Honduras: ¿golpe de estado u homenaje a Montesquieu?

La Ilustración Liberal agradece a la fundación Ciudadanía y Valores el permiso para la reproducción de este artículo.

Los hechos políticos acontecidos a finales de junio en una pequeña y poco conocida nación centroamericana atrajeron sobre ella la atención de la prensa mundial. No podía ser de otra manera, ya que no todos los días ocurre que el presidente de un país vea interrumpido su descanso nocturno por un grupo de militares que llaman a su puerta para pedirle que los acompañe al aeropuerto, con su pijama puesto, desde donde lo deportarán a otro país.

Eso fue lo que ocurrió en Honduras la madrugada del domingo 28 de junio de 2009 con el hoy ex presidente de la república José Manuel Zelaya Rosales.

Zelaya fue recibido esa misma mañana por su homólogo Óscar Arias en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de San José (Costa Rica), mientras los medios de comunicación lanzaban urbi et orbi la noticia de que en Honduras se había producido un golpe de estado militar contra el presidente democráticamente elegido.

Como cabía esperar, la condena internacional a los golpistas fue inmediata, general, contundente y, sobre todo, como veremos más adelante, desinformada. El primero en manifestarse fue el ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Jan Kohout, quien, en representación de la Unión Europea, por tener su país en ese momento la presidencia comunitaria, calificó la medida como "un golpe de estado"; desde la bella isla griega de Corfú, declaró: "Esto es una violación inaceptable del orden constitucional en Honduras".

Desde entonces han transcurrido más de dos meses. Zelaya sigue depuesto y en el exilio, mientras Honduras ha iniciado oficialmente la campaña electoral para la celebración de comicios generales el 29 de noviembre de este año. Es momento de preguntarnos: ¿qué es en realidad lo que ha sucedido en ese país?, y ¿qué es lo que el caso hondureño plantea para el futuro de la democracia en la región?

Antecedentes

José Manuel Zelaya fue el candidato del Partido Liberal de Honduras (PLH) a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2005. Resultó elegido para un período de cuatro años y tomó posesión del cargo el 27 de enero de 2006, sucediendo en el cargo a Ricardo Maduro, del Partido Nacional.

A mitad de camino de su presidencia, Zelaya empezó a dar un sorprendente giro hacia la izquierda populista que encendió las luces de alarma en su propia formación, un partido tradicional de derechas, y preocupó a los hondureños en general. Su viraje empezó con un acercamiento al presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, quien le tomó de la mano y lo llevó al regazo de Hugo Chávez.

Lo que en un principio quiso presentarse como una simple medida de conveniencia para obtener más cooperación económica de Venezuela muy pronto derivó en una asociación ideológica y política, al meter Zelaya a Honduras en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), en agosto de 2008[1]. En la ceremonia de adhesión, que se celebró en Tegucigalpa, estuvieron presentes Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales y Carlos Lage, entonces vicepresidente de Cuba; y, sin que se le cayera el sombrero, Zelaya declaró que su Gobierno era de izquierda.

Esa ceremonia sirvió para demostrar hasta qué punto Zelaya se había ya sometido a Chávez, pues permitió que éste ofendiera a los hondureños en su propio país tachando de "ignorantes" y "vendepatrias" a quienes se opusieran al ingreso de Honduras en la ALBA.

A partir de entonces el discurso de Zelaya se radicalizó; pero no se limitó a repetir el discurso populista, antiimperialista y anticapitalista de sus nuevos amigos y aliados, sino que, dando rienda suelta a su inflamado ego[2], pretendió reformar ilegalmente la Constitución, con miras a perpetuarse en el poder y terminar de meter a Honduras en el socialismo del siglo XXI chavista.

La reforma constitucional

Desde finales del año pasado Zelaya empezó a dar señales de querer reformar la Constitución, pero fue a partir de enero que se empleó a fondo en la consecución de ese propósito. Empezó tratando de forzar al Congreso Nacional a que eligiera una lista de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que él había propuesto. Algunos miembros de su gabinete llegaron incluso a amenazar con disolver el Congreso si no aprobaba la lista de Zelaya, pero al final el Poder Legislativo no se doblegó, con lo cual, de paso, complicó el camino de las aspiraciones zelayistas.

Zelaya dio un paso crucial hacia la reforma constitucional el 23 de marzo. Con un decreto ejecutivo (el PCM-005-2009), ordenó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que realizara el 28 de junio una "consulta popular" destinada a preguntar a la gente si quería que en las elecciones generales de noviembre se instalara una cuarta urna para decidir si se convocaba a una asamblea nacional constituyente.

El Ejecutivo fue advertido por sus mismos abogados de que lo que pretendía era ilegal. No obstante, Zelaya siguió firme en su empeño, razón por la cual el Ministerio Público interpuso el 8 de mayo una demanda de nulidad contra el decreto ejecutivo mencionado. El fiscal general de la República emitió una valoración y presentó ante el juzgado su pronunciamiento, apoyando la acción del Ministerio Público. La Procuraduría General de la República señaló que, además de que la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas establece que el Tribunal Supremo Electoral es el único facultado para hacer encuestas con fines políticos, la pretensión de instalar una asamblea nacional constituyente hubiese creado una situación fáctica y violatoria de la Constitución actual. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo declaró la ilegalidad de la consulta pretendida por el Ejecutivo, y dicha resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.

