La memoria histórica y la deconstrucción de la nación española

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una agudización del empleo de nuestro mayor fracaso colectivo como Nación, la Guerra Civil, en la estrategia de deconstrucción, o si quieren destrucción, de la idea de España como Nación. Pero no como Nación sin más, sino como Nación de ciudadanos libres e iguales unidos por una voluntad de convivencia en el mismo solar; es decir, por una voluntad de trabajar juntos en un proyecto común de mejoramiento de las condiciones de bienestar, progreso y justicia de nuestra sociedad.

Este año se cumplen ochenta años del inicio de la Guerra Civil. En términos orteguianos han pasado tres generaciones. Cada vez son menos los protagonistas y los testigos de la contienda que quedan vivos. Incluso los jóvenes reclutas con 17 o 18 años, las famosas quintas "del biberón" o "del chupete", son ahora avanzados nonagenarios. Incluso los que eran aún menores, como por ejemplo lo eran mis padres, superan los ochenta y hasta los noventa años.

Y, sin embargo, a la vez que se cierra biológicamente esta página de nuestra Historia, irrumpe con más fuerza en el imaginario político, social y cultural un hecho del que, al mismo tiempo, cada vez se desconoce más, y por tanto es cada vez más susceptible de ser manipulado y ser utilizado como arma política para suscitar división y confrontación, no sólo entre personas, sino también incluso entre territorios.

Precisamente, el acuerdo para que la Guerra Civil no fuera utilizada como arma política estuvo en la base del llamamiento a la concordia y la reconciliación al que respondieron mayoritariamente los españoles durante la Transición. No fue un llamamiento para olvidar la Guerra Civil y sus efectos de exilio y dictadura, sino todo lo contrario: se hizo sobre la base de recordar aquel estrepitoso y terrible fracaso como Nación, Estado fallido lo llamaríamos hoy, que supuso la contienda fratricida y sus secuelas.

He tenido recientemente la ocasión de recordar en el Ayuntamiento que la voluntad de concordia ya había sido expresada nada menos que en 1956 por el Partido Comunista, en su manifiesto por la reconciliación nacional al cumplirse veinte años, solo veinte años, de la Guerra Civil.

El manifiesto decía que ya existía una nueva generación de españoles "que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte".

Y además fue el PCE el que hizo en las Cortes democráticas la primera propuesta de Ley de Amnistía, que ahora algunos consideran falsamente franquista para derogarla.

A muchos nos conmueven aún hoy las palabras pronunciadas por Marcelino Camacho en las Cortes para explicar el voto a favor de la Ley de Amnistía de 1977:

"Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad (…) Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores".

También he recordado las palabras de Rafael Alberti a su regreso del exilio:

"Me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta en señal de concordia entre todos los españoles".

Gracias a actitudes y declaraciones como éstas, de una y otra parte, fue posible la reconciliación y la concordia por parte de los protagonistas y víctimas de la Guerra Civil, el exilio y la dictadura. Por parte de quienes habían combatido voluntariamente o a la fuerza en un bando y en otro, de quienes habían sufrido la violencia en una u otra retaguardias, de quienes se habían visto forzados al exilio y de quienes habían sufrido cárcel y persecución en la dictadura.

Hoy es habitual oír hablar, como ha señalado el historiador Santos Juliá, "de pacto de amnesia, de tiranía de silencio, de conspiración contra la memoria, de sintaxis de la desmemoria, del tabú de la guerra, de la catarsis necesaria".

"No hay libro sobre cárceles, fusilamientos, trabajos forzados o fosas comunes –continúa Santos Juliá– que no se presente como un intento de romper la historia oculta o reprimida por una maquinación contra el conocimiento del pasado o por una historia oficial interesada en silenciar o pasar por alto sus aspectos más traumáticos".

Y para desmentirlo, el propio Santos Juliá recuerda que en abril de 1975, Raymond Carr comentaba en el "Times Literary Supplement" que, si se paseaba por las Ramblas de Barcelona, "en todos los puestos de libros veremos obras de historia contemporánea, especialmente sobre la II República y la Guerra Civil. (…) España, escribirá el mismo Carr dos años después, a propósito de la aparición en 1977 de "La cultura bajo el franquismo", coordinado por Josep María Castellet, experimenta "un proceso de auto-examen, obsesivo en su intensidad, que se manifiesta en una plétora de encuestas de opinión y en una avalancha de libros".

