Qué debe hacer un Estado democrático eficiente

La leyenda, la mala leyenda, nos imputa a los liberales el objetivo de tratar de debilitar el Estado hasta convertirlo en una entidad superficial e inane. Eso no es cierto. El Estado, tal y como lo concebimos los liberales, desempeña un papel absolutamente fundamental en lo relacionado con el beneficio material y espiritual de la sociedad. De eso tratan las reflexiones que siguen: de entender y explicar para qué sirve el Estado en una sociedad dirigida con criterios liberales.

¿Para qué sirve el Estado?

Toda actividad colectiva racionalmente organizada comienza con una definición de objetivos. ¿Para qué nos juntamos? Puede ser para cazar, cosechar cereales, celebrar una fiesta, jugar al fútbol, amarnos, rezar, atacar a los vecinos o defendernos de ellos. Los propósitos son casi infinitos. Lo importante es que, intuitivamente, sabemos que nos unen ciertos intereses y objetivos comunes, y esa coincidencia debe determinar el perfil de las instituciones que nos son necesarias y la clase de organización que debemos articular para alcanzar el éxito.

El Estado no es una excepción. ¿Para qué sirve el Estado? La pregunta no es un ejercicio retórico vacío. De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá el tipo de instituciones, organizaciones, reglas y comportamientos que nos permitirán alcanzar los resultados pretendidos. O que nos harán tener problemas. Los comunistas, por ejemplo, suponen que el objetivo del Estado -mientras sea necesario porque los seres humanos no hayan alcanzado la perfección, según Marx barruntaba-es, además de mantener el orden, crear una sociedad igualitaria en la que los bienes producidos se distribuyan equitativamente entre las personas.

Dentro de esa lógica, es razonable suprimir la propiedad privada y reprimir los impulsos creativos de ciertos individuos. Si los espíritus emprendedores recibieran el fruto de su laboriosidad, muy pronto aparecerían grandes diferencias en la acumulación de bienes. De ahí el surgimiento de una férrea policía política y de un tipo de organización estabularia, cuya función no es crear marcos para la acción espontánea de la sociedad, sino todo lo contrario: erigir estructuras creadas para restringir los impulsos individualistas, transmitir las órdenes de la cúpula, poder dirigir cómodamente a la muchedumbre, distribuir bienes y asignar servicios, manteniendo a las personas debidamente niveladas.

En cambio, dentro de las sociedades libres, en las que prevalece el pluralismo político y se respeta y estimula la propiedad privada, y en las que el igualitarismo no es un objetivo básico, sino una pulsión menor y relativa, ¿cuál es la razón de ser del Estado? En primer término, naturalmente, ha de mantener la paz y el orden y salvaguardar la vida y la integridad física de las personas; tareas éstas fundamentales, para las que el Estado se reserva el monopolio de la fuerza. Pero inmediatamente después surge otro mandato muy importante: estimular la creación de la mayor cantidad posible de bienes y servicios, de manera que el conjunto de la sociedad perciba que sus condiciones de vida mejoran paulatinamente.

En efecto, la democracia plural y la economía de mercado -y el Estado que las hace posibles-se legitiman y perduran cuando la sociedad ve colmadas sus expectativas racionales de mejorar progresivamente en medio de un orden ciudadano razonablemente pacífico y justo. Es lo que sucede en países como Dinamarca, Canadá o Estados Unidos. Cuando eso no ocurre, cuando las personas no creen que el Estado les sirva de una manera clara, sobreviene la crisis, y con frecuencia ésta evoluciona hacia la violencia. Es lo que vemos en naciones como Bolivia o Nigeria. Las personas no tienen inconveniente en demoler el Estado y liquidar la legalidad vigente por la fuerza mientras respaldan a unas nuevas élites para que ejerzan el poder. Este espectáculo lo hemos contemplado muchas veces en América Latina tras los golpes militares, exitosos o fallidos, pero siempre dados con el apoyo de una gran parte de la ciudadanía.