Cabe aquí hacer un breve paréntesis para sugerir que el lector tenga presente en todo momento la Constitución y las leyes de la República de Honduras, no las de ningún otro país. Sólo así es posible juzgar si los hondureños procedieron debidamente o no en la defensa del Estado de Derecho.

La Constitución de Honduras, vigente desde 1982, establece los procesos parlamentarios mediante los cuales se pueden modificar sus propios artículos. El ex presidente Zelaya pretendió saltárselos a la torera y hacerlo por medios distintos de los establecidos en ella. Además, hay que destacar que la Constitución tiene tres tipos de artículos que no pueden ser modificados en ningún caso (de ahí que se les denomine "artículos pétreos"): los que definen el territorio nacional, los referidos a la forma republicana de gobierno y los que establecen los límites temporales del período presidencial. Precisamente los dos últimos eran los que tenía Zelaya en la mira.

Pero continuemos con la narración de los hechos. Las resoluciones judiciales no detuvieron a Zelaya, que siguió adelante preparando el material para la consulta y gastando millones de euros en propaganda para que el pueblo participara en ella.

El 25 de junio aparecieron en el diario oficial La Gaceta dos decretos ejecutivos[3]: el PCM-019-2009, que dejaba sin efecto el emitido el 23 de marzo, o sea, el impugnado por el Ministerio Público con el apoyo de la Procuraduría General de la República y fallado como ilegal por el Poder Judicial, y el PCM-020-2009, que sustituía al del 23 de marzo y mandaba hacer una "encuesta nacional de opinión" el mismo domingo 28 de junio, con la misma pregunta de la consulta popular sobre la instalación de una asamblea nacional constituyente. O sea, la misma mona con distinto rabo. La pretendida pregunta estaba literalmente formulada así[4]:

¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?

Hay quienes perciben la pregunta como inocente y como una forma de ejercer la democracia directa[5]. En primer lugar, de inocente, nada. Todo el montaje zelayistaestaba orientado a dar al traste con la Constitución para poder remover las barreras que impiden la reelección presidencial y el cambio de la forma de gobierno. Las instituciones hondureñas detectaron la pretensión ilegal del gobernante y mediante una aplicación estricta de las normas constitucionales y de la legalidad vigente le salieron al frente. En segundo lugar, la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos –tan mentada en el caso hondureño– fue creada en 2001 por los países del hemisferio para, precisamente, defender el sistema de democracia representativa frente a las maniobras populistas que pretenden suplantarla con una manipulable democracia directa, de la cual se han valido Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador para destruir la división real de poderes y vaciar de contenido democrático las constituciones de sus respectivos países. En esas naciones Montesquieu está muerto y bien sepultado. En Honduras, por el contrario, está vivo, vigilante y operativo, lo cual parece, como ahora veremos, que tiene escandalizada a la comunidad internacional.

Pues bien; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no obstante el cambio de nombre de "consulta popular" a "encuesta nacional de opinión", decidió que se seguían violentando las disposiciones judiciales al respecto y mandó dejar sin valor y efecto todos los decretos presidenciales referidos a la instalación de la cuarta urna, incluyendo uno que ordenaba a las Fuerzas Armadas brindar su apoyo a las acciones conducentes a su instalación.

Pero no sólo el Poder Judicial determinó la ilegalidad de las acciones del aspirante a dictador. Todas las instituciones del Estado, a excepción del Poder Ejecutivo, presidido por Zelaya, dictaminaron que la pretendida consulta o encuesta era ilegal. En ese sentido se pronunciaron el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional, la Fiscalía General del Estado y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Hasta el partido mismo de Zelaya la consideró ilegal. Y, fuera del ámbito estatal, el Colegio de Abogados de Honduras, la Iglesia Católica y las evangélicas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y muchas otras organizaciones civiles.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas comunicó oportunamente a Zelaya que, debido a que la encuesta había sido declarada ilegal por autoridad competente, el ejército estaba impedido constitucionalmente de participar con la logística. Zelaya entonces montó en cólera y declaró públicamente que aquél quedaba destituido, provocando así la renuncia solidaria de los jefes de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fuerza Naval. La decisión de Zelaya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y los militares continuaron en sus cargos.

Quizás alguno se extrañe de la magnitud de la resistencia a las pretensiones del ahora ex presidente. Lo que sucede es que los hondureños, habiendo sufrido en el pasado tantas dictaduras militares, decidieron en 1982 dotarse de una Constitución que obligaba a la alternancia en la Presidencia de la República y cerraba herméticamente cualquier posibilidad de reelección. Desde entonces, Honduras ha tenido siete elecciones generales, en las que ha elegido pacífica y libremente a otros tantos presidentes. Los seis primeros cumplieron el período para el cual fueron elegidos y no pretendieron reelección alguna. Luego llegó Zelaya y complicó las cosas.

El jueves 25 de junio Zelaya, al frente de una turba de seguidores y dispuesto a que nada ni nadie lo detuviera, se dirigió a las instalaciones de la Fuerza Aérea en que estaba depositado el material con el que pretendía hacer la encuesta, y que el Ministerio Público había decomisado y puesto bajo custodia de la Fuerza Aérea. El jefe de la unidad militar valoró la situación y decidió dejarlo entrar, para evitar tener que disparar contra él y sus acompañantes. Al día siguiente, a requerimiento del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de Zelaya y la captura de éste, acción que le fue encomendada al ejército[6]. Se le tenía por "responsable, a título de autor, de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, en perjuicio de la Administración Pública y el Estado de Honduras (…)".

