El proceso de maduración de la sociedad española

La economía española, 25 años después del comienzo de la crisis del petróleo, alcanzó en 1999 un punto de inflexión, que tiene su principal exponente en la evolución del empleo y del desempleo.

Desde 1977 hasta 1999 la gran preocupación de los ciudadanos y gobernantes ha sido la incapacidad de nuestra economía para generar empleo. En lógica correspondencia, el desempleo ha sido el gran protagonista de más de veinte años de política económica.

Con la crisis del petróleo, la economía de los países europeos dejó de crecer y de absorber mano de obra excedentaria española. Por su parte, la economía española, afectada gravemente por los altos precios de la energía, por la falta de crecimiento de sus principales mercados de exportación e, internamente, por tensiones inflacionistas (que durante mucho tiempo se intentó controlar con una política de altos tipos de interés), por el desequilibrio de las finanzas públicas, (que comienzan a acumular deuda pública a un ritmo elevadísimo), por las dificultades de seguir creciendo con un modelo industrial basado en energía barata, precios y mercados intervenidos, y por la demanda de prestaciones sociales cada vez más intensas, entra en una etapa de dificultades empresariales que se concretan en que, durante veinte años, de 1974 a 1994, se perdieron 800.000 empleos netos en el país (la situación es todavía peor de lo que parece, porque el número de funcionarios públicos crece en 900.000 personas en esos mismos años).

Durante veinte años, la economía española funciona con menos de 12 millones de empleos. La cifra sube a 12,6 millones en el mejor momento del ciclo expansivo de 1985-1991 y vuelve a retroceder, otra vez, a los 11,7 millones en 1994.

Dadas las circunstancias económicas y demográficas de España a mediados de los setenta, que no creciera el número de empleos era una catástrofe, humana y económica.

La situación de la agricultura

Y ello porque, en ese momento, el proceso de modernización de la agricultura estaba en pleno auge. En 1975 trabajaban en el sector agrario, 2,8 millones de trabajadores, el 22% del total de la población ocupada. Desde ese momento y hasta 1999 -como si la crisis económica no existiera- el campo español continúa modernizándose y especializándose y, a partir de 1986, se integra en la P.A.C. comunitaria. El resultado es la reducción de la mano de obra en 1,8 millones de empleos. Hoy, en 2000, con una población ocupada en el sector en torno al millón de personas, se ha alcanzado el equilibrio en el empleo y el sector agrario significa sólo el 2,9% del PIB. La agricultura y pesca absorben el 7% del total de la mano de obra ocupada, cerca del promedio europeo del 5,5%. Aunque el proceso no ha terminado, porque el envejecimiento de la población agraria, la falta de jóvenes y las limitaciones previsibles en las transferencias comunitarias auguran un recorte aún mayor del número de ocupados; pero será un ajuste lento, fruto del envejecimiento, no de la emigración, como ocurrió durante casi un cuarto de siglo.

La evolución demográfica

La segunda causa del crecimiento del desempleo es la evolución demográfica. Hasta 1974 creció el número de nacidos en España. El pico se alcanza en ese año, con 683.000 nacidos vivos. Después, el proceso se estanca y comienza rápidamente la caída de la natalidad, hasta las cifras actuales, entorno de 380.000 nacidos por año, que se repite desde hace cuatro años, aproximadamente. Enormes contingentes de jóvenes llegan al mercado de trabajo, 16, 18 ó 24 años después del máximo de nacimientos de 1974. Se encuentran sin trabajo y sin expectativas. Es muy posible que, al margen de tradiciones más arraigadas, el crecimiento de la Universidad española, en profesores, funcionarios de todo tipo y estudiantes tenga que ver con una situación de absoluta carencia de expectativas de trabajo a la llegada de la edad legal de trabajar.

La defensa de los cabezas de familia

La sociedad española se organiza reservando el trabajo -como siempre antes- para los hombres, retrasando la llegada de la mujer en el mercado de trabajo, protegiendo la ocupación de los cabeza de familia y dificultando el trabajo a tiempo parcial, el más habitual entre las mujeres casadas en los países más desarrollados.

La vuelta de los emigrantes

En tercer lugar, no sólo cesa la emigración a los países más desarrollados de Europa, sino que se produce la vuelta de emigrantes que pierden sus trabajos o reciben incentivos para abandonar los países en los que vivían. Posiblemente estamos hablando un millón de retornados, muchos de los cuales se convierten en demandantes de empleo.

La crisis económica: 1977-1994

En los años que transcurren entre 1977, primer gobierno democrático español y 1994, la crisis económica no se atenúa. Apenas dos años, entre 1985 y 1987, son de crecimiento sano; el resto es de escaso crecimiento, o de crecimiento forzado por la demanda pública (1987-1992) que, finalmente, no puede sostenerse y resulta en la crisis de 1993-1994.

En 1994, la acumulación de datos negativos es estremecedora: 24,5% de desempleo, sólo 11,7 millones de empleos y casi 3,7 millones de parados. La falta de trabajo y el derrumbe de las expectativas laborales de los españoles alcanzan nuevas simas.

Y, sin embargo, en 1999, apenas cinco años después, las preocupaciones de los españoles son muy diferentes, el desempleo continúa siendo una preocupación, pero atenuada, el empleo crece hasta los 14.2 millones de personas, se estrecha el gap de convergencia real con el resto de Europa hasta el 82%, (superando la cifra del 80% alcanzada en 1975, tras caer hasta el 65% hacia 1985) y, finalmente, nos integramos sin dificultades en la Unión Monetaria.

¿Cómo ha sido posible un cambio tan brusco?

II.- LOS CAMBIOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ENTRE 1992 Y 2000

Las devaluaciones de la peseta

En primer lugar, las cuatro devaluaciones de la pesetas, entre 1992 y 1995, forzadas por el mercado, en contra de la voluntad expresa de los rectores de la economía española, que pretendían controlar la inflación con tipos de interés muy altos y una moneda apreciada, al tiempo que aumentaban la presión fiscal, el gasto y la deuda pública.

Las cuatro devaluaciones, que llevaron la peseta de las 63 unidades por marco alemán a las 84 ptas. o, en términos de dólares, de las 91 ptas. a las 145 ptas., sólo reflejaron la hondura de la crisis económica, que hizo aumentar el desempleo desde el 16% de 1991 al 24,5% de 1994 y que supuso la pérdida de casi un millón de empleos netos.

Esa tragedia económica produjo un nivel de incertidumbre que, a pesar de que la crisis de fondo había comenzado en 1976, no tenía parangón con nada vivido anteriormente. Se pusieron en duda los pagos del Estado por desempleo, el futuro de las pensiones públicas, el crecimiento del empleo y la supervivencia del sector industrial, pues el déficit por cuenta corriente alcanzó el 5% del PIB.

Resulta alucinante pensar que todo el gobierno, con el Ministerio de Economía y Hacienda a la cabeza y la bendición del Banco de España, consideraran que el tipo de cambio de la peseta, (antes de la primera devaluación en octubre de 1992), era el tipo de cambio de "equilibrio", con el que España podría integrarse, sin tensiones, en la Unión Monetaria.

Afortunadamente, los tipos de cambio casi fijos que existían entre las diversas monedas europeas miembros del SME saltaron por los aires entre 1992 y 1993, como única forma que encontró el mercado para adecuar la competitividad entre las diversas economías europeas.