El Estado y sus recursos

Para que un Estado funcione eficientemente es obvio que necesita recursos. En cualquier modelo económico, esos recursos sólo pueden provenir de un sitio: empresas exitosas que generen algún tipo de excedentes. En las sociedades modernas, el Estado casi siempre recibe los recursos que necesita, o los que puede acopiar, por medio de los impuestos que cobra a las personas por los salarios que perciben y los bienes que poseen, o a las empresas por los beneficios que obtienen. Es conveniente observar que los salarios son sólo un factor de coste de las empresas. La renta que los trabajadores reciben por la labor que realizan tiene que ser menor que la que producen. Cuando el costo de producción es mayor que el bien o el servicio producido, al cabo de cierto tiempo, cuando se les agotan el capital y el crédito, las empresas quiebran y los empleados pierden sus puestos de trabajo. Para subsistir, pues, la empresa está condenada a ganar dinero. La plusvalía de que hablaba Marx, en efecto, existe, y es una condición básica para que las sociedades puedan progresar, aunque no es exactamente lo que el pensador alemán creía. El salario, realmente, es un adelanto que hace el empresario a un agente económico contra futuras ganancias... que pueden o no llegar. Es una apuesta más que una forma de explotación. No obstante, no es el trabajador la única entidad que está obligada a abonar una parte de esa plusvalía que genera. La empresa también lo hace por medio de los impuestos que paga –y generalmente estos están relacionados con los beneficios que obtiene–, pero también por los trabajadores que emplea y por su capital acumulado.

Detengámonos un momento en este punto para subrayar cuán disparatada es la dicotomía tradicional entre capital y trabajo, como si se tratara de elementos hostiles. En realidad, los trabajadores y las empresas son factores de una misma ecuación. Cuando yo recibo un salario de una empresa formo parte del factor trabajo, pero cuando envío a mis hijos a un colegio público me he convertido, de facto, en una especie de accionista de las empresas, de todas las empresas que tributan, porque estoy disfrutando de los beneficios que han abonado a la tesorería general del Estado por medio de los impuestos que costean ese colegio.

Es muy útil, pues, que el conjunto de la sociedad se dé cuenta de varias verdades elementales, frecuentemente olvidadas, que, a riesgo de repetirme, vale la pena subrayar con la cadencia de los silogismos:

• Las empresas son el único lugar donde se puede generar riqueza.
• Para que eso suceda, las empresas están obligadas a obtener beneficios.
• Con esos beneficios las empresas dan empleo, crecen y pagan impuestos.
• Esos impuestos sobre los beneficios nos convierten a todos, de facto, en accionistas pasivos de las empresas. No tomamos decisiones sobre su funcionamiento, pero nos beneficiamos de su éxito.
• Ergo, a todos nos conviene que haya muchas empresas exitosas que generen beneficios y paguen impuestos. Eso hace al Estado mucho más poderoso en el terreno económico, le permite financiar más prestaciones sociales y los ciudadanos reciben mayores beneficios.

Lo he escrito en otras oportunidades y lo repito ahora: lo que hace poderoso a un país como Estados Unidos es su enorme cantidad de empresas exitosas. El Pentágono o UCLA son posibles porque existen Microsoft y Wal-Mart. Si Estados Unidos puede tener las mejores universidades públicas del mundo, y el ejército más fuerte, es porque cuenta con una infinidad de compañías que investigan, innovan, dan empleo y generan beneficios. Ese es el mismo panorama que observamos, a otra escala, en Suiza, Suecia, Inglaterra y el resto de las naciones desarrolladas del planeta.

Una vez que estamos provistos de esta visión del papel de la empresa es más fácil definir una de las funciones básicas del Estado: dado que lo que nos conviene a todos es que surjan muchas empresas exitosas, una de las principales tareas del Estado es crear las condiciones para que ocurra ese fenómeno. Nos conviene, pues, un Estado facilitador de la gestión empresarial, legal y fiscalmente hospitalario con las compañías que crean y reparten riqueza para ventaja de todos. Ésa es la gallina de los huevos de oro, así que lo sensato es mantenerla saludable e incansablemente ponedora.

El mal negocio de las empresas públicas

Por otra parte, esa percepción también deja en claro lo contraproducente que suele ser la estatización de la producción, la mal llamada nacionalización de las empresas. En realidad, como queda dicho, todas las empresas son parcialmente estatales, en la medida en que el conjunto de la sociedad recibe en calidad de impuestos un porcentaje de los beneficios. Ese porcentaje suele situarse entre un veinte y un treinta y cinco por ciento, pero la experiencia demuestra que no suele ser inteligente tensar demasiado la presión fiscal para no perjudicar el crecimiento de la empresa y dañar nuestro propio bolsillo. Además, para la sociedad es una extraordinaria ventaja gozar de un porcentaje de las ganancias sin tener que arriesgarse cuando se producen pérdidas. Sin embargo, cuando la empresa es estatal, si hay pérdidas éstas deben ser sufragadas por todos los contribuyentes, algo que no sucede cuando se trata de una entidad privada.