En horas de la madrugada del domingo 28 de junio –fecha en que Zelaya había decidido contra viento y marea realizar la ilegal encuesta–, un comando de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, ingresó en el domicilio del mandatario, lo hizo prisionero y lo trasladó en un avión a Costa Rica, donde fue dejado en libertad. Ese mismo día, y en vista de que el vicepresidente de la República había renunciado al cargo en 2007, el Congreso, en debido seguimiento de lo dispuesto en la Constitución, nombró jefe del Estado al hasta entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti Bain.

Reacción internacional

La comunidad internacional puso el grito al cielo y de inmediato calificó de golpe de estado lo ocurrido. ¿En base a qué? ¿Tenía conocimiento de los hechos? ¿Por fortuna sabía el ministro de Exteriores de la República Checa algo del cómo y del porqué habían actuado así las instituciones hondureñas? ¿Tenían los países del mundo alguna idea del peligro que Honduras enfrentaba si no detenía a un presidente que seguía órdenes de Hugo Chávez[7] para acabar con la forma de gobierno republicana, democrática y representativa establecida en su Constitución? La respuesta a todas esas preguntas es un no rotundo y absoluto. Aun así, y debido a la forma en que ocurrieron los hechos el 28 de junio, es entendible que la primera reacción internacional fuera esa, aunque no por ello dejó de ser precipitada, ignorante y visceral. Lo que resulta absurdo e injustificable es que después de más de dos meses, y conociendo lo que en verdad sucedió, se siga en las mismas.

Hugo Chávez, a quien cabe la dudosa distinción de ser el golpista más conspicuo de la Latinoamérica contemporánea, condenó lo que para él era un golpe estado inadmisible y, con su característica arrogancia, prometió derrocar al nuevo gobierno hondureño; promesa que no ha cumplido ni intentará cumplir de manera directa mientras las verdaderas democracias, con Estados Unidos a la cabeza, y la Unión Europea de comparsa, persistan en el empeño de hacer ese trabajo sucio.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se desplazó a Honduras el 3 de julio portando, con ínfulas de pretor imperial, una resolución de la Asamblea General que advertía al pequeño país de que si en 72 horas no restituía a Zelaya en la Presidencia de la República, de forma "segura e incondicional", sería expulsado de dicha institución[8]. Tegucigalpa rechazó la resolución, y la organización hemisférica, que supuestamente existe para defender la democracia en América, expulsó a Honduras el sábado 4 de julio por la noche, por romper el "orden constitucional". Una verdadera ironía, porque si algo había hecho Honduras era, precisamente, defender y hacer valer su Constitución y la forma republicana de gobierno, en tanto que sólo un mes antes la OEA había extendido a Cuba una cordial invitación –casi una súplica– para que regresara a su seno[9].

Conviene que nos enteremos un poco más de quién es el secretario general de la OEA. Insulza es un político chileno, miembro del Partido Socialista, que el 27 de noviembre de 2006, en el Hotel Intercontinental de Madrid, y luego de declarar su admiración Fidel Castro, afirmó: "[Cuba puede volver a la democracia] en la medida en que respetemos lo que los cubanos quieran y (...) que no intentemos imponer soluciones, o crear una agitación o un proceso conflictivo dentro [de la Isla]". Rían o lloren ustedes, señores, porque acto seguido añadió: "Dándole todo el tiempo que sea necesario". O sea que a Cuba, que lleva más de 50 años en la antidemocracia, hay que darle "todo el tiempo que sea necesario", pero a Honduras, que en ningún momento ha abandonado la senda democrática, han de ponérsele plazos de 72 horas. Juzguen ustedes el espíritu de justicia que anima al secretario general de la OEA.

Por lo visto, no bastaba con que la OEA y la Unión Europea condenaran a Honduras. Tenía que hacerlo también la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esa extraña e inútil organización en la que conviven democracias verdaderas, como Suiza, Francia o Canadá, con brutales dictaduras, como las de Corea del Norte, Cuba e Irán, sólo por mencionar algunas de las más representativas.

En la ONU se encargó de organizar y coordinar ese trabajo el actual presidente de la Asamblea General, el nicaragüense Miguel D'Escoto Brockman. D'Escoto, que fue ministro de Relaciones Exteriores del primer Gobierno sandinista, en la década del ochenta, es un viejo e incondicional servidor de Daniel Ortega y, por ende, de Hugo Chávez y de los hermanos Castro[10]. De ahí que no resulte extraño que, antes de que transcurrieran 72 horas desde que dejara de ser el presidente de Honduras, Zelaya hiciera uso del podio de la Asamblea General para denunciar ante el mundo el golpe de estado que había sufrido.