La reacción de la población española

El shock de la población española fue tan profundo que indujo un cambio drástico de comportamientos. Se redujo el consumo, aumentó el ahorro, se ahorró en instrumentos financieros como los fondos de inversión y de pensiones, y no sólo en inmuebles y tierras, se aceptaron acuerdos salariales que implicaban su congelación, o disminución, en términos reales. Por su parte, los sindicatos, desprestigiados por haber logrado que, en la práctica, el gobierno de la nación llevara a cabo la política que ellos habían propugnado, perdieron credibilidad y confianza en sí mismos y sus propuestas. El gobierno, finalmente, tuvo que tomar duras decisiones de control de gasto, reduciendo los derechos de los desempleados, endureciendo el acceso a las pensiones públicas, subiendo los impuestos y limitando la inversión pública; todo ello en el período 93/94.

Pero el gran cambio fue el de la población española que, al restringir su consumo, permitió una menor demanda de bienes y servicios, lo que se tradujo en menor inflación; la menor inflación se logró a pesar de las devaluaciones. Rápidamente se restableció el equilibrio en la balanza de pagos y se redujeron drásticamente los tipos de interés. Esta disminución fue el primer paso para controlar el déficit público. Aunque este control no fue evidente ni en 1993 ni en 1994, porque se afloraron gastos públicos realizados e ingresos ficticios que desfiguraban la contabilidad pública de los años anteriores.

La conducta de los empresarios

Se modificaron los hábitos de los empresarios convencidos, después de la crisis de 1993/1994, de que ningún gobierno los iba a ayudar a resolver sus problemas. Los empresarios intensificaron la modernización de las empresas que habían resistido a la crisis, empezaron a competir reduciendo los precios, pelearon por tener salarios más bajos y redujeron drásticamente las plantillas, llegando a acuerdos con los sindicatos y acreedores.

El país se encontró con un millón menos de trabajadores y un terrible problema humano y de financiación pública de las prestaciones por desempleo pero, en cambio, el sector empresarial se modernizó, y ganó competitividad; después, el descenso de los tipos de interés contribuyó a la mejoría de las cuentas de explotación.

La reducción de las expectativas inflacionistas

En este proceso el factor clave fue, como se ha indicado anteriormente, la reducción de la inflación. En una economía tan indexada como la española, la ruptura de las expectativas de inflación permitió consolidar el proceso de saneamiento que se había iniciado con las devaluaciones.

El sector exterior

El comercio con los países europeos representaba ya el 70% del total de nuestro intercambios. La pérdida de valor de nuestra moneda se unió a la de otros países, como Italia, el Reino Unido y Suecia; el centro de Europa, Alemania y Francia y los países más integrados con esas economías, aguantaron el tremendo golpe a su competitividad que representaban esas devaluaciones, encadenadas y súbitas. Finalmente, se consolidó la mejoría de la balanza por cuenta corriente al bajar los precios del petróleo que, durante una década, 1975-1985, significaron un insuperable freno al crecimiento de la economía española.

En definitiva, el sector exterior comenzó a funcionar como una locomotora que arrastró a toda nuestra economía, dando tiempo a que se recompusieran las finanzas públicas, que poco a poco iban recuperando el equilibrio, aunque la cicatriz más visible de la crisis se dejaba sentir en el volumen de la deuda pública, que en apenas tres años pasó del 45% del PIB al 68% del PIB, en 1996.

La llegada del PP al poder

El PP, apenas llegado al poder, en mayo de 1996, redujo el gasto público en 200.000 millones de pesetas, congeló los sueldos de los funcionaros para el año siguiente, afloró 600.000 millones de gasto ocurrido en los años anteriores, redujo la inversión pública y se propuso un ambicioso objetivo de déficit público, que fue capaz de cumplir. La mejoría de las cuentas públicas se consolidó con el descenso de los tipos de interés y dio comienzo a un círculo virtuoso de reducción del gasto público y reducción del déficit.

La reducción del gasto público, en contra de lo que proclamaban los economistas keynesianos, actuó de espoleta para devolver la confianza a los inversores y empresarios, lo que produjo un aumento de la inversión privada que compensó sobradamente la reducción de la pública.

Otro factor clave de la recuperación fue la política del gobierno del PP con los sindicatos. En lugar de aprovechar su debilidad e introducir -o intentarlo- reformas profundas en el mercado de trabajo, el gobierno alcanzó cuatro acuerdos generales con los sindicatos que, en contraprestación, aceptaron una política de reivindicaciones salariales muy moderadas. No ha habido cambios muy drásticos en temas como el despido, la financiación sindical o las pensiones públicas. Quizás se perdió una oportunidad para las reformas, pero se consiguió un clima de confianza que consolidó el crecimiento de la economía en un momento políticamente muy delicado.

El crecimiento del PIB: 1995-2000

El resultado final han sido seis años seguidos de crecimiento del PIB que, combinados con una política prudente de gasto público han permitido, manteniendo el nivel de presión fiscal, reducir el déficit público que rozaba el 8% del PIB en 1993 al 1,3% en 1999. Repitiendo la experiencia de la economía norteamericana, que resolvió el déficit público tras diez años de continuo crecimiento.

Los seis años de crecimiento del PIB, tres años, entre 1995 y 1997, en torno al 2,5% anual y, desde el 98, en torno al 4% anual, con perspectivas de superar con holgura el 4% en el año 2000, se han traducido en crecimiento del empleo neto con el que funciona la economía y en descenso del desempleo desde casi el 25% hasta el actual 15% de la población activa. Que el crecimiento del PIB se haya traducido en aumento del empleo es un cambio significativo, pues la economía española, al igual que el resto de las europeas, crecía, pero sin aumento neto del número de empleos.

Junto al crecimiento del empleo se produce la caída del paro con un vigor inesperado. La causa, hay que buscarla en la evolución de la población agraria y la demografía.

La estabilidad en el empleo agrario

Desde 1995 deja de descender el empleo agrario, que parece haber alcanzado un cierto equilibrio, con una población ocupada en torno al millón de personas, el 7% del total de los ocupados en la economía en 2000. A partir de ahora el descenso, si se produce, será determinado por el envejecimiento de los ocupados, aunque es posible que continúe entrando mano de obra inmigrante que mantenga la cifra actual en números absolutos para los próximos años. El sector agrario ha finalizado el proceso de modernización, comenzado a mediados de los años cincuenta y que, durante cuarenta años, ha inundado el resto de la economía con mano de obra en busca de empleo.

La evolución demográfica

El segundo cambio que explica la caída del desempleo es la evolución demográfica. A partir de 1974 comienza a reducirse la natalidad. En términos de nacidos vivos -la potencial mano de obra futura- se pasa de 683.000 en 1974 a 380.000 en 1994. En torno a esta cifra continua en los últimos cuatro años. Aunque la edad para poder trabajar son los 16 años, el hecho de que los estudios de secundaria terminen a los 18 años y que una proporción importante curse estudios universitarios -200.000 jóvenes, aproximadamente, cada año- ha producido un desplazamiento temporal de la oferta de trabajo, en promedio de 6 ó 7 años. Lo que significa que los mayores contingentes de mano de obra, formada como universitarios, se producirá entre el año 2000 y el 2001, reduciéndose a partir de esa fecha, cada año, hasta el año 2019. Los que no han cursado estudios universitarios, cerca de 400.000 del contingente de 1974, se han debido incorporar al mercado de trabajo, en promedio, a los 22 años, es decir, con un máximo en 1996, reduciéndose a partir de esa fecha cada año, hasta 2016. En conclusión, a partir de 1990 comienza a notarse la reducción de mano de obra joven nueva en el mercado de trabajo; la reducción todavía no ha terminado porque los universitarios, 1,8 millones, han actuado de depósito regulador ante la falta de empleo en la economía. En los próximos años se notará tanto la continuación del descenso del número de los jóvenes que llegan a la edad de trabajar, como el del número de universitarios, que tendrán que descender desde los actuales 1,8 millones hasta una cifra cercana al millón de estudiantes.

