Economía de los partidos políticos en España

Uno de los aspectos que entran, de manera importante, en la configuración de la actual crisis política española es el que se refiere a los partidos políticos. Éstos aparecen ante la opinión pública como entidades desacreditadas, indignas de la confianza de los ciudadanos y más bien rechazadas por la mayoría de ellos. Se habla mucho de la necesidad de una regeneración política de los partidos y de las instituciones, aunque son pocas las ocasiones en las que se reflexiona acerca de las causas que subyacen al malestar existente. Por ello, mi propósito es adentrarme en este último aspecto aludiendo a la economía de los partidos políticos y, más específicamente, a sus aspectos estructurales y a las consecuencias que de ello se derivan en cuanto a su funcionamiento.

Creo que para describir adecuadamente la economía de los partidos políticos en España debemos partir de la consideración de que esos partidos constituyen lo que los economistas designaríamos como un oligopolio altamente concentrado. Nuestro sistema de partidos está constituido, en efecto, por dos competidores, el Partido Popular y el Partido Socialista, que concentran una gran parte de la representación popular y del poder que se deriva de ella, a los que se añaden otros dos contendientes nacionales –IU y UpyD– y varios regionales –CiU, PNV, ERC, BNG, CC, Amaiur, etc.– con una representación más bien exigua, aunque en el ámbito autonómico o local algunos de éstos puedan llegar a ser dominantes.

Quiero dejar claro desde el principio que el carácter oligopólico del sistema español de partidos no se deriva de la singularidad del sistema electoral –que necesariamente conduce a una representación concentrada–, sino de las instituciones que configuran la economía de los partidos –algunas de las cuales se encuentran incorporadas en la Ley Electoral–, como un mercado con fortísimas barreras a la entrada.

Expliquemos bien esto. El sistema electoral, principalmente por la exigencia de que las circunscripciones electorales coincidan con las provincias y por el empleo de la Ley d’Hondt como regla de atribución de escaños, conduce a una representación concentrada en pocos partidos políticos, alejada de la proporcionalidad en el cómputo nacional. Sin embargo, no veo este resultado como un problema, toda vez que, con un sistema así, se asegura la gobernabilidad del país, al evitarse que la fragmentación del electorado tenga un reflejo inmediato sobre la distribución del poder. El problema, por tanto, no está en los resultados electorales, sino en el hecho de que esos resultados se reiteran, con pequeñas variaciones, elección tras elección. Digamos que nuestro sistema electoral posibilita la alternancia de los dos grandes partidos en el poder; pero dificulta enormemente el relevo de esos mismos partidos dentro del oligopolio. Y este es, indudablemente, un efecto de esa economía de los partidos que genera fuertes barreras a la entrada dentro del sistema.

Me refiero principalmente al hecho de que, dentro de nuestro sistema, los partidos han devenido en instituciones fuertemente dependientes de la obtención de subvenciones públicas[1]. Los partidos políticos españoles ya no son asociaciones de ciudadanos que, con sus propios recursos, intervienen en la política. No, más bien se trata de instituciones económicamente vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Y ello con el agravante de que esa vinculación es sólo accesible para unos pocos actores: los partidos que ya forman parte del oligopolio.

Veamos con más detalle lo que acabo de señalar:

1. En primer lugar, los partidos no están sostenidos por sus afiliados sino por las subvenciones que reciben de las Administraciones Públicas en todos sus niveles (véase el gráfico 1)

El examen, por ejemplo, de los cuatro principales partidos nacionales[2] muestra que, durante el período que va de 2007 a 2012, las subvenciones han aportado, en promedio, tres cuartas partes de su financiación. Un promedio que, si se prescinde del caso de UPyD para referirlo al PP, PSOE e IU, se eleva hasta casi el 83 por ciento.

El caso de UPyD es muy interesante, pues se trata del único partido que ha logrado penetrar en el núcleo central del oligopolio sin contar con una estructura previa dentro de él. Pues bien, este partido creado en 2007, que ya en el año siguiente obtuvo su primer escaño en el Congreso, se financió en 2008 con unas subvenciones equivalentes al 56 por ciento de sus ingresos. En 2011, tras haber experimentado una rápida aproximación al modelo general, dependía de esas mismas subvenciones en casi el 78 por ciento, con lo que sus promesas de regeneración y apartamiento de las prácticas comunes a los demás partidos políticos quedaban en agua de borrajas. La experiencia de UPyD señala, por ello, la fortaleza del sistema oligopólico en el que se insertan los partidos que, en España, acceden a representar a los ciudadanos en las instituciones políticas.

