Nacionalismo y economía: el caso español

Este artículo se escribió hace diez años ante la insatisfacción que nos produjo Mater Dolorosa, un libro sobre el nacionalismo español que, afirma su propio autor, José Álvarez Junco, apenas contiene "referencias a la historia económica"; ni a la jurídica, ni a varias otras ciencias sociales, ya que "ni son terrenos de mi especialidad ni los considero, en principio, decisivos para este problema" (p. 20).

Mater Dolorosa, nos dice su autor, es un libro de "historia cultural o, si se quiere, político-cultural", y este enfoque, como en él se muestra, puede desarrollarse con independencia de cuestiones económicas. Por otra parte, es cierto que, con el final de la Unión Soviética y del comunismo europeo, el prestigio científico del marxismo, y con él el de la interpretación económica de la historia, cayó en picado y no se ha repuesto. Sin duda es de celebrar la desmitificación de una escuela que tenía mucho de secta religiosa; pero el péndulo, en nuestra opinión, ha oscilado excesivamente hacia el otro lado. Si la explicación de fenómenos sociales como el nacionalismo no puede hacerse en términos puramente económicos, la economía, como el propio Álvarez Junco reconoce en varios pasajes del citado libro, aclara una parte considerable de los problemas del nacionalismo español, en especial de sus debilidades.

El texto que sigue trata simplemente de esbozar algunas posibles líneas de investigación, que pondrían en relación la historia económica con el nacionalismo español. Los acontecimientos recientes, especialmente en Cataluña, devuelven, en nuestra opinión, actualidad a este escrito, que presentamos tal como se publicó entonces en la revista Claves (octubre 2002).

La Edad de Oro, Plata y Hierro

Hasta hace una generación a los niños españoles se les enseñaba en la escuela que España era una nación cuya unidad se remontaba a finales del siglo XV, cuando, bajo el reinado de los Reyes Católicos, se había llevado a cabo la unificación del territorio que, con muy pequeñas variaciones, constituye hoy el país llamado España. A esta interpretación se le han puesto numerosas objeciones, esencialmente que se trataba de una unión personal de reinos diversos, y que la verdadera unificación tardó aún muchos siglos en verificarse, si es que alguna vez tuvo lugar. Es cierto que la identidad española se formó lentamente a lo largo de los siglos. Lo mismo ocurrió, dicho sea de paso, con las otras nacionalidades europeas. El caso español se parece sobre todo al británico más que al de otras naciones formadas tempranamente en Europa, como Francia, Portugal u Holanda ya que España se formó a partir de un reino unido, como el que se fue constituyendo con grandes dificultades a través de los siglos en la Islas Británicas. También es interesante que el patronímico español sea una palabra forjada allende los Pirineos para designar a los hispanos, especialmente catalanes, que emigraron al norte de las montañas escapando de los invasores musulmanes. Y que, aun mucho antes de la unificación política, ya desde la Antigüedad, Hispania o Iberia fuera vista como una unidad geográfica; que San Isidoro tratara a la Península como una unidad en su Laus Hispaniae; y que el Poema del Cid utilice repetidamente la palabra España.

Pero el condicionante geográfico también ha sido un factor de disgregación; si los Pirineos han sido una frontera natural en la delimitación de la Península, las numerosas cordilleras interiores han creado diferentes espacios con diferentes culturas, religiones e idiomas. La unión bajo los Reyes Católicos fue un conglomerado de conglomerados: Castilla era la unión de Castilla y León, reinos que a su vez incluían los de Asturias, Galicia, Extremadura, Andalucía y Murcia. Extremadura y Murcia habían sido reinos moros; Andalucía había estado dividida en un número cambiante de reinos musulmanes, los más importantes de los cuales habían sido aproximadamente las ocho provincias actuales. El reino de Aragón era una especie de federación de tres reinos (Aragón, Valencia, Mallorca) y un principado (Cataluña, de hecho un reino) que a su vez agrupaba numerosos condados de importancia muy diferente, entre los que Barcelona era un primus inter pares. Los tres reinos y el principado tenían Cortes independientes. Lingüísticamente, en Castilla predominaba el castellano, salvo quizá en Galicia y partes del actual País Vasco. En Aragón también se hablaba castellano, salvo en Cataluña, Mallorca y la Valencia costera, donde se hablaba catalán. En la Navarra española predominaba el castellano, pero también se hablaban el vasco y el francés. En definitiva, un verdadero mosaico político y lingüístico; el elemento cultural unificador era la religión, pero también, gradualmente, el castellano, al que, no por casualidad, se le fue dando el nombre de español.

