El debate sobre la inmigración

La inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda política del nuevo siglo. Por un lado, un gran número de países industrializados necesita importar mano de obra, con el fin de cubrir puestos de trabajo para los cuales no hay oferta doméstica (cualificada o no cualificada), y de financiar sus costosos sistemas de protección social. Por otro lado, en las sociedades desarrolladas, para algunos sectores de la opinión pública, los inmigrantes aparecen como una amenaza para las oportunidades de empleo de sus trabajadores menos cualificados, e incluso para la pervivencia de su cultura, de su identidad. Entre esos dos extremos se mueve el debate sobre la inmigración en Estados Unidos y, sobre todo, en Europa. En España, la discusión planteada alrededor de la Ley de Inmigración y Extranjería muestra la actualidad del tema. La cuestión central estriba en cómo es posible reconciliar la necesidad económica de importar capital humano, con las resistencias políticas y sociales planteadas a tal iniciativa. Por el momento, el ideal de una inmigración libre no es un objetivo alcanzable y debe ser atemperado por el realismo.

En este artículo se va a realizar una somera exposición de algunos de los tópicos más relevantes sobre la inmigración. En primer lugar, se apuntarán algunas de las causas que impulsan la demanda de fuerza laboral extranjera en las sociedades desarrolladas; en segundo lugar, se formularán las principales consecuencias económicas de la inmigración y, finalmente, se realizará una serie de consideraciones sobre las grandes líneas que podrían orientar una política sensata de inmigración.

Necesitamos inmigrantes

Desde un punto de vista teórico, la libre circulación de personas es una manifestación de la libertad individual, de los ideales tradicionales del liberalismo. Durante el siglo XIX, en el hemisferio occidental, la libertad de inmigración era prácticamente total. Un ciudadano europeo podía moverse con total libertad desde Gibraltar hasta las fronteras de la Rusia zarista. En el Diecinueve, América recibió sesenta millones de inmigrantes, casi todos procedentes de la Vieja Europa. Hasta poco antes de la Gran Guerra (1914-18), no se establecieron cuotas ni restricciones importantes a los flujos externos de personas. Desde entonces, las políticas de inmigración de la mayoría de las economías avanzadas se hicieron cada vez más duras. En Europa, se practicó una estrategia más flexible desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años setenta, fecha a partir de la cual la emigración económica comenzó a restringirse de nuevo. En los ochenta y en los noventa, los países europeos han recibido flujos migratorios en buena parte ilegales y en buena parte políticos (refugiados) . Las medidas de control de esos flujos no han surtido demasiado efecto. Sólo en Europa entran entre 400.000 y medio millón de inmigrantes ilegales al año.

La evolución demográfica de los estados de la Unión Europea es uno de los argumentos más poderosos a la hora de explicar la demanda de inmigrantes. En los inicios del siglo XXI, Europa es un área envejecida. Algunos datos ofrecidos por la División de Población de las Naciones Unidas ilustran este problema. Para mantener estable la población en edad de trabajar entre el 2000 y el 2050, dadas las actuales tasas de nacimientos y de muertes, Alemania deberá importar 487.000 inmigrantes/año, Francia 109.000 y la Unión Europea (UE) en su conjunto 1,6 millones. Las cifras resultan todavía más dramáticas si se tiene en cuenta la ratio trabajadores/pensionistas. Para estabilizar esta variable, Alemania ha de atraer 3,6 millones de inmigrantes/año, Francia 1,8 y la UE, 13,5. Esto significa que los estados de la Europa rica se verán obligados a incorporar a sus mercados laborales un creciente número de ciudadanos extracomunitarios. De lo contrario, pesará sobre las futuras generaciones de europeos una carga fiscal creciente, para cubrir los costes del Estado del Bienestar, que puede llegar a ser insoportable y puede frenar de modo drástico el crecimiento económico.

La selección natural de la inmigración

Por lo que se refiere a la oferta, una de las proposiciones clásicas en la literatura económica sobre la inmigración es que los ciudadanos que deciden emigrar son los "mejores" dentro de sus respectivos mercados laborales. Los estudios empíricos realizados muestran que los inmigrantes suelen ser más capaces, más agresivos, más emprendedores que los que deciden permanecer en su lugar de origen . Esta favorable autoselección de la oferta es más intensa cuanto mayores sean los costes de emigrar y los potenciales beneficios obtenidos de esa decisión, extremo que no se produce en el caso de los refugiados políticos y de la inmigración ilegal. El coste de emigrar incluye los derivados del transporte, de la búsqueda de empleo o de la instalación en una sociedad extraña, y también otros de índole no económica (adaptación a una nueva cultura).

Por otra parte, los inmigrantes tienden a poseer características muy deseables desde el punto de vista económico. Comparados con los habitantes del estado anfitrión de su mismo sexo y edad, su actitud ante la actividad económica tiende a ser mucho más dinámica. En un reciente estudio se extraen las siguientes conclusiones para EE.UU., Canadá, Israel, Gran Bretaña y Australia, países con una dilatada experiencia en la importación de capital humano: Primera, su tasa de participación en la fuerza laboral es mayor que la de la población de los estados a los cuales emigran. Segunda, ahorran más porque son más jóvenes (la teoría del ciclo vital muestra que la gente ahorra durante su vida activa y consume cuando se retira). Tercera, suelen trabajar más duro. Y cuarta, presentan una mayor propensión a iniciar actividades empresariales y al autoempleo.