Paralelamente, las cuotas de los afiliados tienen una participación menor en la financiación de los partidos. El promedio es, en el período ya señalado, para los cuatro principales partidos, de una quinta parte. Y si se prescinde de UPyD –en el que las cuotas llegan, en el conjunto del período, al 35 por ciento– esa media no llega al 15 por ciento. UPyD exhibe, de nuevo, una trayectoria temporal de aproximación a la pauta general, pues desde 2010 las cuotas habían descendido al 20 por ciento.

Gráfico 1

2. Conviene añadir, en segundo término, que las subvenciones a los partidos políticos se han ido reforzando con el tiempo, a medida que el sistema democrático se iba asentando

Los partidos encontraron en el maná de las subvenciones una fuente fácil de ingresos y trataron de reforzarla lo más posible a través de la proliferación de sus fuentes. La Ley Orgánica 3/1987, que reguló por primera vez, de manera completa, la financiación de los partidos en España, previó que éstos pudieran obtener sólo tres tipos de subvenciones: a) por los gastos electorales, siempre que obtuvieran la correspondiente representación, con cargo a las distintas Administraciones Públicas; b) por los gastos de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y en las Asambleas Autonómicas, con cargo a estas instituciones; c) y para su funcionamiento ordinario, con cargo al Estado, siempre que hubieran obtenido representación en el Congreso de los Diputados.

Sobre este régimen inicial, muy rápidamente, especialmente en territorios como el País Vasco y Cataluña, las subvenciones de funcionamiento ordinario se extendieron hacia las Comunidades Autónomas; y las subvenciones para el sostenimiento de los grupos políticos hacia los Ayuntamientos. El Tribunal de Cuentas advirtió tempranamente este movimiento, aunque no hizo nada para impedirlo, más allá de consignar su irregularidad en sus sucesivos informes contables sobre los partidos políticos. De manera que las subvenciones autonómicas subsistieron hasta su legalización en la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007; y las de carácter local, en Ayuntamientos y Diputaciones, hasta su reconocimiento en la Ley de Régimen Local de 1999.

En consecuencia, los partidos políticos españoles han gozado de subvenciones estatales, autonómicas y locales para financiar sus campañas electorales, su funcionamiento ordinario y sus grupos parlamentarios y municipales. Y a esas subvenciones también se han añadido las que, por diferentes ministerios y entes autonómicos, se convocan todos los años para sostener las actividades de las fundaciones vinculadas con los partidos políticos.

3. Puntualicemos, en tercer lugar, que la posibilidad de que un partido pueda ser financiado por cualquiera de las administraciones públicas está determinada por sus resultados electorales

Así, las subvenciones para el gasto ordinario de los partidos se limitan a aquellos que tienen representación en el Congreso o en las correspondientes Asambleas autonómicas. Lo mismo ocurre con las subvenciones que cubren los gastos de los grupos parlamentarios, añadiéndose en este caso los Ayuntamientos. E idéntico tratamiento tienen las subvenciones destinadas a las fundaciones políticas. Y, por supuesto, las subvenciones electorales.

En todos los casos, además, la cuantía de esas subvenciones es proporcional a los resultados electorales, de manera que reciben más los partidos con mayor representación. Dado que el sistema electoral, sea cual sea su ámbito geográfico, da ventaja a los dos partidos con mayor número de votos, este sistema de reparto de las subvenciones refuerza la capacidad de esos dos partidos para mantenerse en el liderazgo[3]. El sistema de financiación pública de los partidos políticos se convierte así en una barrera de entrada en el mercado político.

4. El ejemplo más acabado del funcionamiento de esta barrera a la entrada es el de las subvenciones que financian las campañas electorales

Éstas se concretan en dos tipos de conceptos: los gastos ordinarios que hacen los partidos para propagar su programa e informar a los electores y los gastos en los que esos partidos incurren para enviar sus papeletas electorales al domicilio de los electores. La importancia de estos dos tipos de subvenciones es desigual aunque casi equilibrada: por ejemplo, en la campaña general correspondiente a la actual legislatura, del total subvencionado –cifrado en 57,2 millones de euros–, el 54,7 por ciento correspondió a la subvención de los gastos ordinarios y el 45,3 por ciento a la subvención de los envíos domiciliarios.