La unión bajo los Reyes Católicos fue por pasos: tras la batalla de Toro (1476), Isabel y Fernando fueron reyes de Castilla; Fernando adquirió Aragón por herencia tres años más tarde; Granada fue conquistada en 1492; Navarra fue anexionada en 1517, ya muerta Isabel. No cabe duda de que el gran protagonista en esta obra de unificación fue Fernando, que fue quien reunió todos los títulos. Isabel nunca reinó en Navarra, y su título en Aragón fue simplemente de reina consorte. En Castilla, en cambio, Fernando siempre se consideró rey por derecho propio, por conquista (sus tropas fueron decisivas en Toro) y por linaje, ya que él también era Trastamara. El que el rey aragonés fuera preponderante, sin embargo, no dio preponderancia correlativa a Aragón, por razones políticas pero también, quizá con mayor peso, económicas. Fernando fue primero rey de Castilla, y ganó este título con gran esfuerzo. Castilla era un reino más fácil de gobernar por estar más unificado y tener menos complejidades que Aragón, con sus cuatro cortes. Pero también era mayor y más próspero. Las guerras civiles castellanas acabaron en Toro; la larga y confusa guerra de los remensas, cruel y enconada contienda rural y de clases, fue endémica en Cataluña durante casi todo el siglo XV y no terminó hasta la Sentencia Arbitral de Guadalupe, que dio la mayor parte de sus reivindicaciones a los campesinos en 1486. Aunque con ello se inauguró un largo período de paz social, Cataluña quedó muy debilitada, no sólo por esta guerra, sino por catástrofes que se remontan al siglo XIV. Los azotes maltusianos (hambre, peste y guerra) diezmaron Cataluña desde al menos 1333 (lo mal any primer de las crónicas), con antelación y mayor ferocidad que el resto de la Península. La población de Barcelona cayó de 50.000 a 20.000 entre 1340 y 1477, y la de Cataluña, el más populoso territorio de Aragón, cayó 550.000 a 278.000 entre 1340 y 1497. En total, Aragón tenía unos 900.000 habitantes a finales del siglo XV (probablemente pasaba del millón un siglo antes). Por aquel entonces Castilla tenía unos 4,5 millones.

Castilla era, además de más populosa, más próspera. La peste del XIV la afectó menos. Su agricultura era mediocre, pero la baja densidad de población del sur permitía la ganadería trashumante de la oveja merina, que alimentaba una floreciente industria lanera en muchas ciudades del interior (en especial Segovia, Ávila, Burgos, Zamora, Toledo y Cuenca) y una pingüe exportación, sobre todo por Bilbao y Santander. El comercio lanero había dado lugar a una red de ferias y al desarrollo de un sector financiero y de instituciones comerciales muy importantes, como los Consulados. También hubo consulados en Cataluña (el famoso Consolat de Mar) y bancos, como las Taulas del Canvi en los activos puertos del reino de Aragón, pero la crisis del XIV afectó al comercio aragonés con mayor fuerza que al castellano. Consecuencia de todo esto fue que con los Reyes Católicos y los Austrias Castilla tuviera la hegemonía. Esto significó que, mientras las cosas fueron bien y las tradiciones aragonesas fueron respetadas, la unificación gradual fue avanzando. Cuando las cosas se torcieron y hubo disensión, la correlación de fuerzas cambió y hubo ruptura. Así ocurrió en el año fatal de 1640.

Una muestra desdichada de la falta de integración entre los reinos fue el que las Indias recién descubiertas fueran adscritas a Castilla con expresa exclusión de los otros reinos. Tal separación quedó plasmada de modo definitivo en el testamento de Isabel la Católica. El precio de la exclusión fue alto para los demás reinos y para las propias Indias, que perdieron mercados y comercio. Por si esto fuera poco, el monopolio del tráfico americano en la Casa de Contratación de Sevilla encareció y dificultó el comercio incluso para puertos castellanos como La Coruña, Santander o Bilbao. El coste político para todos fue a la larga mucho mayor.

