Sin libertad económica no hay paraíso

El índice de Libertad Económica en el Mundo elaborado por la Heritage Foundation y publicado en España por el think tank Civismo vuelve a ordenar a casi 200 países según su grado de capitalismo o socialismo. Este índice se ha convertido en los últimos años en referencia obligada para medir el grado de apertura de las naciones a las fuerzas dinamizadoras de la globalización.

Esta influyente publicación, creada en 1995, toma en cuenta distintos indicadores. Podemos agruparlos en cuatro pilares: Estado de Derecho, Tamaño del Gobierno, Eficacia Regulatoria y Apertura de los Mercados. Cada uno de estos indicadores incluye distintas mediciones. Por ejemplo, Tamaño del Gobierno engloba dos subíndices distintos: Libertad Fiscal (es decir, impuestos bajos) y Gasto Público.

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El planteamiento del Índice de Libertad Económica en el Mundo es sencillo. Como ya dijo en su día Adam Smith, "la existencia de unas instituciones básicas que protegen la libertad de los individuos para perseguir sus propios intereses económicos resulta en una mayor prosperidad para la sociedad". Los estudios publicados a lo largo de los veinte últimos años acreditan, efectivamente, que hay un vínculo entre más libertad económica y más bienestar social.

Así, de manera sistemática, los países con mayor libertad económica arrojan un mejor desempeño en los indicadores utilizados para medir el progreso. Esto queda acreditado cada vez que se comparan los resultados del Índice de Libertad Económica en el Mundo con otros rankings como el Índice de Progreso Social, del Social Progress Imperative, el Índice de Desempeño Medioambiental, de la Universidad de Yale, o el Índice de Democratización, de la revista The Economist.

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Además, los países más libres muestran también un mejor comportamiento en distintos indicadores que miden la calidad de vida, tales como la longevidad, la seguridad alimentaria, la salud de la población…

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Los modelos a seguir

Teniendo en cuenta que los mejor clasificados en el Índice de Libertad Económica en el Mundo logran también los resultados más favorables en dichas mediciones, conviene estudiar el diseño de los referentes capitalistas para comprender mejor los ingredientes de esta receta ganadora.

A la cabeza de la lista aparecen clásicos como Hong Kong o Singapur, pero cerca de ellos están otros países como por ejemplo Suiza, Irlanda, Estonia y Reino Unido. De hecho, entre los veinte primeros países de la tabla hay ocho naciones europeas como Alemania, Países Bajos… Por tanto, las lecciones del Índice de Libertad Económica en el Mundo son plenamente aplicables a los países de nuestro entorno.

Francia o Italia ocupan una posición mucho más discreta. Se sitúan, respectivamente, en el puesto 75 y 86. España se queda en el número 43, lejos de la zona noble de la clasificación. Muy por delante de nuestro país figuran, eso sí, los países nórdicos de los que tanto hablan algunos. Puede que esto llame la atención a quienes alaban a dichas naciones como un ejemplo de intervencionismo efectivo. Sin embargo, aquel viejo paradigma socialdemócrata se derrumbó hace décadas y hoy podemos encontrarnos a Dinamarca en el puesto 12, a Islandia en el 20, a Finlandia en el 24, a Suecia en el 26 y a Noruega en el 32. Frente al excesivo control económico que ejercían hace años, los nórdicos han adoptado reformas liberales de calado y, a pesar de que el gasto y los impuestos siguen siendo elevados, el marco económico al completo se ha beneficiado de un claro giro aperturista.

Gráfica 5: Clasificación mundial de Libertad Económica

El ejemplo en sentido contrario, que además supone la demostración empírica de los desastrosos efectos que tiene la ausencia de libertad económica, lo tenemos en Grecia, que se encuentra en un paupérrimo puesto 138. Donde sí tienen motivos para el optimismo es en Chile, que empezó a reformar su economía en la década de 1980 y, tras su transición a la democracia, adoptó un paradigma liberal que ha terminado por consolidar al país latinoamericano como una de las diez economías más liberales del mundo.

España en el ránking

España siguió también una trayectoria ascendente en el último cuarto del siglo XX, pero la década comprendida entre 2005 y 2015 se ha caracterizado por el abandono de la senda reformista y la consolidación de un peligroso estancamiento en el Índice de Libertad Económica en el Mundo.

Nuestro país ocupa hoy el puesto 17 en el Índice de Democratización que elabora la revista The Economist. De hecho, somos uno de los escasos 25 países que la prestigiosa publicación considera plenamente democráticos. Sin duda, este logro no se explica sin las reformas políticas de las décadas de 1970 y 1980, que llevaron a España a entrar en la Comunidad Económica Europea en 1986. El PIB per cápita se disparó del 70% al 90% del PIB de la Europa de los 15. La inflación bajó del 9 al 3% y la deuda pública se mantuvo estable, pasando del 42% al 37% entre mediados de la década de 1980 y la primera década del siglo XXI.

En la segunda mitad de la década de 1990, los gobiernos de José María Aznar aprobaron políticas de liberalización que se tradujeron en una mejoría en el Índice de Libertad Económica en el Mundo. Entre 2004 y 2008, la "burbuja" inmobiliaria empezó a retrasar la aprobación de nuevas reformas y contribuyó a minar las bases del crecimiento de España.