Sin embargo, el funcionamiento de estos dos tipos de subvenciones es muy distinto:

a) Las que financian el gasto ordinario de las campañas se reparten de acuerdo con dos criterios: uno es el número de escaños logrados y el otro es el número de los votos obtenidos en las circunscripciones en las que se ha alcanzado la representación. Debido a que, como ya se ha dicho, el sistema electoral concede una prima de representación a los dos partidos más votados, el reparto de estas subvenciones favorece a los líderes, tanto en el conjunto nacional (PP y PSOE) como, sobre todo, en el de las regiones donde hay partidos nacionalistas dominantes (CiU, PNV y Amaiur). Y, por otra parte, perjudica a los demás partidos, en especial a los de ámbito nacional (IU y UPyD)[4] [véase el gráfico 2].

Gráfico 2

b) Por su parte, las que financian los envíos electorales cubren la totalidad de los gastos. Sin embargo, sólo se distribuyen entre los partidos que, por cumplir los correspondientes requisitos, pueden formar un grupo parlamentario en el Congreso[5], excluyéndose todos los demás. Esta regla suele dar lugar a diferentes tipos de marrullerías parlamentarias para formar grupos espurios de duración limitada a unos pocos días, con la única finalidad de cobrar –trincar sería un término más preciso– las subvenciones. Por ejemplo, en la última legislatura, esto es lo que ocurrió con ERC, UPyD y Foro Asturias.

La lógica de estos comportamientos es evidente, pues el logro de la subvención de los envíos de papeletas a los electores implica poder llegar, con la propaganda electoral, a todos los electores. Hay que tener en cuenta a este respecto que los envíos electorales son extraordinariamente costosos[6], razón por la cual los partidos que no tienen expectativas de éxito no suelen realizarlos. Un ejemplo muy interesante a este respecto es el de Izquierda Unida. Este partido apenas registró gastos ordinarios de propaganda o de realización de actos electorales en las últimas elecciones generales, con lo que las subvenciones que recibió para ellos fueron muy reducidas; sin embargo, aprovechó extensamente la realización de envíos postales de papeletas electorales, lo que le permitió dar a conocer sus candidaturas a la práctica totalidad de los electores[7].

Añadamos que estos envíos colocan a los partidos que pueden realizarlos en una posición muy ventajosa, pues los electores reciben sus papeletas a domicilio, cosa que no ocurre con las demás candidaturas. Posición de ventaja que, además, se refuerza por el hecho de que, en España, no se garantiza el secreto del voto al no ser obligatorio el uso de las cabinas de votación –por lo demás, siempre escasas y mal ubicadas en los colegios electorales– para los electores. Esta circunstancia –que ha sido reiteradamente señalada por los informes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre los procesos electorales españoles[8]– hace que sean numerosos los casos de votantes que, para no exhibir públicamente sus preferencias, optan por llevar la papeleta desde casa, lo que sólo es factible para un limitado grupo de opciones electorales.

Como resultado final de todo lo anterior, las subvenciones acaban cubriendo, en promedio, el 88 por ciento de los gastos electorales de los partidos que logran escaños. No obstante, esta media esconde una desigualdad muy grande entre los que ven financiada la casi totalidad de sus campañas electorales (PP, IU, CiU y PNV) y los demás, entre los que, en la última campaña general, se pueden establecer cuatro grupos: PSOE y ERC, con una financiación en torno a las cuatro quintas partes; UPyD y Amaiur, con aproximadamente dos tercios; Foro Asturias, con cerca de la mitad; y CC, BNG, Compromís y Geroa Bai, con un tercio o menos [véase el gráfico 3].