Primer intento de Zelaya para regresar al poder

El domingo 5 de julio el depuesto presidente, viajando a bordo de un avión que le facilitó Hugo Chávez, y en compañía del inefable Miguel D'Escoto, intentó aterrizar en Tegucigalpa sin permiso de las autoridades hondureñas. El ejército puso obstáculos en la pista y lo impidió, por lo que tuvo primero que dirigirse a Managua, donde hizo una breve escala, y después a San Salvador. El plan original era que en el avión, junto con Zelaya, viajaran la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de Ecuador, Rafael Correa; el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; pero a último momento hubo cambios y éstos viajaron en el aparato de la presidenta argentina hasta San Salvador, donde esperarían a que Zelaya aterrizara en Tegucigalpa, para después reunirse con él.

El circo aéreo de los presidentes y los altos cargos de la OEA y la ONU fue coordinado y teledirigido desde Caracas por Hugo Chávez, quien en todo momento estuvo en contacto con el avión de Zelaya. Hubo expectación y tensión, pero también, por desgracia, un muerto entre los seguidores de Zelaya[11]. El frustrado plan contemplaba una invasión de los zelayistasde la pista en el momento en que el avión tocara suelo y provocar una confrontación sangrienta con las fuerzas del orden, lo cual, por fortuna no ocurrió.

Un Nobel de la Paz entra en escena

Ante el rotundo fracaso de la OEA y de su secretario general, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, tuvo la ocurrencia de pedir a Óscar Arias, presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz (1987), que mediara en la crisis. El objetivo era quitar el protagonismo a Hugo Chávez y dárselo a una persona con buena imagen internacional.

Sin embargo, Arias quedará de inmediato constituido en juez y parte. Un mediador es alguien que, antes de opinar, escucha con atención a cada una de las partes en conflicto, pero Arias no procedió así. Todo lo contrario: el mismo 28 de junio, cuando recibió a Zelaya con un abrazo en el aeropuerto Juan Santamaría, se puso del lado del presidente depuesto y denunció el "golpe de estado" del que éste había sido víctima, al tiempo que hacía un enfático llamado a todos los países del hemisferio para que hicieran lo mismo. Y como para que no quedaran dudas de su posición, Arias deploró que una parte de la sociedad civil hondureña viera "con simpatía" el "golpe de estado". Posteriormente, el 4 de julio, su gobierno votó a favor de la expulsión de Honduras de la OEA.

Sea como fuere, el costarricense empezó su labor mediadora invitando a Zelaya y Micheletti a una reunión en San José, el 9 de julio. Éstos se negaron a verse y mantuvieron reuniones por separado con su anfitrión. Posteriormente, el 18 del mismo mes, Arias presentó una propuesta de siete puntos que incluía el retorno incondicional de Zelaya a la Presidencia y que el Gobierno de Micheletti consideró "inaceptable", "una abierta intromisión en los asuntos de Honduras".

El día 22 Arias presenta un nuevo plan, denominado Acuerdo de San José, en el que insistía en el regreso de Zelaya a la Presidencia, si bien contemplaba que éste renunciara a convocar a una asamblea constituyente o a reformar la Constitución en lo irreformable. Los negociadores del Gobierno de Micheletti dijeron que lo someterían a consideración de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso; Zelaya, en cambio, lo rechazó, y dio así por fracasado el diálogo mediado por Arias.

A pesar de todo, el mandatario costarricense ha insistido en que "cualquier acuerdo pasa por restituir a Zelaya como presidente" y, en repetidas declaraciones que revelan más una voluntad de imposición que de mediación, ha abogado por una mayor presión de parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea sobre Honduras para forzar al Gobierno de Micheletti a aceptar su plan.

Segundo espectáculo de Zelaya

Zelaya, actuando siempre bajo la dirección de Chávez, montó un segundo espectáculo el 24 de julio. En compañía del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, y del histriónico ex guerrillero sandinista Edén Pastora –quien se hiciera famoso en 1978 asaltando las instalaciones del Congreso Nacional de Nicaragua–, se dirigió a la frontera entre Nicaragua y Honduras con la declarada intención de ingresar en el territorio de esta última y marchar a Tegucigalpa con sus seguidores para retomar la Presidencia.

Como aquellos que, luego de introducir el pie en la piscina para tentar la temperatura del agua, desisten del baño tras constatar que está muy fría, así Zelaya cruzó un metro la frontera y de inmediato se regresó a territorio nicaragüense. Los medios de comunicación que se habían congregado en la línea fronteriza con la esperanza de ser testigos de una acción histórica quedaron defraudados ante el escaso arrojo del comandante vaquero[12].

Nueva acción de la OEA

Pese a que había expulsado de su seno a Honduras, la organización hemisférica volvió a tomar cartas en el asunto organizando una comisión, compuesta por varios ministros de Relaciones Exteriores, que había de viajar al país centroamericano.

La referida comisión, cuyo propósito declarado era "escuchar a los actores políticos y sociales y promover la aprobación del Acuerdo de San José, para lograr una solución pacífica, democrática y respetuosa del orden constitucional de la República de Honduras", arribó en Tegucigalpa el 24 de agosto, donde fue recibida con honores militares por el Gobierno de Micheletti. La integraban el secretario de Estado de Canadá para Asuntos Exteriores en el continente americano, Peter Kent, y los cancilleres de Argentina (Jorge Taiana), Costa Rica (Bruno Stagno), Jamaica (Kenneth Baugh), México (Patricia Espinosa) y Panamá (Juan Carlos Varela). Insulza, que acompañó a la misión, tuvo un comportamiento mucho más mesurado y se abstuvo de hacer los desplantes de arrogancia y prepotencia que caracterizaron su primera visita[13].