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La crisis financiera puso de manifiesto las debilidades inherentes a un sistema en el que se había abandonado la senda reformista y se había apostado por seguir las promesas del crecimiento artificial. Con unos ingresos públicos dopados, sin hacer las reformas necesarias, se construyó un castillo de naipes que terminó por derrumbarse. Porque el estallido de la "burbuja" y el cortoplacismo fiscal del gobierno de Rodríguez Zapatero marcó el comienzo de una nueva etapa en la que el endeudamiento público se ha disparado del 40% al 100% del PIB.

Estas políticas erradas explican la bajada de España en el Índice de Libertad Económica en el Mundo en los últimos años, si bien 2015 ha supuesto un punto de inflexión ya que la reforma laboral y la reforma fiscal han mejorado levemente la situación del capitalismo en España. Llama la atención que aquellos aspectos en los que nuestro país tiene margen de mejora son los que depende del gobierno de Madrid, mientras que cuestiones delegadas a Bruselas como la política monetaria o la política comercial sí arrojan un resultado más satisfactorio.

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España tiene que hacer importantes reformas en tres área: la institucional, la fiscal y la laboral. La segunda merma de manera especialmente honda la competitividad española, consecuencia de un Estado demasiado grande. El gasto público apenas se ha ajustado con la crisis y los ingresos fiscales se obtienen de una base menor de contribuyentes, por lo que el esfuerzo tributario se ha disparado.

Aunque se habla mucho de "austeridad", el déficit se sigue situando en niveles que superan el 5% del PIB y la redimensión de las Administraciones Públicas sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras tanto, los contribuyentes siguen soportando una exigencia impositiva insoportable, ya que las alzas fiscales aprobadas desde el comienzo de la crisis superan la barrera de los 50.000 millones de euros.

La cuestión de la reforma laboral también merece atención. La principal razón para que la tasa de desempleo haya superado el 20 por ciento en diversos momentos de las tres últimas décadas es la excesiva rigidez del mercado de trabajo. El marco desarrollado desde los años de la dictadura hasta la reforma de 2012 fomentó un modelo desigual en el que se protegía el empleo a tiempo completo a costa de una gran volatilidad para el trabajo a tiempo parcial.

A esto se suman otros problemas. Por un lado, la flexibilidad salarial ha estado muy limitada por el excesivo peso de la negociación colectiva; por otro lado, los costes de despido han sido históricamente elevados. Los jóvenes son los que más han sufrido las consecuencias de este sistema, con tasas de paro que superan el 50 por ciento.

La reforma laboral de 2012 introdujo más flexibilidad en el mercado laboral. Ha caído notablemente el alcance de la negociación colectiva, lo que facilita los ajustes salariales y ayuda a mantener el empleo sin despidos. Además, el abaratamiento del despido anima la contratación indefinida. En los dos últimos años se han creado un millón de nuevos empleos, por lo que la apuesta está funcionando. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer y dos reformas interesantes contemplar el abaratamiento del coste fiscal del empleo y la simplificación de los distintos tipos de contratos.

Finalmente, no se debe olvidar el grave problema de corrupción política al que hace frente España. Hoy en día, nuestro país se sitúa a la cola de la UE en lucha contra esta lacra. España mejoró su posición desde mediados de los 90, pero desde entonces ha progresado poco e incluso hemos ido a peor durante la crisis. La percepción negativa de la corrupción se ha generalizado y, a pesar de que se han aprobado cambios importantes que deberían ayudar a limitar su impacto, serán necesarios muchos años para curar las cicatrices de lo que hemos vivido en los últimos tiempos.

Región rica, región pobre

Estos resultados arrojados por el ránking a nivel español deben ponerse en relación, para un adecuado análisis con los resultados del Índice de Libertad Económica en España que publica bianualmente el think tank Civismo. Este documento también acredita que la libertad económica es clave para el crecimiento económico de las regiones.

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No es difícil adivinar que Madrid es la comunidad autónoma más libre de España, como tampoco debe sorprender que Extremadura sea el territorio más alejado de los principios del laissez faire. El caso madrileño es digno de mención, ya que ha bajado o eliminado todos los impuestos que dependen del gobierno regional: IRPF, Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados…

Por otro lado, otras comunidades han mostrado una voracidad recaudatoria sin fin durante la crisis, hasta el punto de que se han aprobado 120 subidas de la presión fiscal a nivel autonómico. La consecuencia es un empobrecimiento de la ciudadanía que resulta especialmente sangrante en casos como el del Impuesto de Sucesiones, que cada año impide que 35.000 españoles hereden bienes o patrimonio de sus familiares o amigos.

La receta para el crecimiento

Corren tiempos difíciles para los defensores del laissez faire. El socialismo antimercado y el populismo estatista cuestionan de manera sistemática que el capitalismo sea la mejor vía para generar riqueza. Sin embargo, los datos empíricos que recoge el Índice de Libertad Económica son claros: el crecimiento y el desarrollo sólo llega si se defiende la profundización de la economía de mercado.