Entre esa avalancha de libros se encontraba, por cierto, uno que me ha regalado hace pocos meses una amiga: una biografía del General José Miaja, defensor de Madrid, escrita por el que fue su ayudante Antonio López y publicado en 1975 en el mismo Madrid por la editorial G. del Toro.

Es en ese proceso de auto-examen cuando surge al mismo tiempo la voluntad de superar la Guerra Civil y la dictadura y pensar en la oportunidad de construir una España definitivamente normalizada, con un sistema democrático garantizado por una Constitución de todos y para todos, frente a la tradición nefasta de los constitucionalismos de parte.

A la vez, y en contra de quienes sostienen que ahora hay que recuperar la memoria frente al silencio o el olvido en que nos habríamos sumido por miedo durante la transición a la democracia, a finales de los 70 se empiezan a reparar las injusticias provocadas por la Guerra Civil y la dictadura. Y esto conviene recordarlo porque parece que hubiera sido Zapatero el primero que atendió estas reparaciones, como figura de hecho recogido, en detrimento de la verdad, en el decreto de la alcaldesa Manuela Carmena por el que se crea el Comisionado de la Memoria Histórica.

En este sentido, la primera medida de reparación se produce después de la constitución de las primeras Cortes elegidas democráticamente, a través del Real Decreto de 6 de marzo de 1978 "por el que se regula la situación de los militares que tomaron parte en la guerra civil".

A esta le sigue, una vez aprobada la Constitución de 1978, el Real Decreto de 21 diciembre 1978, "por el que se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en la guerra civil española", inclusive los ya fallecidos.

Y como estas, muchas más iniciativas, aprobadas por todos los Gobiernos y Parlamentos de la democracia, sin excepción, sobre todo para poner fin a situaciones injustas sufridas por las personas que habían pertenecido al bando de los vencidos.

¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Que se ha roto el pacto para desterrar definitivamente la Guerra Civil del espacio político y asumir la lección de la Guerra Civil y la dictadura como un fracaso colectivo.

Ha sucedido que una parte de la izquierda y los nacionalistas han visto en el conflicto de hace ochenta años una fuente de legitimidad y un arma imprescindible incluso para justificar su proyecto político en la España de hoy.

Hay que recordar que la "memoria histórica" es un concepto que se pone en boga a raíz del final de los conflictos civiles en América Latina, sobre todo en Centroamérica, y por la necesidad de restañar las heridas aún sangrantes de los graves atropellos a los derechos humanos cometidos en dichos conflictos.

En España, se reactualiza la Guerra Civil, bajo los parámetros de la "memoria histórica", que incluye las llamadas "políticas de memoria, verdad y justicia", pasando por encima de la Ley de Reforma Política, la Ley de Amnistía y la propia Constitución, basadas en la certidumbre de que aquel pasado trágico y sangriento estaba definitivamente superado. Se descapitalizan por tanto los valores de concordia y reconciliación que presidieron los pasos de la Transición, con el fin de presentar la España constitucional como fruto de un pacto del miedo forzado por los resortes franquistas activos en el Estado, que habrían impedido así abrir una causa general contra los cuarenta años de dictadura.

En definitiva, que las actitudes honrosas y ejemplarizantes de muchos de los perdedores de la Guerra Civil en favor de la concordia, como la del propio Rafael Alberti que he recordado, habrían sido producto de su cobardía y no de su voluntad de no envenenar a las nuevas generaciones con el legado de odio de aquella España fracturada.

¿Pero cuál es la razón primera de la importación y el advenimiento de la "memoria histórica"? La derrota del PSOE después de catorce años de gobierno. Se trata de una consecuencia de la necesidad imperiosa de la izquierda por rearmar su pretendida superioridad moral frente a un centro-derecha vencedor de las elecciones de 1996.

Basta acudir a los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados para advertir cómo entre 1996 y 2004, con Aznar en el Gobierno, se produce una imparable erupción de iniciativas de "memoria histórica" de los grupos parlamentarios de izquierda y nacionalistas. Si se repasan los mismos diarios entre 1982 y 1996, bajo el poder socialista, la suma de estas iniciativas apenas exceden de los dedos de las manos.