Algunas mentiras sobre los inmigrantes

Al mismo tiempo, los diversos trabajos empíricos realizados en distintos países arrojan tres resultados de suma trascendencia: los inmigrantes no cometen más delitos que la población nativa, sus niveles de paro no superan a los del resto de la población activa y (para bien o para mal) su tasa de fertilidad no es más alta. Así pues, la hipótesis según la cual altas tasas de inmigración implican una elevada criminalidad, un abultado desempleo y una explosión demográfica que puede cambiar radicalmente la composición de la población en los países receptores, no está apoyada por los hechos; es, simplemente, falsa.

¿Por qué unos países son más atractivos que otros para la inmigración? La respuesta a esta pregunta es muy compleja. Las economías que ofrecen mayores oportunidades de prosperar, un marco de libertad y un Estado de Derecho han sido tradicionalmente los destinos favoritos de los inmigrantes. Los EE.UU., Argentina o Australia en el siglo XIX son buenas muestras de ello. Sin embargo, muchas personas eligen dónde emigrar porque ya conocen a gente que vive allí. En estos casos, el inmigrante valora junto a las ventajas materiales que puede obtener, otros elementos que le ayudan a adoptar una determinada decisión. En los últimos tiempos, la posibilidad de beneficiarse de los programas asistenciales del país anfitrión se ha convertido en uno de los motores que impulsan los movimientos migratorios, sobre todo hacia Europa. La localización de la inmigración en ciertos estados europeos, por ejemplo Francia y Alemania, obedece en gran medida a las generosas prestaciones sociales ofrecidas a los inmigrantes, tanto si tienen trabajo, como si no lo tienen. Esto se traduce en un hecho: los inmigrantes toman de la sociedad anfitriona más de lo que aportan, lo que genera un clima hostil hacia ellos.

El argumento político más poderoso contra los inmigrantes es que quitan puestos de trabajo a la población nativa y, por tanto, aumentan el desempleo. La lógica es simple: si el número de empleos es fijo y los extranjeros ocupan algunos trabajos, hay menos disponibles para los nativos. En teoría, el incremento de la oferta laboral producido por los flujos migratorios en algunos sectores, mercados o industrias puede tener "algún" impacto sobre los salarios y/o el empleo. Incluso es posible que en ellos se produzca una elevación temporal del paro hasta que la economía se ajuste. Sin embargo, los estudios realizados sobre esta cuestión muestran la inexistencia de más paro y salarios más bajos para los trabajadores domésticos, en los sitios en los cuales la participación de los inmigrantes en la fuerza laboral es mayor.

Por añadidura, la inmigración contribuye de una forma significativa al progreso económico del país receptor. Los inmigrantes trabajan y producen bienes y servicios. Reciben una parte de los beneficios de esa actividad productiva a través de sus salarios, que utilizan para pagar su inmediato consumo, y también ahorran para consumir más tarde. La aportación de la inmigración a la economía anfitriona no se agota ahí. Los nativos se benefician también de los impuestos pagados por los trabajadores foráneos y del capital humano de los inmigrantes.

El factor determinante del nivel de vida de un país es la productividad de las personas que producen bienes y servicios. Ésta viene determinada por la educación, por la cantidad de capital disponible, por la eficiencia con la cual se usa ese capital, por el progreso tecnológico y por la innovación. La presencia de esos dos últimos factores depende del conocimiento, del capital intelectual existente en una sociedad. A largo plazo, el impacto más importante de los inmigrantes sobre el progreso económico de un país es su contribución al "stock" de conocimientos disponible. La inmigración afecta a la productividad y a la tecnología al estimular a los trabajadores foráneos y a los domésticos a crear nuevas ideas que son una mezcla de las traídas por los inmigrantes y de las existentes en el país receptor. Al mismo tiempo, la afluencia de inmigrantes aumenta el tamaño del mercado, favorece la especialización productiva e impulsa al alza la productividad.

La inmigración ilegal

Hasta ahora, el análisis se ha centrado solamente en la inmigración legal. Ahora bien, la ilegal se ha convertido en una fuente de creciente preocupación. Aunque no existen datos precisos sobre esta realidad (aquí se han ofrecido algunos), los disponibles sugieren la presencia de un grave problema. Sin tener en cuenta sus implicaciones sociales, la inmigración ilegal erosiona el buen funcionamiento del sistema económico, que exige a quienes participan en él la aceptación de las mismas reglas del juego. Además, la tolerancia ante la inmigración ilegal induce a quienes aspiran a convertirse en inmigrantes legales a actuar de la misma forma. A pesar de todo, la lucha contra las entradas ilegales de mano de obra extranjera tiene elevados costes materiales e inmateriales y su eficiencia puede ser escasa. Como en el caso de la economía sumergida, la existencia de una elevada inmigración ilegal sugiere la presencia de un marco regulatorio inadecuado, que resulta incoherente con la necesidad de importar capital humano del exterior. En este sentido, lo más inteligente es reducir los costes de la legalidad, es decir, aumentar el abanico de opciones para ser un inmigrante legal. Esta medida no eliminaría las entradas ilegales pero sí las reduciría.