La unidad de la Península se logró en 1580, cuando Felipe II, haciendo valer su derecho ante la falta de sucesor nativo, anexionó Portugal con relativa facilidad. La situación económica facilitó la unión. Felipe era el rey más poderoso de la cristiandad, dueño de un imperio donde no se ponía el sol y donde había riquísimas minas de plata, esencial para el comercio mundial. Para los comerciantes portugueses que operaban en el Océano Índico la plata americana era un instrumento indispensable; la unión de ambos imperios, español y portugués, ofrecía seguridad, sinergias y economías de escala. Pero las cosas se torcieron pocos decenios después debido en gran parte a la herencia fatal de los Países Bajos, cuya guerra de independencia arruinó a Castilla, la piedra clave de la gigantesca bóveda que era el imperio luso-español. La guerra de los Países Bajos casi acabó con la industria castellana, provocó un enorme déficit y repetidas bancarrotas en las finanzas reales, e indujo a los sucesores de Felipe II a emitir cantidades inflacionarias de vellón. De 1580 a 1640 las cosas se deterioraron muy gravemente. Castilla ya no era próspera y no podía acarrear sola el peso de la guerra; muy lógicamente, el Conde-Duque de Olivares, valido de Felipe IV, trató de imponer la malhadada Unión de Armas, una redistribución del coste de la guerra entre los reinos de la corona española. Pero para los otros reinos la lógica era diferente: Castilla era la hegemónica, las decisiones políticas se habían tomado en la Corte, y además el reino central se había reservado para sí las riquezas de las Indias: era lógico que ella arrostrara las consecuencias de sus decisiones. El resultado de estas divergencias es bien conocido: la gran crisis política del siglo XVII, con la secesión de Cataluña y Portugal e, incluso, alguna conspiración andaluza en el mismo sentido. Portugal fue independiente de España a partir de entonces; Cataluña volvió al redil doce años más tarde de manera casi pactada, pero la guerra del XVII se convirtió en su símbolo de independencia nacional.

Felipe IV logró apaciguar a los catalanes prometiéndoles que sus tradiciones, en especial las fiscales, serían respetadas. En la Guerra de Sucesión de principios del XVIII Felipe de Anjou no hizo promesas de esa índole a los catalanes y valencianos que le combatieron suponiendo fundadamente que, como francés que era, emprendería una política centralizadora. Los catalanes estaban escarmentados de los franceses tras haberse aliado con ellos en la guerra de 1640 y luego repudiado ante un centralismo mayor que el castellano. Libre de ataduras, Felipe V impuso su política y abolió muchas tradiciones valencianas y catalanas, entre otras las fiscales. El nuevo sistema impositivo, llamado Equivalente, por tratar de producir una presión fiscal semejante a la castellana, era mucho más racional y directo, y hay razones para pensar que a la larga beneficiase a Cataluña. También benefició la unificación borbónica al reino de Aragón en otro aspecto: se terminó la distinción entre unos reinos y otros en lo relativo a las Indias. Desde mediados de siglo Barcelona y otros puertos pudieron comerciar directamente con América. La relativa libertad de comercio aprovechó a ambas orillas del Atlántico, pero Cataluña fue la más favorecida. Su agricultura se desarrolló, y su industria, en especial la del algodón, que recibió protección estatal, creció notablemente, gracias al aumento del bienestar local y de los mercados castellano y americano. Signo inequívoco de prosperidad, la población catalana experimentó una temprana modernización demográfica: su natalidad aumentó al bajar la edad matrimonial. La población catalana, que era el 7 por 100 de la española en 1717, era el 11 por 100 en 1857

¿Madre o madrastra?

La nación moderna (es decir, contemporánea) aparece a comienzos del siglo XIX. Con ello se quiere decir que, tras unos tres siglos de paulatina formación nacional, estrechamente unida a la monarquía y la religión, el período revolucionario de finales del XVIII y comienzos del XIX alumbra un nuevo tipo de nación, republicana (o constitucional), laica e igualitaria. La transición hacia este nuevo tipo de nación es también gradual, aunque las revolucionarias Francia y Estados Unidos de América estuvieron cerca de encarnar ese ideal. No vamos a entrar aquí en las causas de esta brusca transición, que en nuestra opinión son en gran parte económicas.