Podría alegarse que las empresas estatales también pueden ser una fuente de ingresos cuando generan beneficios, pero la experiencia demuestra que ése no es un panorama habitual; por las siguientes cinco razones, mil veces comprobadas:

1. La productividad de las empresas públicas es mucho más baja que la que se observa en la empresa privada. Esto quiere decir que el costo del bien o del servicio producido es mucho más alto durante el proceso de creación, lo que da lugar a que los precios se eleven notablemente cuando lo consumimos.
2. Como las empresas públicas, por su propia naturaleza, son ineficientes, la tendencia del Gobierno es a esconder esa falta de eficacia blindándolas contra la competencia mediante la creación de monopolios públicos y medidas proteccionistas que perjudican al consumidor y retrasan tecnológicamente a la sociedad. Esto se ve muy claramente en las empresas de comunicación.
3. Con frecuencia, esos altos costos se enmascaran mediante subsidios, y las personas más ingenuas llegan a pensar que el producto o servicio es malo pero gratis, cuando lo que en realidad sucede es que es malos y, encima, carísimo, sólo que lo costeamos mediante los impuestos que pagamos al Estado, dilapidando insensiblemente unos caudales que podrían ser empleados con mejor provecho en otras zonas de las grandes necesidades públicas.
4. Las empresas públicas suelen ser unas corruptas entidades regidas por relaciones clientelistas, manejadas con criterios partidistas, inmensamente más costosas que las compañías equivalentes existentes en el sector privado, como se puede comprobar en la mexicana Pemex o en la venezolana Pdvsa, dos monopolios públicos dedicados al lucrativo negocio de extraer y vender petróleo.
5. Como las deficiencias de las empresas estatales no le duelen directamente a nadie en el bolsillo -se trata de un daño difuso y generalizado-, y como los responsables últimos son políticos que procuran su reelección, las empresas y los políticos se convierten en rehenes de unos trabajadores que generalmente no han sido contratados por sus méritos sino por su militancia, y a los que no se les suele exigir un mejor comportamiento laboral para evitar huelgas y protestas que dañen electoralmente al Gobierno. Si hay un patrón indefenso ante los conflictos, ese patrón suele ser el Estado. Por eso, el Estado cede ante la presión de los trabajadores, aunque se trate de un abuso manifiesto que perjudica al conjunto de la sociedad.

La inevitable pregunta que sigue a la descripción de esos cinco grandes males que entorpecen la gestión de las empresas públicas es la siguiente: ¿quiere usted ser accionista pasivo de unas compañías privadas que le van a entregar un alto porcentaje de sus beneficios aunque usted no invierta nada, y que nada le van a exigir si fracasan, o prefiere ser un accionista activo de las empresas públicas, generalmente muy mal manejadas, cuyos fracasos tendrán que ser sufragados con su dinero y el de todos los contribuyentes? Cualquier persona racional capaz de medir sus verdaderos intereses sabe la respuesta. No parece haber duda de que lo que le conviene al ciudadano es que el Estado no intervenga en los procesos productivos, sino que deje esas tareas a la sociedad civil.

Ello no quiere decir que el Estado deba abstenerse siempre de convertirse en empresario y producir algunos bienes y servicios, sino que debe desempeñar ese papel excepcionalmente, y si es posible mediante la contratación de terceros, a los que se les pueda exigir resultados. Si, por ejemplo, un remoto caserío necesita agua, electricidad, teléfono, servicios médicos y escuela, elementos que la empresa privada no se encuentra en disposición de proporcionar, el Estado debe buscar la manera, directa o indirectamente, de llevar esos servicios a los habitantes del lugar. Es lo que se ha dado en llamar el principio de subsidiariedad.