Las tasas de actividad de la población

Esta evolución del desempleo podría haber sido muy diferente si se hubiera producido, a partir de 1995, un fuerte aumento de la población activa, como consecuencia de una mayor demanda de trabajo por parte de las mujeres en edad de trabajar. Este fenómeno se ha producido, pero no con suficiente fuerza para compensar los otros dos fenómenos analizados. En 2000, la tasa de actividad ha aumentado hasta el 50%, muy lejos todavía del promedio europeo del 63%. En España la población masculina en edad de trabajar tiene un nivel de actividad del 64%, lo que quiere decir que es muy difícil, por no decir imposible, que siga aumentando: en el grupo de edad de entre 25 y 55 años de edad, el nivel de actividad masculino es del 93%. Una absoluta identificación del hombre con su papel de cabeza de familia. Como corresponde a la estructura de una sociedad todavía muy tradicional. Aunque el 50% de los parados son mujeres, su número y porcentaje podrían ser todavía mayores si muchas mujeres, que se dedican al trabajo doméstico, buscaran, y encontraran, sustitutas para realizar tareas domésticas. Pero el proceso es muy lento por diferentes motivos: falta de oportunidades, falta de flexibilidad en las fórmulas de empleo, limitaciones oficiales y sindicales al trabajo temporal y al de tiempo parcial, falta de preparación tras años de ausencia del mercado de trabajo, y falta de remuneración neta suficiente, dados los altos costes de la seguridad social, el tiempo que se gasta en transporte y el coste de un sustituto en las tareas del hogar.

El análisis del desempleo

De la desagregación de cifras del desempleo merece la pena resaltar que el paro de los hombres, en términos de EPA, es del 10% mientras el de las mujeres es del 21% ( y básicamente de mujeres casadas, pues los índices de las solteras, divorciadas y separadas son similares a los de los hombres).

1) EL PUNTO DE VISTA REGIONAL.
Desde el punto de vista regional la situación es muy diferente entre las comunidades prósperas (P. Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Madrid, Canarias y Baleares), con un paro global en torno al 9%, la de otra serie de comunidades con un desempleo algo más alto (Galicia, las dos Castillas y, en el tramo superior de desempleo, Asturias) y las autonomías con mayores problemas, Extremadura y Andalucía (con la excepción de Almería), con un paro en torno al 24%, que sólo se reducirá en la medida en que se deje sentir el descenso de la natalidad o en la medida, poco probable, de que una parte de la población desempleada opte por la emigración (implausible dado que los salarios netos que podrían obtener en otros trabajos -de baja productividad- en otras autonomías no compensarían la pérdida de rentas no salariales, transferencias públicas y gasto neto en alojamiento).

2) EL NIVEL DE PREPARACIÓN.
Finalmente, es llamativo, desde un punto de vista de la preparación teórica, que se encuentren sin empleo el 14% de los universitarios, casi 200.000 personas. Un análisis más pormenorizado de estos parados universitarios pone de relieve que se trata de licenciados en letras, con un fuerte predominio de mujeres.

España cuenta, también, como el resto de Europa, con un núcleo de desempleados de larga duración (que hace más de dos años que buscan empleo), casi un millón de personas, muchas de ellas con dificultades para cambiar de domicilio y con problemas de formación.

3) EL PARO DE LOS JÓVENES.
Por su parte, el paro de los jóvenes, en torno al 24% del total del segmento entre 16 y 24 años, es poco significativo, ya que los activos son sólo el 20% en el tramo de edad situado entre 16 y 19 años y el 50% entre 21 y 24 años de edad; lo que se corresponde con la abultada cifra de estudiantes que cursan en la Universidad.

4) EL PESO DE LA INMIGRACIÓN.
Y, finalmente, hay que hacer referencia a la importancia de la inmigración en el empleo; y no sabemos si en el desempleo. En los últimos diez años, al parecer, han obtenido la nacionalidad, o la residencia, alrededor de 700.000 inmigrantes. Si nos fijamos en las cifras de crecimiento de la población activa en los últimos cinco años, que lo ha hecho, en promedio, en torno a las 250.000 personas anuales, no tenemos más remedio que llegar a la conclusión de que el 50% de esta cifra, probablemente, han sido, ya, inmigrantes. No se trata, por tanto, de hablar de un fenómeno futuro, sino totalmente presente, por más que, hasta ahora -de hecho hasta la discusión de la ley de extranjería- no se le haya dado la importancia económica, social y política que tiene. En la sociedad española se está produciendo el fenómeno que ocurrió en muchas sociedades europeas en los años sesenta y comienzos de los setenta, falta de mano de obra para ocupar trabajos que socialmente, o económicamente, no se consideran deseables y, en consecuencia, no se cubren con los naturales del país. Estamos hablando del servicio doméstico, de muchos sectores agrarios, de la construcción, de determinados servicios turísticos del propio ejército; por no hablar de oficios como la prostitución.

La principal razón por la que los parados españoles rechazan muchas oferta de empleo que ocupan los inmigrantes, es económica; los salarios netos que se ofrecen son los que, probablemente corresponden a la productividad de ese empleo, pero resultan muy bajos para quien tiene cubiertas, por el estado, la sanidad, la educación, la posibilidad de tener una pensión no contributiva y cobrar un subsidio de desempleo y, de una u otra forma, tiene una vivienda, mejor o peor, pero probablemente en propiedad, suya o de un familiar próximo. Por el contrario, cuando el conseguir ese trabajo poco productivo y mal pagado implica para el trabajador que lo consiga el derecho a la sanidad, educación, prestación y subsidio de desempleo, pensiones de jubilación, además de ser el único camino hacia la ciudadanía, esos puestos de trabajo se convierte en un bien muy preciado, por parte de la mano de obra inmigrante y los salarios netos que se consiguen no reflejan todos los beneficios que conllevan.

III.- LA ESPAÑA ECONÓMICA DEL SIGLO XXI. UNA ESTRUCTURA DIFERENTE.

La consecuencia de la evolución económica, demográfica y social expuesta es la consolidación de un país que es muy diferente del que existía a comienzos de la transición política.

Sin ánimo de ser exhaustivo se pueden enumerar una serie de características que ayudan a comprender mejor los retos a los que se enfrentan los ciudadanos, los empresarios y los políticos a comienzos del siglo XXI.

En correspondencia, las políticas a aplicar para que la situación mejore son también diferentes, y se analizarán en el cuarto apartado de este artículo.

A) La economía española ha creado entre dos y tres millones de empleos en el período 1995-2000.

En 1994, el total de ocupados era de 11.7 millones de personas, tras un aumento de 900.000 empleos públicos en los anteriores quince años. Un millón y medio menos de ocupados que en 1974.