España no es una excepción, y el nacimiento del moderno liberalismo español está generalmente atribuido a la Guerra de Independencia. La nación diseñada por las Cortes de Cádiz responde ampliamente al nuevo modelo. Sin embargo, el desarrollo del proyecto encontró serios obstáculos y enemigos: el más conspicuo, el partido carlista. El problema radicó en que la crisis de principios de siglo hizo tambalearse las viejas estructuras, pero la nueva sociedad estaba muy inmadura. El imperio colonial español, como hemos visto, era un engranaje esencial en la economía de la metrópoli. La España liberal hacia 1835 se encontró sin imperio (o con éste muy reducido), en medio de una guerra civil, con una deuda agobiante, con un sistema fiscal arcaico e ineficaz lleno de desigualdades y privilegios territoriales, privada de las antiguas remesas imperiales, y con una economía atrasada. La reforma fiscal era requisito indispensable para la supervivencia del nuevo modelo (el viejo, sin reforma fiscal, acababa de fracasar estrepitosamente con Fernando VII, como mostró hace años Fontana), y a ella se oponían con uñas y dientes los carlistas.

La desamortización permitió derrotar al carlismo en una guerra larga y cruenta, tras la cual se llevó a cabo la reforma fiscal, llamada de Mon-Santillán, en 1845. Pero los déficits siguieron, y la carga de la deuda y de los gastos militares fueron graves obstáculos a la modernización del Estado. Álvarez Junco lo advierte claramente: "Aquel Estado que se estaba formando y pretendía ser aceptado como legítimo era incapaz de crear servicios públicos; fundamentalmente, porque carecía de recursos para ello" (p. 540). La impuntualidad en el pago de la deuda era un obstáculo a la captación de préstamos y a la importación de capital. La escasez de medios limitaba la inversión en infraestructuras, en salud pública y en educación. La escolarización primaria fue declarada obligatoria en 1813, pero la medida se demoró un siglo en su aplicación. Algo parecido ocurrió con los programas de vacunación, retraso que provocó altas tasas de mortalidad infantil, que no empezó a caer hasta entrado el siglo XX. La población española en su conjunto siguió respondiendo al modelo antiguo; su transición no se inició hasta la última década del XIX.

La economía creció poco. La agricultura, la actividad cuantitativamente más importante, estaba atrasada por las condiciones geográficas (la aridez de gran parte del territorio) y por la ignorancia de los agricultores. Todo ello dificultaba la importación de las técnicas que revolucionaban la agricultura de otros países. El cultivo cereal predominaba: hubiera sido racional cambiar a otros cultivos, como los frutales y las huertas, pero la falta de capital y de técnicas privaba al sector de empresarios y de mercados. Las únicas alternativas viables, vid y olivo, también tenían límites geográficos. Una agricultura estancada implicaba una sociedad estancada. La industria se veía limitada por falta de capital, de empresarios y mano de obra cualificada, y de mercados, por la pobreza ambiente.

El atraso económico era una rémora social. El proyecto liberal de modernizar el Estado encallaba por falta de medios. Debido al atraso económico, el pueblo español se dividía en una gran masa ignorante y pasiva y una clase alta de terratenientes y burócratas, que aceptaba el sistema parlamentario mientras no afectase a sus privilegios. La falta de una industria y un comercio vigorosos era causa de la debilidad de las clases medias, que hubieran podido ser un elemento equilibrador. En estas condiciones, ni siquiera el sistema parlamentario basado en el sufragio censitario podía funcionar. Durante la mayor parte del XIX gobiernos y partidos se renovaban a golpe de pronunciamiento, y el pucherazo estaba a la orden del día. Las presiones populares, ordinariamente ignoradas por falta de acción continuada y organizada, se expresaban en rebeliones y motines periódicos, lo cual es típico de sociedades atrasadas.

En estas condiciones, el Estado nacional permaneció embrionario. El transporte en España es caro por razones geográficas. Las redes viaria y ferroviaria se construyeron despacio e incompletamente por falta de capital, de competencia técnica y organizativa y, a la larga, de demanda, por la baja densidad de población y el subdesarrollo. Lo inadecuado y caro del transporte, unido a los bajos niveles educativos, impidieron la cohesión social y favorecieron los localismos.

