Chile y el populismo constitucional

Presentación del autor en la conferencia La Libertad y sus Desafíos, organizada por Libertad y Desarrollo en el marco de su 25º aniversario.

Es un honor y un gran placer estar hoy con ustedes celebrando los 25 años de una institución tan amiga y querida como Libertad y Desarrollo.

Quiero dedicar mi intervención a uno de los principales desafíos contemporáneos a la libertad. Me refiero al riesgo de que la democracia sea usada contra la libertad, llevándonos a aquella tiranía de la mayoría, o del caudillo que pretenda representarla, sobre la que tantos pensadores nos han advertido desde que Alexis de Tocqueville acuñase el término en la primera mitad del siglo XIX.

La relevancia de este peligro es evidente en América Latina y es justamente por ello que hemos celebrado con tanto entusiasmo las derrotas electorales del peronismo y el chavismo, que son las dos expresiones arquetípicas en nuestra región del uso de las mayorías electorales para crear un poder prácticamente ilimitado que termina conculcando los derechos y las libertades ciudadanas.

Por su parte, Chile ha tenido una tradición política y constitucional diferente que parecía protegernos tanto del caudillismo como de este tipo de abusos de la democracia. Lamentablemente, esto ya no es así. Con las demandas de convocar una asamblea constituyente que refunde el país y, no menos, la reciente apertura del así llamado "proceso constituyente" hemos entrado de lleno en un conflicto decisivo para el futuro de Chile entre dos concepciones de la democracia: la liberal y la iliberal o antiliberal.

Quisiera profundizar algo más en este conflicto antes de pasar a referirme a la actualidad chilena y la irrupción, en nuestro país, de lo que podemos llamar populismo constitucional.

El uso radicalmente opuesto de la democracia, ya sea para reguardar o para amenazar la libertad individual, ha sido una característica de lo que a nivel internacional se ha denominado, usando un concepto acuñado por Samuel Huntington, "tercera ola de democratización".

El espectacular desmoronamiento de las dictaduras de izquierda o de derecha acaecido a partir de mediados de la década de 1970 dio origen, inicialmente, a un gran optimismo basado en el supuesto de que lo que estábamos presenciando era una evolución hacia formas democráticas similares a aquellas que habían caracterizado a las democracias occidentales.

Sin embargo, muy pronto se pudo observar que en muchas de las nuevas democracias los mecanismos democráticos tendían a ser usados para crear un poder político prácticamente ilimitado. Se trataba del surgimiento de un nuevo autoritarismo, abalado esta vez por mayorías electorales.

Ya en 1997 Fareed Zakaria, editor de la revista Foreign Affairs, dio la señal de alarma en un célebre ensayo titulado El auge de la democracia iliberal. En él, Zakaria hizo una predicción que, en términos generales, ha mostrado ser correcta. A su juicio, los grandes conflictos políticos del siglo XXI no serán, como aquellos del siglo XX, entre democracia y dictadura, sino dentro de la democracia, entre la concepción liberal y aquella iliberal de la misma.

Ahora bien, cabe apuntar que esta tendencia de la democracia a no aceptar ningún límite y adoptar formas reñidas con la libertad tiene una larga historia. Fue justamente esa tendencia la que terminó hundiendo el primer experimento democrático conocido: aquel de la Atenas clásica, que finalmente se transformó en una herramienta de poder de aquellos demagogos que un día lograron la condena de Sócrates a la muerte.

A su vez, el peligro de un autoritarismo mayoritario que pase a llevar las libertades individuales estuvo en el centro de las preocupaciones de los padres de la primera gran democracia moderna, la de los Estados Unidos. Pocos han reflexionado tanto sobre la necesidad de la democracia de autolimitarse para no transformarse en enemiga de la libertad como James Madison, Alexander Hamilton y Thomas Jefferson.

La solución a la que arribaron fue la creación de un complejo sistema constitucional de división del poder y controles y contrapesos entre las distintas instancias gubernativas, complementado con una carta de derechos individuales de rango constitucional. Este conjunto de protecciones contra la concentración del poder y los humores temporales de la mayoría fue, a su vez, resguardado por la exigencia de altísimas mayorías calificadas para poder efectuar cambios constitucionales. Por ello es que en los últimos dos siglos sólo han sido aprobadas 15 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos.

