegales", como ocurre con los mariscos o la carne de res-, delatada por las sobras que colocan en los paquetes de basura, porque nunca se sabe cómo los organismos de inteligencia pueden utilizar esa información "sensible".

Ni siquiera se conoce quiénes dentro del CDR son informantes directos de la labor del propio CDR, porque el CDR espía, pero, a su vez, es espiado, cosa que ningún cubano ignora. Eliseo Alberto, el novelista, fue reclutado por la inteligencia para que espiara a su padre, el poeta Eliseo Diego. Y lo hizo, tal como contara en Informe contra mí mismo, un libro desgarrado y desgarrador publicado en España. La mutua desconfianza es uno de los elementos cohesivos de las sociedades totalitarias, y lo primero que la familia les enseña a los niños es a desconfiar y a simular, pues de la habilidad con que la criatura consiga desarrollar esas dos actitudes va a depender sus probabilidades de no chocar con la maquinaria represiva. Al mismo tiempo, ese adiestramiento familiar, esa formación para el cinismo y la mentira como modo de protegerse, contribuye a convencer al niño del carácter invencible del sistema y de la futilidad de tratar de oponérsele. No hay que luchar. Hay que sobrevivir fingiendo. Tampoco hay que comprometerse en la defensa de principios peligrosos. Sacrificarse por los demás, por un pueblo de soplones, es una idiotez. Es muy triste, pero el mismo fenómeno se ha visto en todas las sociedades que han vivido bajo el comunismo: los caracteres forjados en la duplicidad y la mentira suelen expresarse en la conducta insolidaria e indiferente de quien "no cree ni en nada ni en nadie".

¿Cómo es la estructura de este aparato represivo? Cada CDR reporta regularmente a un Comité de Zona, que a su vez lo hace a otro municipal, luego provincial, y, por último, nacional. A partir del Comité de Zona toda la información es recogida por policías profesionales -"oficiales de sector"- que alimentan las insaciables computadoras del Ministerio del Interior. Nadie puede escapar a su lupa. Nadie carece de un expediente político. Nadie está exento de un funcionario que revisa periódicamente la ficha del ciudadano más inofensivo, porque nunca se sabe dónde puede esconderse un enemigo de la patria. Y ese "nadie" incluye a los menores, pues el expediente "acumulativo" comienza en el momento en que el niño es matriculado en la escuela. Ya ahí se anota si sus padres son unos tipos sospechosos de servir al imperialismo o si se trata de valientes soldados de la lucha revolucionaria. Ese "nadie" ni siquiera excluye a los visitantes ilustres, como el asiduo viajero a Cuba, Gabriel García Márquez, que cuenta con un abultadísimo expediente en el que se guardan todos los datos y contactos de sus múltiples estancias en la Isla, y la transcripción de sus conversaciones telefónicas, como revelara un "desertor" del ámbito intelectual, un joven llamado Antonio (Tony) Valle Vallejo, en el que despreocupada y un tanto irresponsablemente se movía el colombiano, ignorando que sus anfitriones lo espiaban y seguían de cerca minuto a minuto.

Fueron estos CDR los organismos que en la década de los sesenta compilaron las listas de los jóvenes que debían ser llevados a campos de trabajo forzado para ser reeducados y para extirparles sus "actitudes antisociales" con el brusco trato de los militares hasta convertirlos en flamantes "hombres nuevos". A esos terribles campos agrícolas, llamados eufemísticamente "Unidades Militares de Ayuda a la Población" (UMAP) -represión dolorosamente explorada por los cineastas Néstor Almendros, Jiménez Leal y Jorge Ulla en los documentales titulados Conducta impropia y Nadie escuchaba-, rodeados de alambradas y controlados a culatazos, donde abundaron los suicidios y las automutilaciones, fueron llevados unos cincuenta mil cubanos acusados por espías sin rostro de ser o parecer homosexuales, de ejercer como católicos, protestantes o -los más castigados- Testigos de Jehová y Adventistas del Séptimo Día. Incluso, los "delitos" podían ser todavía menos transparentes: utilizar ropas "sospechosas", leer libros "raros", o no ser respetuosos con los símbolos de la revolución, como le sucedió al notable cantautor Pablo Milanés, internado en estas prisiones rurales porque los miembros del CDR de su calle decidieron que de algún modo oblicuo sus canciones ocultaban "contrarrevolución, mariconería, o ambas cosas a la vez". Muchos de estos muchachos, como el caso del escritor José Antonio Zarraluqui, jamás supieron por qué habían sido conducidos a los campos de la UMAP, pero los que pasaron por esa tremenda experiencia no olvidan que todo se hizo y todo se experimentó contra ellos: desde enterrar hasta el cuello a un "testigo" para que aprendiera que era mejor renunciar a sus creencias religiosas que soportar las picadas de un hormiguero en su rostro, hasta quebrarle las vértebras a patadas a un homosexual que se negó a que le afeitaran el pelo teñido.