La disidencia regional más constante y definida fue el carlismo, reaccionario por definición. Se trataba de una protesta campesina contra la modernidad y los impuestos, difusa pero localizada sobre todo en las zonas montañosas del País Vasco, Cataluña y Valencia. Las grandes ciudades, por el contrario, fueron progresistas. Barcelona fue, hasta fines del XIX, la única ciudad industrial. La industria algodonera, destruida durante la Guerra de Independencia, renació en los Treinta. Barcelona era el gran centro, pero no el único: la industria textil estaba ampliamente difundida por Cataluña. Pero Barcelona albergaba muchas otras industrias: metalurgia, cuero, seda, papel, construcción naval, gas. En Cataluña florecía también la industria corchera y la alimentaria. El comercio y la banca barceloneses también destacaban a mediados de siglo.

Los progresistas catalanes eran proteccionistas. Esta ideología tenía dos caras muy diferentes: de un lado, se apoyaba en el nacionalismo español, con constantes apelaciones al "mercado nacional" y al "trabajo nacional"; de otro, el catalanismo, el fet diferencial, conjuntamente con la inminente revolución social, se esgrimían como instrumentos de presión. Paralelamente tuvo lugar el movimiento cultural de renacimiento del idioma catalán (la Renaixença). Según Américo Castro, este interés renovado por la lengua y la cultura catalanas se debió en gran parte a la mediocridad de la producción cultural en castellano. La posición de Cataluña en España tenía aspectos contradictorios. Era la región más desarrollada y próspera, pero gran parte de esa prosperidad dependía del mercado nacional, por lo que se negociaba continuamente con Madrid en busca de protección arancelaria. El fet diferencial debía ser manejado con tacto: la alianza proteccionista con los cerealistas castellanos requería no insistir demasiado en ello; pero el sentimiento anti-castellano era muy efectivo para despertar entusiasmo en los mítines proteccionistas. En su magistral Industrials i polítics, Jaume Vicens Vives mostró cómo Cataluña influyó decisivamente en la política y en la formación del nacionalismo españoles en tanto que una minoría se rebelaba y declaraba a Cataluña víctima del centralismo.

Crecimiento económico y fermento nacionalista

Desde las últimas décadas del XIX la industrialización fue dejando de ser un fenómeno exclusivamente catalán. Pese al proteccionismo, las exportaciones fueron un factor muy dinámico: las de minerales impulsaron el desarrollo de la industria metalúrgica, especialmente en el País Vasco, mientras que las de productos agrícolas (vino, aceite, cítricos) favorecieron la diversificación de la agricultura. La industrialización del País Vasco añadió una tercera fuerza al pacto proteccionista, que vio sus esfuerzos coronados por el triunfo a partir de 1891.

Pero la industrialización también produjo tensiones. Cataluña y el País Vasco atrajeron numerosos emigrantes del sur, lo cual produjo una intensificación del sentimiento regional-nacionalista, un impulso de afirmación frente a, y hostilidad hacia, los recién llegados. La lengua autóctona se convirtió en el principal instrumento de autoafirmación.

El desastre de 1898 fue el gran revulsivo. Por un lado confirmó a los que venían criticando la inoperancia, cuando no la corrupción, del Estado central. Por otro, el complejo de inferioridad tras la derrota se convirtió en unos casos en nacionalismo estridente, mientras los más sensatos se inclinaban hacia la regeneración. En Cataluña y el País Vasco el desastre provocó una ola de antiespañolismo y el inicio de los movimientos políticos nacionalistas. Las críticas al Estado de la Restauración formuladas por regeneracionistas y nacionalistas regionales encontraron amplio eco en la literatura y la ciencia social. Su legitimidad estaba en entredicho por un sistema electoral corrupto. Encarnación de las lacras del Estado era el Ejército, que había fracasado escandalosamente en Cuba y Filipinas debido a su venalidad e incompetencia. El sistema fiscal, pese a la reforma Mon-Santillán, era rígido e injusto. De ello derivaba un Estado intervencionista pero débil, patrimonio de una minoría, defensor de privilegios y tacaño con el servicio público. Como consecuencia, el equipamiento social era escaso, el nivel educativo deplorable, la salud pública tan descuidada que las tasas de mortalidad eran de las más altas de Europa. Pese a que el cambio económico estaba comenzando a tener lugar, los regeneracionistas apenas lo percibían, y veían en la depreciación de la peseta durante la Guerra de Cuba un síntoma inequívoco de fracaso. Las críticas eran en esencia justas, pero sobre los remedios había menos acuerdo. En definitiva, el único programa sistemático de regeneración fue la Estabilización de Villaverde, que puso fin a la inflación, al déficit y a la depreciación de la peseta. Poca cosa en comparación con las aspiraciones de los críticos, pero sus efectos económicos fueron notables. Contribuyó a tres décadas de crecimiento que sólo se interrumpieron con la Gran Depresión y la Guerra Civil.

