Cooperación para el desarrollo de la dictadura castrista

Según los últimos datos, en el ejercicio 2009 España gastó en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 23.500 millones de euros, prácticamente el doble que en 2008. Pero éstas son las previsiones que publica el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) con fecha de 14 de mayo de 2009, así que es muy probable que el monto total haya superado los 25.000 millones, según el rastreo que hemos podido hacer de las publicaciones de concesiones de fondos públicos.

Según el PACI, para 2009 la ayuda a Cuba se establecía según "un régimen de cofinanciación inicial en base a tres criterios: la priorización geográfica del Plan Director 2009-2012; la tasa de falta de cobertura del servicio de agua y saneamiento; y los niveles de endeudamiento de cada país". Para el grupo del que forma parte Cuba se destinaba el 85% del fondo de la AOD; resulta muy interesante lo que dice el documento sobre el referido grupo:

Costa Rica, Brasil, México, Venezuela, Panamá, Argentina, Uruguay, Cuba y Chile. Todos ellos, menos Chile, son países de renta media para la consolidación de objetivos de desarrollo, según el III PD. Se financiará hasta el 50% de las propuestas.

De parte de esos fondos se puede hacer un seguimiento exhaustivo, pero como en ciertos rubros sólo se expone el monto sin desglosar, aunque quisiera exponer aquí todas las cifras, difícilmente podría decir lo que me gustaría: cuánto se ha destinado a cada proyecto, y a quién se ha concedido cada euro. Pero a ello pienso dedicarme: este texto es un extracto de la investigación que estoy llevando a cabo. Si pudiéramos disponer de los datos que ando buscando, podríamos hacer un análisis más preciso sobre la calidad de la Cooperación española.

De esos 23.500 millones, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)ha publicado la concesión de 5.990.120; por su parte, la Junta de Andalucía anunciaba en julio del año pasado que destinaba cinco millones a un proyecto de rehabilitación en Santiago de Cuba. Las cifras son escandalosas (si se conociera Santiago de Cuba, se comprendería que ese monto es muy elevado); sin embargo, esa cantidad no es verdaderamente significativa cuando se integra en los planes regionales y la comparamos con la AOD que se ha destinado a otros países y regiones.

Sabemos que se han destinado más de dos millones de euros a proyectos de aseguramiento de infraestructuras y rehabilitación de edificaciones dañadas por los huracanes Gustav e Ike, que dejaron a tantas familias sin hogar. Si alguien recibió ayuda para la rehabilitación de sus viviendas, desde luego no fueron los disidentes, porque la ayuda era "para los revolucionarios"; algo parecido le han dicho en el hospital a Fariñas cuando ha llegado deshidratado a causa de su huelga de hambre, y les dicen siempre a los jóvenes que aspiran a ingresar en la universidad.

Tal vez habría que revisar las cifras de la ayuda concedida para proyectos de rehabilitación en Santiago de Cuba, que no se limitan a los cinco millones arriba mencionados de la Junta andaluza. Y es que la Aecid también ha prestado especial atención a esa zona de la Isla... La habrán hecho nueva...

Sé de proyectos de rehabilitación de viviendas para familias de disidentes, que se han ejecutado con presupuestos ínfimos... no concedidos por el Gobierno español, por supuesto.

La práctica totalidad de la ayuda que recibe Cuba se canaliza a través del régimen castrista; aun cuando España haya concedido sus fondos a ONG o instituciones internacionales de prestigio, si éstas se disponen a ejecutar sus planes en Cuba deben hacerlo contando con el Gobierno comunista y según las condiciones que fije. Por otro lado, es bien sabido que hay ONG españolas que en realidad son organizaciones cubanas cuyo cometido es, precisamente, recaudar fondos para Cuba. La sociedad civil cubana sólo ha recibido AOD a través de unas pocas ONG españolas que han recibido financiación de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Dichas organizaciones saben que, por muy imponentes que sean los proyectos que presenten a la Aecid, a las distintas convocatorias de los ministerios españoles, a las comunidades gobernadas por el PSOE o a la Comisión Europea, no tienen la menor opción de conseguir fondos. De hecho, no hay una sola organización que busque trabajar en Cuba por la defensa de los Derechos Humanos entre las receptoras de fondos de la Aecid en 2009, al menos de la parte de esas concesiones que se ha hecho pública. Tampoco hay en esa lista una sola ONG de las creadas por la sociedad civil cubana, algunas de las cuales llevan más de trece años trabajando por la defensa de los DDHH, en la gestión de proyectos culturales y de integración, así como en el ámbito de la ayuda humanitaria y asistenciales. Algunas incluso han recibido premios internacionales prestigiosos, pero el Gobierno cubano no consentiría que se les concedieran fondos: aunque salieran de la misma bolsa de la AOD, las acusarían de "colaboración con el enemigo". También es significativo que no haya un solo proyecto que tenga como objetivo la formación para la gobernabilidad y el buen manejo de la Administración.