La delegación de cancilleres estuvo dos días en el país, y en ese tiempo se reunió con representantes del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas. También lo hizo con el presidente Micheletti[14]. Además, mantuvo encuentros con autoridades de la Iglesia Católica y representantes de las iglesias evangélicas, con todos los candidatos presidenciales, con empresarios y con representantes de la sociedad civil.

Lo primero que se encontró la comisión fue una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que, después de haber analizado el plan de Oscar Arias, determinaba que cualquier arreglo político propuesto debía respetar la Constitución y las leyes nacionales. El Acuerdo de San José –decía la Corte Suprema– es una propuesta de tipo político con elementos que chocan con disposiciones constitucionales y legales hondureñas. No es posible –añadía– la concesión de una amnistía total a Zelaya, como pretende el plan, por lo que si éste llegara a regresar, tendría que enfrentar todos los cargos que pesan contra él.

Además, los cancilleres y el secretario general de la OEA pudieron verificar el rechazo generalizado de la sociedad hondureña a cualquier pretensión de restablecer a Zelaya en la Presidencia. "No encontramos absolutamente a nadie que estuviera de acuerdo [con su regreso]; eran todos contrarios", reconoció Insulza antes de partir.

Aunque la OEA fracasó una vez más, su secretario general dejó entrever en Washington que la organización no había abandonado su pretensión de imponer el plan de Óscar Arias: "Las perspectivas de otras medidas [de presión] por otros países está presente. Eso les preocupa", declaró. Ni tanto, según se desprende de lo que el presidente Micheletti dijo a los miembros de la comisión: "No tenemos miedo al embargo de nadie, ya analizamos con toda tranquilidad, con toda firmeza, que este país puede salir adelante sin apoyo de ustedes y de otros países". Y añadió: "Sabemos que vamos a sufrir consecuencias graves, ya nos han enviado los mensajes, pero tenemos fe en el Supremo Creador, que no nos va a dejar solos, tenemos fe en Dios. [Nuestra posición] es de defensa de nuestra democracia".

El presidente Micheletti dejó muy en claro a la comisión que el suyo era "un país soberano", y que "nadie" podía ir a imponerles "absolutamente nada"; asimismo, hizo ver a los comisionados que en Honduras no había ni habría jamás una dictadura. "Vamos a elecciones el 29 de noviembre. Yo le pido a Dios que sean masivas, estamos incitando a la población para que vaya todo el mundo a votar, para que garanticemos que en este país queremos vivir en democracia".

Al final de la visita, la comisión emitió un comunicado en el que lamentó no haber conseguido respaldo para el Acuerdo de San José. Sin embargo, el contenido y tono del comunicado era muy diferente de la resolución de la Asamblea General de la OEA del 1 de julio, que exigía la restitución de Zelaya de manera "inmediata, segura e incondicional". Los comisionados se limitaron a decir que consideraban "imprescindible" un "pronto retorno a la normalidad democrática que garantice a todos los hondureños seguridad, prosperidad y desarrollo"; igualmente, incidían en "la necesidad de aprobar el Acuerdo de San José, dado el inminente inicio de la campaña electoral, prevista para el primero de septiembre"[15].

Deambular de Zelaya

Aparte de las dos óperas bufas arriba referidas, Zelaya se ha dedicado a viajar por todo el continente en un avión que le ha facilitado Hugo Chávez.

En los más de dos meses que han transcurrido desde que fue depuesto, Zelaya ha establecido su base de operaciones en Nicaragua, y desde ahí ha visitado a los presidentes de México, Brasil, Perú, Chile, Guatemala y República Dominicana. También ha visitado El Salvador, Ecuador, Estados Unidos –donde se ha reunido dos veces con la secretaria de Estado, Hillary Clinton– y Panamá –para la toma de posesión del presidente Ricardo Martinelli–, aparte de Costa Rica, país al que llegó cuando fue exiliado y al que ha ido varias veces para reunirse con el presidente y mediador Óscar Arias. Curiosamente, en todo este tiempo no ha visitado, al menos abiertamente, a su amigo y protector, Hugo Chávez. Es evidente que alguien le ha persuadido de que ponga distancia con Chávez y demás presidentes de la ALBA, y que muestre un talante más democrático y conciliador. Por lo visto, Chávez acepta ese aparente desplante con tal de que sirva para lograr el retorno de su pupilo a la Presidencia de Honduras.

Tampoco, que se sepa, ha viajado a Cuba. De seguro que ya nadie recuerda que el día en que Zelaya fue exiliado a Costa Rica, Hugo Chávez envió de inmediato un avión para llevarlo a Managua, donde lo esperaban el mismo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega. Y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. En Managua, Zelaya se reunió un día después con Raúl Castro, que había llegado a Nicaragua para asistir a una cumbre extraordinaria del Grupo de Río convocada, precisamente, en ocasión de los sucesos ocurridos en Honduras.

La visita más reciente de Zelaya a Washington tuvo lugar el 3 de septiembre. Después de reunirse en privado con Hillary Clinton, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que, por primera vez, se refirió como "golpe de estado" a lo sucedido en Honduras, y anunciaba la "terminación de una amplia gama de asistencia al Gobierno de Honduras" (agregaba, además, que la Secretaría de Estado ya había suspendido la ayuda "inmediatamente después del golpe")[16].