El número total de inmigrantes que se desea legalmente admitir es el elemento clave de la política de inmigración. Si ninguno de los candidatos a entrar en un país tiene posibilidades de hacerlo, la única opción que le resta es hacerlo de manera ilegal. Si todos los inmigrantes pueden acceder legalmente al país deseado, la discusión carece de sentido. En Europa y, en concreto, en España la alternativa es clara: es necesario un aumento sustancial del número de inmigrantes existente en el país. En este contexto, una estrategia de inmigración selectiva ofrece muchas variantes: seleccionar a los inmigrantes por su nivel educativo, discriminar en beneficio de unos países y en perjuicio de otros, conceder la residencia a los estudiantes extranjeros que cursan sus estudios en el país anfitrión etc. Todas estas medidas inspiran y están incorporadas a la mayoría de las legislaciones sobre el tema. Sin embargo no parecen capaces de afectar de forma sensible al volumen de la inmigración ilegal.

¿Se puede detener el flujo migratorio?

Una de las iniciativas que ha tenido mejores resultados para frenar los flujos de inmigrantes ilegales han sido los llamados programas de "trabajador huésped", que legalizan una estancia temporal en el país anfitrión para realizar un determinado trabajo. La experiencia norteamericana con un plan de ese tipo para los braceros mejicanos entre 1942 y 1964, proporciona una sólida evidencia del positivo impacto de estas políticas sobre la disminución de la inmigración ilegal. Esta opción es "inferior" a la de la residencia plena, pero es superior a la de la ilegalidad tanto desde la óptica del trabajador como de la economía anfitriona.

Otra crítica contra este enfoque se formula en los siguientes términos: los "trabajadores-huéspedes" se convierten en ciudadanos de segunda, se crea una división entre trabajadores con plenos derechos y otros que no los tienen. En un mundo idílico sin fronteras y con perfecta libertad para vivir donde uno desea, una diferenciación de esa naturaleza resultaría indeseable. Ahora bien, esa Arcadia no existe y la puesta en vigor de contratos temporales como los sugeridos es mejor que la consolidación de un marco dentro del cual la inmigración ilegal es en muchos casos la única vía de acceder a un estado. Por otra parte, la distinción entre ciudadanos y extranjeros no es necesariamente ofensiva ni discriminatoria. Existe mucha gente que trabaja fuera de su país y no tiene los mismos derechos que sus habitantes. Sin duda se corre el peligro de que una vez finalizado su contrato, los trabajadores se queden en el país receptor. Sin embargo, existen medidas para minimizar ese peligro. En concreto, la realización de los pagos a la Seguridad Social en el país de origen del trabajador y la pérdida de esas cotizaciones si no vuelve a él terminado su contrato, constituyen un buen mecanismo para evitar la instalación no deseada de los inmigrantes.

Otra de las ideas dirigidas a seleccionar los flujos migratorios consiste en la venta de derechos de inmigración. A simple vista, este planteamiento parece inhumano y brutal pero si se analiza con cierto detalle, su lógica es impecable y sus efectos muy positivos, tanto para el inmigrante como para la economía anfitriona . De entrada selecciona a las personas que tienen mayores posibilidades de triunfar en el campo económico. Estas serán las que estén dispuestas a pagar más por la compra de esos derechos y a trabajar más duro para amortizar su inversión. La venta acentuará la tendencia a que los inmigrantes salgan de su país cuando son jóvenes porque el retorno de la inversión realizada al pagar el precio de su admisión será mayor. A su vez, la subasta de derechos de entrada en un país proporciona ingresos adicionales a éste y hace la inmigración más popular entre sus habitantes. Estos son conscientes del valor que el inmigrante concede a ingresar en la economía receptora.

¿Es injusto un sistema de esta naturaleza? En principio, parece discriminar a los potenciales inmigrantes de acuerdo con su riqueza. En este marco, sólo comprarían los derechos de entrada las personas con niveles de renta más altos. Ahora bien, en la práctica, muchos estados actúan así. Venden derechos de residencia e incluso la nacionalidad a los ricos. Pero la subasta de los derechos de inmigración es más sutil y merece algunos comentarios. De entrada, los "muy ricos" tienen escasos incentivos para abandonar su país nativo, salvo que los gobiernos les obliguen a ello. Por otra parte, el plan de la subasta puede permitir a las personas sin activos líquidos pagar gradualmente el precio del derecho de admisión a cuenta de sus futuros ingresos. Por último, el precio del derecho de inmigración se puede poner en niveles lo suficientemente bajos para no desanimar a ningún candidato que lo merezca. Combinado con los programas de "trabajador-huésped", la subasta de los derechos de inmigración constituiría una pieza esencial en una buena política de inmigración.

En suma, la inmigración es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. De su adecuado tratamiento depende no sólo el futuro económico de algunos grandes Estados, sino también su cohesión social.