Los grupos de interés pesan más que los ciudadanos

Dada la débil rendición de cuentas ante los electores, la conducta de los políticos en muchas democracias tiende a servir más a grupos de interés, incrustados en el gobierno, que a los ciudadanos. Se podría bautizar como la "moraleja López Murphy": es más factible, en una democracia controlada por grupos de presión e interés, aumentar los impuestos que disminuir el gasto del gobierno. Esa es una mala noticia para los ciudadanos.

En marzo, Ricardo López Murphy llegó como ministro de Economía al maltrecho gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina. Le entró al toro por los cuernos, propuso un recorte millonario al gasto público... y no duró ni dos semanas en el cargo. ¿Lo echó "la sociedad" por proponer una estrategia demasiado dura? No, lo echaron los grupos de interés que son el sustento real de los partidos políticos.

Ha entrado al relevo Domingo Cavallo y obtuvo lo que no logró López Murphy: el apoyo de los políticos. Cavallo impuso un implacable impuesto de seis al millar para todas las operaciones financieras (al tiempo que se obliga a que toda transacción superior a los mil pesos se haga con cheque bancario... y por tanto sea transacción financiera), además de algunos artilugios proteccionistas en aranceles de importación, supuestamente encaminados a "castigar" la importación de bienes de consumo.

¿Significa esto que es menos gravoso para la sociedad aumentar impuestos que reducir el gasto? No, significa que es menos gravoso para los grupos de interés ante los cuales, en realidad, rinden cuentas los políticos: gobiernos provinciales, sindicatos, burocracia organizada...

Por supuesto, para la sociedad hay un mayor beneficio neto en una reducción del gasto público que en un aumento de impuestos. Salvo los beneficiarios directos del gasto público (proveedores del gobierno, burocracia, partidos políticos y eventualmente grupos marginados que reciben subsidios directos del gobierno), la sociedad prefiere gobiernos más pequeños, menos onerosos.

El problema es que la sociedad está deficientemente representada en muchas democracias. El problema es que los grupos de interés pesan más que los ciudadanos. La paradoja es que, electoralmente, son los ciudadanos quienes protagonizan los vuelcos políticos (quitan y ponen en las urnas) pero, tras los episodios electorales, quedan como una masa amorfa, sin voz ni peso específico en las políticas públicas.

Adicionalmente, los medios de comunicación suelen acudir -como "fuentes" de información- a los supuestos "representantes". Los dichos, más que los hechos, de los "representantes" oficiales u oficiosos (dirigentes empresariales, legisladores, organizaciones paragubernamentales, funcionarios) forman la llamada "opinión que se publica".

Parte de esa distorsión intenta corregirse con encuestas y sondeos de opinión, pero ello no modifica los incentivos a que obedecen los políticos. Ejemplo: la clientela directa de un diputado de cualquier partido no son los electores, sino el jefe de la bancada, los dirigentes del partido, el gobernador respectivo, el líder sindical.

Lo importante es que esta distorsión se refleja en las decisiones de política fiscal como en el caso de Argentina. De ahí que los ciudadanos debamos insistir en mecanismos legales e institucionales que compensen la proclividad de los políticos hacia la expansión del gasto gubernamental:

- Mayor transparencia en la información presupuestal: quién recibe cuánto del gasto, cómo se asigna y cómo se verifica no sólo su buen uso sino su eficacia, que llegue a quien lo necesita. Especialmente deben hacerse transparentes todos los subsidios y transferencias; su costo, sus beneficiarios reales.

- Candados constitucionales en contra del déficit fiscal y de la expansión de la deuda pública.

- Mecanismos de escrutinio ciudadano sobre el ejercicio del gasto -auditorías externas- cuyos resultados se hagan públicos.

Cierto, las reformas tributarias son indispensables para sanear las deterioradas finanzas del Gobierno, pero no menos necesario es poner límites infranqueables a la expansión del gasto del Gobierno.

Ricardo Medina Macías, mexicano, es analista político.