La cooperación al desarrollo oficial se justifica cuando el objetivo es fortalecer, en el país receptor, las relaciones entre el Estado y la sociedad civil; por lo mismo, no se justifica en modo alguno cuando sirve para que ese Estado pueda seguir vulnerando los derechos de la gente y reforzar su posición.

Lo escandaloso no son las cifras de la ayuda que España presta a Cuba, sino la manera en que se ejecuta. En primer lugar, no se cumplen los presupuestos teóricos elementales de la cooperación al desarrollo: transparencia, rendición de cuentas, evaluación de la calidad de ayuda, fiscalización de que los fondos consignados sean verdaderamente destinados a la cooperación al desarrollo... Es evidente que ésta, en Cuba, no ha producido desarrollo alguno.

La cooperación está íntimamente ligada al concepto de desarrollo y a la defensa de los DDHH; en la actualidad, además, se ligan los conceptos de desarrollo humano y desarrollo sostenible.

La cooperación entre España y Cuba está regulada por un documento de septiembre de 2007 (acta de la VIII reunión de la Comisión Mixta Hispano-Cubana de Cooperación). Se trata de un texto muy curioso. "Ambas Delegaciones –puede leerse ahí– constataron la existencia de convergencia entre los principios, objetivos y orientaciones estratégicas de los instrumentos de planificación para el desarrollo españoles y cubanos, con un claro punto de referencia común: los Objetivos de Desarrollo del Milenio". ¿Acaso las partes saben cuáles son los Objetivos del Milenio? En otro pasaje se da cuenta del "alineamiento de la Cooperación Española con las prioridades, tanto sectoriales como territoriales, determinadas por Cuba, así como con los procesos de modernización de los sectores productivos y de las infraestructuras". O sea, que es Cuba quien determina y decide en qué consiste la cooperación española; por supuesto, no en la promoción y defensa de los DDHH. Ni se mencionan los términos empoderamiento y gobernabilidad; en cambio, sí se puntualiza lo siguiente: "La parte cubana solicitó que las acciones que en materia de formación e investigación se desarrollen sean comunicadas al Minvec [Ministerio del Comercio Exterior y la Cooperación Extranjera], con el fin de que, de conjunto con las entidades cubanas involucradas, pueda valorar las propuestas caso a caso".

Como es Cuba quien ha determinado qué cooperación recibirá, se comprende que éstas sean las prioridades sectoriales: gestión de los sectores productivos y de la infraestructura; desarrollo social; promoción del tejido económico y empresarial; medio ambiente; cooperación cultural y científica; género y desarrollo.

Es bien significativo que, en el documento de marras, en ningún momento se defina qué se entiende por desarrollo.

Veamos ahora qué dice el Plan de la Cooperación Española. Los sectores estratégicos en los que trabaja la Aecid en su objetivo de conseguir "un progreso sustancial hacia el desarrollo humano y sostenible, la erradicación de la pobreza y el ejercicio pleno de los derechos" son estos:

– Gobernabilidad democrática.
– Desarrollo rural y lucha contra el hambre.
– Educación.
– Salud.
– Agua y saneamiento.
– Crecimiento económico para la reducción de la pobreza.
– Sostenibilidad.
– Ciencia, tecnología e innovación.
– Cultura y desarrollo.
– Género en desarrollo.
– Migración y desarrollo.
– Construcción de la paz.

En lo relacionado con Cuba se está obviando un proceso de evolución histórica del concepto de cooperación que sí aparece en los Planes de Desarrollo. El enfoque actual para la gestión de la cooperación, después de haber superado otras etapas (en las que se identificaba el desarrollo con el progreso económico, primero, y, después, con la cobertura de las necesidades básicas), se centra en la promoción de los DDHH y el desarrollo humano; pues bien, éste es imposible sin el respeto a la dignidad y los derechos de las personas.