Capitalismo bueno y malo

Este análisis, sin embargo, nos precipita a reflexionar sobre varias preguntas cruciales: ¿por qué los latinoamericanos, pese a contar, en general, con un sistema privado de economía, constituyen el segmento más pobre y atrasado de Occidente? ¿Por qué en sus universidades y centros tecnológicos, algunos de ellos con cuatrocientos años de existencia, apenas se producen hallazgos significativos? ¿Por qué casi la mitad de la población latinoamericana vive en la miseria? ¿Por qué -en suma-el sistema de libre empresa ha dado tan pobres resultados en nuestro mundo si se contrasta, por ejemplo, con el éxito de los países escandinavos o con Canadá y Estados Unidos, estas últimas las otras dos grandes expresiones europeas del otro lado del Atlántico?

En realidad, casi todas esas preguntas ya fueron respondidas, indirectamente, en un excelente libro, Good Capitalism/Bad Capitalism, escrito por los economistas norteamericanos William J. Baumol, Robert E. Litan y Carl J. Schramm, publicado en el 2007 por Yale University Press. El título agrega algo más para explicar de qué se trata: "La economía del crecimiento y la prosperidad". Y la tesis es sencilla de entender: el hecho de que exista propiedad privada y mercado no genera necesariamente desarrollo. En Haití y en Holanda hay mercado y propiedad privada, pero en el primer país la gente se muere de hambre y en el otro las grandes preocupaciones comienzan a ser la obesidad y la longevidad excesiva.

De acuerdo con la persuasiva explicación de los autores, no hay un capitalismo, sino cuatro, más allá del capitalismo de Estado o comunismo, como sucede en Cuba o en Corea del Norte, que los autores ni siquiera analizan:

1. El capitalismo mercantilista, donde los funcionarios escogen a los amiguetes ganadores o a los desdichados perdedores.
2. El capitalismo oligárquico, muy parecido al primero, donde un pequeño grupo de gentes adineradas pone el Estado a su servicio y convierte la actividad económica en un coto cerrado para su único beneficio.
3. El gran capitalismo o capitalismo de las grandes empresas, donde el poder de los gigantes económicos hace girar la organización de la sociedad en provecho de sus enormes y ubicuos intereses.
4. El capitalismo empresarial, donde el Estado no asigna privilegios y se limita a crear las condiciones para el surgimiento incesante de empresas, que deben sustentarse en los mercados abiertos y competitivos, gobernados por la agónica búsqueda de innovaciones, mejoras y buenos precios para conquistar a los consumidores.

Este último es el buen capitalismo de que habla el libro, y aunque no existe en estado puro en ninguna parte, es evidente la relación que se advierte entre este modelo de producción y el buen desempeño económico. De diversas maneras y grados, esto es lo que sucede en las veinte naciones más prósperas y desarrolladas del planeta. Los autores, por supuesto, no prometen que el capitalismo empresarial traerá un mundo más justo y equitativo, incluso defienden las virtudes de los desequilibrios como parte del impulso destructor que regenera constantemente al mercado, pero sí advierten que en las naciones que lo practican es donde se observan menores desigualdades. El índice Gini, que mide las diferencias de ingreso en las naciones, demuestra que una sociedad como la danesa, paradigma del capitalismo empresarial, tiene un índice de distribución del ingreso dos veces más equitativo que el de los países latinoamericanos.

En realidad, Good Capitalism/Bad Capitalism no dice nada radicalmente nuevo, pero aporta algo muy importante al debate: una manera muy ordenada y convincente de presentar los argumentos, y lo hace sin recurrir a la jerga complicada de la economía. Otros tres economistas, como el Premio Nobel Douglass C. North, John Joseph Wallis y Barry R. Weingast han ido más allá, esbozando toda una teoría con la que explican más detalladamente las diferencias. Han titulado el importante artículo "A conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History".

En efecto, estos tres notables investigadores retoman el asunto desde un ángulo paralelo y se preguntan por qué sólo un pequeño grupo de naciones, a partir del siglo XVIII y principios del XIX, dio el salto a la modernidad y al progreso creciente, mientras la mayoría no lograba desarrollar mercados vigorosos, sistemas políticos estables y competitivos, y formas de convivencia que estimularan la acumulación de capital humano en beneficio de la mayor parte de la sociedad. Para los autores, es evidente que son muchos los factores que intervienen en este fenómeno (capital acumulado, capital humano, recursos naturales, comercio, situación geográfica...), pero quizás el más importante es la forma en que la sociedad estructura las relaciones humanas y las articula en instituciones que dan forma y sentido a las acciones y vínculos económicos, políticos y religiosos de las personas.