Por contra, a principios de 2000, el número de ocupados ha superado los 14,2 millones según la EPA, mientras que el de afiliados activos a la Seguridad Social ha alcanzado los 15 millones; la Seguridad Social se ha convertido en la base del equilibrio fiscal y añadido muchos años para que se busque solución a los problemas que plantean, a largo plazo, la financiación de las pensiones públicas y el envejecimiento de la población.

B) En la economía española está aflorando empleo sumergido.

No sabemos que proporción de los 3 millones de altas adicionales de la Seguridad Social son empleos aflorados. El desconocimiento de este hecho distorsiona el conocimiento sobre la capacidad real de creación de empleo de la economía española en esta fase, y sobre el nivel de desempleo real. La reducción del desempleo significa, en la práctica, que en muchas autonomías se ha alcanzado el pleno empleo de los hombres.

Sería deseable conocer las razones que han llevado a la afloración de empleo para lograr que el proceso continuara, pues la eliminación de economía sumergida es un paso fundamental para conseguir el equilibrio fiscal y el propio funcionamiento del estado de derecho.

Entre las posibles causas de esta evolución pueden mencionarse las siguientes:

El cambio físico de pesetas por euros en 2002 y el temor de los tenedores de dinero opaco a que se les exija la justificación del dinero físico que poseen en el momento del canje, probablemente ha influido en que muchas actividades, o la parte de las actividades que se hace informalmente, se hayan ido aflorando. Sólo recordar una cifra, en España el dinero fiduciario -las monedas y billetes- representan en torno al 10% del PIB, frente a porcentajes en torno al 6%-7% del PIB, en promedio, en los otros países europeos miembros del euro. No es un indicador definitivo, pero si un indicio de la importancia de las actividades no declaradas.

El acuerdo entre patronal y sindicatos de 1997, en virtud del cual se redujo el coste del despido de 45 a 33 días por año, con un límite de 24 meses en lugar de 42 está siendo determinante para aflorar trabajo oculto. Los empresarios tienen reservas suficientes para atender las consecuencias económicas de los despidos y consideran un riesgo asumible incrementar la plantilla en las actuales condiciones legales.

En virtud de ese mismo acuerdo, se redujeron de las cotizaciones sociales para determinados colectivos que consiguieron contratos de trabajo indefinidos.

La reducción del IRPF tanto en su tramo inferior (hasta el 18%) como en el superior (hasta el 48%). El coste de aflorar ha disminuido y todavía más con la decisión de no obligar a presentar declaración de IRPF al que tenga ingresos inferiores a 3,5 millones de ptas. y no quiera beneficiarse de deducciones fiscales.

La demanda de pensiones públicas. Desde la crisis de 1993, la sociedad española es consciente de la debilidad demográfica del país y de la importancia de tener alguna pensión asegurada para el futuro. En este sentido, en la medida en que el desempleo se ha ido reduciendo, ha empezado a haber una competencia entre empresas deseosas de emplear, que han comenzado a ofrecer como incentivo el alta en la Seguridad Social, como forma de conseguir, entre otros beneficios, pensiones públicas. Simultáneamente, las deducciones fiscales que conlleva la constitución de una pensión privada han operado en el mismo sentido de reducir el coste fiscal de darse de alta en la economía formal.

Darse de alta en la seguridad social puede ser un sistema financieramente muy conveniente de conseguir una pensión pública de jubilación. En efecto, basta con cotizar 15 años para logar el derecho a una pensión indefinida. La ventaja financiera crece porque, aunque la cotización sea mínima, el Estado complementa las pensiones más bajas.

En la medida en que todos estos factores, en un grado u otro, han logrado que aflore mucho empleo en este período sin que, simultáneamente se haya producido, con el mismo ritmo, un blanqueamiento de la actividad, de la cifra de ventas, la resultante es un descenso estadístico de la productividad; resultado automático en la medida en que la productividad es, simplemente, la consecuencia de dividir el PIB obtenido en un período por el número de trabajadores ocupados en ese mismo período. Esta interpretación tiene, además, un apoyo de lógica económica, pues en las empresas en que se afloren salarios y cotizaciones sociales, pero no actividad ni cifra de negocios, se reducen, contablemente los beneficios fiscales, lo que, aunque sea económicamente incongruente en caso de inspección fiscal, significa un incentivo para aflorar empleo.

C) Liberalización de sectores y privatización de empresas públicas.

El conjunto de empresas públicas españolas, aunque situadas en sectores estratégicos, nunca tuvieron un peso excesivo en términos de PIB; ciertamente, el sector público español siempre ha sido menor que el de la mayoría de los países europeos. Al tiempo, algunos sectores habían comenzado el proceso de liberalización hacía muchos años, en particular, el sector financiero que comenzó la liberalización en 1978.

La privatización de la mayor parte del sector público empresarial, acompañada, o no, de suficiente liberalización, ha contribuido a ampliar los mercados de capitales en un momento clave en el que los inversores han tenido ahorro suficiente para invertir en valores, además de en bienes inmuebles.

D) Reducción del poder sindical.

Durante muchos años el enorme poder sindical, que fue capaz de convocar cuatro huelgas generales en apenas diez años, fue uno de los cánceres de la economía española. La conciencia de que ese poder sindical, y su utilización para imponer mayores salarios y mayor gasto público, terminó provocando una crisis económica profunda -junto con una política económica incoherente y un paro del 25%, que minó la credibilidad sindical. Por otra parte, el poder sindical ha descansado en las plantillas de las empresas públicas. La rápida privatización ha privado a los sindicatos de resortes de coacción muy importantes. Finalmente, la política de acuerdos con los sindicatos, a que se ha hecho referencia, ha contribuido a transformar los sindicatos en organizaciones algo menos politizadas.

E) La imposición directa: Modificación del IRPF y del Impuesto sobre el patrimonio.

La imposición directa, tras las reformas de cuatro años, del 96 al 2000, se ha moderado, siendo hoy menos del 50% del total de la recaudación.

El primer efecto de este cambio ha sido, sin duda, como se ha expuesto, contribuir al afloramiento de parte de la economía sumergida.

En segundo lugar, la modificación de la imposición sobre las plusvalías, aprobada en 1996, fue una forma contundente de acelerar la importancia del mercado en la economía española. Con la legislación anterior se propiciaba la congelación en la toma de decisiones. Las inversiones se mantenían inamovibles por razones de tipo fiscal, provocando un retraso generalizado en la toma de decisiones y una mala asignación del ahorro. Ahora, aunque la nueva legislación haya significado, en la práctica, un aumento de la presión fiscal, los precios de los factores de producción y de todos los valores mobiliarios reflejan mucho más certeramente la valoración del riesgo y la incertidumbre de cada momento. Queda por resolver la penalidad que implica la imposibilidad de cambiar de fondo de inversión sin hacer una liquidación fiscal, si se realiza antes de dos años de constituidos, aunque es de esperar que se solucione en la presente legislatura.

La modificación del impuesto del patrimonio, donaciones y sucesiones para los propietarios de empresas familiares, cambio impuesto por Convergencia y Unió, ha sido, en cambio, un error, que se ha perpetrado en contra del programa electoral del PP de 1996, que declaraba que las grandes fortunas no recibirían un trato de favor. Hoy, suprimida la "transparencia" de las empresas familiares holding, es suficiente con tener un 5% del total del capital de una empresa activa, junto con otro complejo conjunto de circunstancias, para estar exento del pago del 100% del impuesto del patrimonio, y del 95% del de donaciones y sucesiones, mientras que el que invierte en valores cotizados en bolsa, donde difícilmente se pueden alcanzar esos porcentajes, o en cualquier otro tipo de activos financieros o reales, carece de bonificación alguna.