Gráfico 3

En resumen: por tanto, resulta evidente que la economía de los partidos políticos españoles hace que éstos sean, en lo esencial, dependientes de la financiación que, por medio de distintos tipos de subvenciones, reciben del Estado o las demás administraciones. La vinculación de estas subvenciones a los resultados electorales, por su propio diseño, actúa como un elemento de discriminación en un doble nivel: por un lado, entre los partidos que obtienen representación institucional en las elecciones y los que no alcanzan el número de votos necesario para ello, quedando así excluidos en el reparto de los recursos financieros públicos; y, por otro, dentro del primero de esos grupos, entre los partidos dominantes, sea en el ámbito nacional o en el local, y los secundarios, siendo éstos receptores de subvenciones con una intensidad muy inferior a la de aquellos. Esta doble discriminación actúa como una barrera de entrada y, consecuentemente, como un factor de anquilosamiento en la distribución del poder, de manera que se hace muy difícil penetrar en el oligopolio partidario y más aún en su núcleo central, formado por el PP y el PSOE, en el nivel nacional, y CiU y el PNV, en el regional. No obstante, en las últimas elecciones, en un contexto de fuerte pérdida de apoyo popular para el Partido Socialista, se han dado tres casos de entrada en dicho oligopolio (Amaiur, Compromís y Foro Asturias).

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Con esta economía, los partidos españoles han devenido en organizaciones sujetas a una fuerte inercia conservadora, que se deriva del hecho de que, debido a su carácter oligopólico concentrado, la competición política se encuentra severamente limitada. En España, prácticamente, lo que se dirime en las convocatorias electorales es la eventual rotación entre los dos partidos líderes, sin que nunca se plantee su posible sustitución.

Son tres los aspectos en los que esta inercia se muestra con meridiana claridad: la selección del personal político y la burocratización de las organizaciones, por una parte, y su desideologización, por otra.

Comenzando por el primero, se puede señalar que, con el curso de los años, se ha ido extendiendo un proceso de selección de los dirigentes locales, regionales y nacionales de los partidos políticos vinculado al desarrollo de una carrera profesional dentro de su correspondiente organización. Los partidos buscan cada vez menos atraer a profesionales con conocimientos útiles para la gestión política y se conforman con la promoción de los que han sabido ser fieles a la organización –y a sus dirigentes– durante los largos años en que han ocupado puestos secundarios dentro de ella. Dado que la retribución de los políticos que ocupan puestos de representación es relativamente mediocre, no sorprende que muchos de los que, finalmente, acaban ocupándolos sean personas poco cualificadas que nunca han obtenido empleos de relevancia en el sector privado o en el ámbito funcionarial de las administraciones públicas.

Los políticos profesionales, sobre todo en los ámbitos local y regional, aunque también en el nacional, han estado sujetos así, de manera creciente, a un proceso de selección adversa en el que los mejor preparados para el ejercicio de las funciones públicas de representación y de dirección de las admnistraciones resultan rechazados, mientras que los más dóciles con quienes ostentan el poder son promocionados.

Con este bagaje no resulta nada sorprendente que los partidos políticos se hayan convertido en organizaciones fuertemente burocratizadas en las que cuenta más la fuerza inercial del ejercicio del poder interno que los resultados del debate político o los de la gestión de las instituciones en términos del bienestar de los ciudadanos. Algunos ejemplos recientes que ayudan a comprender esto son los siguientes:

1. Las enormes dificultades que experimentan algunos partidos para renovar a sus elites dirigentes. Las más de las veces, más que renovación, lo que se produce es una continuidad con relevos propiciados por las direcciones que se retiran del liderazgo. Los partidos políticos españoles no han sido capaces, en general, de arbitrar procedimientos democráticos para su cambio interno, especialmente cuando los resultados electorales han sido adversos. Un caso dramático es, actualmente, el del PSOE, donde la totalidad de los dirigentes nacionales y regionales, así como una buena parte de los locales, son perdedores en las respectivas elecciones.

2. La progresión de la corrupción política desde el ámbito local, al que parecía circunscrita hasta hace tan sólo unos poco años, hacia el regional y el nacional[9]. Pero más grave que esto es, por una parte, la incapacidad que tienen los partidos para depurar las responsabilidades de sus dirigentes en esta materia, y por otra, que la corrupción carezca de consecuencias electorales. A este respecto, se pueden mencionar los resultados de una investigación realizada por Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez, en la que se concluye que "el resultado electoral de los alcaldes acusados [de corrupción] no es diferente al de los alcaldes sin acusaciones", que "no hay un castigo electoral por parte de los votantes" y que "los partidos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas"[10].