A juicio de estos académicos, durante miles de años los conglomerados humanos, débiles y pequeños, dedicados a la caza o la recolección accidental de frutas y vegetales, se dieron lo que llaman en su ensayo un orden social primitivo, inevitablemente muy elemental, pero suficiente para sostener el tipo de vida trashumante y azarosa que llevaban, probablemente caracterizado por la jefatura de un líder que imponía su criterio sobre el grupo por la fuerza, como sucede entre los primates.

Tras esta larguísima etapa, hace unos 10.000 años, y como consecuencia del desarrollo de la agricultura y el surgimiento de comunidades complejas capaces de generar excedentes y acumular riqueza, sobrevino el orden de acceso limitado, donde la estabilidad, la defensa y el control de la violencia se lograban mediante una especie de acuerdo o pacto en el que el poder controlaba las transacciones económicas y manipulaba las fuerzas políticas y sociales, garantizando las rentas de la clase dirigente mediante el establecimiento de un sistema cerrado o semi-cerrado de transacciones que protegía los intereses del grupo dominante, sistema que, de alguna forma, garantizaba cierto nivel de paz, estabilidad y transmisión más o menos ordenada de la autoridad.

Pero hace apenas 300 años eso comenzó a cambiar en países como Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y otras pocas naciones del norte de Europa Occidental, dando paso a un orden de acceso abierto, cuya estabilidad no dependía de la asignación y protección de las rentas de la clase dirigente, sino de la competencia política y económica -la democracia pluripartidista y la economía de mercado protegidas por el Estado de Derecho-, y en el que la sociedad iba creando libremente las instituciones y las organizaciones que necesitaba para sostener esta nueva manera de convivir en el espacio público.

Para los autores de este ensayo seminal, las sociedades que no han superado el orden de acceso limitado -como sucede en casi toda América Latina, agregamos nosotros-manipulan el mercado, generan privilegios y controlan las rentas en beneficio de las élites, con lo que obstruyen a largo plazo el desarrollo científico y económico de las grandes mayorías. Sin embargo, las sociedades basadas en el orden de acceso abierto, mediante la competencia sistemática en los terrenos político y económico, estimulan la movilidad social, el cambio hacia modos de vida cada vez más ricos y confortables para un mayor número de personas y el imparable desarrollo científico y tecnológico.

Es verdad que en ese camino fracasan muchos políticos, y que muchos agentes económicos son destruidos en el mercado por la competencia y por las innovaciones constantes, pero ese mecanismo ya fue explicado por el economista austriaco Joseph Shumpeter: lo llamó "la destrucción creativa del mercado", una fuerza movida por los empresarios, los técnicos y los científicos, verdaderos motores de las sociedades abiertas. La competencia, pues, es la esencia del cambio y del progreso, crea una forma de estabilidad pacífica en perpetua mutación; y aunque genera ganadores y perdedores, ese camino de perpetua lucha por conquistar el favor de los consumidores (y de los electores) logra mejorar nuestras formas de vida constantemente.

El orden de acceso abierto en América Latina

¿Hay algún Estado latinoamericano que pueda, realmente, incluirse entre las sociedades gobernadas dentro de las coordenadas del orden de acceso abierto? Tal vez uno: Chile, y está en la etapa incipiente del proceso. El economista y analista chileno Cristián Larroulet lo ha explicado en un trabajo particularmente valioso y didáctico publicado por Libertad y Desarrollo, el think-tank que él mismo preside: "La lucha contra el populismo: el caso de Chile".

Tras explicar que a lo largo del siglo XX Chile no escapó a "la realidad histórica del populismo", con una economía cerrada y protegida por aranceles que llegaban al 100%, durante el Gobierno de Allende se desató la hiperinflación, cayó el PIB, se dispararon el gasto público y el déficit fiscal, desaparecieron las reservas...; hasta que "la crisis fue total y terminó en un golpe de estado". Pero, continúa afirmando Larroulet: "A partir del Gobierno Militar y durante cuatro gobiernos democráticos, liderados por coaliciones de centro izquierda, Chile cambió su estrategia de desarrollo alejándose del fenómeno populista. Así, hoy es el país más destacado en América Latina por su desarrollo económico gracias a su modelo de economía libre".