La rebaja del tipo marginal al 48% se hizo en un momento complicado, cuando en casi toda Europa gobernaban partidos de izquierda y el gobierno francés defendía el mantenimiento de la presión fiscal directa, la intervención en la economía, la conveniencia de contar con un sector público empresarial y la semana de las treinta y cinco horas.

El éxito de la rebaja del IRPF, además de contribuir a aflorar empleo, ha puesto de manifiesto que una reducción de los impuestos no tiene porqué resultar en una pérdida de recaudación cuando los tipos impositivos son muy altos; los resultados positivos para la recaudación han significado un triunfo para la economía española y un ejemplo a imitar por otros países. Sería aventurado avanzar la causa, pero en la decisión del canciller alemán Schreder de rebajar el IRPF, además del Impuesto de Sociedades, ha debido influir el buen resultado de la reforma impositiva española.

Desgraciadamente, no se ha reducido el impuesto sobre el patrimonio, que puede alcanzar el 80% de la renta personal, en flagrante violación del mandato constitucional, que prohíbe los impuestos confiscatorios, y que contribuye a un ejercicio, no rentable socialmente, de ingeniería patrimonial y de artilugios para rebajar los valores patrimoniales a los que se aplica el impuesto sobre el patrimonio, el más alto del mundo.

F) Apertura de la economía al exterior.

La economía española era la economía de las más cerradas de Europa a finales de los años cincuenta, tras los países del socialismo real. La apertura comienza con el plan de estabilización de 1959. El camino hasta la total apertura, algo muy parecido a lo que tenemos en la actualidad, ha durado cincuenta años. Pero la gran aceleración ha ocurrido en los años noventa. En 1991, la apertura de la economía, medida por lo que representan la suma del porcentaje de las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios en relación al PIB alcanzaba el 37%; en 1999, esa misma suma ha alcanzado el 68% del PIB.

Eso significa que la economía española es más abierta que la de Francia y Alemania, como corresponde a nuestro menor tamaño, y mucho menos que las pequeñas economías centroeuropeas, como Holanda y Bélgica, que sirven de almacén y centro de distribución de mercancías para toda Europa. Significa, y es lo más relevante desde un punto de vista económico, que las decisiones de inversión, los precios y los salarios, se fijan en un mercado cada vez más internacional, con más competencia, menos intervención pública y donde los empresarios saben que no tienen poder para proteger sus mercados interiores, ni para ganar mercados de exportación, a menos que sean más competitivos que las empresas del resto de los países.

La apertura económica es un freno permanente a cualquier veleidad de intervención pública. Es imposible, en una economía donde los precios se fijan en el mercado internacional, intentar controlar cualquier mercado; simplemente no hay recursos; excepto que se vuelve a la implantación de fronteras, aranceles y cupos de importación y exportación.

La seguridad de los inversores, la confianza en que la competitividad es el único factor a considerar a la hora de tomar una decisión, se acrecienta en una economía abierta. En este tipo de economías hay más capital, es mayor la posibilidad de acudir a las bolsas para financiarse y son más bajos los tipos de interés que en una economía cerrada, intervenida y protegida.

G) El ahorro financiero de las familias.

Hacia principios de los 90 el ahorro financiero de los españoles se invertía, básicamente, en depósitos a la vista y a plazo, inversión en deuda pública, unas mínimas cantidades en fondos de inversión, pensiones o seguros de vida a largo plazo y una reducida cantidad en acciones cotizadas. A lo largo de los años noventa esta situación ha cambiado drásticamente: Los depósitos continúan siendo importantes, pero no son ya el principal destino de la inversión de los ahorradores españoles.

Hoy, la suma de fondos de inversión, de fondos de pensiones, de seguros de vida a largo plazo, de planes de pensiones de las empresas -obligados a externalizarlos en 2001- suman, al menos, 64 billones de ptas., el 69% del PIB, frente a menos del 5% del PIB que representaban esos instrumentos en 1990.

Que el ahorro haya pasado de instrumentarse mayoritariamente en depósitos y deuda pública a hacerlo en fondos de todo tipo significa pasar de la absoluta liquidez para atender a las necesarias transacciones diarias al auténtico ahorro. Por supuesto que esos fondos se invierten después en deuda pública, renta fija y variable, nacional e internacional, pero lo determinante, desde este punto de vista, no es tanto el objeto último de inversión cuanto el volumen de ahorro disponible con cierto grado de permanencia. Y desde este punto de vista hemos pasado del 5% al 70% del PIB. Nuevamente, si lo comparamos con otros países europeos nos encontramos con que ese porcentaje es más alto en España que en Francia o Alemania, países en los que las familias confían de forma exagerada en la solvencia a largo plazo de los respectivos Estados de Bienestar, que, supuestamente, serán capaces de satisfacer todas las necesidades personales futuras. La evolución está siendo muy diferente en España; nos acercamos a planteamientos personales, familiares y públicos más cercanos a los de los países anglosajones, Gran Bretaña y Estados Unidos, donde ese porcentaje del ahorro financiero en relación al PIB es sustancialmente superior al del continente europeo y al de la propia España.

H) El volumen de la capitalización bursátil

A principios de los noventa, el valor total de la capitalización bursátil apenas suponía el 5% del PIB. A finales de 1999, la suma alcanzaba más de 60 billones de pesetas, en torno al 65% del PIB. El que se haya alcanzado ese porcentaje del PIB en capitalización bursátil significa que un porcentaje alto de la economía española se rige por las leyes del mercado, y que las decisiones se toman en virtud de los intereses estratégicos de las empresas, y sus accionistas y no de supuestos intereses nacionales, imposibles de concretar y distorsionadores de la asignación de los recursos de la economía.

El hecho de que el grupo Telefónica signifique el 50% de la capitalización del IBEX 35 y que, en conjunto con otras empresas, como Repsol, BSCH y el BBVA, Endesa e Iberduero y el Banco Popular, alcancen el 70% de la capitalización bursátil no significa que el resto de la economía se rija por criterios diferentes. Las grandes empresas se interelacionan con el resto de la economía y fuerzan a las otras empresas menos grandes, PYMES y microempresas, a adoptar conductas que se ajustan a los movimientos de precios de los mercados respectivos.
En el entorno europeo, la capitalización bursátil de España es más alta que la de Francia o Alemania y mucho menor que la del Reino Unido; nuevamente, el modelo de crecimiento de España es claramente el anglosajón más que el del centro de Europa.

I) El saldo de inversiones directas, extranjeras y españolas.

Por primera vez en nuestra historia económica, la economía española invierte más en el exterior que el resto del mundo lo hace en España. Este balance positivo se produjo por primera vez en 1997 y desde entonces no ha parado de incrementarse. Hasta principios de los años noventa la economía española necesitaba del ahorro y la inversión extranjera para mantener sus equilibrios. Desde hace tres años, en un proceso que parece consolidado, nuestra economía es exportadora neta de capitales materializados en inversiones directas o de cartera. Un fenómeno interelacionado con todos los anteriores, el ahorro financiero, la capitalización bursátil, la liberalización y la privatización de empresas públicas.