3. Y el hecho de que los partidos no hayan sabido abordar el creciente descrédito que tiene la clase política entre los ciudadanos. A lo largo de la última década, de acuerdo con los resultados de los sondeos del CIS, se han dado varios episodios de desafección hacia los políticos –por ejemplo, a lo largo de 2003 y los primeros meses de 2004, o en el inicio del año 2007–; pero desde el final de 2008, cuando la gravedad de la crisis económica se hace palpable para la mayoría de la población, se asiste a un imparable incremento en el número de los españoles que consideran a nuestros políticos como uno de los principales problemas del país. En el momento actual, tres de cada diez españoles son de esa opinión; una proporción ésta que triplica la de hace una década –cuando el apoyo de España a la guerra de Irak alimentó la desconfianza sobre la derecha– o duplica la del comienzo de 2007 –cuando el fracaso de la negociación del Gobierno con ETA hizo lo mismo con la izquierda–. El desprestigio de los políticos, sea cual sea su posición en el espectro ideológico, es notorio; y ello ocasiona una notable caída en el porcentaje de los ciudadanos que expresan su apoyo a cualquiera de los partidos o que están dispuestos a participar en los procesos electorales[11]. Entre tanto, esos mismos partidos se revelan carentes de ideas y de iniciativas para encontrar una salida a tal situación –que ya amenaza con dar entrada, en la arena política, a movimientos autoritarios y antidemocráticos–.

A todo ello se añade la desideologización de los partidos políticos. Aunque pueda parecer sorprendente, sobre todo cuando asistimos a un enfrentamiento continuado entre los partidos dominantes, el debate político tiene muy poco de doctrinal. Esos partidos han ido vaciándose en los últimos años de su sustrato ideológico originario –expresivo de concepciones diferentes acerca de la organización de la sociedad– para irse llenando de propuestas dispares procedentes de distintos grupos sociales o de intereses que cuentan con una cierta proyección electoral. Y de esta manera todos o casi todos los ismos han ido encontrando hueco en las propuestas y el discurso partidario. Un discurso que, por otra parte, aparece cada vez más fragmentario –se expresa típicamente en un mensaje de Twitter– e incoherente, pues carece de un hilo argumental que lo integre dentro de un conjunto de principios básicos –es decir, en el interior de una propuesta ideológica–.

Las consecuencias de esta desideologización para la organización política de la sociedad española son devastadoras, especialmente en dos terrenos, el de la unidad nacional y el de la política económica.

Por lo que al primero se refiere, hemos asistido, sobre todo desde mediados de la década de 1990, a una creciente permeabilidad de los partidos nacionales hacia las ideas y propuestas de los partidos nacionalistas periféricos. Éstos –que, como hemos visto, se han beneficiado de la economía partidaria– han sabido hacer valer su peso electoral para obtener concesiones que muchas veces rozan el marco constitucional. Pero lo más relevante es que sus argumentos y reivindicaciones se han extendido sobre las elites locales de los partidos nacionales. Esta ósmosis nacionalista, que conduce al localismo, explica que, por ejemplo, por citar sólo dos temas actuales, la resistencia a la reforma de las administraciones municipales y provinciales sea muy intensa, o que la máxima dirigente del PP en Cataluña haya amenazado con romper la disciplina de voto en su partido si el Gobierno no apoya un modelo singular de financiación para su comunidad autónoma.

Como resultado, hemos asistido a una progresiva fragmentación del Estado y de las instituciones que, además de resultar muy costosa en términos económicos[12], amenaza con convertirse en ingobernable[13]. "El Estado –observan Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes como conclusión de sus cuatro relatos de la España autonómica, referidos a otros tantos problemas de la gestión autonómica–, como consecuencia de la existencia de unos poderes locales cada vez más fuertes, se está quedando sin territorio en el que poder ejercer sus funciones"; unos poderes locales que se articulan por medio de unos partidos políticos que, de acuerdo con ambos autores, se han apartado de los usos democráticos "para convertirse en oligarquía de secretarios generales y secretarios de organización"[14].