La tensión entre libertad individual y poder colectivo constituye, como se observa, el dilema eterno de la democracia, pero hoy se agudiza por la existencia de un creciente número de partidos, movimientos y líderes autoritarios e incluso totalitarios que buscan llegar al poder por la vía democrática. Esto ha ocurrido frecuentemente en el mundo musulmán, América Latina y Europa del Este, pero también puede ocurrir en Europa Occidental, como lo atestigua el rápido ascenso de un nuevo populismo y nacionalismo radical y autoritario tanto de izquierda como de derecha.

La lección que todo esto nos deja es de la mayor importancia para el futuro de Chile. Durante los últimos años ha existido una fuerte agitación en favor de la adopción de formas democráticas donde el poder de la mayoría no conozca límites ni cortapisas. La forma más radical de este tipo de ideas es la propuesta de una asamblea constituyente, donde todo el poder estaría concentrado y Chile sería refundado de acuerdo a los humores de la mayoría que se diese en ese momento. Este ha sido, como sabemos, el camino seguido por los experimentos autoritarios latinoamericanos de inspiración chavista y basta ver en qué estado se encuentra Venezuela para entender la peligrosidad de un experimento semejante.

Es en este contexto que, a mi juicio, debemos enmarcar el así llamado proceso constituyente recientemente lanzado por el Gobierno y sobre el cual quisiera decir algunas palabras.

Lo primero que cabe señalar al respecto es que lo único importante de este proceso es su primera fase, que se extenderá hasta el cierre del mandato de Michelle Bachelet. Esta fase es la única que con seguridad se realizará ya que todo lo demás va a depender de un nuevo Presidente y un nuevo Congreso, que perfectamente pueden descartar todo lo hecho por la Presidenta actual.

Ahora bien, esta primera fase del proceso constituyente nos invita a participar en un insólito procedimiento ad hoc de carácter extra constitucional, una invención extra institucional que encierra todos los rasgos constitutivos del populismo y el uso iliberal de la democracia.

El núcleo de esta fase inicial del proceso constituye es la formación de lo que se ha denominado "cabildos ciudadanos", los que, después de una fase inicial de "educación cívica", funcionarán entre marzo y octubre del próximo año.

Estos cabildos, que de acuerdo al plan del Gobierno se realizarán a nivel comunal, provincial y regional bajo formas aún no especificadas, partirán de lo que el ministro responsable del proceso, Nicolás Eyzaguirre, ha definido como "una hoja en blanco" donde "la gente" expresará sus sueños sobre el Chile futuro e "imaginará" la Constitución que quiere.

Citaré sus palabras ya que son muy ilustrativas: "Lo que queremos es que por lo menos el sentido, la intuición de cuál es el país que queremos construir, venga desde la gente (...) En los cabildos vamos a invitar a la gente a que imagine la Constitución que quiere. En ese sentido, es a partir de una hoja en blanco" (La Tercera, 25/10/2015).

Se trata, sin duda, de algo sin paralelos por su evidente falta de seriedad. Se abre un proceso de formas indefinidas y a costo cero, es decir, sin siquiera tener que formular propuestas concretas sobre el contenido de la nueva Constitución evitando así todo debate sobre el fondo del asunto. Todo queda confiado a la imaginación de la gente, como si crear constituciones fuese una especie de sesión de sicoterapia en la que nos pondrán en el diván de los cabildos ciudadanos y nos pedirán, como lo haría Freud, que digamos lo primero que se nos ocurra y expresemos libremente nuestros deseos.

Es, en buenas cuentas, una invitación a un "soñar no cuesta nada" en el cual se nos quiere embarcar para que, entre otras cosas, olvidemos lo que realmente afecta a los chilenos de hoy, es decir, una pésima gestión gubernamental.

Ahora bien, no hay que tomarse muy a la letra esto de la "imaginación" e "intuición" de la gente ya que, según se ha establecido en la hoja de ruta del proceso constituyente, ya en la fase inicial de educación cívica se nos enseñará a pensar correctamente en materias constitucionales.