Las principales empresas inversoras en el exterior se corresponden con los sectores más capitalizados en la propia España, bancos, eléctricas, telecomunicaciones, energía, química y constructoras, que han buscado mercados exteriores para crecer, ante la dificultad de lograr economías de escala en la economía española y sobre la base de que, aunque no hay una tecnología punta en la que apoyarse, si hay un know-how tanto más aprovechable y transmisible cuanto que la expansión se hace en empresas situadas en países iberoamericanos.

Al mismo tiempo, esta reciente experiencia nos está permitiendo ser mucho más permisivos y abiertos para otras iniciativas extranjeras, que no se encuentran, si deciden comprar empresas españolas, con los problemas que muchas empresas españolas se han encontrado en Portugal y en la propia Francia o Italia.

España tiene una experiencia positiva de lo que significa la globalización, tanto en sus inversiones en el exterior como en el grado de apertura de la economía y ha experimentado que la globalización, lejos de ser un obstáculo, es una asignatura imprescindible para poder competir, crecer y crear empleo. Es una asignatura exigente, porque obliga a mantener la competitividad, controlar los costes internos, reducir los gastos públicos y renunciar a la "nacionalidad" como factor determinante de las decisiones, que tiene que ser sustituida por el interés de los consumidores, los empresarios, los accionistas; y todos los ciudadanos se encuadran en alguna, o en todas, de esas categorías. La eliminación del nacionalismo económico tiene también repercusiones políticas y explica porqué al nacionalismo vasco o catalán no se ha contrapuesto un nacionalismo español, sino la defensa de los valores personales sobre los que se asienta el estado de derecho.

J) La importancia de la inmigración.

Ya se ha hecho mención a que la inmigración es un hecho consolidado en España desde hace algunos años. Las proyecciones demográficas de distintos organismos internacionales, según los cuales la población española será de 30 millones de personas en el año 2050, de persistir el actual nivel de natalidad no tienen en cuenta, porque no pueden hacerlo metodológicamente, el volumen de la inmigración.

Lo más razonable es pensar que la población española no va a descender en ningún momento en los próximos años. Lo lógico es que se mantenga; lo que implica la absorción de entre 10 y 15 millones de inmigrantes en los próximos cincuenta años. Una transformación demográfica de este volumen es un reto de primer orden. Enfrentarse a él requiere políticas activas que favorezcan la llegada de los más próximos culturalmente y de los que aportan los conocimientos necesarios para el país en cada momento.

Si repasamos las consecuencias de la inmigración en los países europeos en que se ha producido, nos encontramos, en casi todos los casos, con que ha dado lugar a la aparición de sentimientos xenófobos y de partidos de ultraderecha. Poco, en este sentido tradicionalmente se puede aprender de los países europeos. Las enseñanzas hay que buscarlas en los países receptores de inmigración. Es el caso de Estados Unidos, Canadá y Australia, que han modulado la entrada de inmigrantes en sus respectivos países en función de su formación, su origen y su cultura.

K) Las carencias científicas, tecnológicas y en innovación.

El retraso científico y tecnológico español es consecuencia del aislamiento internacional y de un desarrollo económico basado en mercados protegidos, que se repartían en régimen de monopolio u oligopolio. La consecuencia, hoy, cuando el país se ha abierto al exterior, es que no hemos tenido más remedio que adquirir e incorporar la ciencia y la tecnología desarrolladas en el exterior.

La ciencia se sigue creando, en el resto del mundo, en Universidades e instituciones científicas, de patrocinio público y privado que han contado, a lo largo de décadas, con una enorme cantidad de recursos que se han traducido en conocimientos y descubrimientos. España es una recién llegada a este mundo de la ciencia. Una mayor autonomía científica sólo será posible si se dedican muchos más recursos a la investigación básica; recursos que sólo pueden provenir de los presupuestos públicos, pues las donaciones a entidades científicas no cuentan con ninguna ventaja fiscal que justifique las posibles donaciones. Aunque no es en absoluto despreciable el número de investigadores existentes en España, su estatuto de funcionarios o, en el otro extremo, su absoluta inestabilidad laboral, impiden obtener un rendimiento adecuado a sus conocimientos. Es preciso multiplicar los recursos y combinarlos en proyectos multinacionales. Y tener mucha paciencia.

La ausencia, salvo honrosísimas excepciones, de la ciencia básica y de la investigación de las instituciones españolas durante siglos, no se pueden borrar de un brochazo. Sólo la combinación de tiempo, dinero, investigadores, flexibilidad laboral y colaboración internacional, podrán contribuir a superar nuestro retraso. La desventaja de España en este campo es abrumadora y afecta al futuro económico, pues nos cierra las posibilidades de encabezar actividades que van a ser los motores del siglo XXI, la genética, la bioquímica, y las ciencias de la información.

Igualmente lamentable es la situación tecnológica. La mayor parte de los desarrollos tecnológicos se han producido en entramados industriales de países que cuentan con empresas grandes, medianas y pequeñas, abundante capital y libertad de funcionamiento. El aislamiento del mercado español no ha permitido la existencia de grandes empresas; las mayores han sido, habitualmente, monopolios público, u oligopolios, que se repartían el mercado, pero no tenían incentivos para innovar. Las otras empresas grandes españolas son filiales de multinacionales, como las del sector automóvil, básico en la economía española, pero que hacen la investigación y el desarrollo en otros lugares.

La iniciativa de ampliar los beneficios fiscales no sólo a la I + D, sino a la innovación, (tal y como se contempla en los presupuestos públicos para 2000) un concepto mucho más amplio, en el que se inscribe la modernización de las empresas en términos generales, es una muestra de realismo.

De entre todos los retos a que se enfrenta la economía española las carencias en investigación, desarrollo tecnológico e innovación son, sin duda, los más difíciles, los que dan una enorme fragilidad a la economía española, porque no permiten ninguna desviación en los costes respecto a los de los competidores.

En definitiva, la tardía incorporación de España, como país y empresarialmente, a mercados más abiertos, libres y competitivos nos obligan a no perder de vista que nuestra economía compite, en general, sólo con precios y no con marcas, prestigio, y organizaciones comerciales; aunque hay excepciones, como el turismo, donde, al cabo de los años, se ha creado una tecnología que fortalece el sector y permite -como no podía ser menos- simultáneamente, su expansión internacional.

L) La integración en el euro.

El rigor económico que se inició en 1995, permitió cumplir los criterios de convergencia sin dificultad. España, inesperadamente, entró en el euro con otros diez países. No conviene olvidar, sin embargo, lo que implica la desaparición de la peseta. El gobierno no dispone de política monetaria y, en la práctica, tampoco de política fiscal. A cambio, disfrutamos de tipos de interés extremadamente reducidos. Aunque dados los diferenciales de inflación y el hecho de que la política monetaria europea siempre se acomodará a los intereses de Alemania y Francia, los países mayores y más estables de la Unión, tenderán a existir factores inflacionistas que, si se concretan en inflación, podrían hacernos perder la competitividad frente a estos países.

M) El acuerdo con la U.E. en fondos estructurales y de cohesión.

Como consecuencia de los acuerdos alcanzados en el seno de la U.E., y durante siete años, la economía española dispondrá de fondos estructurales y de cohesión, que le permitirán tener un saldo total neto favorable entre ingresos y pagos comunitarios de alrededor de 1 billón de pesetas anuales. El 1,2% del PIB español. Unas transferencias muy importantes, que permitirán la construcción de infraestructuras para mantener, o aumentar, la productividad de nuestras empresas.