En cuanto a la política económica, las cosas no pueden ser más claras. Si se repasa el discurso de los principales partidos o de sus líderes –y también sus actuaciones cuando han gobernado– se advierte que, en los temas esenciales, todos ellos han transitado, sin solución de continuidad, de la defensa de determinadas propuestas concretas a su repudio, aunque siempre con camino de vuelta[15]. Así, aspectos como el equilibrio macroeconómico, en general, y el presupuestario, en particular, la presión fiscal, el sistema de pensiones, la regulación del mercado de trabajo, la libertad de mercado, la supervisión del sistema financiero, la política de innovación, y tantos otros, son objeto de controversias que, en lo esencial, dependen de la postura que, en cada momento, ocupa cada uno de los partidos —en el gobierno o en la oposición— y no del programa que puedan haber formulado éstos. La política económica, en ausencia de un consenso básico acerca de sus objetivos fundamentales y de sus plasmación institucional, se configura como una arena propicia para la diatriba y el regate corto, tanto para el Gobierno como para la oposición; su manejo se somete a cambios imprevistos, cuando no sorpresivos, sin que medie ninguna evaluación seria de sus resultados; y todo ello hace muy difícil y azarosa la salida de la crisis.

***

Se comprenderá que, con esta economía de los partidos políticos y con sus consecuencias en términos de burocratización y desideologización de éstos, amén de con la selección de líderes que esa economía impone, resulta muy difícil para la política española el sostenimiento de los consensos básicos que inspiran nuestro marco constitucional. El deterioro que, a este respecto, se ha constatado durante los últimos años amenaza con hacer inviable la sociedad española. Se impone así la necesidad de acometer reformas; y entre ellas, sin duda, la del funcionamiento de los partidos y su financiación, para hacerlos más democráticos, menos costosos y más abiertos a la competición política, es una de las más urgentes.

Algunas sugerencias para esa reforma que se desprenden del análisis aquí efectuado, son las siguientes:

1. En primer lugar, parece conveniente proporcionar un mayor protagonismo a los militantes de los partidos en la financiación de éstos. Y lo mismo se puede decir de las donaciones del sector privado, sin que ello implique que éstas carezcan de control o que no estén sujetas a limitaciones cuantitativas y a reglas estrictas de transparencia.

2. Las subvenciones del Estado y de las otras administraciones deben estar sujetas a limitaciones cuantitativas –de manera que no puedan superar un determinado porcentaje de los gastos que financian– y cualitativas –de modo que en ningún caso puedan servir para la cobertura de determinados tipos de gastos, como por ejemplo el pago de salarios a los políticos que ostentan cargos públicos o de representación–.

3. Algunos programas de subvenciones son de muy difícil justificación, como por ejemplo los que se orientan a financiar las actividades de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, por lo que deberían eliminarse.

4. También debería ser suprimida la subvención de los envíos domiciliarios de papeletas y propaganda electoral, dado su carácter severamente discriminatorio. Esta reforma podría asociarse a un cambio en la ley electoral que obligara a todos los electores a pasar por una cabina para proveerse de las papeletas de voto, tal como ha reclamado reiteradamente la OSCE.

5. Finalmente, en la distribución de las subvenciones destinadas a los gastos de funcionamiento ordinario de los partidos, así como las que cubren los gastos electorales, deberían cambiarse las reglas de reparto, de manera que todos los partidos participantes en eventos electorales pudieran tener la posibilidad de obtenerlas. Una asignación basada únicamente en el número de votos obtenidos –tal vez sujeta a alguna restricción referida al logro de un porcentaje mínimo de sufragios o a la exigencia de presentación de candidaturas en todas o en una parte sustancial de las circunscripciones electorales– evitaría los efectos discriminatorios actuales, incrementando así la rivalidad política y preservando el valor constitucional del pluralismo político.

APÉNDICE

I. Ingresos de los partidos políticos nacionales

(Miles de euros)

Años	Partido Popular			Partido Socialista Obrero Español
	S	C	Total	S	C	Total
2007	86.501,0	10.721,5	103.441,0	56.723,5	16.893,9	79.504,6
2008	94.693,4	11.478,5	109.006,5	n.d	n.d	n.d.
2009	85.066,1	11.128,8	98.497,5	n.d	n.d	n.d.
2010	70.139,2	12.368,1	84.368,8	n.d	n.d	n.d.
2011	120.029,3	12.303,9	135.585,2	n.d	n.d	n.d.
2012	n.d	n.d	n.d.	n.d	n.d	n.d.
Años	Izquierda Unida			Unión, Progreso y Democracia
	S	C	Total	S	C	Total
2007	2.435,8	843,2	3.280,0	40,0	35,7	85,7
2008	2.127,4	100,9	2.282,3	890,4	577,3	1.578,9
2009	1.985,6	587,6	2.645,3	1.943,0	834,3	2.921,6
2010	2.073,4	571,7	2.700,3	1.058,1	1.004,9	2.174,4
2011	2.290,1	360,2	2.722,6	3.729,4	1.040,0	4.864,6
2012	3.701,5	319,2	4.168,2	n.d	n.d	n.d.
Fuente: Partidos políticos y Tribunal de Cuentas
S: Subvenciones. C: Cuotas de los afiliados