En el comunicado, el Departamento de Estado reconocía la "complicada naturaleza" de "las acciones que llevaron el 28 de junio al golpe de estado", y mientras anunciaba que en ese momento no estaba en disposición de "apoyar los resultados de las elecciones programadas", al mismo tiempo advertía de que tales comicios habían de ser "libres, justos y transparentes". Qué poca coherencia, ciertamente.

Elecciones

Imaginemos por un momento qué sucedería si de repente los hermanos Castro anunciaran que en Cuba se permitirá la libre constitución de partidos políticos, se creará un tribunal independiente para organizar y supervisar los procesos electorales y se celebrarán en un año elecciones libres, supervisadas internacionalmente, para elegir al presidente y vicepresidente de la República, así como a los diputados del congreso nacional. ¿Cómo se imaginan que reaccionarían las democracias del mundo entero? ¿No creen que lanzarían las campanas al vuelo y celebrarían por todo lo alto tan loable anuncio? Pues bien. De conformidad con la Ley Electoral, y bajo la autoridad constitucional del Tribunal Supremo Electoral, Honduras inició oficialmente el 1 de septiembre el proceso que conducirá a los comicios del 29 de noviembre. Ese día, los ciudadanos hondureños están convocados a las urnas para elegir a sus futuras autoridades, al presidente y al vicepresidente de la República, a los diputados nacionales, a los alcaldes y a los diputados al Parlamento Centroamericano. Participarán seis partidos políticos. Los dos más grandes, el Liberal y el Nacional, que juntos abarcan el 91,4% del Congreso, eligieron sus candidatos en elecciones primarias internas mucho antes de los sucesos del 28 de junio. Los candidatos que resulten electos tomarán posesión de sus cargos o escaños en enero de 2010, y Honduras así rigiéndose por el sistema republicano y representativo que establece su Constitución.

Pero ¿qué dicen de ese proceso electoral los países democráticos del mundo –España entre ellos–? Pues que no reconocerán a las autoridades que resulten elegidas si antes no se restituye a Manuel Zelaya, el mayor violador del orden constitucional que ha conocido Honduras en las últimas décadas. ¿Podría alguien creer que un proceso electoral legal, libre y transparente como el que inició Honduras el 1 de septiembre sería posible si en ese pequeño país centroamericano hubiese habido un golpe de estado militar, como obstinadamente proclama al unísono la comunidad internacional,demócratas y tiranuelos por igual?

¿Error o acción necesaria?

Algunos de los que dicen comprender que las repetidas y graves violaciones de Zelaya a la Constitución exigían hacer algo para frenarlo creen, sin embargo, que lo que correspondía era arrestarlo y juzgarlo en Honduras. Suena razonable. Es más; la orden de la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas para allanar el domicilio de Zelaya y arrestarlo pedía también "ponerlo a la orden de la autoridad correspondiente". Pero, en vez de entregarlo a las autoridades, el Ejército lo exilió. ¿Por qué?

Asesores jurídicos de las Fuerzas Armadas cuentan que la Junta de Comandantes tomó esa decisión la misma madrugada del domingo 28, después de analizar la situación y de concluir que lo mejor para el bienestar del Estado y para evitar males mayores era sacarlo del país. Al hacerlo así, dicen, se evitó el seguro derramamiento de sangre que se hubiera producido cuando los seguidores de Zelaya pretendieran sacarlo de la cárcel en Tegucigalpa.

Los asesores jurídicos tienen claro que las Fuerzas Armadas desobedecieron la parte de la orden judicial que les mandaba entregarlo a las autoridades, pero que actuaron bajo el principio de estado de necesidad, hecho que alegarán en su defensa en el momento en que sean requeridos por los tribunales para responder por su actuación. Manifiestan además que están dispuestos a acatar y cumplir lo que las autoridades judiciales en su momento decidan.

Pero no hay que esforzarse demasiado para imaginar cuál habría sido la reacción de la OEA y de la comunidad internacional si el domingo 28 de junio el ex presidente Zelaya, en vez de amanecer en libertad en Costa Rica, lo hubiese hecho en una cárcel hondureña. Todos los presidentes del hemisferio, que son quienes controlan la OEA y que actúan bajo un evidente sentido corporativista, hubiesen denunciado el arresto como un golpe de estado y exigido la liberación y restitución de Zelaya en la Presidencia, exactamente igual como lo vienen haciendo desde entonces. La OEA y la comunidad internacional están actuando con total desprecio de las decisiones que tomaron la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Congreso Nacional de Honduras, porque si fuera cierto que lo que objetan es que los militares sacaron a Zelaya del país, negándole así el derecho a la defensa, entonces lo más que deberían pedir es que el ex presidente regrese a Honduras a responder ante la ley por las acusaciones que llevaron a su destitución. Pero no es así. Exigen amnistiarlo y sentarlo de nuevo en la Presidencia, como si nada hubiese ocurrido.