De cuanto digo es buena prueba el libro de conversaciones entre Felipe González y Juan Luis Cebrián, "El futuro no es lo que era", aparecido en 2001, que a veces se ha señalado como el origen de esta repentina reivindicación de las políticas de "memoria histórica" por parte de uno de los dos principales partidos de España. En ese libro, González no duda en asumir la responsabilidad por no haber provocado durante su presidencia un debate sobre lo que había representado el franquismo en España, a la vez que fundamenta en el miedo que inspiraba el recuerdo de la guerra civil el éxito de la Transición.

¿Era necesaria en 2007 la Ley de Memoria Histórica que aprueba el Gobierno de Rodríguez Zapatero? Si uno va a su articulado, apenas encontrará un puñado de disposiciones realmente novedosas. Aquellas destinadas a la reparación a las víctimas representan en su mayoría leves mejoras de disposiciones anteriores de obligada reparación a las víctimas de la guerra y la dictadura. Así ocurre en los artículos 5 al 10, aprobados además con el voto favorable del Partido Popular, aunque éste votó en contra de la ley.

Son artículos que establecen que no tengan que tributar las indemnizaciones cobradas por haber estado en prisión durante el franquismo y que se devuelvan a los beneficiarios o a sus familias lo tributado por estas ayudas. O la mejora de las prestaciones a viudas e hijos de personas fallecidas en la Guerra Civil, ya dispuestas desde 1979, o la indemnización por penas de cárcel menores a tres años por aquellos que después hubieran sido ejecutados. Incluso el artículo que posibilita que los brigadistas internacionales no renuncien a su nacionalidad para conseguir la española, trae razón de un decreto que había sido aprobado en enero de 1996.

Todas ellas son medidas que podrían haber sido aprobadas de forma individualizada, sin necesidad de incluirlas en un solo cuerpo normativo. La intención era clara: resituar la Guerra Civil y la dictadura en el epicentro de la vida política y social española, con una carga de reactualización capaz de llevarse por delante todas las conquistas de la Transición.

Una cuestión absolutamente novedosa fue la de las ayudas públicas para la localización de las víctimas de la Guerra y la dictadura enterradas en fosas comunes. Su origen está en la resolución del Congreso del 20 de noviembre de 2002, aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos, en la que se hacía un llamamiento a los poderes públicos a asistir a las familias que promovieran cualquier iniciativa de reconocimiento moral de sus familiares.

Aquella resolución de 2002 fue una de las últimas en la que se asumió, por parte de todos los grupos con representación parlamentaria, la necesidad de preservar el espíritu de concordia y reconciliación que guió la Transición y promover el reconocimiento moral de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Por cierto, fue una resolución tan clara y contundente en su defensa de los valores de la Transición como para expresar indubitadamente que los únicos que siempre se habían negado a sumarse al espíritu de concordia y reconciliación eran los terroristas. Y así lo expresaba literalmente:

"El voto prácticamente unánime dado por las Cortes a la Ley de Amnistía de 1977 fue un acontecimiento histórico, pues puso fin al enfrentamiento de las dos Españas, enterradas allí para siempre. Es cierto que algunos no quisieron sumarse a este espíritu de reconciliación y trataron, por todos los medios a su alcance, de impedir, mediante la violencia o el terror, que la voluntad de concordia nacional germinara en frutos de paz y libertad para todos. No lo han conseguido ni lo conseguirán nunca más".

Volviendo a la cuestión de las fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la represión de la dictadura, es evidente que había que dar respuesta a las demandas de los familiares en ese sentido. Pero sucedió lo de siempre: que el Gobierno de Zapatero predicaba mucho pero daba poco trigo. Fíjense en los datos de las ayudas concedidas por Zapatero en 2011 para los proyectos relacionados con la "memoria histórica": se concedieron 1,2 millones de euros para 41 proyectos de búsqueda y exhumación de fosas, mientras que se otorgaron 4,5 millones para 137 proyectos de asociaciones en su mayoría ideológicamente afines, relativas a conferencias, seminarios, exposiciones o publicaciones.

Es decir, de las ayudas otorgadas en 2011 por el Ministerio de Presidencia de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, sólo una quinta parte fue para dar respuesta a las demandas de ciudadanos relativas a la búsqueda de sus familiares en fosas comunes. Ayudas, que por otra parte, considero personalmente que debían de haberse mantenido en esta legislatura, dado que no se derogó la Ley de Memoria Histórica.