II. Subvenciones electorales y gastos de campaña en las

Elecciones Generales de 2011

(Miles de euros y miles de votos)

Partidos políticos	Subvenciones		Gastos de la campaña		Votos (Miles)
	Por gastos	Por envíos	Totales	Sin envíos electorales
PP	14.620,5	7.039,8	21.869,8	14.830,0	10.830,7
PSOE	11.322,7	8.599,8	24.210,0	15.610,2	6.973,9
IU	963,1	7.521,4	8.887,1	1.365,7	1.680,8
UPyD	454,4	718,8	1.725,1	1.006,3	1.140,2
CiU	1.839,8	1.155,5	3.202,6	2.047,1	1.014,3
PNV	669,4	380,0	1.076,1	696,1	323,5
Amaiur	600,5		903,9	903,9	333,6
CC	180,4		539,0	539,0	143,6
ERC	227,2	245,0	595,1	350,1	256,4
BNG	159,5		903,9	903,9	183,3
Compromís	90,6		231,3	231,3	125,2
Foro Asturias	96,2	250,6	683,9	433,3	99,2
Geroa Bai	55,5		192,6	192,6	42,4
Total	31.279,8	25.910,9	65.020,4	39.109,5	23.147,1
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados electorales y la información publicada por el Tribunal de Cuentas.
Las cifras del PSOE incluyen al Partit dels Socialistes de Catalunya y a la Entesa pel Progrés de Catalunya; las del PP integran a las coaliciones de este partido con Eztremadura Unida, Unión del Pueblo Navarro y Partido Aragonés; y las de CC integran a las coaliciones con Nueva Canarias y la Agrupación Herreña Independiente.

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[1] Un trabajo muy valioso acerca de este tema, en el que se examinan principalmente sus aspectos jurídicos, aunque también se aportan series numéricas sobre la financiación pública de los partidos entre 1978 y 2005, es el de Gaspar Ariño Ortiz: La financiación de los partidos políticos, Documentos del Foro de la Sociedad Civil, nº 1. Madrid, 2009. Véase también para lo orígenes del sistema español de financiación de los partidos, en una perspectiva comparada internacional, Pilar del Castillo Vera: "La financiación pública de los partidos en España", Revista de Derecho Político, nº 22, 1986.

[2] Las recientes diatribas partidarias acerca de la corrupción y de la posibilidad de que ésta se haya asociado a una financiación irregular de algunos partidos políticos, ha hecho que algunos de ellos publiquen sus cuentas anuales de acuerdo con el formato que exige el Tribunal de Cuentas. Ello ha hecho posible reunir las cifras que aparecen en el Apéndice I del que se ha derivado el gráfico 1. Se trata de datos referidos al período más reciente y a los cuatro mayores partidos nacionales, con la excepción del PSOE que, al parecer, no es nada proclive a la transparencia. Los datos de este último partido se han obtenido del Tribunal de Cuentas cuyo último informe alude a los estados contables de 2007.

[3] Se exceptúa de esta regla general el caso del País Vasco en las elecciones autonómicas debido a que el reparto de escaños entre las tres circunscripciones electorales, en vez de ser proporcional a su población, es igualitario. Al repartirse 25 escaños en cada circunscripción, su distribución, dentro de cada una de ellas, es proporcional al voto emitido. Y lo mismo ocurre en el agregado autonómico.

[4] La desproporción entre los partidos líderes y los seguidores es mayor en el caso de los partidos nacionales, como IU y UPyD, debido a que para la obtención de subvenciones sólo cuentan los votos en las circunscripciones donde se ha obtenido representación. Estos partidos, en general, sólo obtienen escaños en muy pocas de las circunscripciones en las que presentan candidatos, con lo que una parte muy importante de sus votos carece de valor a los efectos del cálculo de la subvención. Ello no ocurre, sin embargo, con los partidos menores de carácter regionalista o nacionalista debido a que sus candidaturas se presentan en pocas circunscripciones y a que en una buena parte de ellas obtienen escaños.