N) La peso del gasto público en la economía.

En 1993 el gasto público llegó a representar el 49,5% del PIB. En la actualidad se sitúa en torno al 42%.

Cuando se alcanzó el 49,5% de gasto público (con un déficit del 7%), imposible, pues, de financiar con impuestos, la economía española se distorsionó gravemente, obligando a adoptar una política de altos tipos de interés, imprescindible para colocar la deuda pública que se generaba.

El mayor éxito económico y político del PP es haber sido capaz de reducir el gasto público hasta el entorno del 42% del PIB, eliminando casi completamente el déficit público y las distorsiones que éste introducía en la economía.

De entre todos los países europeos que han hecho un esfuerzo extraordinario para cumplir los criterios de convergencia, primero, y adoptar, después, un programa de estabilidad que redujera todavía más el déficit, España es uno de los pocos que lo ha logrado manteniendo la presión fiscal.

Otros países, como Francia y sobre todo Italia, se han visto obligados a subir la presión fiscal para cumplir los criterios. En el caso de España, estamos hablando de una reducción de 7 puntos en el gasto público, lo que nos acerca a países como el Reino Unido, que tiene el 40% de gasto público y de USA, con el 36%, y nos aleja de la terrible influencia de Alemania, con el 48% y, sobre todo, de Francia, donde alcanza el 52% del PIB.

En España, con un gasto público de alrededor del 42% la economía funciona, se ahorra, se invierte y se acumula capital privado; una presión fiscal mayor y un gasto público mayor ya han demostrado que significan la ruina de las empresas y el estancamiento económico.

IV.- LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL SIGLO XXI

Los retos a que se enfrenta la economía española en el siglo XXI son radicalmente distintos a los que han ocupado el interés y la energía de políticos y economistas en los últimos veinticinco años.

A explicar como se ha producido el cambio que ha experimentado la economía española se ha dedicado una parte sustancial de la exposición anterior.

Quizá habría sido más interesante centrarse, desde el principio, en los retos pendientes, pero he creído que era imposible hacerlo sin explicar, previamente, el proceso por el que ha cambiado la economía española.

Nuevamente, sin ánimo de ser exhaustivo, he clasificado en distintos apartados, las políticas que será necesario aplicar para mantener, y hacer aumentar, el nivel de vida de todos los que viven en España.

A) LA POLÍTICA ECONÓMICA EN SENTIDO ESTRICTO.

Es la que resulta de aplicar una determinada política monetaria, fiscal y regulatoria de la actividad económica.
España no tiene política monetaria propia. Y de la política monetaria dependen el crecimiento crediticio y los precios. La política monetaria del euro tenderá a adaptarse a las necesidades de Francia y Alemania, los dos países con mayor peso económico y relativo en la zona euro.

La economía española ha sido tradicionalmente más inflacionista que la de Alemania y Francia; en parte por su aislamiento, por la ausencia de auténticos mercados, por la falta de libertad de precios y salarios y la permanencia de situaciones de monopolio y oligopolio en muchos mercados. Hemos visto como esos defectos de funcionamiento se han corregido en parte, por lo que este factor diferencial podría no ser tan grave en el futuro.

En la actualidad, sin embargo, el ciclo económico español tiene un grado de avance temporal superior al de la mayoría del resto de los países europeos. A la economía española le convendría una política monetaria más estricta, que limitara el crecimiento del crédito. Lejos de ocurrir esta limitación estamos asistiendo a un relanzamiento del crecimiento del crédito interno -que crece a principios de 2000 al 20%-, que genera aspectos positivos, como un mayor crecimiento del PIB y del empleo, y efectos perniciosos, como una mayor tasa de inflación.

Hasta cierto punto es inevitable que la economía española tenga, en el futuro, tasas de inflación mayores que las de Alemania y Francia; Portugal e Irlanda nos acompañan en esta evolución. Esa evolución es fruto, tanto de una política monetaria laxa como de la tendencia, en cualquier unión monetaria, a que los países que tienen menores niveles de precios tiendan a igualarse con los que los tienen más altos.

Si esta es una tendencia inevitable, como parece, el objetivo básico de la política económica española tendrá que ser que nuestra productividad crezca más rápidamente que nuestros precios.

Por supuesto que algo pueden moderarse las tensiones en los precios; en primer lugar, con una política fiscal muy estricta, que logre superávit presupuestario ya en 2000. Aunque no está probado que estos superávit contribuyan decisivamente a controlar la inflación, sin duda, a largo plazo, ayudan a enfriar la demanda global de la economía.

En segundo lugar, puede introducirse mayor competencia en todos los mercados de factores de producción, bienes y servicios, para que aumente la oferta de todos ellos y el exceso de demanda no se traduzca en aumento de precios sino en crecimiento económico y en empleo.

Este es el campo de las reformas estructurales, un campo infinito porque los deseos de monopolizar los mercados, a ser posible, incluso, con el apoyo de la ley, es una constante del comportamiento de los empresarios y capitalistas, en connivencia con los gobernantes. A los gobiernos compete asegurar la competencia, la desregulación de los mercados y el control de los manipuladores, o propietarios, de factores, bienes o servicios.

No merece la pena hacer la lista de cuales son los mercados más importantes. Simplemente mencionar el mercado de trabajo, el del suelo, la energía, los carburantes y los transportes, entre muchos otros.

La política económica, pues, en sentido tradicional, quedará reducida a hacer reformas estructurales que permitan la competencia y a llevar a cabo una política fiscal que asegure la consecución de superávit fiscales y la disminución de la deuda pública.

B) EL SISTEMA EDUCATIVO.

El crecimiento económico en el siglo XXI va a depender de la flexibilidad económica y de la posibilidad de introducir las nuevas tecnologías de la información, la biotecnología y genética.

Para que el crecimiento de la productividad, que generan y generarán, esos nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, sean posibles, es necesario que la mano de obra se prepare adecuadamente.

Tendrán que modificarse los planes de estudio, la preparación del profesorado y el nivel de conocimiento de los alumnos de formación profesional y universitaria. La oferta tendrá que adaptarse a la demanda. No será posible seguir produciendo universitarios con escasa preparación y escasa adaptación a la demanda de puestos de trabajo.

Es seguro que esa adaptación será imposible con el actual sistema universitario, funcionarial, público y rígido.

C) LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Es muy difícil forzar la investigación y el desarrollo sin una sólida base empresarial y una serie de instituciones acostumbradas a dedicar parte de sus recursos a la investigación y el desarrollo de nuevos productos. En este sentido, la historia económica de España conspira contra la posibilidad de recuperar, rápidamente, el terreno perdido en muchas décadas de aislamiento y proteccionismo.

No es suficiente, y puede ser negativo, decidir, políticamente, que el conjunto de gastos en I + D + I en España va a incrementarse hasta alcanzar el 2% del PIB. Si se hace con excesiva rapidez, sin lograr una participación activa de las empresas, se corre el riesgo de transformar un sacrificio presupuestario en una pura transferencia de fondos a las empresas.

En cualquier caso, si puede crecer, con rapidez, el gasto dedicado a la ciencia básica y a la preparación y el aprovechamiento de nuestros científicos, tanto en instituciones públicas como privadas.