Cuando un financiador de la cooperación decide conceder fondos para proyectos no puede permitirse la imparcialidad política, porque está obligado a velar por el respeto a los DDHH, algo a lo que le obligan los tratados y acuerdos internacionales oportunos. Y tiene que ocuparse de que la incidencia de sus actividades produzca cambios que posibiliten el desarrollo humano. La teoría relacionada con la cooperación va incluso más allá: los actores implicados tienen el compromiso de generar transformaciones en los modelos políticos. ¿Qué ha conseguido la cooperación española de los últimos años en Cuba en este sentido?

En la actualidad, la cooperación al desarrollo trabaja por que las acciones emprendidas tengan como finalidad dar voz, espacio y poder a quienes no tienen ninguna de estas cosas, a quienes les son conculcados sus derechos. Por eso es imprescindible la participación de la sociedad civil. ¿Qué hace España en Cuba en este ámbito? ¿Qué participación tiene la sociedad civil cubana en la cooperación española?

Cuando un país recibe programas de cooperación a nivel gubernamental, y éste es el caso de Cuba, queda obligado a actuar de manera clara en materia de respeto a los DDHH, y el país/agencia que concede los fondos está obligado a exigir que así sea. España está obligada a exigir al Gobierno de Cuba que cumpla los pactos internacionales sobre DDHH, así como transparencia en todo lo relacionado con la gestión de la cooperación. Además, ha de ejercer laborales de fiscalización, control y seguimiento.

Todo lo anterior nos lleva a una conclusión clara, aunque para mi investigación sea algo meramente preliminar: los fondos de AOD que España dirige/concede a Cuba no son Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), pues para lo que están sirviendo es para sostener al Estado cubano; a la dictadura castrista.

Por otra parte, con esta manera de proceder, España continúa saltándose la posición común de la UE con respecto a Cuba. El Gobierno español parece tener un compromiso con el sostenimiento de la dictadura castrista, en lugar de con los DDHH y con el desarrollo humano, que es lo que exige la CID. A cambio, el Gobierno de Cuba no pierde oportunidad de dejarle en ridículo. Madrid da la cara por La Habana, a la que avala en el panorama internacional; en algún momento hasta ha negado que haya presos políticos en Cuba, y en otros hace como si no existieran, pero sólo reciben mofas y desprecios de los dirigentes castristas.

Para los cubanos, lo mejor sería que todo el que quisiera ayudar a Cuba exigiera a las autoridades de la Isla que respeten todos los DDHH; y que mantuviera esa exigencia hasta las últimas consecuencias. La medida reciente de trasladar a presos políticos o de conciencia a cárceles próximas a sus lugares de residencia es a todas luces insuficientes: lo que tiene que hacer el régimen comunista es liberarlos. Es perentoria la instauración de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba, para que los cubanos puedan participar activamente en la vida política, económica, social y cultural de su país. Si La Habana no avanza en esa dirección, quien quiera ayudar a Cuba tendría que apoyar a la sociedad civil cubana, que clama por poder ejercer sus derechos.

Difícilmente La Habana decida dejar de ser un régimen dictatorial y de violencia (legitimada por todo el que le apoya y subvenciona). Por tanto, la sociedad civil tendrá que conquistar sus derechos ejerciéndolos: ya hay muchas personas haciéndolo, y esa es una buena noticia. Aun así, la sociedad civil necesita ayuda, no puede hacerlo sola, porque las fuerzas represivas del Gobierno mantienen a una parte de la población en el terror. Además, podríamos tener un escenario de enfrentamiento violento que podríamos lamentar. Si ese escenario no ha tenido lugar ha sido, únicamente, porque la sociedad civil ha optado por una actitud pacífica.

Cuando la cooperación produzca desarrollo humano, lo cual implica, irremisiblemente, respeto a los DDHH y estar de parte de las víctimas, entonces España podrá decir que sus acciones en Cuba se ajustan a la CID y a lo consignado en sus propios planes de cooperación. Mientras, se está gastando el dinero de los españoles en sostener a una dictadura totalitaria y militarista que busca, todos los días, el enfrentamiento y la violencia.

En por eso que debería ser revisada en profundidad la labor de España en Cuba. Tal vez sería conveniente que el Gobierno español –contando con la oposición– creara un grupo de trabajo conformado por expertos capaces de valorar en profundidad lo que se ha hecho en los últimos tiempos con la CID dirigida a Cuba y lo que debería hacerse en lo sucesivo. Ese grupo debería, además, consultar con las ONGD españolas que tienen proyectos y programas dirigidos a Cuba y con las propias organizaciones cubanas, así como con la comunidad de cubanos radicada en España, que es bastante amplia, y escuchar lo que tengan que decir al respecto.