Que a nadie le quepa ni la menor duda de que si Zelaya hubiese permanecido bajo arresto en Honduras, la presión hemisférica por su liberación y el seguro llamado de aquél a Hugo Chávez para que acudiera militarmente en su auxilio no sólo habrían elevado el riesgo de un conflicto armado en el pequeño país centroamericano, sino que habrían paralizado sus instituciones, con lo cual tendríamos hoy a Zelaya haciendo su agosto desde la Presidencia y a Hugo Chávez paseándose por el desdichado país e insultando a los opositores a Zelaya[17]. Por el contrario, el mantener a Zelaya fuera del país ha hecho posible que el mundo conozca cuáles fueron las decisiones y acciones judiciales que, basadas en la Constitución y en las leyes de Honduras, llevaron a su destitución.

Quienes se rasgan las vestiduras por la destitución de Zelaya lo hacen, o bien porque están de acuerdo con lo que venía haciendo, o porque no se han tomado la molestia de conocer lo que establece la Constitución de Honduras para ciertos casos. Ignoran, por ejemplo, que el artículo 239 dice: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado". Y agrega: "El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública"[18].

Además de las dos opciones ya referidas: arrestar y juzgar a Zelaya en Honduras o exiliarlo, cabía una tercera posibilidad: que las instituciones hondureñas se quedaran cruzadas de brazos y dejaran que Zelaya llevara a cabo la ilegal encuesta, lo cual hubiese significado el fin de la libertad y de la democracia en Honduras, porque Zelaya habría usado los resultados, que sin duda le habrían sido favorables, porque él mismo había organizado la consulta y habría contado los votos sin la participación del Tribunal Supremo Electoral, para, inmediatamente, quizás al final del mismo día de la encuesta, instalar una Asamblea Constituyente. Y con la Constituyente instalada habría disuelto el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y destituido a los altos mandos militares y al Fiscal General. ¿Cree alguien que si Zelaya hubiese hecho eso la OEA habría actuado para impedirlo? Pues no. La OEA habría hecho la vista gorda, como lo ha hecho en Venezuela y en el Ecuador, por ejemplo, donde, mediante procesos parecidos, los presidentes han destruido la institucionalidad democrática y concentrado todo el poder en sus manos. Los hondureños se vieron en ese espejo y, con todo el peso de sus instituciones, lo impidieron.

Actitud irresponsable de la 'comunidad internacional'

El ex presidente Zelaya ha manifestado estar muy contento con las sanciones que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está aplicando a Honduras, pero aún así pide que se amplíen y endurezcan. Ya no existe el Zelaya que desde la embriaguez del poder atacaba al "imperio" y al capitalismo. El Zelaya de ahora suplica al "imperio" que lo ayude a volver al poder.

Por su parte, España es el país europeo que más ha cabildeado en Bruselas a favor de Zelaya, y procurado el aislamiento y castigo del actual gobierno de Honduras. Fue el primer país en retirar a su embajador de Tegucigalpa, al tiempo que instó a los demás a hacer lo mismo. A petición de Zelaya, retiró el plácet al embajador de Honduras en España; rechazó a 51 militares hondureños que iban a servir en el contingente internacional de 4.000 militares que lidera España en el Líbano, y ha dicho que no reconocerá los resultados de las elecciones de noviembre si no se restituye a Zelaya. Trató incluso, aunque sin éxito, de que la Unión Europea dejara a Honduras fuera de las negociaciones que está llevando a cabo con Centroamérica desde 2007 para llegar a un Acuerdo de Asociación y de Cooperación.

La posición del Gobierno español ha creado un profundo resentimiento entre aquellos hondureños de bien –la mayoría–, que son los que tradicionalmente han sentido afecto por España: se sienten traicionados cuando ven que Madrid está haciendo causa común con Hugo Chávez en perjuicio de su país.

En Honduras no hay un solo militar en el Gobierno. Siguen funcionando el Congreso Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral con las mismas personas que conformaban esas instituciones antes del 28 de junio. Además, el país está volcado en un proceso electoral para elegir nuevas autoridades.

Pero la posición que han tomado países democráticos como Estados Unidos y España anima a los seguidores de Zelaya a continuar las movilizaciones callejeras que tienen como fin crear un ambiente de desorden, para que no se puedan llevar a cabo las elecciones programadas. De momento, no han sido capaces de lograrlo, y es de desear y esperar que no lo consigan; aunque mientras sientan que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos, y continúen recibiendo los dólares chavistasque los financian, lo seguirán intentando.

Los hondureños han actuado hasta ahora con gran valor, dignidad y respeto a su Constitución, a sus leyes y a sus instituciones, y todo parece indicar que, a pesar de la brutal e injusta presión internacional, continuarán firmes en defensa de la democracia y de la libertad, y que, como dijera el presidente Micheletti a la delegación de cancilleres de la OEA, va a haber elecciones, con independencia de que los demás países reconozcan al nuevo Gobierno hondureño.

Si la comunidad internacional, con sus presiones, no logra desestabilizar Honduras y las elecciones se realizan con la libertad, transparencia y justeza que el Gobierno actual de Honduras y la mayoría de los hondureños desean, a los países democráticos no les quedará más camino que aceptar, tarde o temprano, la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas... y reparar –al menos, eso espero– el daño que gratuita e injustamente están infligiendo a Honduras.