[5] Esos requisitos son: tener 15 diputados, o bien tener al menos 5 diputados y haber obtenido el 15% de los votos en las circunscripciones en las que se han presentado candidaturas, o el 5% de los votos en el conjunto nacional.

[6] En la campaña que nos sirve de ejemplo, la de las Elecciones Generales de 2011, se realizaron 129,4 millones de envíos electorales, siendo su coste total de 25,9 millones de euros. En promedio, cada envío tuvo un coste de 0,20 €. Los partidos políticos que cubrieron todo el territorio nacional realizaron los siguientes envíos: PP: 33,8 millones; PSOE: 39,8 millones; IU: 34,2 millones.

[7] Los datos del Apéndice II reflejan con nitidez este comportamiento, pues IU no llegó a obtener ni siquiera un millón de euros de subvención para sus gastos ordinarios, en tanto que la financiación estatal de sus envíos electorales superaba los siete millones y medio.

[8] En concreto, en el referido a las elecciones generales de 2011 se afirma taxativamente que la "ley electoral [española] no garantiza completamente el respeto el carácter secreto del voto, un principio fundamental para las elecciones democráticas". Véase: OSCE/ODIHR: España. Elecciones generales anticipadas. 20 de Noviembre de 2011. Informe final de la Misión de Evaluación de Elecciones de la OSCE/ODIHR, Varsovia, 2012, págs 23-24. [Disponible en: http://www.osce.org/es/odihr/88488].

[9] En su comparecencia del 18 de noviembre ante la Comisión de Justicia del Congreso, el fiscal general del Estado señaló que en aquel momento estaban abiertos 594 procedimientos judiciales contra cargos públicos por corrupción. A esta cifra podían añadirse otros 136 casos en los que existían diligencias de investigación por parte de la Fiscalía. Todos ellos, salvo dos referidos a sendos presidentes autonómicos, aludían a alcaldes y concejales de diferentes municipios. Por partidos, la distribución de estos 730 asuntos era la siguiente: PSOE (36,2%), PP (27,4%), CC (5,9%), CiU (4,1%), Partido Andalucista (3,3%), IU (2,7%), GIL (2,3%), Unión Mallorquina (1,0%), ERC (0,7%), BBG (0,4%), PNV (0,4%). El 15,6% restante correspondía a partidos de ámbito local.

[10] Véase: Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez: Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal, 2003-2007, Fundación Alternativas, Madrid, 2011.

[11] Por citar sólo una de las numerosas encuestas electorales que se han realizado en los últimos meses, la publicada por El País el 7 de abril de 2013 señala tres hechos significativos de lo que se dice: 1) que los líderes de los cuatro principales partidos políticos nacionales –PP, PSOE, IU y UpyD– son desaprobados por una mayoría de ciudadanos, que va desde un mínimo del 58 por ciento en el caso de Rosa Díez hasta un máximo del 85 en el de Alfredo Pérez Rubalcaba; 2) que la desconfianza, muy alta en el caso de Mariano Rajoy (85%), es significativamente superada por la que exhibe el principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba (93%); 3) que la participación estimada en un eventual proceso electoral es muy baja y apenas llega al 53 por ciento, casi 19 puntos por debajo de las últimas elecciones generales celebradas hace menos de un año y medio.

[12] He tratado este asunto en Mikel Buesa: La crisis de la España fragmentada. Economóa Política de la era Zapatero, Ediciones Encuentro, Madrid, 2010.

[13] Véase: Santiago Muñoz Machado: Informe sobre España. Repensar el estado o destruirlo, Crítica, Barcelona, 2012, donde se señala que "avanza inexorablemente el proceso de deterioro de la instituciones constitucionales", de manera que "ninguna de ellas (…) funciona adecuadamente en España".

[14] Cfr. Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes: El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica, Marcial Pons, Madrid, 2011, págs. 14 y 32.

[15] He estudiado, a este respecto, el caso singular de José Luís Rodríguez Zapatero en mi libro La crisis de la España fragmentada…, op. cit., capítulos 19 a 21.