Ni que decir tiene que los Gobiernos del PSOE ignoraron las fosas durante sus catorce años de permanencia en el poder, aunque ningún socialista haya perdido perdón por ese "olvido" y ese "silencio". Es más, a muchos les sorprenderá que incluso en 1995 el Gobierno socialista, a través del entonces ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, suscribió un convenio con una organización alemana, Volskbund, para la búsqueda, exhumación y repatriación de los restos de voluntarios de la División Azul muertos en Rusia.

Ni tan siquiera Rodríguez Zapatero, aposentado en su escaño desde 1986, se permitió defender entonces una sola iniciativa a favor de las víctimas dela Guerra Civil y la dictadura.

¿Cuál es, en esencia, la trampa orwelliana de la "memoria histórica"? Intentar justificar un proyecto de poder gracias a la manipulación emocional del pasado, edulcorando éste hasta extremos letales para diabéticos, y sobre todo el papel del propio partido en el devenir del proyecto republicano y el conflicto civil posterior.

Es un juego de referencias, o mejor dicho de cambio de referencias. La España constitucional queda invalidada por ser un apaño del franquismo residual, aunque tal caracterización solo cobrase cuerpo en la izquierda desde el momento en que el PSOE fue desalojado del poder que le brindaba esa Constitución. Un argumento que han hecho suyo, hasta el paroxismo, los populistas y nacionalistas, porque les viene como anillo al dedo para legitimar sus proyectos rupturistas.

Los partidarios de la demolición del sistema constitucional vigente nos proponen a los españoles que volvamos los ojos arrobados a la Segunda República, que es el espejo en el que todos debemos mirarnos hoy. Aunque para ello la izquierda necesite reescribir o mutilar la realidad histórica: para eso está la memoria parcial y subjetiva, frente a la historia con afán globalizador y objetivo. En la "memoria histórica" sólo cuentan las buenas intenciones del régimen republicano, como si éstas lo justificaran todo, incluido la masacre de campesinos en Casas Viejas o el asesinato del líder de la oposición por funcionarios policiales a sueldo del Gobierno.

Curiosamente, a la República se le siguen achacando hoy poderes salvíficos naturales, lo mismo que en 1931, cuando todo el mundo saludó la llegada del nuevo régimen con la esperanza de que España entraría directamente en el paraíso. Incluso intelectuales de la talla de Ortega y Gasset, Marañón o Pérez de Ayala cayeron en esa ingenua ilusión, de la que pronto se desengañarían.

Pero por muchas buenas intenciones que empedraran el camino al infierno del 36, ha quedado demostrado que la República y la Guerra Civil son el epígono trágico y sangriento del siglo XIX español. Un siglo convulso cuyos males terminaron por gangrenarse a causa de la contaminación ideológica procedente de Europa, que había situado a las democracias liberales en una agónica situación, amenazadas por el fascismo y el comunismo, los grandes seísmos totalitarios de la pasada centuria.

Que en la España republicana surgiera una generación como la de García Lorca o Severo Ochoa, es la demostración palpable de que el progreso cultural y científico de una elite, heredado del esfuerzo modernizador de Alfonso XIII, no era suficiente para detener la imparable descomposición política y social del país, azotado además por la crisis mundial del 29.

El régimen surgido en 1931 tampoco fue capaz de integrar a la masa trabajadora, cuyos partidos y sindicatos abominaban de la República burguesa tanto como de la democracia liberal, pese a que hoy se nos intente convencer de lo contrario.

Pero la manipulación de los hechos históricos no es el único riesgo de esta aproximación subjetiva y parcial al pasado. Existe otro peligro, y aún mayor. Con la "memoria histórica", una parte de la izquierda y de los nacionalistas se han arrogado la potestad de repartir sin complejos los papeles que correspondería a cada partido del actual arco parlamentario en esta revivificación de la Segunda República, idealizada hasta el delirio por lo que al rol de la propia izquierda y los nacionalismos se refiere.

Hay que recordar que el Pacto del Tinell para crear el "cordón sanitario" contra el PP, nace en el contexto formulado por la Ley de Memoria Histórica favorable a la deconstrucción de la España constitucional, de la Nación de ciudadanos libres e iguales, basada en el acuerdo de que todas las opciones políticas pacíficas tuvieran la misma legitimidad en un sistema plural de representación parlamentaria.