Sin embargo, el crecimiento económico acelerado no hace más que agudizar las tensiones sociales, sobre todo en sus primeras etapas. No es sólo que los movimientos de población creen conflictos entre nativos e inmigrantes. Es que las disparidades regionales y de ingresos personales se agudizan en los períodos iniciales del crecimiento, y esto intensifica la disgregación social y regional, que puede abocar en acciones brutales. Esto fue así en España, y tuvo un reflejo de terror y reacción. Los magnicidios anarquistas (Cánovas, Canalejas, Dato), la Semana Trágica, la represión policial y judicial implacable, las huelgas cruentas, tuvieron lugar en las zonas de mayor crecimiento, siendo Barcelona en los comienzos del siglo una de las ciudades más violentas del mundo. La protesta social crecía, la legitimidad del sistema decaía: nada tiene de raro que fuera en las zonas más industrializadas donde la desazón era mayor, y el sentimiento de separación también. Todo ello provocó el pronunciamiento de Primo de Rivera, que dio paso a la primera dictadura, uno de cuyos principales objetivos era poner fin a "la descarada propaganda separatista".

Las disparidades económicas regionales son un factor importante en los movimientos separatistas, pero el efecto del signo de este factor diferencial no es unívoco. En ocasiones son las regiones pobres las que se estiman discriminadas y optan por emanciparse: así ocurrió en los Estados Unidos durante su Guerra de Secesión, cuando el Sur agrario trató de separarse del Norte industrial. La estancada Irlanda se separó en 1921 de Inglaterra, a la que culpaba de su atraso; más recientemente, Eslovaquia se ha separado de la más avanzada República Checa; en Francia, son las atrasadas Bretaña y Córcega las que han protagonizado movimientos separatistas. Sin embargo, en los Balcanes fue Eslovenia, la nación más desarrollada, la primera en romper con Yugoslavia en 1991; y el efímero movimiento separatista de la Liga Norte italiana obedecía al deseo de desprenderse de un Estado relativamente menos desarrollado, al que se percibía como una rémora, sobre todo por la influencia del Mezzogiorno. El caso español es parecido a estos últimos: los nacionalismos catalán y vasco perciben al resto de España como un pesado fardo. El Estado español, según esta visión, grava desproporcionadamente a las regiones ricas, las maltrata, no las comprende, etcétera. En cuanto al nacionalismo español en el siglo XX, en gran parte se ha definido frente a los nacionalismos regionales. Desde este punto de vista se ha dado una secuencia acción-reacción que en no pequeña medida se ha autoalimentado.

La dictadura de Primo de Rivera reprimió violentamente anarquismo, nacionalismo y todo lo que se le antojaba movimiento disgregador. Estos movimientos rebrotaron acrecidamente con la República, que en muy corto tiempo promulgó sendos estatutos autonómicos. Galicia se sumó al movimiento y también obtuvo estatuto. Sin embargo, pese a tener también idioma propio, el nacionalismo gallego es mucho más débil que el catalán o el vasco, lo cual parece confirmar el peso del sustrato económico en el nacionalismo regional.

Nacionalismo, dictadura, democracia

El bando franquista en la Guerra Civil se definió como nacional, frente a sus oponentes rojos o rojos separatistas. El componente nacionalista unitario ("la unidad de la patria" fue uno de los eslóganes preferidos del régimen) fue esencial en la estructuración ideológica del franquismo. Desde fines del XIX el Ejército español se ha visto a sí mismo como la columna vertebral de la nación española, y el de Franco era un régimen militar. La Falange, ingrediente ideológico básico de la dictadura franquista, era fundamentalmente nacionalista. La adopción como símbolo del yugo y las flechas, que Franco incorporó al escudo nacional simbólico, tenía un inequívoco significado nacionalista, la unión de los cinco reinos de los Reyes Católicos. Por contraste, el franquismo reprimió los nacionalismos regionales, no sólo los tres estatutarios, sino todos, por débiles que fueran.