Este organismo represivo, los CDR, más nazifascista que leninista, descansa en dos hipótesis que la historia, lamentablemente, ha conseguido verificar. La primera es que en un Estado totalitario los lazos de complicidad se estrechan y fortalecen si las manos de todos los partidarios están igualmente manchadas de sangre enemiga. Todo el mundo tiene que dar palos. Todo el mundo tiene que reprimir, y ese compartido trabajo sucio se convierte en un oscuro vínculo moral. No es posible, por ejemplo, ser un revolucionario cubano y excluirse de las tareas innobles. No se puede ser revolucionario para apoyar los esfuerzos pedagógicos del régimen, o los que hace en el terreno sanitario, y rechazar los aspectos represivos. Esas filigranas éticas no son permitidas. Se es revolucionario en todas las instancias y con todas sus consecuencias: hay que avalar la vigilancia obsesiva, las delaciones, los "actos de repudio", los paredones de fusilamiento y las crecientes cosechas de presos políticos. Las revoluciones son así, y acaso esta tensión fatal es lo que explica el alto número de suicidas en la jerarquía revolucionaria. En Cuba se han quitado la vida nada menos que el presidente Osvaldo Dorticós, Haydée Santamaría, trágica heroína del Moncada, una cuñada de Raúl Castro, y un largo etcétera que denota los problemas de conciencia que a veces genera la cooperación con los verdugos. Una muy competente científica social formada en Cuba -Mayda Donate-, miembro del PC, cuando escapó al exilio en los noventa se trajo toda una documentación que corroboraba los datos previamente aportados por la socióloga Norma Rojas: el índice de suicidios en Cuba es de los más altos del mundo -tres veces el promedio de América Latina-, pero entre las mujeres es aún peor. En ninguna sociedad del mundo se matan tantas mujeres como en la cubana. Y la segunda hipótesis de los estrategas de la dictadura, es que la permanente vigilancia de los CDR logra, en efecto, inhibir una de las tendencias más peligrosas para cualquier Estado totalitario: el espontáneo surgimiento de instituciones y organizaciones independientes en el seno de la sociedad civil.

En efecto: una de las funciones más importantes del Estado totalitario es disgregar a la sociedad, impedir que las personas se unan para fines no decididos por el gobierno. Mientras las sociedades abiertas se caracterizan por la libre aparición de instituciones creadas por personas que sienten la urgencia de participar e influir en los asuntos comunes, instituciones en las que los demás ciudadanos pueden o no incluirse voluntariamente, los Estados totalitarios tienen como norma rígida el establecimiento de un escaso número de cauces de expresión de la sociedad -llamados por la Constitución "organizaciones de masas"-, todos ellos colocados obligatoriamente bajo el estricto control del aparato rector, donde los ciudadanos se encuentran conminados a participar bajo amenaza de marginación o castigo. Los Estados totalitarios, en suma, crean sociedades estabularias, y cada una de sus organizaciones no son otra cosa que establos en los que congregan a las personas de acuerdo con la edad, el sexo o la profesión para impartirles las correspondientes instrucciones "bajadas" desde el centro del poder. ¿Cuál es ese centro del poder? Sin duda, Fidel Castro, pero hay todo un aparato a su disposición y servicio: el PC y sus diversas instancias regionales y nacionales, incluido el Comité Central, así como un fantasmal parlamento, la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuya función es reunirse setenta y dos horas dos veces al año para refrendar unánimente las medidas tomadas por la administración pública mediante decretos o simples memorandos administrativos. De acuerdo con este diseño, los niños primero son pioneros, luego los inscriben en unas asociaciones estudiantiles creadas para controlar la segunda enseñanza o bachillerato y para ir escogiendo a los que pasarán a la Juventud Comunista. Más tarde, si son suficientemente revolucionarios para acceder a la universidad, los recoge la Federación Estudiantil Universitaria; las señoras se anotan en la Federación de Mujeres Cubanas, y todo el mundo, en su centro de trabajo, forma parte de un sindicato único y obligatorio que no defiende los intereses de los trabajadores sino los del Partido, mientras algunos sectores, como los artistas e intelectuales, que suelen ser creadores aislados, tienen su propia organización cuidadosamente supervisada, naturalmente, por el Estado. Hay otras instituciones, pero ni siquiera vale la pena consignarlas, porque la función de estas estructuras no es darle cauce a la participación activa de los ciudadanos, y mucho menos a sus iniciativas particulares, sino servir como correa de transmisión a las órdenes emanadas desde la cúpula.