A los nacionalistas, además, la "memoria histórica" los ha fortalecido y justificado en su estrategia de victimismo frente a la España constitucional, a la que retratan como la revivificación del Estado opresor franquista. Los nacionalistas, además, han recurrido continuamente al franquismo como legitimador de sus relatos por la sencilla razón de que, para ellos, toda la historia de España es un invento de Franco.

Hay que recordar también que, en los vigentes relatos nacionalistas, la Guerra Civil fue una guerra declarada por España contra Cataluña o el País Vasco. Olvidan, por ejemplo, que los vascos que lucharon en el ejército de Franco pudieron ser tantos o más que los que lo hicieron en el de la República. Olvidan también que en la sangrienta batalla del Ebro, por ejemplo, cayeron españoles de todo origen defendiendo el territorio catalán dentro del Ejército Popular. O que en dicha batalla se hicieron famosos, sin ir más lejos, unos conocidos voluntarios catalanes del Ejército franquista, los requetés del Tercio de Montserrat, unidad que resultó casi aniquilada en el ataque a la posición fortificada "Targa" en Villalba de los Arcos.

Es simplemente vergonzoso lo que hicieron los adalides del "cordón sanitario" contra el PP para que no nos saliéramos de esta etiqueta de herederos del franquismo. Durante la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, los partidos de izquierda, PSOE e IU llegaron incluso a rechazar una enmienda del PP para aumentar la indemnización percibida por los que habían sufrido cárcel en el franquismo por sus ideas.

Es decir, los veteranos antifranquistas se quedaron sin la mejora de la indemnización que proponía el PP sólo porque al PSOE y a IU se les descabalaba su intento de retratarnos como lo que no somos.

Hace tiempo que creo en que las dos Españas del 36 serían por igual enemigas a muerte de la España de nuestros días. Y lo sigo creyendo: traslademos a un español medio de hoy, con teléfono móvil incluido, ya fuera de derechas, de izquierdas o nacionalista, a aquel infernal 18 de julio del 36 y a los sangrientos meses que le sucedieron. La conclusión es que le sería muy difícil sobrevivir al terror de cualquiera de las dos retaguardias, por muy diversas razones, pero sobre todo porque su mentalidad, sus ideas, sus opiniones, su bagaje cultural, sus circunstancias vitales o materiales distan años luz de las de aquella época, y serian consideradas motivo suficiente para considerarle enemigo por unos y por otros.

Siempre he pensado que este debía haber sido hace mucho tiempo uno de los mensajes pedagógicos que la democracia española tendría que haber difundido a las nuevas generaciones.

En vez de eso, se ha apostado por resucitar todos los tics de la propaganda del régimen de Franco, pero a la inversa: cambiando las etiquetas de "buenos" y "malos", sustituyendo unas "camisas viejas" por otras y suplantando el martirologio franquista por un nuevo martirologio republicano que niega, como el anterior, sus propios desmanes.

Si la República fracasó fue precisamente porque cada facción determinó que la contraria no tenía derecho a existir. La Constitución de 1978, ya en su propia concepción y elaboración, fue precisamente el antídoto contra esta forma de entender la política y la convivencia.

¿Estamos seguros de que dar por fenecida la Constitución de 1978, sin que se nos presente alternativa alguna, es la fórmula ideal para España y los españoles? Si estamos de acuerdo en que no puede serlo, paremos pues, entre todos, esta "máquina del tiempo" cuyos efectos impredecibles vienen mostrándose desde hace años cuando los españoles identifican al otro como enemigo político antes que como persona y compatriota, como sucedió trágicamente hace ochenta años.

Honremos a todas las víctimas a las que una de las dos Españas les heló el corazón, como españoles que son. Y empecemos a recordar a nuestros bisabuelos y abuelos para convencernos definitivamente de que su pasado, su reinvención y su reactualización, son el mayor enemigo del futuro que queremos para nuestros nietos.

"Para hacer cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las verdades del pasado", dejo escrito George Orwell.

Todos los que consideramos que la España constitucional ha sido y es un éxito sin parangón en nuestra Historia contemporánea, deberíamos desenmascarar esas mentiras que reclaman el derribo de nuestro sistema de libertades y de convivencia, en definitiva del proyecto común que es España, mediante el que se asegura la continuidad histórica de nuestras aspiraciones de bienestar, progreso y justicia para los españoles de hoy y para quienes nos sucedan.