El crecimiento económico que tuvo lugar durante el último franquismo resolvió muchos problemas: la reforma agraria, piedra angular del programa de la izquierda histórica española, despareció de la agenda; la movilidad social del desarrollo, junto con la reforma fiscal, que fue uno de los primeros pasos del régimen democrático postfranquista, hizo también olvidar el problema de la desigualdad; las utopías anarquistas y otras de extrema izquierda quedaron arrumbadas. Pero el problema regional revivió con más fuerza que nunca. Al haberse identificado el franquismo con el nacionalismo español, éste adquirió una connotación negativa, mientras que los nacionalismos regionales, reprimidos por el franquismo, adquirieron aureola democrática.

El crecimiento económico también modificó profundamente la naturaleza del nacionalismo español. Cuando el país era pobre, el nacionalismo se nutría en parte del victimismo, que Franco supo explotar muy bien: existía una conjura internacional contra España, que había sido víctima de la "pérfida Albión", de la prepotencia anglosajona, de las cábalas "demo-liberales" o "judeo-masónicas", de la arrogancia francesa, del comunismo internacional, etc., que marginaban a España, excluyéndola de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la OTAN y demás foros internacionales donde ella debía y quería estar. Pero al enriquecerse el país y establecerse la democracia el nacionalismo se reblandeció. España pasó de explotada y excluida a explotadora y exclusiva. Admitida en todos los foros internacionales, con un nivel de vida envidiable, con una población modernizada y envejecida, la mater dolorosa se convirtió en opulenta matrona; perdió el perfil romántico de víctima. Las víctimas ahora son los nacionalismos regionales, oprimidos por un Estado centralista y franquista, aunque la renta por habitante de las regiones que se consideran oprimidas siga estando por encima de la del Estado opresor, los niveles de autonomía regional sean de los más altos del mundo y el sistema político sea democrático. Para los nacionalistas periféricos, España, por otra parte, ha dejado de ser una nación y se ha convertido en un "Estado", con lo que de amenazador y dominante tiene el concepto.

Existen al menos dos explicaciones más del éxito persistente de los nacionalismos periféricos. Por una parte, los gobiernos regionales han aprovechado sus cuotas multiplicadas de prestigio y poder para adoctrinar profundamente a los ciudadanos de sus regiones: los medios, en especial la televisión, se han puesto al servicio de la nueva ortodoxia nacional-regional, no por improvisada menos efectiva; al fin y al cabo, el nivel cultural de los españoles es bajo, y su sentido crítico correlativamente también; por si fuera poco, el sistema educativo, controlado por las comunidades autónomas, difunde una historia y una geografía decididamente localistas, cuando no irredentistas. Se acabaron los Reyes Católicos y su mito; han dado paso a héroes y mitos locales, a menudo recién descubiertos. La difusión de la nueva mitología nacional-regionalista en sustitución de la antigua mitología españolista es el mejor medio para garantizar el mantenimiento en el poder de las actuales élites; por ello se utiliza a fondo.

Por otra parte, el nacionalismo regional ha retomado el papel económico que antaño desempeñaba el nacionalismo español, que alcanzó su cénit con Franco, pero hoy muy mermado dentro de la Unión Europea. España tiene una larga tradición de injerencia e intervencionismo económicos. El proteccionismo arancelario, el control del comercio exterior, de los movimientos internacionales de capital, los monopolios estatales y privados, el corporativismo de toda laya, han tenido carta de naturaleza en nuestra historia económica, y a su sombra han medrado grupos y oligarquías. La pertenencia a la Unión Europea ha cercenado estos poderes discrecionales del Estado. Aranceles, monopolios, política monetaria, gran parte de la discrecionalidad presupuestaria han sido suprimidos o pasado a manos de los burócratas de Bruselas, Estrasburgo, o Fráncfort. Pero quedan los gobiernos autonómicos: los requisitos de oriundez e idioma pueden ser una barrera protectora para funcionarios y empleados, que se libran así de la competencia española y europea; las potestades fiscales dan a los gobiernos autonómicos amplias posibilidades de discriminación fiscal positiva (primas) y negativa (exenciones) frente a las empresas foráneas. En definitiva, los nacionalismos periféricos llenan en lo económico el papel que con el franquismo tuvo el nacionalismo español.

Quien controla la bolsa y los medios de educación y difusión controla el futuro. En la España rica y descentralizada del siglo XXI el nacionalismo español tiene poco futuro.

Referencias

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