Mientras tanto, Honduras habrá sentado un precedente que no ha de preocupar a los gobernantes que una vez elegidos ejercen el poder "con sujeción al Estado de Derecho", como manda –aunque nadie la mencione– la Carta Democrática Interamericana, pero sí hará que tiemblen aquellos que, una vez que los ciudadanos les han confiado su voto, creen tener patente de corsopara hacer desde y con el Gobierno lo que les venga en gana.

¿Hubo un golpe de estado en Honduras? ¡En absoluto! Antes bien, las actuaciones ejemplares y oportunas de sus instituciones en defensa del Estado de Derecho evitaron la consumación del verdadero golpe de estado que se pretendía dar desde la Presidencia de la República, y constituyen por lo tanto todo un homenaje al Barón de Montesquieu, tan olvidado en estos días.

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Arrecia ofensiva contra Honduras*

Zelaya regresó a Honduras de forma sorpresiva y clandestina el 21 de septiembre y se refugió en la embajada del Brasil. Ese retorno no es más que el inicio de un siniestro plan internacional liderado por Venezuela –y de seguro asesorado por Cuba– para restituirlo en la Presidencia. Pero lo cierto es que en el diseño y ejecución de ese plan hay muchos más actores involucrados, aunque de momento la actuación más relevante, por vistosa y vergonzosa, le ha tocado representarla al Brasil.

Este país no sólo ha prestado su embajada en Tegucigalpa para hospedar a Zelaya y permitirle que desde ahí incite a la rebelión, sino que orquestó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, durante la 64ª Asamblea General, con la esperanza de lograr que ese poderoso cuerpo se comprometiera a actuar más decididamente en Honduras. No lo logró: sólo consiguió que pidiera al Gobierno que preside Roberto Micheletti que respete la sede diplomática brasileña en la capital hondureña, una petición por demás innecesaria, ya que en ningún momento se ha visto amenazada, y mucho menos atacada, como falsamente han querido hacer creer Zelaya y sus aliados políticos y mediáticos internacionales.

Venezuela, por su parte, además de su papel de director del sainete, ha actuado como transportista, suministrando el avión que llevó a Zelaya a Honduras y, por supuesto, la financiación del operativo, dejando caer como lluvia fina sobre ese país millones de dólares para pagar las movilizaciones y los actos vandálicos de los seguidores del depuesto presidente.

Más al norte, la Administración Obama niega haber tenido conocimiento anticipado del retorno de Zelaya, algo sencillamente imposible de creer. El representante alterno de Estados Unidos en la OEA dijo el lunes 28 de septiembre que el regreso de Zelaya había sido "irresponsable e idiota". No obstante, al día siguiente del suceso la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró lo que sigue: "Creo que esto representa la mejor oportunidad, el mejor momento, ahora que Zelaya está de regreso en su país".

Sería bueno que Estados Unidos se aclara de una vez por todas: ¿quiere continuar haciendo causa común con Venezuela y Cuba para forzar el retorno al poder de un aspirante a dictador, o apoyar el proceso electoral que de forma legal y transparente está en marcha en el país centroamericano? De momento, se ha decantado por lo primero, a pesar de que un análisis exhaustivo de la Constitución y las leyes hondureñas realizado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos determinó que la destitución fue legal y constitucional.

Como en toda obra teatral, hay también actores secundarios; entre ellos, España y Nicaragua. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó parte de sus quince minutos de gloria en el podio de la Asamblea General de la ONU para asegurar: "No vamos a aceptar un golpe antidemocrático [en Honduras]".

Mientras tanto, en Nicaragua, Daniel Ortega sigue como siempre, dispuesto a desempeñar cualquier papel que le asigne Hugo Chávez. En los meses que Zelaya permaneció en el exilio, Ortega le sirvió de anfitrión.

La actuación del Brasil –tan disparatada que ha merecido la crítica de su ex presidente, y ahora presidente de su Congreso, José Sarney– sólo puede explicarse si se toma en cuenta la urgencia que el presidente Lula tiene de demostrar que puede desempeñar el rol de estabilizador de la región que Obama le asignó en la pasada Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago. El brasileño siente que el pequeño país de Honduras le brinda una oportunidad inmejorable para demostrarlo.

Ese es Lula, el que junto con Fidel Castro fundó en 1990 el Foro de Sao Paulo para facilitar el triunfo de los partidos de izquierda en toda América Latina. Dicho sea de paso, la organización terrorista de las FARC también pertenece al Foro de Sao Paulo.

Ese es Lula, el mismo que el año pasado, en declaraciones a la revista alemana Der Spiegel, dijo que "sin duda Hugo Chávez" es "el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos cien años", y que "Raúl [Castro] ha demostrado ser un hábil sucesor de Fidel y lo queremos ayudar". Ese es Lula, el que, en su reciente discurso en la ONU, sacó a relucir sus credenciales de izquierda abogando por el fin del embargo contra Cuba al mismo tiempo que acusaba de golpista al actual Gobierno hondureño.

La ofensiva cruel, injusta y arrogante de la comunidad internacional contra Honduras prosigue su escalada, creando un ambiente que puede desembocar en una guerra civil. El ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, ha advertido de la posibilidad de que el FMLN, en el poder en ese país, envíe grupos de choque a Honduras. Por de pronto, es así como están las cosas, hoy 29 de septiembre.

Veremos qué rumbo toman los acontecimientos en los próximos días.

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