Cito al respecto la infografía presentada por el Gobierno el 13 de octubre recién pasado: "Comenzaremos este proceso con una etapa de formación ciudadana para que todos y todas podamos conversar sobre la Nueva Constitución que queremos compartiendo los mismos conceptos".

Se trata de una declaración francamente preocupante ya que implica la existencia de algún tipo de comité, del cual nada se conoce, abocado a la insólita tarea de establecer el sentido unívoco de conceptos cuya definición es altamente debatida en el ámbito de la ciencia política.

Debe ser justamente por ello que se planea contratar a más de doscientos asesores que, antes de salir a educar a la gente, intentarán realizar una tarea tan impropia de un Gobierno como es establecer la definición correcta de los conceptos que deberemos usar en unos "diálogos ciudadanos" que, al mismo tiempo, pretenden ser abiertos y respetuosos de la diversidad de opiniones.

Ahora, dejando de lado este primer momento digno de la novela 1984 de George Orwell, pasemos a analizar más en detalle a los cabildos ciudadanos y su función. La verdad es que sobre la conformación y funcionamiento de estas entelequias, supuestamente supervisadas por el ya célebre Consejo Ciudadano de Observadores, nadie sabe nada, excepto que serán el escenario de la expresión de aquella "intuición ciudadana" que mágicamente llenará de contenido la hoja en blanco que el Gobierno le ha puesto enfrente.

De ello surgirá, nadie sabe cómo, un documento guía que llevará el ampuloso título de Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución.

Todo esto, evidentemente, no es más que farándula política, una trampa cazabobos de la que debemos cuidarnos. Bien se entiende que en los cabildos ciudadanos no se expresará la voluntad de "la gente", sino la de los activistas más movilizados. Cualquiera que haya estudiado el asambleísmo sabe que es lo menos democrático que pueda existir y da rienda suelta a los demagogos y a las minorías ideologizadas.

En suma, este supuesto método democrático de "ir a escuchar al pueblo" es una farsa antidemocrática con consecuencias peligrosas ya que su resultado puede ser, si lo aceptamos y legitimamos, el secuestro de la supuesta voluntad popular por las minorías vocingleras y radicalizadas.

Ahora bien, todo este circo político tiene un objetivo muy claro. Finalmente, tal como lo ha dicho el ministro Eyzaguirre con toda claridad, "la Presidenta va a tomar todo eso y va a presentar una nueva Constitución que la va a discutir el próximo Congreso" (La Tercera, 25/10/2015).

Aquí está el verdadero meollo del asunto. Esta es justamente la clave dramatúrgica típica del populismo: el pueblo se "expresa" y luego el líder, haciendo suyo el supuesto sentir ciudadano, le da forma concreta y formula su propuesta "a nombre del pueblo". Como tal, esta supuesta relación directa entre líder y pueblo es la forma clásica de construir un poder de carácter personalista, que puede desafiar y desautorizar los mecanismos propios de la democracia representativa, atribuyéndole a la voluntad de una persona una legitimidad que estaría por sobre las instituciones representativas.

La creación de una autoridad personal de tipo populista es el trasfondo y el gran peligro del mecanismo extra constitucional diseñado por el actual Gobierno para dar inicio al proceso constituyente. En este sentido, es bastante poco importante lo que hoy se diga y prometa acerca de la continuación legal de este proceso ya que su finalidad no es otra que la creación de un hecho político que, de facto, le abre las puertas a una nueva forma de usar o abusar de la democracia y su institucionalidad.

Por ello es que, a mi juicio, la oposición debe rechazar tajantemente cualquier invitación a tomar parte en el así denominado proceso constituyente. No existe ningún motivo serio para legitimar semejante invento extra constitucional, y sí muchas y muy buenas razones para denunciarlo como lo que es: un intento de desviar nuestra atención e introducir el populismo constitucional en Chile.

Ceder en este momento a la presión por abrirle paso al asambleísmo sería legitimar no sólo los propósitos manipulativos del actual Gobierno sino, lo que es aún más grave, allanarle el camino a futuros líderes de corte abiertamente populista que intentarán profundizar el uso personalista y anti liberal de la democracia.

Esto es, en el fondo, lo que hoy está en juego. Muchas gracias.