D) EL SISTEMA JUDICIAL.

La economía moderna, globalizada, necesita resoluciones judiciales rápidas. Si un sistema judicial no funciona con eficacia y rapidez, disminuirá la financiación global para las empresas instaladas en ese país. Hasta ahora, ha sido un factor imprescindible para el desarrollo, como lo son el resto de las instituciones que hacen posible la democracia y la economía de mercado; pero, supuesto que ya se ha conseguido un determinado nivel de desarrollo, uno de los factores que más influirá en la atracción o la huida de capitales, será el funcionamiento de la justicia.

Hay sectores completos de la economía española que no se han desarrollado como consecuencia de la literalidad de las leyes y del funcionamiento de la justicia. El principal, el de las viviendas en alquiler, un sector clave para logar la movilidad de la mano de obra joven, poco productiva y poco preparada, y la integración de una población inmigrantes que se ve obligada, en general, a vivir en la marginalidad.

E) LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO.

No se trata de forzar una incorporación no querida, sino de lograr que la mujer que quiera, en especial la mujer casada, pueda trabajar si lo desea. Se ha mencionado que el nivel de desempleo de la mujer es del 21% a nivel de toda España y que su nivel de actividad es de apenas el 39%. El pleno empleo de los hombres en muchas regiones de España actuará como el mejor acicate para que los empresarios se decidan a dar empleo a la mujer. Pero, legalmente, es necesario introducir modificaciones que flexibilicen la utilización del contrato a tiempo parcial que, en muchos países europeos, es el que utilizan, con preferencia las mujeres casadas. En España, los contratos a tiempo parcial son el 8% del total; en el promedio europeo significan el 20%.

Simultáneamente, sería necesario desgravar fiscalmente el nacimiento de hijos, sin creer que los problemas de natalidad van a resolverse por esta vía, pero haciendo un poco menos difícil, económicamente hablando, la vida de las familias que decidan tener hijos.

F) LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN.

Ya se han hecho repetidas menciones a la necesidad y la realidad de la inmigración.

Durante el previsible futuro, España va a ser un receptor neto de inmigración, hagan lo que hagan las autoridades españolas. El reto es conseguir que los inmigrantes que lleguen a España lo hagan legalmente, como ciudadanos, contribuyentes y con todos sus derechos políticos, económicos y laborales. Lograrlo es política de gobierno, más que ninguna otra.

Habrá que pensar en cuántos, de dónde, con qué preparación, con qué grado de permanencia, y dónde se van a establecer; con qué sistema educativo que ayude a la integración y a la productividad, con qué viviendas, con qué derechos sociales y económicos.

Una política de inmigración es algo radicalmente nuevo en España. Hemos visto que, dada la evolución demográfica, es un fenómeno que ocurrirá en todo caso, necesario para cubrir la demanda de trabajo, para asegurar el crecimiento y como colectivo pagador de cotizaciones sociales para financiar la seguridad social.

G) LA COORDINACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Los ciudadanos españoles están sujetos a cuatro órdenes administrativas diferentes: el local, el autonómico, el nacional y el comunitario. Ha llegado el momento de fijar los elementos que dependen de las autoridades políticas españolas de una forma definitiva. Es necesario definir competencias y corresponsabilidad fiscal entre las distintas Administraciones españolas. Presumiblemente, el ámbito de competencias comunitarias continuará incrementándose, máxime si se produce la ampliación de la Unión Europea, y no será solo a costa de las competencias nacionales, sino, también, presumiblemente de las autonómicas.

H) EL ESTADO DE BIENESTAR.

La coincidencia, en el caso de España, de la extensión del Estado de Bienestar con la larga crisis económica de 1977 a 1994, ha puesto límites a las prestaciones del Estado de Bienestar. Aunque tengamos un sistema sanitario y educativo universal, y el sistema de pensiones públicas contributivas y no contributivas cubran la totalidad de la población mayor de 65 años y el sistema de prestaciones y subsidios de paro alcancen a toda la población que haya trabajado en algún momento, no se han cometido excesivas aberraciones, como las que han tenido lugar en Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia.

Hasta ahora, en España, y en menor medida en todos los países europeos, el sistema de protección social basado en la nacionalidad, sin medir exactamente la relación entre percepciones y contribuciones a nivel personal, ha sido el predominante.

El masivo apoyo popular que este sistema ha recibido por parte de las poblaciones de los países europeos está relacionado con la alta homogeneidad de sus pobladores. En la medida en que han aparecido grandes grupos de inmigrantes, con los mismos derechos que los aborígenes, se ha planteado la exigencia de adecuar, de personalizar, una relación entre prestaciones y contribuciones. Por supuesto que el problema existía igualmente con anterioridad a las grandes inmigraciones, pero no era tan visible.

El gasto social no tiene límite. El límite es una decisión política. Hasta ahora, en permanente lucha con el déficit público, no se planteaba donde fijar ese límite, porque el objetivo era rebajarlo. Ahora, en economías como la española, donde la política monetaria va a actuar de incesante impulsora de la actividad, hasta que se igualen precios y productividades, destaca, como imprescindible, la necesidad de lograr un superávit presupuestario. Decidir el volumen del superávit y el destino del mismo, tiene mucho que ver con la política de protección social.

Las presiones para ampliar, en estas circunstancias fiscalmente más favorables, el Estado de Bienestar, van a ser incesantes. Una política fundamental del gobierno será el fijar cuales son los límites, a qué se destina el posible superávit y como se evitan los errores que han cometido otros estados europeos y que les han hecho aumentar su gasto público hasta cifras cercanas al 50% del PIB.

V.- CONCLUSIÓN.

La transformación de una economía a economía de mercado y de un sistema político a estado de derecho es un proceso enormemente complejo y largo.

En España esa adaptación ha durado cuarenta años, si tomamos como fecha del comienzo del cambio la del plan de estabilización de 1959.

No sólo hay que modificar la legislación, que en definitiva es lo más sencillo, sino adoptar una serie de instituciones que sean respetadas por la inmensa mayoría de la población.

Esa transformación supone un cambio de hábitos de conducta, de comportamiento, una educación continua, una aceptación de la disciplina de mercado, que no resulta sencillo a sociedades aisladas, protegidas, intervenidas y jerárquicamente dependientes de unos poderes públicos no responsables ante la población.

En mi opinión, la transición política española ha terminado con el siglo, y, en consecuencia, nuestros problemas son radicalmente diferentes de los que nos han ocupado durante los últimos veinticinco años.

Sobre todo se ha adaptado el sistema productivo. De un sector agrario donde trabajaba el 22% de la población ocupada se ha pasado a una sociedad industrial y de servicios, donde el sector agrario emplea al 7% del total y aporta sólo el 2,9% del PIB. La población española se ha adaptado a esta nueva realidad. La educación es cada vez más importante; se ha reducido la natalidad; se recurre a la inmigración para cubrir ciertos puestos de trabajo, como hicieron las sociedades europeas más desarrolladas en los años sesenta y setenta.

Una vez reconocida la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, como forma de facilitar el funcionamiento normal de la economía, el énfasis hay que ponerlo en asegurar el funcionamiento, sin interferencias, del estado de derecho y del mercado.

Los objetivos políticos y de política económica tiene que adaptarse a esta nueva realidad, la de un país moderno, cada vez más viejo, post-industrial y de servicios, integrado en Europa y relativamente estable.