Para Larroulet, los cinco mecanismos o medidas de gobierno que han permitido la erradicación del populismo y colocado a Chile en el umbral del primer mundo son:

1. La autonomía del Banco Central. Cuando se quitó a los políticos el control de la máquina de imprimir dinero, que pasó a manos de los técnicos, se logró controlar la inflación, gran flagelo que castiga, en primer lugar, a los pobres. De acuerdo con la Constitución del país, el Banco Central de Chile es autónomo y no puede prestar dinero al Gobierno.
2. La disciplina fiscal. También de acuerdo con la Constitución, el Parlamento no puede proponer impuestos ni aumentar el gasto público, prerrogativas que sólo competen al Ejecutivo. La función del poder legislativo es controlar el desempeño del sector público y la ejecución de los presupuestos, pero nada más. El objetivo es que exista un balance entre ingresos y gastos, con una cuenta de reserva que se engrosa durante los periodos de bonanza económica -como sucede ahora por los altos precios del cobre-, para utilizar esos fondos cuando sobrevienen los ciclos de contracción.
3. La apertura de la economía. Chile le ha puesto fin al proteccionismo, abriendo casi totalmente su economía, con un arancel uniforme de apenas el 6%; pero cuando se descuentan los tratados de libre comercio, firmados con economías como Estados Unidos, Europa y Corea, queda realmente en menos del 2%. La economía abierta, por otra parte, obliga a aumentar la productividad y la calidad internas mediante la competencia incesante.
4. El sistema previsional de ahorro individual. Los trabajadores chilenos, en lugar de cotizar a una caja común para la jubilación, lo hacen en cuentas individuales de ahorro, mediante unas empresas privadas de inversión llamadas AFP, que compiten entre ellas para dar el mejor servicio y el mejor rendimiento. Este mecanismo aumenta notablemente el compromiso de los trabajadores con el sistema de economía privada y reduce la conflictividad laboral. A todos los chilenos, sencillamente, les conviene que la economía marche bien y las empresas prosperen. En un informe rendido por las AFP a fines del 2009 se reveló que ya poseían fondos por valor de más de 130.000 millones de dólares.
5. La privatización de las empresas y gestiones públicas: los gobernantes chilenos entendieron que el sector privado era mucho más hábil y eficiente como gestor de la economía, y mediante licitaciones fueron privatizadas la mayor parte de las empresas estatales (no así la explotación del cobre), o se concesionaron a compañías de la sociedad civil.

Obsérvese, sin embargo, que ninguna de estas medidas hubiera podido ponerse en marcha, y luego mantenerse, sin la existencia de un Estado lo suficientemente fuerte como para ser capaz de diseñarlas en el Parlamento y, posteriormente, de tutelarlas mediante la labor de un poder judicial independiente, apto para garantizar los derechos y dirimir los inevitables conflictos.

No es posible exagerar la extrema importancia que tiene la existencia de un poder judicial competente, ágil e independiente para el sostenimiento del orden de acceso abierto. Éste, sencillamente, no es posible sin la existencia de un vigoroso sistema para impartir justicia imparcialmente. De ahí que resulte suicida el constante intento de los gobiernos latinoamericanos por controlar el poder judicial: con esa práctica no sólo debilitan la columna de fuste del desarrollo y la modernidad, sino que se colocan al cuello la soga con que serán ahorcados cuando cambien las élites y sean otros los que controlen y manipulen los tribunales.

¿Podrá Chile mantener el orden de acceso abierto de manera permanente? Por ahora, eso parece. Por otro lado, no se trata de la única nación de nuestra cultura cuya clase dirigente ha conseguido desprenderse de la vieja tradición populista, típica del orden de acceso limitado. España, unos años antes que Chile, consiguió transitar en la misma dirección exitosamente. Hoy son pocas las personas en España que no están de acuerdo en el papel beneficioso de la apertura y la competencia, en la importancia de la ortodoxia en el manejo de las cuentas públicas y en los roles que les corresponden al Estado y a la sociedad. Si España hoy forma parte del Primer Mundo, no hay razón alguna para que Chile, si persiste, no logre el mismo resultado.

El Estado, la protección del débil y la sociedad civil

¿Y qué sucede con los pobres? Al fin y al cabo, entre un 40 y un 50% de la población latinoamericana es clasificada como pobre o muy pobre. En realidad, el caso de Chile es un buen ejemplo de cómo el orden de acceso abierto, fundado en la competencia, la primacía económica de la empresa privada y los métodos democráticos, disminuye sustancialmente los niveles de pobreza y tiende a la creación de clases medias, verdadero sostén de este tipo de sociedad. A mediados de la década de los ochenta el 42% de los chilenos caía en la categoría de pobre. En el 2007 ese porcentaje había disminuido hasta el 12. Ello explica la alta legitimidad que el sistema ha logrado entre los chilenos.

Sin embargo, siempre es útil recordar un par de principios básicos para poder entender el rol del Estado. El primero tiene que ver con el volumen del gasto social. Los socialistas de cualquier color e intensidad suelen medir la eficiencia y la eticidad del Estado por el nivel del gasto público. De acuerdo con ese arbitrario baremo, un gasto social elevado es la muestra de la existencia de un Estado más atento a las necesidades del ciudadano.

En realidad, sucede lo contrario: un gasto social elevado sólo demuestra que el Estado ha secuestrado las responsabilidades que les corresponde asumir a los individuos, fenómeno que, con frecuencia, es la consecuencia de sociedades en las que las personas no encuentran oportunidades de ganarse la vida. Esa expresión es clave para entender lo que trato de expresar: ganarse la vida quiere decir no tener que depender del Estado para poder alimentarse, tener techo, cuidar a la familia, etcétera.

El otro principio básico es que constituye un error suprimir el altruismo de las personas y sustituirlo por las burocracias públicas. El altruismo, el instinto de ayudar al prójimo, es una pulsión natural que, en mayor o menor grado, yace en casi todos los seres humanos. Obviamente, el Estado que lo estimula es mucho más eficiente que el que lo suplanta. Me explico: en cualquier sociedad hay millares de niños huérfanos o abandonados, ancianos desvalidos, débiles mentales, enfermos sin recursos, minusválidos, adictos al alcohol o a sustancias que destruyen la capacidad de trabajar, madres solteras pobres y otro sinfín de personas sumidas en la desesperación. A todas ellas es importante socorrerlas, y cualquier sociedad en la que valga la pena vivir tiene que hacer un gran esfuerzo para ejercer la compasión; pero cualquiera que tenga alguna experiencia en el auxilio a personas necesitadas sabe que es en el ámbito privado donde mejor se realiza esa tarea.

Bill Gates, quien ha donado a una fundación caritativa las cuatro quintas partes de su inmensa fortuna, y dedica ese dinero a múltiples obras tan útiles como vacunar a los niños africanos, es también un defensor señero de lo que hoy se llama responsabilidad social corporativa. Es decir, alienta el compromiso de las empresas con los problemas de la sociedad, y las insta a que dediquen una parte de sus beneficios a aliviar los males que aquejan a numerosas personas, convencido de que un mundo más saludable, educado y productivo es un lugar mucho más pacífico y habitable, a lo que puede agregarse el legítimo interés personal: a todos nos beneficia que los pobres se conviertan en clases medias productivas y consumidoras.

En Estados Unidos, además del aporte de las iglesias, las organizaciones cívicas -Kiwanis, Leones, Caballeros de Colón, Cruz Roja, etc.-y miles de ONG, cada vez son más las empresas que prestan su expertise, su eficiencia, sus recursos y su personal a la solución problemas concretos que afectan a la comunidad, como, por ejemplo, la mala calidad de la enseñanza que se imparte en ciertas escuelas públicas situadas en zonas deprimidas.

¿Qué debe, pues, hacer un Estado realmente eficiente en materia de asistencia social? Debe aplicar exactamente el mismo principio de subsidiariedad que regula el resto de gastos e inversiones públicas: debe potenciar la energía altruista de la sociedad civil, pactar con las instituciones y las personas del ámbito privado las tareas que hay que desarrollar, encaminar sus acciones y reservarse para aquellas zonas en las que sólo pueda actuar la mano de la burocracia pública, a veces necesaria, pero casi siempre torpe y costosa. A la frase del Nuevo Testamento atribuida a Jesús: "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", acaso debe agregársele unas palabras clave: "Y a la sociedad lo que es de la sociedad".